Trump y Venezuela: ¿qué gana EE. UU. con 65.000 millones de barriles?

Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Venezuela que concede a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, una operación que el presidente estadounidense ha bautizado como el mayor acuerdo petrolero de la historia. No son 65 millones, como apareció inicialmente en algún titular: son 65.000 millones de barriles, según el anuncio divulgado por Trump y las informaciones posteriores.

La cifra es colosal, aunque necesita una precisión importante. Washington no recibe mañana una montaña de crudo equivalente a 65.000 millones de barriles ni esos barriles pasan automáticamente a almacenarse bajo bandera estadounidense. El acuerdo anunciado se refiere al control sobre reservas situadas en Venezuela, todavía bajo tierra y cuya explotación exigirá inversiones, instalaciones, contratos y años de producción. Trump ha dado pocos detalles sobre la arquitectura jurídica del pacto, los campos afectados y las compañías que acabarán explotándolos.

El movimiento, aun con esas incógnitas, modifica de forma profunda la relación entre Washington y Caracas. Venezuela posee alrededor de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores conocidas del planeta. Los más de 65.000 millones incluidos en el acuerdo equivalen a algo más de una quinta parte de ese gigantesco depósito. Estados Unidos, mientras tanto, tenía unos 46.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo y condensados al cierre de 2024. La comparación explica la grandilocuencia de Trump: sobre el papel, la cantidad venezolana sometida al nuevo esquema supera ampliamente las reservas probadas estadounidenses.

Qué significa realmente controlar 65.000 millones de barriles

Trump explicó que el pacto fue negociado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, trabajando con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y con empresas privadas. Según el mandatario, el acuerdo concede a Estados Unidos un control mayoritario sobre esas reservas sin coste para el contribuyente estadounidense.

La expresión “control mayoritario”, sin embargo, es bastante más compleja de lo que parece. Hasta el momento no se ha publicado un contrato completo que permita determinar si Washington tendrá una participación patrimonial, derechos de explotación a muy largo plazo, capacidad para decidir quién desarrolla los yacimientos o alguna fórmula híbrida. Antes del anuncio se estudiaba un sistema parecido a un arrendamiento de campos petroleros, seguido de concursos para asignar su explotación a productores estadounidenses.

Las conversaciones conocidas afectaban a 17 campos petroleros, desde áreas todavía por desarrollar en la enorme Faja del Orinoco hasta explotaciones maduras del lago de Maracaibo. Algunas estaban vinculadas a contratos suscritos durante el Gobierno de Nicolás Maduro y otras requerirían prácticamente reconstruir infraestructura desde cero. Eso importa. Tener petróleo debajo del suelo y poder bombearlo de manera rentable son dos mundos distintos, sobre todo cuando se habla del crudo extrapesado venezolano.

Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, apenas una sombra de lo que permitiría imaginar el tamaño de sus reservas. Décadas de falta de inversión, deterioro de instalaciones, corrupción, pérdida de personal especializado y sanciones internacionales fueron estrechando la industria hasta convertir una potencia geológica en un productor relativamente pequeño dentro del mercado mundial.

El enorme petróleo venezolano no es petróleo fácil

Buena parte de las reservas venezolanas se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudos muy pesados o extrapesados. No basta con perforar y abrir una válvula. Su extracción, transporte y refinado necesitan tecnología, capital, diluyentes e instalaciones especializadas. Ahí aparece una de las razones menos vistosas, pero más importantes, del acercamiento a Estados Unidos.

Las refinerías estadounidenses del golfo de México llevan décadas preparadas para procesar precisamente ese tipo de petróleo pesado. En agosto, aproximadamente la mitad de la producción venezolana estaba siendo enviada ya a Estados Unidos, una señal de hasta qué punto el mapa energético entre ambos países había comenzado a recomponerse antes del gran anuncio de Trump.

