¿Puede la crisis de Ceuta hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez?

La crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente una emergencia migratoria para convertirse en un problema simultáneo de seguridad, convivencia, gestión política y relaciones con Marruecos. Los disturbios de las últimas horas, el ataque contra un vehículo militar, las cargas policiales, el incendio de asentamientos de migrantes y el bloqueo de la ayuda de Cruz Roja han elevado varios grados una situación que llevaba casi un mes degradándose. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta, además, algo quizá más corrosivo políticamente: contradicciones entre ministerios sobre lo que se sabía antes de la entrada masiva y la sensación de que el mando único ha llegado cuando Ceuta llevaba semanas pidiéndolo.

¿Puede esta crisis derribar al Gobierno? Por sí sola, no. No existe un mecanismo político automático por el que unos disturbios en Ceuta provoquen la caída de un Ejecutivo. Otra cosa es su capacidad para convertirse en el episodio que condense un desgaste previo, fracture apoyos parlamentarios o instale en una parte del electorado la idea de pérdida de control. Ahí está el peligro para Sánchez. Ceuta reúne demasiados ingredientes en el mismo recipiente: frontera, Marruecos, inmigración, muertos, seguridad, Ejército, menores, derechos humanos, una oposición lanzada al ataque y ministros ofreciendo versiones que no terminan de encajar. La olla, desde luego, no necesita más fuego.

Ceuta ya no vive solo una crisis migratoria

El origen inmediato está en las entradas masivas registradas a finales de julio. El Ministerio del Interior cifró en 72.000 las personas que habían accedido irregularmente durante los últimos días de ese mes, aunque una gran parte regresó posteriormente a Marruecos. A finales de agosto las estimaciones situaban todavía entre 7.000 y 10.000 personas en Ceuta, una ciudad de unos 84.000 habitantes y apenas 20 kilómetros cuadrados. Es una proporción extraordinaria para cualquier territorio y mucho más para una ciudad con espacio físico, servicios públicos y capacidad administrativa limitados.

El balance humano ha sido brutal. El número de fallecidos vinculados a la entrada masiva ascendía ya a 82 personas en la segunda mitad de agosto. Algunos cadáveres han tenido que ser enterrados en Ceuta mientras avanzan los trabajos de identificación y las gestiones con sus familias. Detrás de la batalla política hay también eso: cuerpos sin nombre, familias separadas y menores que durmieron en playas, además de una frontera que durante unas horas dejó de comportarse como una frontera.

Conviene precisar también el lenguaje. Calificar lo ocurrido como una “invasión” es una interpretación política, no una descripción jurídica neutral. Lo acreditado es una entrada irregular y masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, un fenómeno excepcional por su dimensión y con consecuencias evidentes para la seguridad nacional. El propio Gobierno terminó declarando la situación de interés para la seguridad nacional y creó un mando único coordinado por Ángel Víctor Torres y con participación de 11 ministerios.

Eso no vuelve irrelevante el miedo de los vecinos. Al contrario. Una democracia adulta puede reconocer simultáneamente que un migrante conserva sus derechos fundamentales y que los ceutíes tienen derecho a la seguridad, al uso normal de sus calles, playas y servicios públicos. Convertir una de esas dos afirmaciones en incompatible con la otra es la vía rápida hacia la propaganda.

De la protesta vecinal al fuego en las playas

El jueves 27 de agosto marcó otro punto de inflexión. Centenares de vecinos bloquearon durante más de dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que transportaba alimentos hasta la playa del Trampolín. La protesta había comenzado como una movilización contra la prolongación de la crisis, pero durante la tarde varios manifestantes accedieron a un asentamiento próximo, destrozaron pertenencias y prendieron fuego a dos estructuras de paja. La Policía terminó interviniendo para impedir enfrentamientos mayores.

La imagen es demoledora porque muestra hasta dónde ha llegado la ruptura de la convivencia: ciudadanos bloqueando ayuda humanitaria mientras fuerzas de seguridad protegen a migrantes de posibles agresiones. Horas antes y durante jornadas anteriores también se habían producido concentraciones ante la Delegación del Gobierno, lanzamiento de objetos, intentos de acceder a zonas donde dormían migrantes y episodios de violencia contra periodistas. Miles de ceutíes han participado, al mismo tiempo, en protestas pacíficas reclamando expulsiones, más seguridad y responsabilidades políticas. Meter a todos en el mismo saco sería tan cómodo como falso.

