¿Por qué las startups españolas van contra los bloqueos de LaLiga?

Las empresas tecnológicas españolas han decidido convertir en un problema empresarial lo que durante meses parecía una bronca reservada a informáticos, proveedores de internet y aficionados al fútbol. La Asociación Española de Startups, que representa a más de 2.000 empresas del ecosistema emprendedor, está recopilando casos de negocios que aseguran haber sufrido cortes de acceso, pérdida de tráfico, caída de ventas o daños reputacionales durante los bloqueos de direcciones IP utilizados para combatir las retransmisiones ilegales de LaLiga.

El movimiento todavía no equivale a una demanda colectiva ni permite afirmar que LaLiga haya actuado ilegalmente. Es algo más preliminar, aunque potencialmente relevante: reunir pruebas técnicas y económicas capaces de demostrar que las medidas antipiratería están alcanzando a terceros completamente ajenos a las emisiones clandestinas. Carlos Mateo, presidente de la asociación y abogado especializado en el entorno digital, sostiene que analizarán los casos recibidos y que, si las evidencias confirman actuaciones desproporcionadas, llegarán “hasta el final” por las vías institucionales y jurídicas correspondientes.

Las startups dejan de asumir los cortes como un daño inevitable

La discusión lleva tiempo hirviendo bajo la superficie de internet. Cuando se disputan determinados partidos, los operadores españoles pueden bloquear temporalmente direcciones IP identificadas como utilizadas para distribuir sin autorización contenidos audiovisuales de LaLiga. El problema aparece cuando una de esas direcciones no pertenece exclusivamente al servicio pirata, sino que forma parte de una infraestructura compartida por numerosas páginas legítimas.

Ahí el asunto deja de parecer una simple operación contra una web clandestina. Una dirección IP puede servir, especialmente detrás de redes de distribución de contenido como Cloudflare, a múltiples dominios y servicios. Bloquearla puede parecerse a cerrar durante unas horas el portal de un edificio porque en uno de sus pisos se está cometiendo una infracción. El objetivo puede ser legítimo; la discusión está en cuántas puertas ajenas terminan cerrándose con él.

La Asociación Española de Startups quiere precisamente convertir esas molestias dispersas en material comprobable. Está pidiendo a empresas, comercios electrónicos y proyectos digitales afectados que documenten cuándo dejaron de funcionar sus servicios, qué tráfico perdieron, qué ingresos pudieron verse comprometidos y qué elementos técnicos permiten relacionar la incidencia con un bloqueo. No basta, en otras palabras, con escribir indignado en una red social a las diez de la noche. Para sostener una reclamación hacen falta evidencias, fechas y daños cuantificables.

Por qué una IP bloqueada puede arrastrar a webs que no emiten fútbol

Para entender el conflicto hay que abandonar por un momento la idea clásica de que cada web vive cómodamente en su propio servidor con una dirección exclusiva. Internet ya no funciona así en buena parte de los casos.

Servicios como Cloudflare actúan como intermediarios entre las páginas y quienes intentan visitarlas. Ofrecen protección frente a ataques, aceleran la carga del contenido y distribuyen tráfico utilizando una gran infraestructura internacional. Ese modelo permite que muchos dominios diferentes compartan determinadas direcciones IP visibles desde el exterior.

Si una retransmisión pirata utiliza una infraestructura de ese tipo y la respuesta consiste en impedir el acceso a la IP, el corte puede alcanzar temporalmente a otros servicios alojados o protegidos tras ella. Una tienda de ropa, una aplicación empresarial o la web de un profesional no tiene por qué saber siquiera que comparte infraestructura con el objetivo perseguido.

Las mediciones privadas realizadas durante el comienzo de la temporada 2026-2027 muestran la dimensión técnica del mecanismo. Un servicio independiente de monitorización registró 559 IP afectadas el 15 de agosto, 426 al día siguiente y 886 durante la jornada del 22 de agosto. Son datos procedentes de una herramienta privada, no cifras oficiales de LaLiga, pero ayudan a explicar por qué ha reaparecido el malestar entre administradores de páginas y empresas digitales.

