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¿Por qué EEUU ofrece 10 millones por cinco líderes de los Pasdarán?
EEUU ofrece hasta 10 millones por información sobre cinco líderes de los Pasdarán vinculados a ataques, drones, espionaje y ciberoperaciones.

Estados Unidos ha puesto hasta 10 millones de dólares sobre la mesa a cambio de información sobre cinco altos responsables de los Pasdarán, la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Departamento de Estado señala a mandos vinculados con las áreas militar, de drones, inteligencia y guerra cibernética, y sostiene que las unidades bajo su dirección han atacado a personal estadounidense y han participado en operaciones informáticas contra infraestructuras críticas de Estados Unidos.
Los cinco nombres destacados son Ahmad Vahidi, Ali Abdollahi, Sa’id Aghajani, Hamidreza Lashgarian y Majid Khademi. Conviene, eso sí, afinar el titular antes de que la palabra “recompensa” empiece a correr sola: Washington ofrece hasta 10 millones por información relevante sobre dirigentes de la Guardia Revolucionaria. No se trata de una sentencia judicial ni, en sentido estricto, de diez millones de dólares depositados automáticamente por la captura de cada uno de ellos. Es una operación de obtención de inteligencia dentro del programa Rewards for Justice.
La diferencia no es menor. En cuestiones de seguridad internacional, un verbo mal colocado pesa bastante más que una coma. Estados Unidos busca información que permita identificar, localizar o desarticular actividades relacionadas con la cúpula de los Pasdarán y, según las condiciones del programa, determinadas informaciones pueden dar derecho también a medidas de reubicación del informante. Washington convierte así dinero, anonimato y canales cifrados en otra herramienta de presión contra Teherán.
Quiénes son los cinco mandos iraníes señalados por EEUU
El nombre de mayor rango es Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria. Veterano del aparato militar iraní y antiguo ministro del Interior, Vahidi fue confirmado en agosto de 2026 al frente de los Pasdarán, una organización que está muy lejos de ser simplemente otra rama del Ejército. Tiene peso militar, político, económico y de inteligencia; casi un Estado dentro del Estado, aunque responda a la máxima autoridad de la República Islámica.
A su lado aparece Ali Abdollahi, identificado por el programa estadounidense con el mando del cuartel general central Khatam al-Anbiya, una pieza especialmente relevante en la coordinación de operaciones de las fuerzas armadas iraníes. Es decir, no figura en el cartel por una responsabilidad decorativa ni por posar junto al uniforme adecuado: su posición lo sitúa en el engranaje donde confluyen planificación y mando militar.
Los otros tres nombres dibujan con bastante claridad qué inquieta a Washington. Sa’id Aghajani aparece ligado al mando de drones de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria; Hamidreza Lashgarian, al aparato de guerra cibernética y electrónica; y Majid Khademi, a la estructura de inteligencia de los Pasdarán. Es casi una radiografía de la guerra contemporánea: misiles y soldados, sí, pero también drones, servidores, redes y datos.
Drones, ciberataques e inteligencia, el otro frente
La acusación estadounidense mezcla precisamente esos dos mundos. El Departamento de Estado sostiene que las unidades dirigidas por estos responsables han participado tanto en ataques armados contra personal estadounidense como en operaciones informáticas dirigidas contra infraestructuras críticas. El anuncio no ofrece una relación detallada de cada acción atribuida individualmente a cada mando; formula la responsabilidad en términos de las unidades que dirigen. Esa distinción importa.
El objetivo político, en cambio, no admite demasiadas dudas. Washington pretende penetrar unas estructuras que, por definición, viven de la compartimentación y el secreto. Una recompensa de ocho cifras funciona como una cuña: intenta convertir cualquier empleado, colaborador, intermediario o miembro descontento del sistema en una posible grieta.
Qué significa realmente la recompensa de 10 millones
Rewards for Justice es un programa del Departamento de Estado estadounidense dedicado a obtener información relacionada con terrorismo y amenazas contra la seguridad de Estados Unidos. La oferta relativa a los dirigentes de la Guardia Revolucionaria establece una recompensa de hasta 10 millones de dólares, de modo que la cantidad efectiva depende del valor de la información proporcionada y de la evaluación de las autoridades estadounidenses.
Por eso resulta más preciso hablar de una recompensa por información que de una simple “caza” de dirigentes iraníes. Los carteles tienen algo de viejo Oeste; la maquinaria real es bastante más siglo XXI. El propio programa admite comunicaciones mediante plataformas cifradas y canales diseñados para proteger al informante.
La operación busca nombres, ubicaciones, redes, movimientos y datos útiles. También pretende provocar otro efecto difícil de medir, pero evidente: sembrar desconfianza dentro del círculo de poder iraní. Cuando cualquier persona próxima puede convertirse en informante a cambio de una fortuna, la seguridad interna empieza a mirar hacia dentro.
Por qué Estados Unidos persigue a los Pasdarán
La Guardia Revolucionaria Islámica nació después de la revolución iraní de 1979 para proteger el nuevo sistema político. Con el paso de las décadas amplió su influencia hasta convertirse en uno de los grandes centros de poder de Irán, con presencia en la defensa, la política exterior, la economía, los servicios de inteligencia y las operaciones regionales.
