¿Por qué el Congreso rechaza la Cuenta General del Estado de 2024?

El Congreso ha dado un golpe parlamentario inédito a la rendición de cuentas del Gobierno. La Cámara Baja ha respaldado este 10 de septiembre, por 177 votos frente a 168 y ninguna abstención, el dictamen que rechaza la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024. La mayoría que permitió tumbarla la formaron PP, Vox y Junts, junto a dos diputados del Grupo Mixto. Es la primera vez en la democracia española que el Congreso rechaza una Cuenta General del Estado.

El motivo de fondo no es uno solo. La mayoría parlamentaria cuestiona que el Estado funcionara en 2024 con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el recurso masivo a modificaciones de crédito y, especialmente, el movimiento de 2.389,4 millones de euros desde créditos excedentarios del llamado Servicio 50, vinculado al Plan de Recuperación, para atender pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos. Pero conviene separar el estruendo político de los hechos: el Tribunal de Cuentas no concluyó que se pagaran pensiones con dinero europeo ni declaró fraude alguno. Y el rechazo aún no ha completado su recorrido por las Cortes: a última hora de este jueves, el Senado mantiene el expediente como pendiente de Pleno.

La distinción importa. La Cuenta General del Estado no es el Presupuesto. Los Presupuestos dicen antes de comenzar un ejercicio qué pretende ingresar y gastar el Estado; la Cuenta General llega después, cuando las luces están encendidas y toca mirar las facturas, para reflejar qué ocurrió realmente. Rechazarla no borra gastos de 2024, no paraliza pensiones, no invalida automáticamente operaciones efectuadas aquel año y, desde luego, no obliga al Gobierno a dimitir. Es una censura política e institucional sobre cómo se ejecutaron y fiscalizaron las cuentas.

Un rechazo inédito y una votación con letra pequeña

La aritmética fue clara, aunque la nomenclatura de la votación puede despistar. Los diputados votaban el dictamen de la Comisión Mixta que proponía rechazar la Declaración. Así que marcar «sí» significaba apoyar el rechazo de la Cuenta General, no aprobar las cuentas del Gobierno.

El resultado oficial registró 345 diputados presentes: 177 síes al dictamen de rechazo, 168 noes, cero abstenciones y cinco diputados que no votaron. La diferencia fue de nueve votos. Un margen pequeño para una decisión de enorme carga política.

La anomalía histórica venía cocinándose desde junio. El 23 de ese mes, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ya había rechazado la Declaración por 20 votos contra 15. Aquella votación tenía la pregunta planteada al revés: 15 parlamentarios apoyaron aprobar la Cuenta y 20 la rechazaron. Después se elaboró el dictamen que este jueves ha llegado al Pleno del Congreso.

PP, Vox y Junts, juntos en el «sí» al rechazo

A favor del dictamen que tumba la Cuenta General votaron los 137 diputados del PP presentes, los 31 de Vox, los siete de Junts y dos miembros del Grupo Mixto: Alberto Catalán y Francisco Javier Ortega Smith. Suman exactamente los 177 votos que decidieron el resultado.

En contra del rechazo estuvieron 118 diputados socialistas, 26 de Sumar, seis de ERC, seis de EH Bildu y cinco del PNV, además de siete integrantes del Grupo Mixto: Ione Belarra, Àgueda Micó, Néstor Rego, Javier Sánchez Serna, Noemí Santana, Cristina Valido y Martina Velarde. Es decir, buena parte del bloque que ha sostenido al Ejecutivo en distintas votaciones permaneció esta vez unido, pero Junts se colocó enfrente y terminó inclinando la balanza.

Hay otro detalle político inevitable: Pedro Sánchez no votó. Tampoco lo hicieron los socialistas Óscar Puente y María Luisa Faneca, Jacobo González-Robatto por Vox y Jordi Salvador por ERC. No fueron abstenciones; aparecen oficialmente entre los cinco diputados que no participaron en la votación.

