¿Por qué las devoluciones de migrantes de la UE acorralan a Meloni?

La política migratoria europea ha colocado a Giorgia Meloni ante una paradoja incómoda. La primera ministra italiana defendió una UE mucho más dura con las devoluciones, respaldó el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y convirtió la reducción de los movimientos irregulares en una pieza central de su agenda. El problema es que una de las reglas reforzadas por ese sistema permite precisamente que otros países europeos envíen de vuelta a Italia a solicitantes de asilo cuya responsabilidad corresponde a Roma.

Irlanda acaba de sumarse a Alemania, Austria, Finlandia, Suecia y Países Bajos en la presión para efectuar estos traslados. También Suiza, que no pertenece a la Unión Europea pero participa en el sistema europeo de Dublín, se mueve en la misma dirección. Italia vuelve así a aparecer como país responsable de numerosos expedientes de personas que entraron inicialmente por su territorio y después continuaron hacia el norte de Europa.

Hay, sin embargo, una precisión importante. No estamos exactamente ante la misma clase de “devolución” que Meloni ha promovido cuando reclama repatriar a inmigrantes sin derecho a permanecer en Europa hacia sus países de origen o hacia terceros países seguros. Aquí hablamos sobre todo de traslados de solicitantes de asilo entre Estados europeos. La ironía es política más que jurídica. Pero no por eso resulta menos incómoda para Roma.

Italia descubre el otro lado del país de primera entrada

La cuestión nace de una vieja obsesión europea: determinar qué Estado debe hacerse cargo de una solicitud de protección internacional cuando una persona ha pasado por varios países. Durante años, el sistema de Dublín hizo recaer buena parte de la responsabilidad sobre los Estados situados en las fronteras exteriores.

Italia, Grecia y España conocen bien el asunto. El mapa no entiende de discursos: quien tiene cientos de kilómetros de Mediterráneo delante posee también más probabilidades de convertirse en puerta de entrada a la UE y, con ella, en responsable inicial de muchos expedientes de asilo.

El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, aplicable desde el 12 de junio de 2026, no eliminó esta lógica. Introdujo un mecanismo permanente de solidaridad entre los Estados, nuevos procedimientos fronterizos y reglas más rápidas, pero mantiene la obligación de establecer qué país debe examinar cada petición y permite devolver a ese Estado a quienes se desplazan posteriormente sin autorización por territorio europeo.

De ahí nace el problema italiano. Una persona llega a Italia, queda registrada allí y posteriormente viaja, pongamos, hasta Alemania. Si de acuerdo con las normas europeas Italia continúa siendo responsable de estudiar su solicitud, las autoridades alemanas pueden iniciar el procedimiento para trasladarla de nuevo.

Y el mecanismo se ha simplificado.

El nuevo Pacto facilita traslados que Roma llevaba años frenando

Con el nuevo Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, el procedimiento de retorno al Estado responsable resulta más rápido en determinados supuestos de movimientos secundarios, es decir, cuando un solicitante abandona el país en el que debería permanecer y se instala en otro Estado europeo.

Uno de los cambios relevantes consiste en sustituir en determinados casos la antigua solicitud formal de readmisión por un sistema de notificación. El margen para bloquear administrativamente el proceso se reduce. Dicho de forma menos burocrática: hay menos puertas en las que dejar el expediente esperando.

Esto afecta especialmente a Italia porque Roma llevaba desde finales de 2022 dificultando los traslados procedentes de otros Estados. La Unidad Dublín italiana comunicó entonces que suspendía temporalmente las entradas debido a la falta de plazas disponibles en el sistema de acogida. Aquellas decisiones seguían pesando sobre el funcionamiento del sistema cuando las instituciones europeas volvieron a examinar la situación en 2026.

El Gobierno Meloni defendía que existía un problema material evidente: Italia recibía llegadas por mar, soportaba presión sobre sus centros de acogida y no podía seguir absorbiendo automáticamente personas enviadas desde otros países europeos. El argumento político tenía recorrido. El margen jurídico, bastante menos.

