¿Por qué Interior hizo una lista de periodistas según su ideología?

El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un documento elaborado por su Oficina de Comunicación en el que aparecen decenas de periodistas clasificados mediante referencias a su orientación política, su trayectoria profesional y su posición ante el Gobierno. El archivo, confeccionado entre finales de 2023 y 2024, contiene fotografías y fichas de directores de medios, redactores, columnistas y tertulianos. Interior sostiene que se trataba de un documento informativo de uso interno y asegura que todos los profesionales han recibido el mismo trato.

La explicación no ha convencido a las principales organizaciones de periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), entre otras entidades profesionales, han condenado la clasificación ideológica y consideran que una institución pública atraviesa una frontera delicada cuando deja de registrar quién es quién en los medios y comienza a etiquetar políticamente a quienes preguntan, investigan o publican sobre ella.

Interior admite el documento y lo define como información interna

La existencia del dosier salió a la luz este martes, 8 de septiembre, después de publicarse detalles sobre el archivo. El documento lleva por título «Tertulianos. Radio y Televisión» y fue preparado desde la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.

No se limitaba, según las informaciones conocidas, a recoger el nombre de un periodista, su medio, su cargo o los programas en los que participa, datos habituales en cualquier gabinete de prensa. Incluía también apreciaciones políticas. Entre las etiquetas atribuidas a diferentes profesionales aparecen expresiones como «apoya al Gobierno», «tendencia conservadora», «alineado con posiciones de derechas» o «antisanchista».

Ahí cambia bastante la fotografía. Que un gabinete público conozca a los periodistas que cubren su actividad es tan ordinario como tener sus teléfonos en una agenda. Determinar, además, dónde encaja políticamente cada uno convierte esa agenda en otra cosa. No demuestra por sí solo que existieran vetos, represalias o discriminaciones, algo para lo que no se han aportado pruebas, pero sí explica el malestar provocado por el documento.

Fotografías, trayectorias y valoraciones políticas

Las fichas alcanzaban a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales. También aparecen periodistas especializados en la información del propio Ministerio del Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Entre los nombres conocidos figura Nacho Cardero, director de El Confidencial. Su ficha recogía referencias tanto a su posición ideológica como al carácter de sus críticas al Ejecutivo. No era, por tanto, únicamente una pequeña biografía profesional de las que los departamentos de comunicación preparan antes de una entrevista.

Interior ha defendido que el archivo era un «documento informativo de carácter interno» destinado a ofrecer una fotografía del ecosistema mediático y que no tenía como objetivo señalar a los profesionales. El departamento sostiene igualmente que su Oficina de Comunicación atiende a todos los medios y periodistas sin establecer distinciones.

Las asociaciones de periodistas ven una línea roja

La reacción de la FAPE ha sido especialmente dura. La organización considera la elaboración de perfiles ideológicos de periodistas incompatible con el Estado de derecho y reclama que cesen este tipo de prácticas.

El argumento central es sencillo, aunque el asunto tenga muchas capas: un organismo estatal dispone de recursos, información y capacidad institucional que un partido político, una empresa privada o un medio de comunicación no tienen. Cuando ese organismo clasifica a los profesionales encargados precisamente de fiscalizar su actuación, la relación deja de ser completamente inocua. La libreta está en la mesa de quien concede accesos, responde preguntas, organiza comparecencias y facilita información pública.

La FAPE ha advertido especialmente sobre una posible distinción entre periodistas considerados «afines» y «problemáticos». No consta, con la información disponible, que esas categorías fueran utilizadas para negar acreditaciones o perjudicar a algún profesional. Y esa precisión importa: una cosa es acreditar la existencia del archivo, que Interior admite, y otra atribuirle consecuencias concretas que no han sido demostradas.

Una diferencia que no es solo semántica

Los gabinetes de comunicación elaboran perfiles de interlocutores constantemente. Saber que una periodista cubre tribunales, que otro escribe sobre seguridad o que determinado presentador conduce una tertulia política facilita el trabajo cotidiano. Hasta ahí, poco misterio. El problema comienza cuando la descripción profesional se transforma en un perfil ideológico individualizado.

Saber dónde trabaja alguien responde a una necesidad operativa; decidir si es favorable al Gobierno, conservador, de izquierdas o antisanchista supone interpretar sus opiniones y colocarlas dentro de una casilla política. Es otro material. Mucho más sensible, sobre todo cuando quien confecciona esa clasificación es una institución del Estado.