LaLiga tiene respaldo judicial para efectuar los bloqueos

Hay otro elemento imprescindible porque, sin él, la historia quedaría convenientemente sencilla. Y no lo es.

Los bloqueos no son una iniciativa que LaLiga pueda ejecutar sin soporte jurídico. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, fechada el 18 de diciembre de 2024, estimó la demanda presentada por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital contra varios operadores y autorizó el bloqueo de direcciones IP utilizadas para distribuir ilícitamente sus contenidos. También permitió identificar y bloquear IP sucesoras durante periodos vinculados a las temporadas deportivas.

En marzo de 2025, el mismo juzgado rechazó las solicitudes de nulidad presentadas, entre otros, por Cloudflare y RootedCON. LaLiga utiliza aquella resolución para defender que su estrategia está amparada judicialmente y rechaza la descripción de los bloqueos como una operación indiscriminada.

La patronal del fútbol sostiene, además, que los cortes son temporales, dinámicos y dirigidos contra IP donde se detecta contenido ilícito. Ante las denuncias sobre webs legítimas afectadas, ya habilitó en 2025 un canal específico para clientes de Cloudflare y ha responsabilizado públicamente a esta compañía por compartir infraestructura entre servicios legales y operadores vinculados a la piratería. Cloudflare y otros actores del sector han cuestionado precisamente esa interpretación y los efectos colaterales del sistema.

La guerra, como suele ocurrir en internet, tiene varias capas. LaLiga intenta impedir que una retransmisión ilegal cambie rápidamente de servidor y continúe funcionando como si nada. Los negocios afectados responden que perseguir ese contenido no puede convertirlos en daños colaterales aceptables. Entre una cosa y otra están el juez, la arquitectura técnica de la red y una palabra bastante menos tecnológica: proporcionalidad.

El conflicto ya había llegado al Congreso

La protesta de las startups tampoco aparece en un vacío político. El Congreso de los Diputados comenzó a examinar los efectos de estos bloqueos después de que varios servicios legítimos denunciaran problemas de acceso.

El 29 de abril de 2026, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital aprobó con modificaciones una proposición no de ley que insta al Gobierno a estudiar cómo mejorar la coordinación de los bloqueos de IP y evitar que las medidas contra contenidos ilícitos terminen afectando a plataformas legítimas o servicios esenciales.

El texto parlamentario introduce precisamente el concepto que reclaman ahora las startups: proporcionalidad tecnológica. También pide analizar posibles reformas dentro del marco de la Ley de Propiedad Intelectual y del Reglamento europeo de Servicios Digitales, teniendo en cuenta los derechos y los intereses de terceros.

Eso no derogó las resoluciones judiciales existentes ni prohibió los bloqueos. Una proposición no de ley tampoco transforma automáticamente el ordenamiento jurídico. Pero políticamente dejó una fotografía incómoda: incluso desde las instituciones se admite que merece la pena estudiar qué ocurre cuando una medida diseñada contra la piratería alcanza servicios que nada tienen que ver con ella.

También las VPN están entrando en el campo de batalla

La estrategia contra las retransmisiones ilegales se ha ampliado durante 2026. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba concedió medidas cautelares solicitadas por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital frente a ProtonVPN y NordVPN, obligándolas a adoptar mecanismos para impedir desde España el acceso a determinadas direcciones vinculadas a emisiones ilícitas.

Las resoluciones contemplan además un mecanismo dinámico: LaLiga o Telefónica pueden comunicar nuevas IP para su bloqueo cuando acrediten la emisión no autorizada y conserven evidencia digital suficiente a disposición del juzgado.

Es una evolución significativa. La batalla dejó hace tiempo de consistir en cerrar una página cuyo nombre conoce todo el mundo. Los servicios piratas cambian dominios, direcciones, servidores, redes de distribución y herramientas para ocultar el tráfico. La respuesta también se mueve. Más rápido, de manera automatizada y con un perímetro cada vez mayor.