Por qué el Congreso ha tumbado la Cuenta General de 2024

El primer reproche es tan sencillo que cabe en una fecha: 2024 transcurrió sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Continuaron prorrogados los de 2023. La Constitución contempla expresamente la prórroga automática cuando no entran en vigor unas nuevas cuentas, pero la mayoría de la Comisión Mixta considera que esa herramienta, concebida como puente, se ha transformado en una forma ordinaria de gobernar y ha reducido la capacidad de las Cortes para discutir las prioridades económicas del Ejecutivo.

El dictamen aprobado sostiene que la Declaración del Tribunal de Cuentas no concedió suficiente importancia a esa situación y reclama un análisis específico de sus consecuencias. También critica el uso reiterado de modificaciones presupuestarias para atender gastos estructurales y previsibles, porque entiende que amplían el margen del Ejecutivo sobre unas cuentas que el Parlamento nunca votó para 2024.

Aquí aparece una de las grandes batallas semánticas de esta historia. Desde el PP se ha hablado de irregularidades y de una ejecución presupuestaria que habría terminado desfigurando las cuentas prorrogadas. María Pilar Alía sostuvo en la Comisión Mixta que los créditos finales llegaron a superar en 77.341 millones de euros los iniciales y reprochó que la falta de nuevos Presupuestos se solventara mediante sucesivas modificaciones. Para el PSOE, por el contrario, las prórrogas están previstas constitucionalmente y las modificaciones de crédito forman parte de los instrumentos legales de gestión presupuestaria.

La cuestión constitucional, de hecho, no está resuelta por el Tribunal de Cuentas. Su presidenta, Enriqueta Chicano, recordó ante la comisión que el conflicto sobre la falta de presentación de Presupuestos estaba sometido al Tribunal Constitucional y defendió que no correspondía a la Declaración de la Cuenta General resolver por sí misma esa controversia. Una cosa es fiscalizar las cuentas; otra, hacer de tribunal constitucional por la puerta de servicio.

Los 2.389 millones: qué ocurrió realmente con las pensiones

El asunto más explosivo tiene nombre burocrático —Servicio 50— y una traducción política bastante más incendiaria. En noviembre de 2024 se realizaron modificaciones presupuestarias para cubrir necesidades relacionadas con pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos. La resolución parlamentaria cuantifica en 2.389,4 millones las modificaciones financiadas mediante bajas en créditos del Servicio 50, la clasificación utilizada para identificar partidas asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Tribunal detalló dos de esas operaciones: una ampliación de crédito de 1.700 millones, autorizada el 6 de noviembre, y una transferencia de 667 millones, autorizada el 19 de noviembre. Se utilizaron créditos excedentarios del Servicio 50. El debate técnico estaba en determinar hasta dónde podían reutilizarse esos créditos en un ejercicio presupuestario prorrogado y si la justificación jurídica ofrecida por el Gobierno era suficiente.

La oposición interpreta la operación como prueba de una gestión presupuestaria excesivamente flexible y de una pérdida de trazabilidad. Vox sostuvo que aceptar esta clase de movimientos podía debilitar el principio de especialidad presupuestaria y ampliar demasiado la discrecionalidad del Gobierno. El PP fue más lejos en su crítica y defendió que el episodio merecía una salvedad formal en la opinión del Tribunal, no una simple mención entre otros resultados.

El Tribunal de Cuentas frenó la versión del «dinero europeo»

Aquí conviene sacar el bisturí. Decir simplemente que el Gobierno cogió 2.400 millones de euros enviados por Bruselas y los dedicó a pagar pensiones no describe correctamente lo que concluyó el Tribunal de Cuentas.

Chicano lo explicó expresamente ante las Cortes. El Servicio 50 es una clasificación presupuestaria asociada al Plan de Recuperación, pero no funciona como una cuenta bancaria separada llena de euros previamente transferidos desde Bruselas. Los desembolsos europeos se producen cuando España acredita el cumplimiento de determinados hitos y objetivos. El gasto nacional, mientras tanto, se ejecuta con cargo al Presupuesto y a la Tesorería del Estado.

La presidenta del Tribunal fue tajante: el organismo no había afirmado que las pensiones se pagaran con fondos europeos. Lo constatado fue que créditos presupuestarios excedentarios del Servicio 50 se emplearon para financiar modificaciones destinadas a otras necesidades. La discusión jurídica se centra en si podían hacerse esos movimientos con unos Presupuestos prorrogados y con qué fundamento, no en la existencia demostrada de una caja de fondos europeos desviada fraudulentamente hacia las pensiones.

