¿Por qué las cifras de Marlaska sobre Ceuta no cuadran con los hechos?

Fernando Grande-Marlaska ha comparecido este viernes 28 de agosto en el Congreso con un mensaje de calma, una larga sucesión de cifras y una idea central: la actuación del Ministerio del Interior ante la crisis de Ceuta fue adecuada dentro de una situación extraordinaria. El problema es que varias piezas de ese relato no terminan de encajar entre sí ni con lo que otros miembros del propio Gobierno han contado durante las últimas semanas.

El ministro ha cifrado en unas 70.000 las personas que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio y en alrededor de 5.000 las que permanecen en la ciudad. También ha defendido que Interior incrementó la vigilancia marítima tras la sentencia del Tribunal Supremo que modificó las condiciones para aplicar el rechazo en frontera a quienes accediesen a nado. Y ha arrancado su intervención pidiendo el cese de la violencia, denunciando la desinformación y el aprovechamiento político de una crisis que, casi un mes después, sigue instalada en las calles.

El debate ya no consiste solamente en saber si el Gobierno actuó tarde o mal. Hay algo anterior: qué sabía exactamente el Estado antes del 30 de julio, cuántas personas permanecen realmente en Ceuta y por qué determinadas cifras oficiales han cambiado de manera tan brusca. Afirmar que Marlaska miente deliberadamente exigiría probar su intención, algo que no está acreditado. Lo que sí puede afirmarse es bastante incómodo por sí solo: existen contradicciones públicas, datos corregidos y versiones gubernamentales incompatibles sobre asuntos esenciales.

Marlaska pide calma mientras Ceuta acumula noches de violencia

Hay una frase de la comparecencia que difícilmente admite discusión: la violencia no resuelve el problema. Marlaska ha pedido que termine la escalada y ha acusado a quienes utilizan la crisis para enfrentar a unos ciudadanos con otros. Es una llamada razonable. Otra cuestión es que semejante mensaje llegue a una ciudad donde la palabra normalidad empieza a sonar casi irónica.

Durante la madrugada del jueves, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó un vehículo militar en Benzú y comenzó a atacarlo con piedras de grandes dimensiones. Los cuatro militares que viajaban en él resultaron heridos y tuvieron que abandonar el vehículo y huir a pie. Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron posteriormente a 12 migrantes marroquíes por su presunta participación en los hechos.

Horas después, la violencia cambió de dirección. Grupos de manifestantes ceutíes irrumpieron en asentamientos improvisados utilizados por migrantes en las playas, destruyeron pertenencias y quemaron chabolas y refugios. La Policía tuvo que cargar para recuperar el control después de que también se bloqueara el acceso de vehículos de Cruz Roja encargados de repartir comida. Parte de los migrantes instalados en Benítez terminó trasladándose durante la noche hacia El Trampolín.

Es decir, hay violencia protagonizada por individuos de procedencias distintas y con víctimas también distintas. Convertir a todos los migrantes en delincuentes sería falso; presentar el malestar de todos los ceutíes como xenofobia, también. La realidad es bastante más desagradable y menos cómoda para los discursos políticos: una ciudad pequeña lleva semanas sometida a una presión extraordinaria, existen delitos e incidentes graves, miles de personas sobreviven en condiciones precarias y una parte de la población local siente que el Estado llegó tarde y continúa sin ofrecer una salida visible.

El problema que Marlaska no consigue borrar: Robles dijo que hubo aviso

La cuestión más delicada para Interior no está en una playa de Ceuta, sino dentro del propio Consejo de Ministros.

Margarita Robles explicó el martes ante el Congreso que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia destinados en Ceuta conocían la convocatoria para intentar entrar a nado y que el 29 de julio trasladaron esa información en la Delegación del Gobierno. También defendió reiteradamente que el CNI había compartido información con las fuerzas de seguridad. Marlaska sostuvo prácticamente al mismo tiempo que no había existido ningún informe que permitiera prever una entrada de aquellas dimensiones.

Las dos formulaciones admiten un pequeño resquicio semántico —y ahí se ha refugiado buena parte del Ejecutivo—: un aviso no tiene por qué ser un informe formal. Es posible recibir información operativa sin que exista un documento escrito que pronostique exactamente que decenas de miles de personas cruzarán una frontera al día siguiente.

Pero esa precisión lingüística tampoco resuelve el fondo.

