¿Bélgica cita a inmigrantes y después los detiene para expulsarlos?

Bélgica está aplicando una práctica migratoria tan controvertida como real: personas solicitantes de asilo reciben una convocatoria de la Oficina de Extranjería, acuden a la entrevista y pueden terminar detenidas en un centro cerrado desde el que eventualmente se ejecutaría su expulsión. Desde enero de 2026 han sido internadas de esta forma 68 personas, casi tantas como las 71 registradas durante todo 2025.

Hay, sin embargo, una diferencia importante entre esto y la versión más explosiva que ha circulado en las últimas horas. No está acreditado que Bélgica haya convocado a inmigrantes con la promesa de regularizarlos para detenerlos después. Las informaciones belgas hablan de solicitantes de protección internacional citados para entrevistas relacionadas con sus expedientes. La distinción no es pequeña: una cosa sería inventar una falsa regularización como señuelo policial y otra, igualmente polémica pero jurídicamente distinta, aprovechar una comparecencia administrativa obligatoria para ejecutar una medida de detención.

El resultado práctico, para quien recibe la carta, puede resultar bastante menos académico. Acudir puede acabar con la persona trasladada a un centro cerrado; no acudir puede perjudicar seriamente su procedimiento de asilo. De ahí que abogados y organizaciones de defensa de los migrantes hayan denunciado una especie de callejón administrativo en el que cualquier puerta parece conducir a problemas. La Oficina de Extranjería rechaza que exista una trampa.

68 solicitantes acabaron en centros cerrados tras acudir a una cita

Las cifras explican por qué el asunto ha saltado de Bélgica a la prensa internacional. En los primeros meses de 2026, 68 extranjeros fueron internados después de presentarse a una convocatoria de la Oficina de Extranjería. Durante los doce meses de 2025 habían sido 71.

No significa que toda persona llamada a una entrevista vaya a ser detenida, ni que los 68 casos sean idénticos. El internamiento se produce cuando la Administración considera que existen circunstancias que permiten privar de libertad al afectado, por ejemplo porque pesa sobre él una orden anterior de abandonar Bélgica o porque aprecia riesgo de fuga.

Tampoco un centro cerrado equivale jurídicamente a una cárcel por haber cometido un delito. Se trata de detención administrativa en materia migratoria, utilizada para mantener bajo control a una persona mientras se tramita o prepara su alejamiento del territorio. Y la entrada en uno de estos centros no significa que la expulsión vaya a ejecutarse inevitablemente: pueden existir recursos, procedimientos pendientes y circunstancias personales que deban examinarse.

La expresión “los citan para expulsarlos”, por tanto, describe con bastante eficacia el efecto que puede producir el procedimiento, pero comprime demasiadas fases jurídicas en cinco palabras. La burocracia migratoria europea, por si alguien tenía dudas, no suele caber bien en un eslogan.

El caso del palestino que llegó hasta la Justicia belga

Uno de los expedientes que ha encendido la polémica ocurrió el 21 de mayo de 2026. Un ciudadano palestino de unos treinta años acudió a una entrevista convocada por la Oficina de Extranjería y terminó privado de libertad.

El hombre había obtenido anteriormente protección en Grecia y se encontraba en su quinta solicitud de protección internacional en Bélgica. La Administración alegó que existían órdenes previas para abandonar el territorio que no habían sido cumplidas y sostuvo que había riesgo de que el solicitante se sustrajera al procedimiento.

Su abogado presentó una lectura muy diferente. Argumentó que su cliente vivía en Bélgica con su pareja, que ambos esperaban un hijo y que el hombre había acudido regularmente a las citas administrativas. Para la defensa, difícilmente podía presentarse como alguien dispuesto a desaparecer una persona que, precisamente, había comparecido cuando la Administración se lo pidió.

El conflicto terminó ante la Corte de Casación belga. Y aquí aparece el punto más delicado del asunto.

La Justicia no consideró probado que existiera una trampa

La Corte de Casación no apreció que la Oficina de Extranjería hubiese engañado ilegalmente al solicitante. Según la interpretación del tribunal, ninguna disposición obliga a la Administración a advertir previamente de que una convocatoria puede terminar en detención, ni a detallar en la propia citación todas las razones que podrían conducir a ella.

Eso no convierte automáticamente la práctica en pacífica o incontestable. Significa algo más concreto: en el asunto examinado, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria belga no consideró demostrada una maniobra engañosa que invalidase la actuación administrativa.

Es justamente ahí donde chocan dos maneras de mirar el mismo despacho. Para el Estado, la persona es convocada dentro de un procedimiento administrativo y, una vez presente, puede ejecutarse una medida que legalmente proceda. Para sus críticos, ocultar que esa comparecencia puede terminar con el interesado dentro de un centro cerrado altera radicalmente la naturaleza de la cita. El papel dice entrevista; tras la puerta puede esperar una privación de libertad.