El país de entrada no siempre es el responsable

Conviene desmontar una simplificación frecuente: haber pisado primero Italia no significa automáticamente que Italia vaya a resolver cualquier solicitud de asilo.

Las normas europeas establecen diversos criterios. Importan los vínculos familiares, la situación de los menores, determinados permisos o visados y otras circunstancias personales. Solo después entran en juego otros elementos, entre ellos la entrada en territorio europeo y el lugar donde se registró la solicitud.

Por eso hablar simplemente de “devolver a Italia a todos los migrantes que llegaron por Italia” resulta incorrecto. Cada traslado requiere una base jurídica. Tampoco un solicitante de protección internacional equivale a una persona con una orden de expulsión. Son expedientes diferentes, con derechos y procedimientos distintos.

La inmigración europea tiene esta peculiaridad: tras años de grandes eslóganes políticos, casi todo termina convertido en un expediente administrativo. Menos épica y más sello, formulario y plazo.

La suspensión italiana chocó con la justicia europea

La estrategia italiana recibió un golpe importante en marzo de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó las consecuencias de la negativa de Italia a aceptar determinados traslados bajo el antiguo Reglamento de Dublín III y estableció que un Estado no puede liberarse unilateralmente de sus obligaciones simplemente anunciando que deja de recibir solicitantes.

Italia continuaba siendo inicialmente responsable cuando así lo establecían los criterios europeos. No bastaba con enviar una circular alegando problemas de capacidad y bajar la persiana. La responsabilidad europea no desaparece porque un Gobierno considere que el sistema funciona mal.

La sentencia introducía, eso sí, otra pieza relevante: si el traslado no podía ejecutarse dentro del plazo previsto —con carácter general, seis meses en el sistema examinado por el tribunal—, la responsabilidad podía acabar pasando al Estado que había solicitado el traslado. La decisión se refería al régimen anterior de Dublín III, pero dejó bastante claro un principio que sobrevuela la discusión actual: las obligaciones comunes no son voluntarias según convenga políticamente a cada capital.

La Comisión Europea volvió a fijarse en Italia después de la entrada en aplicación del nuevo Pacto. En su primera evaluación, publicada el 16 de julio, reconoció que Roma había realizado esfuerzos significativos para preparar las nuevas normas, aunque también reclamó pasos concretos para garantizar que los traslados se ejecutasen efectivamente.

El número real de devoluciones sigue siendo pequeño

Todo esto produce titulares de enorme tamaño, pero los aviones llenos de solicitantes retornando masivamente a Italia todavía no existen. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha defendido al Gobierno asegurando que bajo el nuevo sistema apenas se habían producido tres retornos a Italia hasta el momento y ha acusado a la oposición de exagerar el alcance del problema.

Esa fotografía inmediata importa. Entre que un Estado anuncia su intención de efectuar traslados y estos terminan realizándose existe una considerable distancia administrativa y judicial. Los procedimientos migratorios europeos tienen fama bien ganada de avanzar con la velocidad de una ventanilla pública en agosto.

La experiencia reciente invita a la prudencia. Los datos correspondientes a 2025 muestran que Italia recibió 19.889 procedimientos entrantes relacionados con Dublín, mientras los traslados efectivamente realizados fueron apenas una fracción del total. La suspensión italiana, los recursos judiciales, los plazos y las dificultades prácticas convirtieron durante años la maquinaria europea en algo parecido a un enorme embudo.

La diferencia de 2026 está en las reglas. Alemania, Irlanda y otros Estados disponen de procedimientos diseñados precisamente para reducir parte de esos obstáculos. Que puedan hacerlo no significa que decenas de miles de personas vayan a aterrizar de repente en Italia. Significa que Roma tiene menos margen para congelar el mecanismo indefinidamente.

Y eso explica la inquietud.

El verdadero bumerán para Meloni es político

Hablar de una política que “se vuelve contra Meloni” funciona porque contiene una simetría casi demasiado perfecta. Europa devuelve a la defensora de las devoluciones. La realidad, como suele ocurrir, llega algo más despeinada.