Robles no dijo simplemente que existiera ruido genérico sobre movimientos migratorios. Situó una comunicación concreta el 29 de julio, vinculada a una convocatoria para entrar a nado al día siguiente aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. Marlaska, en cambio, había asegurado que no existió aviso ni informe de algo parecido a lo que finalmente ocurrió. La hemeroteca deja, como poco, dos relatos diferentes acerca de la información previa que manejaba el Estado.

Aviso, informe y previsión: tres palabras que no significan lo mismo

Aquí conviene hilar fino, precisamente porque la tentación política consiste en hacer lo contrario. Que los servicios de inteligencia detectaran movimientos o una convocatoria no demuestra que supieran que iban a entrar 70.000 u 80.000 personas. Inteligencia trabaja con riesgos y escenarios, no con bolas de cristal.

Pero tampoco parece razonable convertir la ausencia de una predicción exacta en ausencia de información.

En los días previos ya se habían registrado entradas a nado, Castillejos acumulaba personas esperando la oportunidad de cruzar y circulaban mensajes en redes sociales que presentaban la frontera como accesible. La propia Robles ha reconocido que esos movimientos eran conocidos. Si el Gobierno sostiene que aquello no permitía anticipar la magnitud final, puede discutirse. Si sostiene que no existía ningún indicio relevante, la versión resulta bastante más difícil de sostener.

Y existe otro elemento. Informaciones periodísticas publicadas durante estas semanas aseguran, citando fuentes de inteligencia y seguridad, que hubo alertas adicionales sobre el riesgo de una entrada masiva. Esas informaciones no equivalen a documentos oficialmente desclasificados y deben tratarse como lo que son: revelaciones pendientes de una comprobación institucional definitiva. Precisamente por eso sería importante conocer la documentación real, no multiplicar interpretaciones políticas sobre ella.

De 70.000 a 80.000: cuando las cifras oficiales empiezan a bailar

Hay otro problema menos cinematográfico que una pelea entre ministros, aunque quizá más revelador: los números.

Marlaska ha hablado este viernes de unas 70.000 entradas irregulares. Días antes había utilizado públicamente cifras superiores a 80.000. Otros miembros del Gobierno han hablado de más de 70.000 y de retornos de entre el 90% y el 95%. Estas diferencias pueden responder a estimaciones provisionales, duplicidades o métodos distintos de conteo. En una entrada masiva, caótica y producida por varios puntos, obtener una cifra cerrada inmediatamente no es sencillo.

Eso explica una oscilación. No explica todas.

Interior mantiene que aproximadamente 5.000 migrantes permanecen en Ceuta. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha manejado estimaciones sustancialmente superiores durante la crisis y llegó a advertir de que, al ritmo de entre 25 y 30 expedientes de devolución diarios que calculaba el 20 de agosto, haría falta alrededor de un año para completar el proceso de quienes continuaban allí.

La discrepancia importa porque 5.000 y 10.000 personas no son un error de redondeo en una ciudad de alrededor de 85.000 habitantes. Significan miles de camas, comidas, expedientes, identificaciones, policías, sanitarios y plazas de acogida de diferencia.

Y todavía aparece un baile numérico más llamativo: el de los menores.

Los menores: de 1.898 a casi 3.000 y después a unos 1.500

El 13 de agosto Marlaska informó de 1.898 menores identificados. Después aparecieron cifras de 2.168 y de alrededor de 2.900 en distintas comunicaciones públicas. Esta semana, sin embargo, miembros del Gobierno rebajaron el número hasta aproximadamente 1.475 o 1.500.

Interior ha reconocido que existieron duplicidades en la base de datos policial provocadas por un problema informático y atribuye a esa incidencia una parte importante del descuadre. Mientras tanto, fuentes del área de menores de Ceuta manejan cifras próximas a 3.000 personas, muy alejadas del dato estatal depurado.

Una Administración puede corregir cifras. Debe hacerlo, de hecho. Reconocer un error es bastante mejor que conservarlo por orgullo. Pero cuando una crisis de seguridad nacional presenta diferencias de más de mil menores según qué departamento responda, el asunto deja de ser una simple errata informática.

Porque cada uno de esos números determina tutela, alojamiento, escolarización, identificación, posible reagrupación familiar y reparto entre comunidades autónomas. No hablamos de una hoja de cálculo algo desordenada. Hablamos de personas y de responsabilidades jurídicas.

El ciudadano termina escuchando 1.898, luego 2.168, después 2.900 y finalmente 1.500. Y entonces ocurre algo previsible: empieza a desconfiar incluso del dato correcto.

