¿Se rompe la confianza entre Moncloa y el CNI por los avisos de Ceuta?

Algo se ha deteriorado alrededor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la gestión política de la crisis de Ceuta. Hablar de una ruptura abierta entre los servicios secretos y La Moncloa sería ir más allá de los hechos conocidos, pero la secuencia de los últimos días muestra algo bastante menos abstracto: versiones enfrentadas, malestar interno, explicaciones coordinadas para contener la polémica y una primera dimisión en la Delegación del Gobierno.

El punto central es sencillo. El CNI sí detectó y comunicó antes del 30 de julio convocatorias en redes sociales para intentar entrar en Ceuta por mar y por la valla. Lo hizo el 29 de julio mediante mensajes dirigidos al gabinete de la Delegación del Gobierno y a un miembro de la Guardia Civil, y también remitió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes. Otra cosa —y ahí está la madre del problema— es que el Centro no previera que aquello acabaría desembocando en una entrada de una magnitud extraordinaria.

La discusión ha dejado de ser, por tanto, si existía alguna señal. Existía información previa. La discusión es qué importancia se le atribuyó, por qué determinadas comunicaciones no ascendieron por toda la cadena institucional y hasta qué punto el Gobierno estaba en condiciones de reaccionar con mayor anticipación.

Los avisos del CNI que han encendido la crisis

La publicación de la documentación desclasificada ha permitido reconstruir con bastante precisión las horas anteriores a la crisis. El 29 de julio, a las 13.52, un miembro del CNI en Ceuta comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno que en redes sociales circulaba un llamamiento para un “asalto por valla y mar” previsto para el día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

La información añadía un elemento que difícilmente podía pasar inadvertido: las convocatorias se difundían en dos grupos que sumaban alrededor de 180.000 seguidores. Eso no significaba, naturalmente, que 180.000 personas fueran a acudir a la frontera. Confundir audiencia potencial con previsión de participantes sería un salto bastante generoso. Pero sí daba una idea del alcance que podía adquirir aquella campaña.

Casi al mismo tiempo, el CNI contactó con un integrante de la unidad de información de la Guardia Civil. El mensaje era igualmente explícito: se disponía de información sobre intentos de entrada a nado y saltos a la valla para el día siguiente y existían varios grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería promoviendo esas acciones.

Horas más tarde apareció otro dato particularmente relevante. El Centro remitió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes. Es decir, la señal no permaneció encerrada en una conversación casual entre dos funcionarios ni fue únicamente un comentario perdido en un teléfono móvil.

Lo que el CNI no llegó a prever

Aquí aparece el matiz decisivo. Saber que existe una convocatoria no equivale a conocer su resultado. El CNI ha sostenido tras la desclasificación que la información que manejaba no permitía anticipar la magnitud ni la naturaleza de lo que terminó sucediendo.

El episodio del 30 y 31 de julio superó ampliamente los escenarios que se manejaban y convirtió una amenaza migratoria detectada previamente en una crisis de seguridad y política de dimensiones excepcionales. Ahí reside una diferencia importante entre disponer de una señal y ser capaz de transformarla en una previsión operativa.

Esa explicación tiene peso. Los servicios de inteligencia trabajan con indicios, probabilidades, fuentes y análisis; no poseen una bola de cristal. Una convocatoria multitudinaria en Facebook, WhatsApp o cualquier otra plataforma puede acabar movilizando a miles de personas o quedarse en ruido digital. El problema aparece cuando varios indicios coinciden y hay que decidir a partir de qué momento esa información debe convertirse en una alerta de mayor nivel.

El agujero entre recibir información y convertirla en alerta

La defensa de La Moncloa ha descansado en una diferencia que parece pequeña sobre el papel, pero tiene enormes consecuencias políticas: una cosa es que un agente transmita información y otra que el CNI eleve formalmente una alerta por su cadena de mando hasta los responsables del Ejecutivo.