Y hay otra pieza que rebaja bastante el volumen de algunos titulares. El propio Tribunal aprobó la Declaración de la Cuenta General de 2024 al considerar que, con sus salvedades, presentaba adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial del sector público. Chicano recordó que once consejeros y el fiscal respaldaron la Cuenta, mientras hubo un voto particular y cinco votos concurrentes. Las discrepancias existían, sí; una opinión desfavorable del Tribunal, no.

Eso no significa que el informe fuera una alfombra roja para Hacienda. Había salvedades, problemas de imputación contable, entidades que no habían quedado integradas y dudas acerca de determinadas modificaciones. La diferencia está en el calibre. El Tribunal entendió que esas incidencias no destruían la fiabilidad global de las cuentas; PP y Vox consideran que su gravedad institucional y presupuestaria justificaba precisamente rechazarlas. El Congreso ha acabado dando la razón política a esta segunda lectura.

Qué pasa ahora: falta el Senado y vuelve la pelota al Tribunal

La fotografía a las 20:34 horas de este 10 de septiembre tiene un matiz importante: el Congreso ha rechazado la Cuenta General, pero el procedimiento de las Cortes aún no está terminado. La ficha oficial del Senado mantiene la Declaración de 2024 como pendiente de Pleno. Por eso resulta más preciso hablar por el momento de un rechazo histórico del Congreso que de una decisión definitivamente consumada por todo el Parlamento.

Si el Senado ratifica el mismo dictamen, quedará culminado el rechazo por ambas Cámaras. La resolución plantea devolver la Declaración al Tribunal de Cuentas para que la complete con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria, las consecuencias de no haber presentado unos nuevos Presupuestos para 2024 y el impacto de esa situación sobre la gestión del dinero público. El texto fija un plazo de tres meses para presentar la ampliación solicitada.

No se reabre 2024 como quien pulsa «deshacer» en un ordenador. Los pagos realizados continúan realizados, las pensiones cobradas no cambian y la Cuenta General rechazada no equivale a una ley presupuestaria anulada. Tampoco nace automáticamente una responsabilidad penal, contable o política individual. Para eso harían falta procedimientos específicos y hechos que acreditasen esas responsabilidades.

Lo que sí nace es un precedente. El órgano que fiscaliza las cuentas había considerado representativa la Cuenta General; una mayoría parlamentaria responde que ese examen no basta y exige una revisión más profunda de la forma en que se gobierna con Presupuestos prorrogados. Esa fricción entre control técnico y control político es, en realidad, el corazón de la noticia.

La factura institucional de vivir con presupuestos prorrogados

El episodio de 2024 dejará probablemente más huella por lo que dice sobre la legislatura que por sus efectos contables inmediatos. Un Gobierno puede sobrevivir sin aprobar cada año unos nuevos Presupuestos porque la Constitución prevé la prórroga. Puede también modificar créditos dentro de los márgenes legales. La cuestión cambia cuando lo excepcional se instala como normalidad, deja la maleta y parece dispuesto a quedarse.

El rechazo de la Cuenta General convierte esa discusión en algo bastante menos abstracto. PP, Vox y Junts han formado una mayoría suficiente para censurar la gestión presupuestaria de 2024, mientras PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV no consiguieron impedirlo. No es una moción de censura ni una derrota que derribe al Ejecutivo, pero vuelve a enseñar la misma radiografía: el Gobierno puede gobernar, aunque no controla de forma estable la mayoría de la Cámara.

Y queda el Senado. Después, previsiblemente, volverá a hablar el Tribunal de Cuentas. Ahí estará la parte menos vistosa y quizá más relevante: determinar con criterios técnicos qué efectos produce encadenar prórrogas presupuestarias y hasta dónde puede llegar un Ejecutivo al mover partidas de unas cuentas concebidas años antes. El Congreso ya ha pronunciado su censura política. Falta saber qué queda de ella cuando termine el examen jurídico y contable.