Y justo ahí surge la tensión. Cuanto más dinámica debe ser una herramienta para seguir al infractor, mayor es la exigencia de distinguir al infractor del vecino digital que utiliza parte de la misma infraestructura.

Qué intenta demostrar ahora la Asociación Española de Startups

La iniciativa empresarial tiene un objetivo bastante concreto: pasar del relato de incidencias aisladas a un conjunto de pruebas que pueda sostenerse ante una institución o un tribunal.

LaLiga ha defendido que no se habían acreditado judicialmente los perjuicios que sus críticos atribuían a los bloqueos. En la resolución que rechazó las nulidades planteadas en 2025, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona señaló precisamente que los solicitantes no habían identificado ni cuantificado suficientemente un perjuicio ni propuesto pruebas dirigidas a acreditarlo. Ese detalle jurídico explica buena parte de lo que ocurre ahora.

La asociación de startups quiere llenar ese hueco probatorio.

Una web inaccesible durante tres horas puede ser una anécdota para una página personal. Para un comercio electrónico en plena campaña publicitaria puede significar ventas perdidas; para un programa de reservas, clientes que se marchan; para una plataforma empresarial, llamadas al servicio técnico, devoluciones y deterioro de confianza. El daño depende del negocio, de la duración del corte y de cuántos usuarios resulten realmente afectados.

Existen plataformas independientes en las que propietarios de dominios están declarando cantidades económicas que atribuyen a estas incidencias. Algunas suman cifras considerables, pero deben manejarse con cautela: que un afectado declare una pérdida no significa que esa cantidad haya sido verificada judicialmente ni que pueda atribuirse jurídicamente a LaLiga. La distancia entre una hoja de cálculo y una indemnización es amplia; los tribunales suelen tener la antipática costumbre de pedir pruebas.

Propiedad intelectual sí; daños indiscriminados, ahí está la discusión

El argumento de las startups no consiste en defender la piratería. De hecho, la Asociación Española de Startups parte expresamente de la legitimidad de proteger la propiedad intelectual. Su protesta se dirige contra la posibilidad de que esa protección provoque efectos desproporcionados sobre empresas legales.

Esa distinción importa. Los derechos audiovisuales sostienen una parte sustancial del negocio del fútbol profesional y las retransmisiones ilegales generan un perjuicio económico real para sus titulares. LaLiga lleva años endureciendo sus métodos contra ese mercado paralelo y ha obtenido resoluciones judiciales favorables tanto para perseguir páginas pirata como para exigir actuaciones a determinados intermediarios tecnológicos.

Pero tener derecho a perseguir una infracción no resuelve automáticamente cómo debe ejecutarse cada bloqueo. El debate se ha desplazado hacia la precisión de la herramienta: si es posible alcanzar al pirata sin apagar durante el partido la tienda digital que tuvo la mala suerte de compartir carretera con él.

Ahora las startups quieren poner números donde hasta hace poco había sobre todo quejas. Tráfico perdido, ventas frustradas, duración de las interrupciones, direcciones IP y registros técnicos. Será esa documentación, y no el volumen de indignación en redes sociales, la que determine si el nuevo frente termina convirtiéndose en un procedimiento jurídico relevante.

La temporada acaba de comenzar y los bloqueos continúan respaldados por resoluciones judiciales. Pero el escenario ha cambiado. Ya no están enfrente únicamente activistas digitales, administradores de sistemas o Cloudflare: una organización que representa a más de 2.000 startups españolas ha decidido reunir expedientes de empresas afectadas.

Una batalla que ya no pertenece solo al fútbol

El fútbol seguirá intentando cerrar el grifo a las emisiones piratas. Las startups, mientras tanto, quieren demostrar que algunas veces también se moja quien no estaba robando agua. Y si consiguen probarlo con números, registros y pérdidas reales, la discusión sobre los bloqueos de IP dejará definitivamente de ser una pelea de internet para convertirse en un conflicto empresarial, jurídico y político sobre los límites de la lucha contra la piratería.