El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, del PP, lleva días pidiendo calma y reclamando una respuesta estatal mucho más contundente. Su vicepresidenta segunda, Kissy Chandiramani, ha llegado a describir una ciudad prácticamente “autoconfinada”, con fuertes alteraciones de la vida cotidiana y negocios particularmente castigados en las zonas próximas a las playas. La Cámara de Comercio ha calculado que las pérdidas económicas de agosto podrían alcanzar los 27,7 millones de euros.

Benzú: cuatro militares heridos y 12 detenidos

La otra escena decisiva ocurrió de madrugada en Benzú. Según la Jefatura Superior de Policía, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó un vehículo en el que viajaban cuatro militares que se dirigían a un punto de vigilancia y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones. Los soldados resultaron heridos y tuvieron que abandonar el vehículo para ponerse a salvo. Doce migrantes marroquíes fueron detenidos como presuntos participantes en la agresión.

Pocas imágenes poseen tanta capacidad política como unos soldados españoles atacados dentro de territorio nacional. No hace falta adornarla. Precisamente por eso resulta imprescindible evitar el salto tramposo de atribuir el ataque al conjunto de los migrantes. Hay 12 detenidos y una investigación policial, no miles de culpables colectivos.

Algo parecido ocurre con las agresiones sexuales. La Fiscalía ha contabilizado durante la crisis 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, 16 de ellas mujeres y muchas menores de edad, además de incrementos en delitos contra el patrimonio y atentados o resistencia a agentes. Es un dato extremadamente grave que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Pero la estadística comunicada por la Fiscalía no permite adjudicar automáticamente la autoría de todos esos delitos a las personas llegadas desde Marruecos. Convertir correlación temporal en culpabilidad colectiva quizá funcione en una consigna; en un juzgado, afortunadamente, hace falta algo más.

El Gobierno llega al mando único con versiones enfrentadas

El principal problema político de Sánchez ya no consiste solo en explicar por qué entraron decenas de miles de personas. Consiste en explicar qué sabía el Estado y cuándo lo sabía.

Margarita Robles ha defendido que el CNI detectó movimientos y comunicó información previa sobre convocatorias para entrar irregularmente en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska sostiene que no existió una advertencia que permitiera anticipar una entrada de semejante magnitud. Ángel Víctor Torres se ha situado esencialmente junto a la versión de Interior y Félix Bolaños ha reiterado que el Gobierno no disponía de información previa precisa sobre una llegada de decenas de miles de personas.

Puede haber explicaciones técnicas que hagan compatibles parcialmente esas versiones: detectar una convocatoria no equivale a prever que 70.000 personas puedan terminar atravesando una frontera. Pero políticamente la diferencia es venenosa. Porque cuando Defensa asegura que hubo información y otros departamentos responden que no había una alerta útil, el ciudadano no escucha una sofisticada discusión sobre inteligencia prospectiva. Escucha que los ministros no se ponen de acuerdo sobre quién sabía qué.

El mando único pretende precisamente corregir esa fragmentación. Torres coordina desde esta semana la respuesta estatal, Interior ha reforzado las líneas policiales para identificar y registrar a quienes permanecen en Ceuta y el Ejecutivo busca nuevos espacios de acogida evitando los polideportivos que habían provocado el rechazo frontal del Gobierno ceutí y de numerosos vecinos. Este viernes 28 de agosto, Sánchez preside la reunión del comité creado para seguir la crisis.

Lo tardío de esa coordinación es parte del problema. Una estructura concebida para transmitir control institucional también puede terminar recordando durante cuánto tiempo faltó ese control.

