¿El CNI va contra el Gobierno? Ceuta, Rufián y las sombras del poder

No hay, a día de hoy, pruebas que permitan afirmar que el CNI esté actuando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí hay es algo bastante menos cinematográfico y, quizá por eso, más incómodo: documentos oficiales que muestran que el servicio de inteligencia detectó movimientos preocupantes antes de la entrada masiva en Ceuta, los comunicó a distintas autoridades y, sin embargo, no elevó a la cúpula política una alerta formal que anticipase la dimensión del desastre. No es una conspiración acreditada. Es una grieta en la maquinaria del Estado.

La desclasificación de 40 informes y comunicaciones ha dejado una fotografía bastante más matizada que las versiones políticas escuchadas durante semanas. El 29 de julio de 2026, un día antes de que comenzara la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos, el CNI comunicó que circulaban llamamientos para entrar en Ceuta “por valla y mar” y advirtió de dos grandes grupos de redes sociales que sumaban alrededor de 180.000 seguidores. Aquello existió. También es cierto que el propio Centro reconoce que no consiguió anticipar la magnitud y naturaleza de lo que terminaría ocurriendo.

Ahí está el nudo. Margarita Robles sostenía que el CNI había avisado; Fernando Grande-Marlaska defendía que no existió una alerta capaz de anunciar lo que venía. Después de ver los papeles, ambas afirmaciones pueden contener una parte de verdad dependiendo del significado que se dé a la palabra “aviso”. Hubo comunicaciones. No hubo una alerta estratégica elevada hasta el presidente, Defensa o Interior que dijera, en términos inequívocos, que al día siguiente podía producirse una entrada de decenas de miles de personas.

Y esa diferencia, que en una conversación de café parecería semántica, en inteligencia es enorme. Una cosa es detectar ruido; otra, transformar ese ruido en inteligencia evaluada, asignarle probabilidad, urgencia y destinatario. El problema de Ceuta parece estar precisamente ahí: la información circuló, pero no adquirió suficiente peso dentro de la cadena de mando.

Ceuta abre una grieta entre el CNI y La Moncloa

Los documentos publicados por el Gobierno permiten reconstruir las horas anteriores con una precisión casi incómoda. El 27 de julio el CNI ya había enviado una nota sobre la situación de la inmigración irregular a las autoridades gubernamentales correspondientes y a responsables locales de Ceuta. Dos días después, a las 13.52 del 29 de julio, un miembro del Centro destinado en la ciudad trasladó por WhatsApp al gabinete de la Delegación del Gobierno que existía un llamamiento para entrar “por valla y mar” al día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. Añadió que dos grupos reunían aproximadamente 180.000 seguidores. Después hubo una llamada de 11 minutos.

Prácticamente a la misma hora se contactó también con una unidad de Información de la Guardia Civil. El mensaje señalaba que existían grupos en Facebook y WhatsApp incentivando entradas a nado y saltos de la valla. El riesgo, por tanto, no era invisible para el aparato de seguridad español. Otra cuestión, decisiva, es cómo fue interpretado.

La Moncloa sostiene que esos mensajes nunca se convirtieron en una alerta formal. Según la versión gubernamental, ningún responsable del CNI telefoneó a la ministra de Defensa, al presidente del Gobierno o a miembros de la cúpula del Ejecutivo para comunicar que se esperaba una entrada masiva. El argumento es sencillo: si el Centro hubiese considerado inminente un acontecimiento de semejante gravedad, habría utilizado su cadena jerárquica y no únicamente mensajería instantánea y contactos operativos.

El CNI, por su parte, no niega ese punto esencial. Defiende que sí informó de la campaña de movilización, pero reconoce que no previó aquello que finalmente ocurrió porque se trató de un fenómeno sin precedente comparable en las crisis migratorias anteriores. Es una defensa que rebaja mucho la teoría de una inteligencia que sabía perfectamente lo que venía y decidió ocultarlo al Gobierno.

Qué avisó realmente el CNI antes de la avalancha

Los mensajes no decían que 70.000 personas fueran a cruzar la frontera. Tampoco establecían una previsión cuantificada de éxito de la convocatoria. Pero tampoco eran simples comentarios sobre una publicación perdida en internet. Hablaban de entradas por mar y por la valla, fijaban una fecha, relacionaban la convocatoria con la Fiesta del Trono y señalaban el enorme alcance potencial de los grupos donde estaba siendo difundida.