No es una coincidencia industrial. El shale estadounidense ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor de crudo del mundo —alcanzó una media récord de 13,6 millones de barriles diarios en 2025—, pero una parte considerable de ese petróleo es más ligero que el crudo para el que fueron diseñadas numerosas refinerías del Golfo. Venezuela encaja ahí casi como una pieza antigua que vuelve a encontrar su ranura.

El problema jurídico que todavía rodea al acuerdo

La escala política del anuncio es enorme; su encaje jurídico, menos limpio. La Constitución venezolana reserva al Estado actividades esenciales de la industria petrolera y la legislación tradicional del país no contemplaba simplemente entregar parcelas petroleras mediante arrendamientos equivalentes a los utilizados en otros mercados.

Eso empezó a cambiar en enero. La Asamblea Nacional venezolana aprobó una profunda reforma de la legislación de hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez que amplió la autonomía de operadores privados y extranjeros, permitió nuevos contratos, facilitó transferencias de activos y abrió la puerta a esquemas de reparto de producción. Fue una ruptura notable con dos décadas de nacionalismo petrolero construido alrededor de PDVSA.

Aun así, especialistas han advertido de posibles impugnaciones constitucionales si la fórmula final equivale a ceder facultades que legalmente corresponden al Estado venezolano. Trump ha proclamado el acuerdo; el documento que permita conocer exactamente qué significa ese “control mayoritario” todavía no ha sido divulgado con suficiente detalle. Y ahí está, de momento, uno de los grandes asteriscos.

La cuestión tampoco es menor para las petroleras. Una compañía puede entusiasmarse con 65.000 millones de barriles escritos en un comunicado, pero antes de invertir miles de millones quiere saber quién firma, qué derechos conserva durante décadas, cómo recuperará su dinero, qué tribunal resolverá un conflicto y si un futuro Gobierno venezolano reconocerá el contrato. El petróleo es líquido; el capital, curiosamente, suele tener memoria.

Chevron prepara su propia expansión en Venezuela

El anuncio de Trump llega justo cuando Chevron está cerca de culminar la adaptación de sus empresas mixtas venezolanas al nuevo marco energético del país. Las negociaciones permitirían a la compañía estadounidense ampliar su control operativo y extender Petropiar, su principal proyecto venezolano de crudo pesado, hacia el bloque Ayacucho 8 de la Faja del Orinoco.

También se discuten otras ampliaciones y la incorporación de nuevas áreas. Los contratos de Chevron y los acuerdos de Washington no son exactamente la misma operación, pero caminan en la misma dirección: mayor presencia empresarial estadounidense, más capacidad privada para producir y un intento de sacar petróleo de campos que durante años funcionaron muy por debajo de su potencial.

La transformación va más allá de una sola petrolera. Venezuela ha estado modificando su modelo para atraer inversión exterior mientras PDVSA intenta recuperar capacidades técnicas perdidas. Incluso la estadounidense SLB ha alcanzado un acuerdo para trabajar con información geológica y operativa de los campos venezolanos, unos datos especialmente valiosos después de años de deterioro de los sistemas de la petrolera estatal.

Gasolina, reservas estratégicas y elecciones en Estados Unidos

La otra mitad del acuerdo está a miles de kilómetros de Caracas. Está en las estaciones de servicio estadounidenses.

La Administración Trump llega al final del verano bajo presión por el precio de la gasolina y por las consecuencias energéticas de la guerra con Irán. Las perturbaciones en torno al estrecho de Ormuz han vuelto a recordar algo que Washington conoce de sobra: ser el primer productor mundial de petróleo no inmuniza a un país frente a los sobresaltos del mercado internacional.

El Brent terminó la sesión del viernes en 89,31 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense cerró en 83,40 dólares. Los precios habían retrocedido durante la semana, pero el mercado continúa condicionado por Oriente Próximo, los ataques contra instalaciones energéticas rusas y las dudas sobre la normalización del tráfico petrolero por Ormuz.