El Gobierno mantiene que no existió una alerta formal del CNI al presidente, a la ministra de Defensa o a otros miembros del Ejecutivo que anticipase una entrada de las dimensiones finalmente registradas. No hubo, según esa versión, un informe elevado a los máximos responsables políticos diciendo que Ceuta afrontaba de manera inminente una operación de aquella escala.

Eso puede ser cierto y, al mismo tiempo, convivir con otro hecho: agentes del Estado manejaban información preocupante y la compartieron antes de los acontecimientos. No son afirmaciones incompatibles. Precisamente por eso la polémica se ha vuelto incómoda.

El debate ya no cabe en el cómodo blanco o negro de “hubo aviso” o “no hubo aviso”. Hubo información previa, hubo contactos institucionales y hubo una nota dirigida incluso a Marruecos; pero esa información no terminó generando una alerta de máximo nivel capaz de modificar decisivamente la respuesta española.

El WhatsApp que terminó pesando toneladas

La vía utilizada también ha alimentado la controversia. Uno de los principales avisos llegó por WhatsApp al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz.

El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró posteriormente que no conoció aquel intercambio y que su jefe de gabinete no le trasladó su contenido. Según su explicación, tampoco conocía el contenido de una conversación telefónica de unos once minutos mantenida aquella noche entre Sanz y el agente del CNI.

Puede discutirse si un WhatsApp es el canal apropiado para transmitir una advertencia de esa naturaleza. Seguramente no es el protocolo con el que uno imaginaría una escena de espionaje: poca carpeta roja, bastante teléfono móvil. Pero el problema institucional permanece intacto. Si la información era irrelevante, cabe preguntarse por qué originó llamadas y comunicaciones cruzadas; si era relevante, queda por aclarar por qué no escaló.

Moncloa, Robles y una explicación para apagar el incendio

La tensión aumentó cuando la publicación de los documentos pareció reforzar la idea de que el CNI había hecho más advertencias de las que inicialmente se desprendía de algunas explicaciones gubernamentales. El lenguaje empezó entonces a importar demasiado: aviso, alerta, información, informe. Palabras próximas que, en mitad de una crisis política, terminan viviendo vidas muy diferentes.

La Moncloa y Margarita Robles coordinaron la posición pública del CNI después de la desclasificación para intentar detener la guerra de interpretaciones. La ministra de Defensa tutela políticamente el Centro, mientras Esperanza Casteleiro continúa al frente del servicio de inteligencia.

La fórmula elegida trató de encajar las dos piezas sin desautorizar completamente a nadie. El CNI reconocía haber informado de la campaña en redes, pero aclaraba que aquella información no permitió prever la dimensión real de la crisis.

Robles se situó después en la misma línea y calificó lo sucedido como un fenómeno de una magnitud imprevisible. Su mensaje buscaba reducir la brecha que se había abierto entre Defensa e Interior después de semanas de interpretaciones diferentes sobre lo que sabía cada organismo.

La escena es políticamente reveladora. Cuando el servicio secreto de un Estado termina ocupando titulares para precisar qué quiso decir, qué sabía y hasta dónde llegó su advertencia, algo no ha funcionado con normalidad. Los servicios de inteligencia viven precisamente de lo contrario: discreción, procedimientos claros y una relación de confianza con quienes reciben sus análisis.

La confianza entre el Gobierno y el CNI entra en terreno delicado

No existe hasta este momento ninguna evidencia pública que permita afirmar que Pedro Sánchez haya retirado su confianza a la dirección del CNI ni que Margarita Robles haya roto con Esperanza Casteleiro. Tampoco se ha producido una crisis institucional formal en el Centro. Pero sí hay señales de tensión.

Una de ellas es el malestar atribuido a sectores del propio CNI por la utilización política de sus informes y por el hecho de que el Centro haya acabado formando parte de una disputa pública entre ministerios. Otra es la necesidad de consensuar una posición oficial para rebajar la polémica después de la publicación de los documentos.