Los delitos existen; exagerarlos o esconderlos conduce al mismo desastre

La conversación sobre seguridad también está atrapada entre dos exageraciones opuestas. Una pretende asociar automáticamente inmigración y delincuencia. La otra parece incómoda cada vez que aparecen datos que rompen una fotografía amable de la situación.

La Fiscalía ha registrado durante esta crisis 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Dieciséis son mujeres y la mayoría de las víctimas son menores. También ha constatado incrementos de delitos contra el patrimonio y de atentado o resistencia a agentes de la autoridad. Eso constituye un dato oficial y grave.

No significa que las 16 agresiones hayan sido cometidas por migrantes recién llegados. De hecho, los datos conocidos no permiten realizar semejante generalización y las comprobaciones disponibles muestran que solo en una parte de los procedimientos hay detenidos migrantes relacionados con los hechos. Convertir 16 denuncias en 16 culpables extranjeros sería fabricar una estadística que no existe.

También sería absurdo utilizar esa cautela para fingir que no existe un problema de seguridad. Cuatro militares han resultado heridos tras ser apedreados. Hay detenciones. Han aumentado determinados delitos. Los juzgados necesitan refuerzos. La propia Fiscalía ha enviado tres fiscales desde la Península. Al mismo tiempo, migrantes han sufrido ataques, sus pertenencias han terminado en el mar y sus refugios han ardido.

Ceuta tiene, por tanto, una crisis migratoria, humanitaria, policial y social a la vez. Reducirla a una sola de esas dimensiones sirve para ganar una discusión de televisión. Para gobernar una ciudad, bastante menos.

Dos relatos políticos y una ciudad que continúa esperando

Marlaska tiene razón cuando reclama calma y cuando advierte contra la desinformación. Pero precisamente por eso el Gobierno debe aplicarse a sí mismo un estándar particularmente exigente. No puede combatir rumores ofreciendo cifras que cambian sin una explicación inmediata; tampoco pedir confianza mientras dos ministros describen de forma diferente qué sabía el Estado antes de la mayor entrada irregular registrada en Ceuta.

Robles pidió perdón a quienes se hubieran sentido abandonados y afirmó que lo sucedido el 30 de julio no puede repetirse. Es una frase sencilla, casi obvia, pero políticamente poderosa porque contiene algo que ha escaseado durante esta crisis: admitir que una Administración puede haber fallado.

Marlaska ha preferido defender la actuación de Interior, insistir en el carácter extraordinario del episodio y subrayar los retornos realizados. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: las fuerzas de seguridad pudieron realizar un trabajo enorme después de la entrada masiva y el Estado pudo fallar antes de que esa entrada se produjera. Una cosa no borra la otra.

Tampoco resulta serio resolver la cuestión diciendo simplemente que el ministro miente. Para sostener que alguien miente a sabiendas hace falta demostrar que conoce una realidad y deliberadamente afirma la contraria. Esa prueba no existe públicamente. Lo que existe es suficiente para una crítica distinta y más sólida: Marlaska ha ofrecido un relato que choca con declaraciones de Robles, con advertencias conocidas antes de la crisis y con cifras oficiales que han ido modificándose sobre asuntos fundamentales.

Mientras Madrid discute la diferencia entre un informe, un aviso y una previsión, Ceuta continúa viviendo con patrullas reforzadas, campamentos improvisados, profesores preocupados ante el comienzo del curso, miles de expedientes pendientes y vecinos que llevan semanas reclamando normalidad. Algunos protestan pacíficamente. Otros han cruzado la línea de la violencia. Entre los migrantes ocurre algo parecido: la inmensa mayoría no ha participado en agresiones, pero los delitos cometidos por una parte de ellos existen y deben perseguirse.

Ahí está quizá la mayor distancia entre la política de los números y la realidad de la calle. En el Congreso caben porcentajes, matices semánticos y discursos preparados. En Ceuta hay piedras contra militares, refugios ardiendo, policías separando grupos enfrentados y una población que todavía no sabe cuándo recuperará su vida cotidiana.

Cuando las cifras ya no bastan para explicar Ceuta

La verdad completa probablemente no cabe en ninguno de los dos relatos políticos que compiten estos días. Pero una democracia tiene una ventaja sobre la propaganda: no necesita escoger una verdad cómoda. Puede exigir seguridad sin convertir al extranjero en culpable colectivo; puede defender los derechos humanos sin negar delitos; puede criticar al Gobierno sin inventar conspiraciones y puede reconocer que cuando las cifras oficiales y las versiones de dos ministros chocan, las explicaciones dejan de ser una cortesía política y pasan a ser una obligación.