Por qué no es correcto hablar de una falsa regularización

La afirmación que presenta el episodio como una convocatoria destinada a “regularizar inmigrantes” no coincide con la descripción conocida de los 68 casos.

El procedimiento oficial de protección internacional establece que la Oficina de Extranjería registra las solicitudes, comprueba la identidad del interesado, toma sus huellas, analiza posibles responsabilidades de otros Estados europeos bajo las normas de Dublín y realiza una primera entrevista sobre su identidad, recorrido y motivos para solicitar asilo. Posteriormente interviene el Comisariado General para los Refugiados y Apátridas en la evaluación de la protección.

Son, por tanto, entrevistas de un procedimiento de asilo, no una campaña extraordinaria que prometa papeles a cualquiera que se presente.

La diferencia también importa para entender quiénes son los afectados. Hablar genéricamente de “inmigrantes ilegales” mezcla situaciones jurídicas distintas: solicitantes de asilo, personas cuya petición ha sido rechazada, extranjeros protegidos previamente por otro Estado europeo, personas con una orden de salida pendiente o ciudadanos que presentan solicitudes sucesivas. La política migratoria tiende a meterlos todos en la misma fotografía; el derecho, bastante menos fotogénico, los separa.

El dilema: acudir a la convocatoria o arriesgar el expediente

La crítica más seria a la práctica belga no necesita adornarse con una conspiración. Está en el propio funcionamiento del procedimiento.

Los solicitantes deben atender las convocatorias relacionadas con su petición de protección y justificar adecuadamente una ausencia. La normativa belga insiste en la importancia de presentarse a las entrevistas, hasta el punto de exigir que una imposibilidad grave —una enfermedad u hospitalización, por ejemplo— sea comunicada y acreditada dentro de los plazos establecidos.

Organizaciones especializadas y abogados denuncian por eso una situación incómoda: ignorar la convocatoria puede poner en peligro la solicitud, pero cumplirla puede terminar en internamiento cuando el expediente reúne las condiciones que la Oficina considera suficientes para detener al interesado.

La Administración belga mantiene que no utiliza ninguna artimaña y no ha anunciado cambios en este procedimiento. Su posición es sencilla: recibir una convocatoria para una entrevista no proporciona inmunidad frente a una orden de detención que pueda resultar aplicable al extranjero.

Los críticos responden que la legalidad formal no resuelve por completo el problema de confianza. Cuando colaborar con una Administración puede conducir directamente a la privación de libertad, sostienen, el incentivo para seguir colaborando se vuelve bastante peculiar. Legal, ha dicho la Justicia en el caso examinado. Indiscutible, desde luego que no.

Bélgica endurece su política migratoria

El episodio tampoco aparece en el vacío. El Gobierno federal encabezado por Bart De Wever desarrolla desde 2025 una política considerablemente más restrictiva en materia de asilo, acogida y retorno.

La ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha convertido el aumento de los retornos de personas sin derecho de residencia en uno de los ejes declarados de su política. El Ejecutivo trabaja además en la reorganización de las distintas instituciones migratorias dentro de un nuevo Servicio Público Federal de Migración, destinado a integrar buena parte de la cadena administrativa, desde las solicitudes hasta los recursos.

El Gobierno exhibe también el descenso de solicitudes de protección como resultado de ese giro. Durante los cinco primeros meses de 2026, Bélgica registró casi un 31% menos de peticiones de asilo que en el mismo periodo de 2025. En mayo, la caída interanual fue del 28%.

La tendencia política resulta bastante transparente: acelerar procedimientos, reducir determinados mecanismos de acogida y hacer más efectivo el retorno de quienes reciben una resolución negativa. Dentro de ese paisaje, detener durante una comparecencia a personas que ya tienen problemas con su derecho de estancia deja de parecer una anomalía aislada y pasa a encajar en una estrategia migratoria más severa.

Entre la firmeza migratoria y la confianza en el Estado

Lo sucedido en Bélgica contiene una paradoja difícil de borrar con comunicados. Un Estado tiene derecho a controlar quién permanece en su territorio, ejecutar resoluciones de expulsión y exigir que las leyes migratorias no se conviertan en papel mojado. También debe garantizar que cada solicitante de protección pueda defender su caso, recurrir las decisiones que le afecten y saber razonablemente a qué procedimiento se enfrenta.

Las 68 detenciones son reales. La supuesta campaña de regularización utilizada como cebo, en cambio, no aparece confirmada por la información disponible. Lo que existe es una práctica administrativa mediante la cual algunos solicitantes de asilo son detenidos cuando se presentan a entrevistas obligatorias porque sobre ellos concurren otras circunstancias migratorias que permiten su internamiento.

Puede parecer una diferencia semántica. No lo es. Entre convocar a alguien prometiéndole papeles para tenderle una emboscada y detener a una persona durante una cita administrativa que estaba obligada a atender hay un trecho jurídico enorme. Para quien sale de aquel despacho camino de un centro cerrado, eso sí, la distancia probablemente se perciba bastante más corta.