¿Por qué crecieron un 90 % los grupos armados en Colombia con Petro?

Los principales grupos armados ilegales de Colombia casi duplicaron su número de integrantes durante el mandato de Gustavo Petro. Pasaron de unos 15.120 miembros en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un incremento del 90 % en menos de cuatro años que retrata uno de los grandes agujeros negros que dejó la política de seguridad del anterior Gobierno.

No hay una única explicación, y reducirlo todo a que Petro negoció y los grupos aprovecharon la ocasión sería cómodo, pero incompleto. Los balances conocidos al término de su mandato apuntan a una mezcla bastante más áspera: errores en la Paz Total, ceses al fuego mal acompasados con la acción del Estado, fragmentación institucional, economías ilegales enormemente rentables y territorios donde las instituciones continúan llegando tarde, poco o simplemente no llegan. El conflicto colombiano, viejo animal que cambia de piel, encontró espacio para transformarse otra vez.

El último informe divulgado por varias plataformas colombianas de derechos humanos vuelve a colocar el fenómeno en primer plano. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines reconocen avances sociales durante la presidencia de Petro, pero describen una deuda especialmente grave en seguridad, control territorial y protección de la población civil.

Casi 29.000 integrantes y un conflicto más fragmentado

El dato del 90 % no significa que Colombia tenga un 90 % más de organizaciones armadas diferentes. Lo que creció de esa forma fue el número estimado de personas que integran las principales estructuras ilegales, incluidas distintas categorías de combatientes y redes vinculadas a ellas.

Las cifras sitúan el salto desde 15.120 integrantes en diciembre de 2022 hasta 28.802 en julio de 2026. La diferencia, 13.682 personas, explica por qué el problema no puede despacharse como una oscilación estadística. Son casi catorce mil efectivos adicionales dentro de organizaciones capaces de disputar territorios, imponer reglas a comunidades y financiarse mediante narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otras economías clandestinas.

También cambió la naturaleza de la violencia. Colombia no regresó exactamente a la guerra de las antiguas FARC contra el Estado. El paisaje es más desordenado: estructuras que se dividen, facciones que vuelven a dividirse, alianzas locales que duran lo que dura un negocio y disputas por corredores estratégicos en las que la población queda en medio. Menos ejército insurgente clásico; más archipiélago armado.

El Clan del Golfo protagonizó el mayor salto

El Clan del Golfo, que también utiliza el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, aparece como la organización de mayor crecimiento entre las grandes estructuras. Cerró el periodo con 10.268 integrantes, frente a 4.061 en 2022, lo que supone un aumento del 152 %.

El ELN, mucho más antiguo y con una organización distinta, también aumentó sus filas, aunque a menor ritmo: pasó de 5.851 a 7.123 integrantes, un 22 % más. A ello se sumaron las diferentes disidencias surgidas de las FARC y sus sucesivas fracturas. Los nombres cambian, las siglas se multiplican y el mapa termina pareciendo una sopa de letras bastante menos inocente de lo que suena: detrás hay control de carreteras, ríos, cultivos, minas, pueblos y comunidades enteras.

La expansión tampoco ha sido uniforme. Regiones como el Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó, Arauca o Putumayo siguen concentrando buena parte de las tensiones. Allí el Estado compite no solo con hombres armados, sino con sistemas paralelos de autoridad. Hay grupos que cobran, castigan, regulan actividades económicas y deciden quién puede entrar o salir. Eso es poder territorial, aunque no aparezca en ningún boletín oficial.

La Paz Total abrió mesas, pero no recuperó territorio

Gustavo Petro llegó a la Presidencia en agosto de 2022 con una propuesta ambiciosa: extender la negociación a prácticamente todos los actores capaces de producir violencia organizada. La Paz Total pretendía combinar conversaciones políticas, procesos de sometimiento a la justicia y transformaciones sociales en los territorios.

La idea recuperaba algo esencial de la experiencia colombiana: después de décadas de guerra, la salida exclusivamente militar había demostrado también sus límites. El problema estuvo en la ejecución. Las propias organizaciones de derechos humanos que valoran positivamente que el diálogo volviera al centro de la política pública consideran que no se consiguieron resultados sostenibles sobre el terreno.

Los análisis sobre el periodo han sido particularmente críticos con la falta de coordinación entre quienes negociaban y quienes dirigían la política de seguridad. Hubo momentos en los que los ceses al fuego redujeron la presión estatal sin conseguir que los grupos disminuyeran en paralelo su capacidad de reclutamiento, control territorial o financiación. Negociar mientras el contrario engorda su estructura es, como mínimo, una geometría complicada.

El territorio pesó más que las mesas de negociación

Ahí aparece una de las principales contradicciones del periodo. Mientras Bogotá hablaba de procesos de paz, en numerosos municipios la competición real seguía librándose por el dominio de corredores de cocaína, minería ilegal, extorsión y rentas locales.

Un grupo armado no necesita conquistar una capital para fortalecerse. Le basta con controlar una carretera secundaria por la que circula mercancía, una zona minera, un paso fronterizo o una red de cobros a comerciantes. Con dinero llegan armas; con armas, reclutas; con reclutas, más territorio. Es un círculo de poder ilegal pequeño sobre el mapa y gigantesco para quien vive dentro de él.

