¿Qué peligro electoral ve el Supremo en el voto por la ley de nietos?

El Tribunal Supremo considera que el crecimiento extraordinario del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) provocado por las nacionalizaciones vinculadas a la llamada ley de nietos puede generar un riesgo «fundado, real y serio» para la objetividad y la transparencia de unas elecciones. Por eso ha decidido mantener en suspenso, de forma cautelar, los efectos electorales de determinadas inscripciones mientras resuelve el fondo de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa.

La decisión tiene un matiz esencial. El Supremo no ha anulado la nacionalidad española concedida a estas personas, tampoco ha derogado la Ley de Memoria Democrática ni ha cerrado los expedientes pendientes. Lo que frena es el paso automático desde determinadas nacionalizaciones hasta el censo electoral cuando estas se apoyaron en una presunción administrativa sobre la condición de exiliado que el tribunal considera, al menos de forma provisional, discutible.

Ahí está el corazón del conflicto. No tanto en quién tiene abuelo español —materia perfecta para consignas, tertulias y algún que otro incendio político— como en una cuestión bastante más seca: si una instrucción administrativa pudo ampliar en la práctica lo establecido por una ley aprobada por las Cortes y, como consecuencia, producir efectos sobre el cuerpo electoral.

El Supremo teme un aumento excepcional del censo exterior

Los autos conocidos este 10 de septiembre desarrollan la decisión adelantada dos días antes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Según el tribunal, el «incremento extraordinario» del número de electores inscritos en el CERA, unido a su posible incidencia en las distintas circunscripciones, puede afectar tanto a la transparencia de las elecciones como a la confianza de los ciudadanos en el resultado.

La Sala habla de un posible «daño irreversible» para la rectitud del proceso electoral si se celebrasen unos comicios utilizando inscripciones cuya regularidad jurídica estuviera después en entredicho. Es una cautelar, conviene insistir: el Supremo todavía no ha decidido definitivamente si la interpretación administrativa de la ley fue legal o ilegal.

Su razonamiento parte de un problema bastante incómodo en materia electoral. Una sentencia puede corregir muchas cosas meses después; una elección celebrada con un censo que posteriormente se declara incorrecto es otra historia. La papeleta ya entró en la urna, el escaño se repartió y el reloj democrático no dispone de botón de rebobinado.

La mayoría de la Sala entiende por ello que existe suficiente riesgo como para actuar antes de la sentencia definitiva. La resolución fue adoptada por cinco magistrados frente a uno. La magistrada Alicia Millán discrepó de la decisión y anunció voto particular.

Qué tiene que ver realmente la ley de nietos

La expresión «ley de nietos» resulta cómoda, aunque jurídicamente simplifica bastante las cosas. No existe una ley independiente con ese nombre. Se trata de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.

Esa disposición abrió una vía para optar a la nacionalidad española a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencia, así como por razones relacionadas con la orientación e identidad sexual.

La norma contempla también otros supuestos, entre ellos los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y los hijos mayores de edad de determinadas personas que habían recuperado previamente la nacionalidad española.

El problema que ahora examina el Supremo apareció pocos días después de aprobarse la ley.

La instrucción que está en el centro de la controversia

El 25 de octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción para explicar a los registros civiles y consulados cómo aplicar la nueva vía de nacionalidad.

Ese texto estableció que se presumiría la condición de exiliado respecto de todos los españoles que hubieran salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En esos casos debía demostrarse la salida del territorio español, pero no acreditar separadamente que esta se había producido por una causa concreta de exilio.

Para quienes abandonaron España entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, en cambio, la propia instrucción establece que sí debe acreditarse la condición de exiliado.

Es precisamente aquella presunción para el periodo 1936-1955 la que ha quedado bajo la lupa. El Supremo advierte, sin anticipar todavía su sentencia definitiva, de que el aumento del CERA derivado de esa interpretación «no parece ajustarse» al contenido de la norma legal que pretende interpretar.

La diferencia jurídica es pequeña sobre el papel y enorme en sus consecuencias. La ley habla de descendientes de personas que sufrieron exilio; la instrucción permite presumir el exilio a partir de una fecha de salida. Y cuando una diferencia administrativa termina produciendo cientos de miles de nuevas nacionalidades y potenciales electores, deja de ser una nota al pie.

Quién puede votar y quién queda afectado por la cautelar

La suspensión acordada por el Supremo no funciona como una prohibición indiscriminada para todos los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.

Quedan fuera de la suspensión quienes puedan acreditar mediante los registros consulares que cumplen directamente los requisitos relativos al exilio de su padre, madre, abuelo o abuela, sin haberse beneficiado de la presunción incluida en la instrucción administrativa.

Por eso el tribunal ha ordenado separar los expedientes. La Oficina del Censo Electoral deberá distinguir las inscripciones procedentes de la aplicación directa de los supuestos previstos en la ley de aquellas tramitadas bajo la interpretación y la presunción introducidas en 2022.