La APP se ha sumado a la condena y otras organizaciones profesionales han mostrado su preocupación. El episodio llega, además, en un momento particularmente áspero para la profesión, marcado por denuncias de agresiones, amenazas y señalamientos a periodistas durante distintas coberturas. El contexto hace que cualquier clasificación política institucional resulte todavía más incómoda.

Las opiniones políticas tienen una protección especial

La controversia no termina en la libertad de prensa. Existe también una vertiente vinculada a la protección de datos personales, aunque determinar si en este caso concreto hubo una infracción exige conocer cómo se obtuvieron los datos, con qué finalidad fueron tratados, quién podía consultarlos, durante cuánto tiempo se conservaron y cuál era la base jurídica utilizada.

Las opiniones políticas se encuentran entre las categorías de datos personales especialmente protegidas por la normativa europea. Su tratamiento está sometido a restricciones reforzadas y a determinadas excepciones. No basta, por ello, con comprobar que una información política aparezca en un documento para dictar automáticamente una conclusión jurídica sobre su legalidad.

La ideología no funciona como el nombre de un periódico

La distinción tiene sentido. Una fotografía, un teléfono profesional o el nombre del medio permiten identificar y contactar con una persona. Una valoración sobre sus convicciones o posiciones políticas entra en un territorio distinto porque puede condicionar decisiones posteriores y afectar al ejercicio de derechos fundamentales.

De ahí que la discusión sobre el dosier pueda desplazarse también hacia cuestiones bastante concretas: quién decidió elaborarlo, qué criterios se utilizaron para asignar las etiquetas, quién tuvo acceso al documento y qué ocurrió después con aquella información. Son extremos relevantes para determinar el alcance real del archivo, más allá del ruido político inevitable.

Por ahora, no consta una resolución administrativa que haya establecido que este documento concreto vulnerara la normativa de protección de datos. Conviene separar, pues, la alarma razonable de las conclusiones jurídicas anticipadas. En asuntos así, la brocha gorda pinta rápido, pero suele tapar precisamente los detalles importantes.

El Gobierno se distancia de cualquier intento de señalamiento

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido el respeto del Ejecutivo a la libertad de prensa y ha sostenido que el informe no tenía como finalidad señalar ni censurar a periodistas. Desde Interior se insiste en que se trataba de una herramienta interna de trabajo y en que los profesionales reciben el mismo trato con independencia de su línea editorial.

La polémica, sin embargo, también ha provocado incomodidad dentro del espacio parlamentario que sostiene al Ejecutivo. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha rechazado que se clasifique a las personas por su pensamiento o ideología y ha reclamado explicaciones al Ministerio.

Desde el grupo de Sumar también se ha cuestionado la existencia del dosier y se ha anunciado que el asunto llegará al control parlamentario. La controversia no cabe, por tanto, en el cómodo esquema de Gobierno contra oposición. La práctica genera reparos incluso entre formaciones que respaldan al Ejecutivo en el Congreso.

Una democracia no necesita carnés ideológicos para hablar con la prensa

La cuestión relevante no es que un ministerio disponga de información sobre los profesionales con los que trabaja. La Administración necesita saber quién cubre sus áreas, mantener contactos y conocer la especialización de cada medio. Lo extraño empieza cuando junto al nombre y la fotografía aparece una especie de termómetro ideológico.

Interior reconoce el documento, pero niega cualquier trato diferenciado y lo presenta como material interno. Las organizaciones profesionales consideran insuficiente esa explicación y reclaman garantías de que las personas incluidas no fueron perjudicadas. Entre ambas posiciones queda el terreno que necesita aclararse: autoría, finalidad, circulación, conservación y utilización del archivo.

Porque una democracia soporta sin demasiados problemas a periodistas de derechas, de izquierdas, liberales, conservadores, progresistas, irritantes, previsibles y hasta a quienes cambian de opinión con la meteorología. Es parte del paisaje. Lo que requiere bastante más explicación es que un ministerio los coloque en casillas ideológicas antes de relacionarse con ellos. El Estado debe contestar preguntas; poner nota política a quien las formula es una función bastante más difícil de encontrar en el manual.