Estados Unidos mantiene a la Guardia Revolucionaria y a su Fuerza Quds en su lista de organizaciones terroristas extranjeras desde abril de 2019. Fue una decisión poco habitual: Washington estaba incluyendo en esa categoría a una parte formal de las fuerzas armadas de otro Estado, no a una organización clandestina convencional. La Administración estadounidense acusa desde hace años a los Pasdarán de apoyar y dirigir grupos armados aliados de Teherán y de participar en operaciones contra intereses estadounidenses.
Teherán rechaza ese marco y presenta a la Guardia Revolucionaria como una institución legítima encargada de defender la soberanía iraní. Ahí está uno de los nudos centrales del enfrentamiento entre ambos países: para Washington es una organización terrorista con uniforme estatal; para Irán, una fuerza militar oficial y una columna del sistema político. Dos definiciones incompatibles sobre la misma estructura. Y ninguna es precisamente académica.
Ahmad Vahidi, el nombre que sobresale en el nuevo aviso
La presencia de Ahmad Vahidi da una relevancia especial al anuncio. Su ascenso reciente al mando de los Pasdarán lo coloca en la cima de una organización profundamente reestructurada después de las pérdidas sufridas por el aparato militar iraní durante el conflicto de 2026.
Vahidi tampoco es una figura recién llegada. Ha ocupado importantes responsabilidades militares y políticas durante décadas. La campaña estadounidense, por tanto, no apunta únicamente hacia técnicos o responsables operativos escondidos en una segunda línea, sino directamente hacia una de las figuras que encarnan la continuidad del poder militar iraní.
Ese detalle ayuda a entender el tono de Washington. No busca únicamente información sobre ataques concretos. Busca mapear la nueva jerarquía de la Guardia Revolucionaria, sus cadenas de mando y sus capacidades después de meses en los que la estructura militar iraní ha sufrido cambios importantes.
La recompensa coincide con una nueva ofensiva económica contra Irán
El anuncio tampoco aparece aislado. Estados Unidos ha lanzado en paralelo una nueva campaña de sanciones contra personas, empresas, barcos y redes relacionadas con las actividades militares iraníes, operaciones cibernéticas y el comercio de petróleo y productos petroquímicos. La ofensiva, bautizada por Washington como Operation Economic Outcast, alcanza a cerca de 60 entidades, individuos y embarcaciones.
Es el conocido juego estadounidense de las varias palancas a la vez: sanciones financieras para cortar ingresos, restricciones comerciales para dificultar suministros y recompensas económicas para obtener inteligencia humana. Menos cinematográfico que un ataque aéreo, aunque una cuenta bancaria bloqueada y un informante bien situado pueden hacer bastante ruido sin producir una sola explosión.
El petróleo ocupa una parte central de esa presión. Washington considera que sus ingresos permiten financiar las estructuras militares iraníes y las redes regionales vinculadas a Teherán. A ello suma la persecución de compras de tecnología, componentes militares y actividades cibernéticas. La frontera entre guerra convencional y guerra económica, a estas alturas, se ha quedado más bien difusa.
Una recompensa que también busca romper la confianza interna
Los 10 millones de dólares son el dato que atrapa la mirada, pero quizá no sean lo más interesante. La recompensa tiene una dimensión psicológica difícil de ignorar: obliga al aparato de seguridad iraní a preguntarse quién sabe qué, quién podría hablar y cuánto vale para Washington ese conocimiento.
Ese es precisamente el terreno en el que este tipo de programas intenta moverse. El dinero compra información, pero antes introduce sospechas. Un conductor conoce una ruta. Un técnico, una red. Un oficial subordinado conoce horarios, instalaciones o identidades. Un intermediario financiero sabe dónde termina una transferencia. Miles de piezas minúsculas pueden formar, vistas desde fuera, un mapa bastante preciso.
No significa que los 10 millones vayan a producir de inmediato una filtración decisiva ni que el anuncio cambie por sí solo el equilibrio entre Estados Unidos e Irán. Las recompensas de inteligencia son apuestas, no garantías. Pero revelan con nitidez dónde está mirando Washington: mando militar, drones, inteligencia y ciberoperaciones.
Y esa combinación dice bastante de la naturaleza del enfrentamiento actual. El viejo espionaje sigue vivo, solo que comparte mesa con satélites, malware, drones y criptografía. La gabardina ha perdido terreno; el informante, no.
Washington eleva la presión sobre la cúpula iraní
La decisión de ofrecer hasta 10 millones de dólares por información sobre dirigentes de los Pasdarán coloca nombres y rostros sobre una confrontación que suele explicarse mediante conceptos enormes: sanciones, guerra, petróleo, terrorismo, seguridad regional. Aquí la presión baja hasta personas concretas.
Ahmad Vahidi encabeza una relación en la que aparecen también Ali Abdollahi, Sa’id Aghajani, Hamidreza Lashgarian y Majid Khademi. Estados Unidos los vincula con estructuras responsables de ataques contra sus efectivos y de operaciones cibernéticas contra su infraestructura crítica. Irán, mientras tanto, considera a la Guardia Revolucionaria una pieza legítima de su aparato estatal.
Entre ambas posiciones queda un espacio bastante pequeño para la confianza. La recompensa estadounidense no es solo dinero por información: es otra pieza de una campaña destinada a aislar, vigilar y erosionar la capacidad operativa de la cúpula militar iraní. Diez millones llaman la atención. Lo que Washington espera comprar con ellos —acceso al corazón de los Pasdarán— explica mucho mejor la noticia.

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