Meloni ha sido una de las dirigentes europeas que con mayor intensidad ha defendido acelerar las repatriaciones de inmigrantes sin derecho de residencia, reforzar las fronteras exteriores y explorar centros de retorno fuera de territorio comunitario. Italia llevó esa filosofía incluso más lejos con su acuerdo con Albania.

Los actuales traslados hacia Italia son otra cosa. No expulsan necesariamente a nadie de Europa. Redistribuyen la responsabilidad de gestionar solicitudes dentro del propio espacio europeo.

Pero ambos mundos se cruzan políticamente porque Meloni respaldó el Pacto que endurece las reglas contra los movimientos secundarios. La lógica era sencilla: impedir que una persona pueda entrar por un país mediterráneo y escoger después libremente en cuál de los Estados europeos tramitar su solicitud.

Ese principio gusta bastante cuando impide desplazamientos. Resulta menos simpático cuando determina que el solicitante debe regresar precisamente a Italia.

Aquí aparece la contradicción que aprovecha la oposición italiana. Roma quería más control, procedimientos rápidos y normas capaces de ejecutarse. Sus socios europeos responden, en esencia, que estupendo: ejecutemos las mismas reglas.

El Gobierno tiene otra parte del argumento de su lado. El Pacto no consiste únicamente en devolver solicitantes al primer país responsable. Introduce también un mecanismo obligatorio de solidaridad para ayudar a Estados bajo presión migratoria. Para 2026, el Consejo estableció como referencia un contingente de 21.000 reubicaciones u otras medidas equivalentes, o contribuciones financieras por 420 millones de euros. Italia figura, junto con España, Grecia y Chipre, entre los países reconocidos como sometidos a presión migratoria y susceptibles de recibir solidaridad.

La disputa, por tanto, no es tan sencilla como “Europa castiga a Meloni”. Italia puede recibir solicitantes devueltos por responsabilidad y, simultáneamente, beneficiarse de mecanismos europeos de solidaridad. El sistema pretende que funcionen las dos caras de la moneda. Sobre el papel suena razonable. Europa posee una larga tradición demostrando que el papel es un ecosistema bastante más tranquilo que el Mediterráneo.

La frontera exterior sigue siendo la gran grieta europea

Lo que está ocurriendo alrededor de Meloni revela un problema que ningún Pacto ha logrado borrar: los intereses migratorios del norte y del sur de Europa no coinciden por completo.

Alemania, Países Bajos, Suecia o Irlanda quieren limitar los movimientos secundarios y evitar que solicitudes cuya responsabilidad corresponde a otro Estado terminen instalándose en sus sistemas nacionales. Italia reclama que no se convierta la posición geográfica de los países mediterráneos en una condena administrativa permanente.

Ambas preocupaciones son legítimas. Y chocan.

Francia y España se han distanciado de la ofensiva para retornar solicitantes hacia Italia, lo que demuestra que no existe un frente europeo uniforme contra Roma. El tablero vuelve a dividirse según geografía, presión migratoria e intereses nacionales.

Para Meloni el riesgo inmediato es más político que cuantitativo. Puede defender que apenas se han materializado unos pocos retornos y recordar que Italia recibe solidaridad europea. Pero cada anuncio de Berlín, Dublín o Estocolmo alimenta una imagen difícil para una dirigente que construyó buena parte de su autoridad europea sobre la idea de hacer efectivas las devoluciones.

La Unión ha terminado aplicando una de sus reglas más antiguas a quien quería reglas más duras. No es exactamente la medicina que Meloni recetó, aunque se parece bastante en el envase. Y detrás de la ironía queda la cuestión verdaderamente importante: mientras Europa siga haciendo recaer una parte sustancial de la responsabilidad sobre el lugar donde alguien cruza físicamente su frontera exterior, Italia continuará siendo imprescindible en cualquier política migratoria común, gobierne quien gobierne en Roma.