Atribuir el crecimiento completo de las organizaciones armadas a una sola Presidencia tampoco resiste demasiado análisis. La expansión había comenzado antes de 2022 y está relacionada con los vacíos dejados tras la desmovilización de las FARC, la débil aplicación territorial del acuerdo de paz de 2016 y la persistencia de economías ilegales.

La responsabilidad política del Gobierno Petro reside en otra cuestión: llegó prometiendo cambiar esa dinámica y terminó su mandato sin frenarla. Algunas decisiones coyunturales pudieron facilitar la expansión; otras causas llevan una década pudriéndose bajo la alfombra. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. La realidad, por desgracia, suele tener esa desagradable costumbre.

Desplazamientos, menores reclutados y civiles atrapados

Las estadísticas sobre hombres armados serían poco más que contabilidad macabra si no tuvieran consecuencias directas. Las tienen. El informe de las plataformas de derechos humanos advierte de más de 120.000 desplazamientos forzados durante 2025, junto con un aumento de las desapariciones y de las víctimas relacionadas con artefactos explosivos y minas antipersona.

Especialmente grave continúa siendo el reclutamiento de niños y adolescentes. En zonas rurales apartadas, la capacidad de elección puede reducirse hasta casi desaparecer: amenazas a la familia, falta de oportunidades, presión de los grupos, dinero rápido, miedo. Las comunidades indígenas y afrodescendientes figuran de nuevo entre las más expuestas.

Tampoco ha desaparecido la violencia contra líderes sociales. Durante el mandato de Petro se contabilizaron miles de agresiones contra líderes y defensores de derechos humanos. Aunque el número total de ataques descendió respecto al Gobierno anterior, los asesinatos continuaron en niveles muy elevados y las desapariciones forzadas aumentaron. Una paradoja amarga: algunos indicadores mejoran mientras el riesgo extremo permanece enquistado.

Los primeros días del nuevo escenario político tampoco han permitido guardar las armas en el museo. Los recientes ataques en el noreste del país y el uso de drones contra instalaciones militares muestran hasta qué punto algunas organizaciones han incorporado nuevas capacidades operativas y mantienen suficiente músculo para desafiar al Estado.

El balance de Petro no fue solo seguridad

Las mismas organizaciones que cuestionan con dureza los resultados de la Paz Total destacan avances sociales durante los cuatro años de Petro. La pobreza monetaria cayó del 36,6 % al 28 % entre 2022 y 2025, mientras la pobreza extrema bajó hasta el 9,6 %. También se registraron avances normativos y políticos para campesinos, trabajadores, mujeres y otros colectivos históricamente relegados.

Este contraste importa. Un balance serio de un Gobierno no debería funcionar como un partido de fútbol donde todo termina reducido a victoria o derrota. Petro consiguió colocar asuntos sociales y territoriales en el centro de la agenda, pero el fortalecimiento de los actores armados erosiona precisamente muchos de esos progresos. Es difícil ejercer derechos donde manda un fusil.

Las plataformas también alertan contra el movimiento pendular que tantas veces ha recorrido Colombia: pasar del exceso de confianza en la negociación a confiarlo todo a la fuerza militar. La experiencia del país ofrece pruebas de sobra de que ninguna de las dos herramientas, aislada, ha solucionado un conflicto sostenido por territorio, dinero ilegal, exclusión social y ausencia institucional.

El nuevo Gobierno recibe un mapa mucho más difícil

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha heredado, por tanto, organizaciones más numerosas y un territorio con numerosas disputas abiertas. Su Ejecutivo ha colocado mucho más énfasis en la ofensiva contra los grupos ilegales y ha dado por terminadas varias de las conversaciones heredadas de la Paz Total, mientras las entidades de derechos humanos reclaman que cualquier incremento de la presión militar vaya acompañado de instituciones civiles, inversión social y protección de las comunidades.

El desafío consiste en evitar dos errores conocidos. Uno sería conceder oxígeno territorial a organizaciones que utilizan las conversaciones para fortalecerse. El otro, creer que recuperar unos kilómetros mediante operaciones militares equivale a recuperar de verdad el Estado. Sin jueces, escuelas, carreteras, empleo y servicios públicos, el uniforme llega un día y el grupo armado puede volver al siguiente.

Colombia cerró el periodo 2022-2026 con una cifra difícil de maquillar: 28.802 integrantes de estructuras armadas ilegales, un 90 % más que al comienzo del mandato de Petro. La Paz Total recuperó la negociación como herramienta política, pero no consiguió traducirla en una reducción duradera del poder armado.

El territorio vuelve a decidir la partida

El mayor legado de estos datos no está en las siglas ni en la batalla partidista alrededor de Petro. Está en los municipios donde el Estado sigue siendo una presencia intermitente mientras las organizaciones ilegales son una realidad cotidiana.

Colombia sabe negociar y sabe combatir; lleva décadas haciendo ambas cosas. Lo que continúa costándole mucho más es ocupar de forma estable el espacio que deja la violencia con instituciones capaces de permanecer cuando se apagan los focos. El aumento del 90 % recuerda precisamente eso: cuando ese espacio queda vacío, alguien acaba llenándolo. Y casi nunca llega desarmado.