Ese matiz explica por qué los documentos resultan políticamente venenosos. Decir que “nadie avisó” es demasiado rotundo después de leerlos. Decir que “el Gobierno sabía que iban a entrar 70.000 personas” también lo es. Entre una frase y la otra hay una zona gris enorme; precisamente el terreno donde trabaja un servicio de inteligencia.

Pedro Sánchez había defendido previamente que ninguno de los informes recibidos había previsto la escala ni la probabilidad de lo ocurrido. Tras la publicación de los documentos mantiene esa interpretación: existían señales de incremento de las entradas y convocatorias en redes, pero no inteligencia suficientemente sólida para anticipar una operación de semejante dimensión.

El detalle incómodo: Marruecos recibió una nota formal

Hay, sin embargo, una pieza especialmente llamativa. En el repositorio oficial figura una nota urgente del CNI de las 18.26 del 29 de julio cuyo destinatario eran los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED. El documento recogía la planificación de convocatorias para entrar en Ceuta aprovechando la Fiesta del Trono. Mientras tanto, en España, parte de aquella información circulaba mediante WhatsApp y llamadas entre responsables operativos.

Eso no demuestra ninguna deslealtad del CNI. La cooperación con servicios extranjeros forma parte expresamente de sus funciones legales. Pero deja una cuestión institucional bastante seria sobre la mesa: una información considerada suficientemente relevante para ser remitida de manera formal a la inteligencia marroquí no provocó simultáneamente una alerta de mayor nivel dentro de la Administración española.

Ahí sí existe material para una revisión profunda. Quizá falló la valoración del riesgo; quizá el procedimiento; quizá la saturación provocada por innumerables advertencias semejantes que nunca terminan materializándose. La inteligencia vive permanentemente bajo esa maldición: miles de señales y pocas amenazas reales, hasta que una de ellas, interpretada mal, termina ocupando todas las portadas.

Rufián y la tesis de un Estado profundo contra el Gobierno

Gabriel Rufián llevó la polémica bastante más lejos. El portavoz de ERC acusó a Marruecos de haber utilizado a decenas de miles de personas para intentar “cargarse” al Gobierno español y habló de la colaboración de Washington, Tel Aviv y sectores de la “derecha y ultraderecha española policial y judicial”. También calificó al Ejecutivo de pusilánime y dirigió durísimas acusaciones contra Mohamed VI.

Es una tesis política extraordinariamente grave. Y, con los datos públicos existentes, no está demostrada. Puede investigarse una eventual intervención marroquí, pueden estudiarse comportamientos de agentes o estructuras estatales y puede discutirse si determinados sectores de las instituciones tienen afinidades ideológicas. Pero de ahí a acreditar una operación coordinada entre servicios extranjeros, policías, jueces y actores políticos españoles destinada a derribar al Ejecutivo hay un trecho que las pruebas conocidas no permiten recorrer.

La investigación de la Audiencia Nacional mantiene abierta precisamente una parte de ese terreno. La jueza María Tardón ha admitido al Estado como acusación particular al considerar que los hechos investigados podrían haber supuesto un ataque contra la soberanía nacional. Eso demuestra la gravedad jurídica del caso, no la culpabilidad de Marruecos ni la existencia de una conspiración contra Sánchez. Ambas cosas siguen necesitando pruebas.

Conviene separar, por tanto, dos planos que la refriega parlamentaria mezcla con facilidad. Uno es saber qué ocurrió realmente en la frontera y cuál fue el papel de Marruecos. Otro, muy distinto, demostrar que dentro del Estado español existieron funcionarios actuando deliberadamente para perjudicar al Gobierno.

La matriz política del CNI: más Estado que partido

El propio diseño jurídico del CNI hace difícil describirlo seriamente como una institución autónoma enfrentada al Ejecutivo. La Ley 11/2002 establece que su cometido consiste precisamente en proporcionar información al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación. Los objetivos de inteligencia se determinan cada año mediante una directiva aprobada por el Ejecutivo y el Centro está actualmente adscrito al Ministerio de Defensa.

Al mismo tiempo, goza de autonomía funcional. Esa aparente contradicción es deliberada. Un servicio secreto no puede ser simplemente una oficina política que confirme lo que desea escuchar el ministro de turno. Tiene que informar también cuando sus análisis resultan incómodos. La ley combina esa autonomía con controles gubernamentales, parlamentarios y judiciales. Su director, además, puede ser sustituido por el Consejo de Ministros.