Marruecos, devoluciones y el fantasma de Pegasus

Nada de lo que ocurre en Ceuta puede analizarse de espaldas a Marruecos. La experiencia de 2021 ya demostró hasta qué punto la presión migratoria puede convertirse en una pieza de la relación bilateral. En julio de 2026 el Ministerio del Interior volvió a defender públicamente la colaboración marroquí y atribuyó la movilización fundamentalmente a redes de tráfico de personas que habrían explotado una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Esa sentencia es importante. El Supremo estableció en julio que el rechazo inmediato en frontera previsto específicamente para Ceuta y Melilla no puede utilizarse de la misma manera contra quienes son interceptados en el mar intentando llegar a nado. Eso no significa que esas personas obtengan automáticamente derecho a permanecer en España; significa que debe aplicarse el procedimiento legal de devolución correspondiente, con las garantías e identificación individual exigibles.

La cooperación con Rabat tampoco elimina la tensión política. El Gobierno español tuvo que rechazar el 22 de agosto unas declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reivindicando Ceuta y Melilla como un supuesto derecho histórico y geográfico de Marruecos. Es decir: Madrid necesita a Rabat para gestionar la frontera mientras Rabat mantiene reivindicaciones sobre las ciudades españolas. Una relación cómoda, lo que se dice cómoda, no es.

También ha reaparecido Pegasus, inevitablemente. En febrero se publicaron nuevas informaciones según las cuales Marruecos estuvo detrás de la infección del teléfono de Pedro Sánchez durante el periodo 2020-2021. El antecedente es políticamente explosivo y ayuda a comprender la desconfianza que rodea cualquier episodio con Rabat. Pero hasta este 28 de agosto no existe evidencia pública que demuestre que la actual crisis de Ceuta sea un chantaje relacionado con Pegasus, ni que Estados Unidos esté colaborando en una operación de ese tipo. Presentarlo como hecho sería ir más rápido que las pruebas. Y las pruebas, por desgracia para las teorías perfectas, suelen caminar.

El problema ya no cabe en la frontera

El mayor riesgo para Sánchez aparece cuando la crisis deja de ser exclusivamente un enfrentamiento entre Gobierno y oposición. El presidente comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso, una fecha adelantada después de que formaciones que han sostenido su mayoría parlamentaria consideraran demasiado tarde la propuesta inicial de hacerlo el día 9. PNV, Junts y Podemos, entre otros, han exigido explicaciones con mayor rapidez.

Ahí empieza la verdadera dimensión política del asunto. PP y Vox iban a atacar al Gobierno hiciera prácticamente lo que hiciera; forma parte del juego parlamentario y sería ingenuo fingir sorpresa. Más delicado resulta que las dudas sobre la respuesta lleguen también desde partidos cuyo apoyo resulta necesario para la estabilidad de la legislatura.

La crisis de Ceuta no significa automáticamente el final del Gobierno de Sánchez ni del llamado sanchismo. Afirmarlo sería convertir un análisis en una quiniela. Sí puede convertirse, sin embargo, en uno de sus episodios de mayor desgaste si se encadenan nuevos disturbios, siguen sin aclararse las responsabilidades sobre la previsión de la entrada masiva, Marruecos endurece su posición o el Ejecutivo pierde apoyos parlamentarios por su gestión.

Y queda una cuestión todavía más elemental. Ceuta necesita recuperar playas, colegios, comercios, transporte y calles; los migrantes deben ser identificados, acogidos cuando legalmente corresponda o retornados cuando proceda; quienes cometan delitos, sean vecinos o recién llegados, deben responder ante los tribunales. Ni incendiar campamentos es defender Ceuta ni apedrear militares es reclamar un futuro mejor.

Ceuta se convierte en una prueba de autoridad para Sánchez

Un Estado se mide precisamente ahí, cuando el ruido ocupa toda la calle: haciendo cumplir la ley sin convertirla en venganza, protegiendo la frontera sin deshumanizar a quien la cruza y evitando que una emergencia previsible termine administrándose cuando ya huele a humo. Ceuta ha llegado a ese punto.

Para Pedro Sánchez el problema es que, después de casi un mes, ya no basta con explicar cómo comenzó la crisis. Tendrá que demostrar que puede recuperar el control, aclarar las contradicciones internas del Gobierno, contener el deterioro de la convivencia y gestionar una relación con Marruecos en la que cada movimiento pesa bastante más de lo que parece. La crisis ceutí no sentencia por sí misma una legislatura, pero puede dejar una cicatriz política difícil de borrar.