Washington tiene además otro problema: su Reserva Estratégica de Petróleo. A 21 de agosto almacenaba unos 289,7 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1982, tras nuevas retiradas de emergencia. La capacidad total de las cavidades de almacenamiento ronda los 714 millones. Una relación energética estable con Venezuela ofrece a la Casa Blanca una fuente cercana de crudo pesado justo cuando recomponer esas existencias se ha convertido de nuevo en una cuestión de seguridad nacional.

Hay también calendario político. Estados Unidos celebra elecciones legislativas de mitad de mandato este año y el coste del combustible termina entrando en la conversación electoral con una puntualidad casi matemática. Un aumento rápido de la producción venezolana no llegará de la noche a la mañana, pero garantizar suministro a largo plazo y mostrar una estrategia para contener los precios tiene evidente valor político para Trump.

De Maduro a Delcy Rodríguez: el vuelco entre Caracas y Washington

Nada de esto se entiende sin el terremoto político producido desde enero de 2026. Tras la operación estadounidense que terminó con la captura y salida del poder de Nicolás Maduro, Washington pasó de sancionar y aislar al aparato petrolero venezolano a impulsar una reorganización del sector junto al Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

El cambio es casi fotográfico. Durante años, Venezuela presentó el dominio estatal sobre el petróleo como una cuestión de soberanía nacional y Estados Unidos utilizó sanciones económicas para presionar al chavismo. Meses después, ambos Gobiernos negocian cómo colocar grandes campos venezolanos bajo un esquema de explotación profundamente conectado con capital, empresas y demanda estadounidenses.

Esa aproximación también tiene una dimensión geopolítica. Algunos de los campos examinados durante las conversaciones estaban relacionados con intereses chinos, mientras Washington busca asegurar suministro energético dentro del hemisferio occidental. El petróleo venezolano deja así de ser únicamente un negocio de barriles y refinerías: es también influencia política, rutas comerciales y competencia estratégica.

Otro movimiento podría sacudir todavía más el tablero. Venezuela estudia la posibilidad de abandonar la OPEP, organización de la que fue miembro fundador en 1960, aunque hasta el momento no existe una decisión definitiva. Una eventual salida tendría un enorme contenido simbólico y acercaría todavía más la política energética venezolana a Washington, tradicionalmente muy crítico con el poder de la organización para condicionar la oferta y los precios.

Una reserva gigantesca, pero el verdadero examen empieza bajo tierra

Los 65.000 millones de barriles explican el titular, pero no garantizan por sí solos el éxito del acuerdo. Convertir semejante volumen de reservas en producción efectiva exigirá capital privado, perforación, oleoductos, electricidad fiable, diluyentes, terminales, seguridad jurídica y una reconstrucción considerable de la capacidad operativa venezolana.

Trump puede afirmar que ha cerrado “el mayor acuerdo petrolero de la historia”; la magnitud geológica le permite, al menos, sostener una frase de ese calibre sin quedarse corto de ceros. Pero queda por conocer la letra decisiva: qué controla exactamente Estados Unidos, durante cuánto tiempo, mediante qué contratos y a cambio de qué compromisos privados. El anuncio presidencial no ha detallado todavía los campos, las compañías participantes ni el mecanismo con el que Washington ejercerá ese control.

Lo indiscutible es el cambio de época. Venezuela conserva bajo su suelo cerca de una sexta parte de las reservas petroleras probadas del planeta, mientras Estados Unidos dispone del capital, las empresas, la tecnología y las refinerías capaces de volver a convertir parte de ese petróleo en un flujo comercial gigantesco. Durante años las dos piezas estuvieron políticamente enfrentadas. En 2026 están encajando otra vez, aunque sea con bordes ásperos.

Y ésa quizá sea la dimensión más importante del anuncio. El acuerdo no entrega simplemente petróleo a Washington: coloca una parte extraordinaria del futuro energético venezolano dentro de la estrategia económica y geopolítica estadounidense. Los barriles siguen bajo tierra. El poder alrededor de ellos ya ha empezado a moverse.