Actualmente dirige el Centro Esperanza Casteleiro, nombrada en mayo de 2022. Su biografía desmonta bastante bien cualquier caricatura sencilla: ingresó en el antiguo CESID en 1983, ha pasado casi toda su carrera por los servicios de inteligencia, fue secretaria general del CNI, trabajó en el exterior y terminó siendo directora de gabinete de Margarita Robles y secretaria de Estado de Defensa antes de asumir la dirección. Es decir, combina continuidad profesional de décadas con una relación directa de confianza con la actual ministra.

No aparece ahí una “matriz política” convencional de izquierdas o derechas. Aparece más bien una cultura de Estado, con inercias propias, mucha continuidad administrativa, secretismo inevitable y una considerable autonomía técnica. Y esto puede producir conflictos con cualquier Ejecutivo. Una Administración profunda no necesita ser un “Estado profundo” conspirativo; basta con que tenga funcionarios que permanecen mientras los ministros pasan.

Del SECED franquista al servicio de inteligencia democrático

Eso no significa que el pasado sea irrelevante. La genealogía del espionaje español tiene zonas bastante oscuras. El SECED, creado en 1972 durante el franquismo y dependiente de la Presidencia del Gobierno, concentró parte de su actividad en combatir a la oposición al régimen. Tras la Transición, el CESID nació en 1977 mediante la integración y transformación de estructuras anteriores.

Durante años conservó una fuerte cultura militar. El salto hacia el actual CNI llegó en 2002, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando se aprobó una nueva arquitectura legal y apareció por primera vez un marco sistemático de controles parlamentarios y judiciales. Jorge Dezcallar había sido nombrado un año antes primer director civil del servicio.

Una de las mayores sombras de aquella etapa fueron las escuchas ilegales del CESID. En 1995 salieron a la luz interceptaciones de comunicaciones de políticos, empresarios, periodistas e incluso del rey Juan Carlos. La crisis acabó provocando las dimisiones del director Emilio Alonso Manglano, del vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa Julián García Vargas. La posterior transformación legislativa del servicio no puede entenderse sin aquel trauma institucional.

Décadas después llegó Pegasus. En 2022, el escándalo por el espionaje mediante este programa, que afectó tanto al independentismo catalán como a miembros del propio Gobierno, terminó con la sustitución de Paz Esteban al frente del CNI y el nombramiento de Casteleiro. Otro recordatorio de algo bastante elemental: los servicios secretos viven junto al poder, pero esa proximidad rara vez es cómoda durante mucho tiempo.

La historia tampoco muestra una organización establemente alineada con un único partido. Sus directores y estructuras han atravesado gobiernos del PSOE y del PP, y el propio Centro ha cambiado incluso de dependencia administrativa: pasó de Defensa a Presidencia en 2011 y regresó a Defensa en 2018. La continuidad fundamental es institucional, no partidista.

Lo que Ceuta deja sin resolver

El caso de Ceuta no prueba que el CNI haya decidido enfrentarse al Gobierno. Prueba algo diferente y suficientemente serio: el Estado disponía de señales previas que no fueron transformadas en una alarma proporcional a lo que terminó ocurriendo. Inteligencia detectó convocatorias. Policía y Guardia Civil manejaban también información sobre movimientos migratorios. Marruecos recibió un aviso del CNI. Pero nadie anticipó una entrada de más de 70.000 personas capaz de desbordar la ciudad.

La discusión sobre si aquello fue un “aviso” o no corre el riesgo de convertirse en una pelea de diccionario para proteger versiones políticas. El documento existe; la previsión de la magnitud, no. Robles tenía base para decir que el CNI había informado. Marlaska y La Moncloa tienen base para afirmar que no recibieron una alerta estratégica que anunciara una avalancha semejante. Las dos cosas pueden ser ciertas, y precisamente por eso el asunto es más incómodo.

Queda también Marruecos. Saber si Rabat se limitó a perder el control de la frontera, permitió deliberadamente el movimiento o participó de alguna manera en su organización cambia por completo la dimensión de lo sucedido. La investigación judicial tendrá que separar indicios, sospechas y hechos. Hasta entonces, convertir cada documento en prueba de una conspiración solo añade humo a una habitación que ya tiene poca luz.

El CNI no aparece, con lo conocido, como un ejército secreto marchando contra La Moncloa. Aparece como lo que los servicios de inteligencia suelen ser cuando algo sale mal: una institución poderosa, opaca e imperfecta, atrapada entre lo que supo, lo que creyó saber y lo que decidió contar. Y en Ceuta esa distancia entre detectar y advertir resultó enorme. Demasiado.