¿Cómo se celebró el primer matrimonio homosexual legal en Bolivia?

Bolivia ha registrado el primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo de su historia, aunque el matrimonio igualitario todavía no está reconocido con carácter general en el país. Fabiana Justiniano y Scarlett Rocha, ambas de 29 años, consiguieron casarse el 7 de agosto de 2026 en Santa Cruz de la Sierra después de casi cuatro años de trámites, negativas administrativas y dos acciones de amparo constitucional.

La aparente contradicción tiene una explicación jurídica: un tribunal dio la razón específicamente a Scarlett y Fabiana y ordenó al Servicio de Registro Cívico (Serecí) permitir su boda. La resolución no modificó la Constitución boliviana ni abrió automáticamente el matrimonio a todas las parejas homosexuales. Es, por ahora, un matrimonio legal nacido de una sentencia individual, pero con un evidente valor como precedente.

La historia empezó mucho antes del vestido blanco y la firma. Incluso antes de los juzgados. Scarlett y Fabiana se conocieron en Santa Cruz a comienzos de 2022, a través de amigos comunes. Fabiana es psicóloga; Scarlett, nacida en Florida y criada entre Estados Unidos y Bolivia, está formada en neurociencia y biología del comportamiento. La relación fue avanzando sin grandes escenas de película: salidas en grupo, conversaciones, encuentros a solas. Hasta que empezaron a hablar de compartir una vida.

Y ahí apareció el Estado.

Una petición de matrimonio que Bolivia no sabía cómo tramitar

El 12 de octubre de 2022, la pareja acudió al Serecí para solicitar un matrimonio civil. Sabían que estaban entrando en terreno casi virgen: ninguna pareja del mismo sexo había conseguido casarse legalmente en Bolivia.

El primer problema fue tan básico como revelador. Según relató Fabiana posteriormente, inicialmente ni siquiera querían recibirles la carta porque el matrimonio homosexual no estaba contemplado por la legislación boliviana. Ella insistió en registrar la solicitud. Pedir, al menos, todavía era gratis.

La Administración acabó rechazando el matrimonio. El argumento descansaba fundamentalmente en el artículo 63 de la Constitución boliviana, que establece que el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye mediante vínculos jurídicos y sobre la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

Pero la misma arquitectura constitucional contiene otros principios: igualdad, dignidad, protección de la familia y prohibición de discriminación por orientación sexual. Y ahí encontraron sus abogados la rendija jurídica.

Lo que parecía una puerta cerrada tenía, al menos, una bisagra.

Dos recursos y casi cuatro años para conseguir un sí

El procedimiento se fue alargando entre silencios administrativos, documentos, respuestas negativas y oficinas. La pareja terminó recibiendo el apoyo jurídico de la ONG Igual Bolivia y presentó dos acciones de amparo constitucional.

La primera respondió a la falta de una contestación formal de la Administración. La segunda atacó directamente la negativa del Serecí a autorizar el matrimonio. Su defensa sostuvo que impedirles casarse vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la protección de la familia y el libre desarrollo de la personalidad.

También entró en escena el derecho internacional.

La argumentación utilizó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva 24/17 estableció estándares de igualdad y protección jurídica para las parejas del mismo sexo. Bolivia forma parte del sistema interamericano y su propia Constitución concede una posición especialmente relevante a los tratados internacionales de derechos humanos cuando ofrecen una protección más favorable.

No se trataba, por tanto, simplemente de enfrentar una frase de la Constitución con otra. El debate era bastante más profundo: si una disposición que describe el matrimonio entre hombre y mujer puede emplearse para excluir a una pareja homosexual cuando existen simultáneamente obligaciones constitucionales e internacionales de igualdad y no discriminación.

El precedente de las uniones libres

El terreno tampoco estaba completamente sin explorar. El Tribunal Constitucional Plurinacional ya había reconocido el acceso de parejas del mismo sexo a las uniones libres, una figura que permite formalizar jurídicamente una convivencia y obtener importantes derechos personales y patrimoniales.

Pero Scarlett y Fabiana querían casarse.

No era una cuestión meramente ceremonial. El matrimonio proporciona un reconocimiento jurídico y social mucho más inmediato, particularmente importante para una pareja con vínculos entre Bolivia y Estados Unidos. Una unión cuya validez necesita explicarse cada vez que se cruza una frontera administrativa no ofrece exactamente la misma tranquilidad.

Y, desde luego, ellas tampoco consideraban razonable tener que conformarse con una institución distinta únicamente por ser dos mujeres.

La sentencia del 13 de marzo que cambió el caso

El punto decisivo llegó el 13 de marzo de 2026. Después de más de tres años de batalla, un tribunal de garantías falló a favor de Scarlett y Fabiana y ordenó que pudiera celebrarse su matrimonio civil.