Los consulados adquieren así un papel decisivo. Deben certificar qué nacionalizados cumplen los requisitos sin apoyarse en aquella presunción, permitiendo que esos ciudadanos continúen su inscripción electoral. La nacionalidad continúa siendo válida mientras tanto; lo que está condicionado provisionalmente es su efecto sobre el CERA.

También se mantiene la tramitación de las solicitudes de nacionalidad todavía pendientes. El plazo para presentar nuevas solicitudes bajo esta vía terminó en octubre de 2025, después de la prórroga prevista, pero la Administración continúa resolviendo el enorme volumen acumulado de expedientes.

Las cifras explican la inquietud del tribunal

La dimensión del proceso ayuda a entender por qué una discusión aparentemente técnica ha terminado delante del Supremo.

Según los últimos datos oficiales difundidos por el Gobierno, 2,4 millones de personas iniciaron el proceso para acogerse a esta vía. Aproximadamente 1,2 millones de solicitudes habían llegado formalmente a las oficinas consulares hasta el 31 de marzo de 2026. De ellas, 544.722 nacionalidades habían sido aprobadas y unas 306.000 personas estaban ya inscritas como españolas.

No significa que esos 2,4 millones sean actualmente electores ni que todos vayan a terminar incorporándose al CERA. Tampoco ha determinado el Supremo que esas nacionalidades sean fraudulentas. Mezclar nacionalizaciones, electores y fraude sería sencillo, muy rentable políticamente y bastante incorrecto.

La cuestión planteada por el tribunal es otra: cuántas inscripciones electorales proceden estrictamente de los supuestos establecidos por la ley y cuántas dependen de la presunción creada después por la Administración. Ese desglose es precisamente uno de los datos que la Sala ha reclamado.

La Junta Electoral Central ya había pedido en julio a la Oficina del Censo Electoral información detallada sobre la aplicación de la ley y sobre el voto de los residentes en el extranjero. El Supremo exige ahora acelerar ese trabajo y establecer criterios más precisos, incluida la determinación del municipio de inscripción electoral, un dato nada trivial porque de él depende la circunscripción en la que termina computándose el voto.

Gobierno, oposición y un derecho fundamental en medio

La medida cautelar ha abierto, como era previsible, una batalla política de grueso calibre. Vox e Iustitia Europa fueron quienes acudieron al Supremo reclamando medidas contra las altas en el CERA. El PP ha celebrado la decisión y lleva meses denunciando una supuesta «ingeniería electoral» alrededor de las nacionalizaciones.

El Gobierno rechaza esa interpretación. Pedro Sánchez ha acusado a PP y Vox de intentar «cercenar el derecho al voto» de ciudadanos españoles, mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que el asunto debería quedar resuelto definitivamente antes de las próximas elecciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a la suspensión cautelar. Entre sus argumentos figuraba precisamente que el procedimiento judicial no tenía por objeto revisar de manera masiva las nacionalidades ya concedidas y que el derecho de sufragio de quienes son ciudadanos españoles merece una protección especialmente intensa.

Ese es el choque jurídico de fondo. De un lado, la necesidad de garantizar que el censo electoral se forme conforme a la ley; del otro, un derecho fundamental como el sufragio de personas que ya tienen reconocida la nacionalidad española. Dos bienes constitucionales importantes y una resolución provisional que, inevitablemente, pisa terreno delicado.

Conviene también separar hechos de acusaciones. El Supremo habla de riesgo para la regularidad del censo y cuestiona provisionalmente el encaje jurídico de una instrucción administrativa. No ha declarado probado un fraude electoral, ni ha establecido que el Gobierno haya creado nacionalizaciones para conseguir votos. Esa es una interpretación política sostenida por partidos de la oposición, no una conclusión judicial.

La sentencia definitiva tendrá la última palabra

El auto conocido ahora no resuelve todavía el gran interrogante jurídico: si la instrucción de 2022 interpretó legítimamente la Ley de Memoria Democrática o si cruzó la frontera que separa desarrollar una norma de modificarla sin pasar por el Parlamento.

Hasta que llegue esa sentencia, el Supremo ha preferido poner un dique provisional al efecto electoral de las inscripciones cuestionadas. Los españoles que acrediten directamente el exilio familiar podrán mantener su acceso al CERA; para quienes dependan de la presunción administrativa, el voto queda condicionado mientras se aclara la legalidad del procedimiento.

La disputa ha empezado con memoria histórica, nacionalidad y expedientes consulares, pero ha terminado tocando una pieza mucho más sensible: quién forma parte del censo que decide unas elecciones. En democracia pocas bases de datos parecen tan aburridas y, al mismo tiempo, importan tanto. Aquí, precisamente, está todo el asunto.