La diferencia importa. Un servicio de inteligencia puede cometer errores de evaluación. Ocurre en todas las democracias y probablemente seguirá ocurriendo mientras la inteligencia dependa de seres humanos y no de profetas. Más delicado resulta que después de una crisis no exista una lectura inequívoca de quién sabía qué, cuándo lo sabía y a quién debía comunicárselo.

También está sobre la mesa la relación entre Interior y Defensa. Fernando Grande-Marlaska ha insistido en que ninguna institución española ni europea anticipó una llegada semejante. Robles ha defendido al CNI y ambos departamentos han terminado convergiendo en la tesis de que hubo información previa, pero no una previsión fiable sobre su dimensión.

La batalla semántica tiene algo de burocracia de emergencia. Sin embargo, detrás de esas palabras hay una cuestión muy concreta: cómo convierte el Estado información dispersa en decisiones antes de que estalle una crisis.

La dimisión de Gonzalo Sanz cambia el escenario en Ceuta

La polémica ya ha producido una consecuencia tangible. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y destinatario directo de los mensajes del CNI, ha presentado su dimisión.

Su salida llega después de que la desclasificación revelara las comunicaciones que mantuvo con Inteligencia y después de que Pérez Triano asegurara que nunca fue informado de ellas. Desde el PSOE de Ceuta se había admitido públicamente que la confianza entre ambos estaba quebrada y que una situación de esa gravedad debía tener consecuencias.

La renuncia se atribuye formalmente a razones personales y familiares, pero resulta imposible separar políticamente el momento elegido del terremoto provocado por los documentos. Una dimisión puede cerrar una responsabilidad individual; no necesariamente el problema institucional que la precede.

Pérez Triano, por su parte, ha rechazado dimitir. Sostiene que la Delegación actuó con la información de que disponía y que nadie podía prever lo que terminó ocurriendo.

El asunto deja, pese a la salida de Sanz, una cuestión mucho más importante que el destino de un cargo concreto. Si el jefe de gabinete recibió la advertencia pero el delegado no tuvo conocimiento de ella, falló el circuito interno de información. Y si aquel mensaje no tenía suficiente entidad para ser trasladado, habrá que aclarar qué criterios se emplearon para restarle importancia.

No es un detalle burocrático. En inteligencia, una información que no llega a quien puede decidir se parece demasiado a una información que nunca existió.

La confianza, el verdadero problema

La crisis de Ceuta no demuestra por ahora una ruptura entre La Moncloa y el Centro Nacional de Inteligencia. Sería demasiado categórico afirmarlo. Sí ha dejado al descubierto una grieta de confianza y coordinación que atraviesa distintos niveles de la Administración: el CNI, la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil, Interior, Defensa y finalmente la propia Presidencia.

Los documentos desclasificados han servido para despejar una incógnita y abrir otras. Se sabe que hubo advertencias previas sobre convocatorias para entrar en Ceuta. Se sabe que esas advertencias circularon por diferentes organismos. Se sabe también que el CNI no anticipó una movilización semejante a la que finalmente se produjo.

Queda la cuestión más incómoda: si las señales estaban sobre la mesa, aunque fueran imperfectas, por qué el Estado no consiguió convertirlas en una previsión suficientemente útil.

Ese es probablemente el daño más serio para el CNI y para el Gobierno. No una supuesta guerra de espías contra ministros, imagen atractiva pero demasiado cinematográfica, sino algo más prosaico y bastante más importante: cuando llega una advertencia, quienes producen la inteligencia y quienes toman las decisiones deben confiar unos en otros, entenderse y saber exactamente qué hacer con ella.

En Ceuta, al menos durante aquellas horas, esa cadena no funcionó como debía. Y después de la dimisión de Gonzalo Sanz, los documentos desclasificados y las versiones cruzadas de estos días, sostener que aquí no se ha roto absolutamente nada resulta cada vez más difícil.