La decisión consideró discriminatoria la exclusión de la pareja y aplicó una interpretación de los derechos constitucionales compatible con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Parecía que todo estaba solucionado.

No exactamente.

Después de derrotar el obstáculo jurídico apareció uno mucho menos solemne: la burocracia y su sistema informático. El registro civil estaba diseñado para inscribir un «esposo» y una «esposa», no dos esposas. Adaptar esa maquinaria administrativa llevó meses.

La sentencia llegó en marzo. La boda no pudo celebrarse hasta agosto.

Incluso encontrar a una persona dispuesta a oficiar el matrimonio resultó complicado. Santa Cruz es uno de los grandes centros económicos del país, pero también conserva una fuerte tradición religiosa y socialmente conservadora. La pareja contó que varios funcionarios evitaron hacerse cargo de una ceremonia que carecía de precedentes.

Al final apareció quien lo hiciera.

La primera boda entre dos mujeres y un formulario del pasado

Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano se casaron finalmente el 7 de agosto de 2026. Organizaron la celebración prácticamente a contrarreloj después de recibir la confirmación apenas unos días antes.

Hubo vestidos blancos, familiares, amigos y una fiesta con más de un centenar de invitados. Tras años entre despachos y tribunales, por fin tocaba algo bastante menos jurídico: bailar.

Aunque hasta el certificado de matrimonio consiguió dejar una pequeña muestra de la resistencia de la burocracia a ponerse al día. El documento entregado por el Serecí mantenía las categorías «esposo» y «esposa». Scarlett apareció situada en el espacio reservado al esposo y Fabiana en el correspondiente a la esposa.

El formulario había perdido la batalla por unos cuantos años.

El registro se comprometió a corregir el documento, pero la anécdota ilustra bien el problema: cambiar un derecho sobre el papel es una cosa; lograr que leyes, procedimientos, programas informáticos y funcionarios funcionen después de acuerdo con él es otra.

Por qué la boda no legaliza el matrimonio igualitario en Bolivia

Este es el matiz fundamental. Bolivia no ha legalizado todavía de manera general el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El artículo 63 de su Constitución continúa redactado en los mismos términos y la decisión judicial que permitió casarse a Scarlett y Fabiana afecta específicamente a su caso. Una pareja homosexual que acuda a una oficina del registro civil no dispone, por el mero hecho de existir esta boda, de un derecho automático e idéntico al de una pareja heterosexual.

El caso, sin embargo, cambia el tablero.

Demuestra que existe una vía constitucional mediante la cual puede cuestionarse una negativa basada exclusivamente en el sexo de los contrayentes. Otros matrimonios podrían invocar argumentos semejantes, y varias parejas ya han mostrado interés en explorar esa posibilidad.

El expediente debe pasar además por la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. El matrimonio de Scarlett y Fabiana seguirá siendo válido con independencia de ese examen, pero una resolución del alto tribunal que respalde el razonamiento empleado podría proporcionar un fundamento mucho más sólido para futuras parejas.

También queda abierta la vía legislativa. El Parlamento boliviano podría modificar las normas para reconocer expresamente el matrimonio igualitario y evitar que cada pareja tenga que recorrer durante años juzgados y ventanillas para conseguir el mismo resultado.

Una boda pequeña para un cambio jurídico enorme

La historia personal también ayuda a entender por qué este caso ha tenido tanta repercusión. Fabiana ha contado que creció en un ambiente donde la homosexualidad era recibida con miedo y prejuicios; llegó a recordar que su abuela pensaba que podía tratarse de una enfermedad que se transmitía incluso al respirar. Scarlett relató una experiencia distinta, aunque tampoco cómoda: cuando explicó a parte de su familia boliviana que era lesbiana, intentaron llevarla a un psicólogo para que la «arreglara».

Décadas después, las dos aparecen en un certificado expedido por ese mismo Estado como matrimonio.

No significa que el matrimonio igualitario en Bolivia esté resuelto. Precisamente significa lo contrario: una pareja necesitó tres años y diez meses, abogados, dos amparos constitucionales y una sentencia para ejercer un derecho que las parejas heterosexuales tramitan por la vía ordinaria.

Pero algo ha cambiado. Hasta agosto de 2026 podía discutirse en abstracto si dos mujeres llegarían a casarse legalmente en Bolivia. Desde el 7 de agosto de 2026, ya no. Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano lo hicieron, su matrimonio está reconocido por el Estado y el precedente existe.

A veces la historia jurídica avanza con grandes reformas parlamentarias. Otras, de una forma bastante menos majestuosa: dos mujeres entregan una carta en una oficina, alguien intenta no recibirla y ellas deciden no llevársela de vuelta.