¿Por qué 12 países frenan el comercio con asentamientos israelíes?

Reino Unido ha dado un paso que hasta hace poco parecía reservado a las declaraciones diplomáticas: prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y sancionará actividades empresariales que contribuyan a ampliar esas colonias. Francia y Canadá han anunciado medidas equivalentes, mientras otros nueve países, entre ellos España, respaldan restricciones nacionales o europeas al comercio vinculado con los asentamientos.

No se trata de un embargo comercial contra Israel. Esa diferencia importa. Londres pretende mantener sus relaciones económicas con empresas y productos originarios del territorio israelí reconocido internacionalmente, pero cerrar el grifo comercial a los asentamientos de Cisjordania ocupada, considerados ilegales por Reino Unido, la mayor parte de la comunidad internacional y distintas resoluciones de Naciones Unidas. La factura económica inmediata será pequeña. La política, bastante menos.

Reino Unido pasa de las advertencias a prohibir importaciones

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, anunció el giro este 8 de septiembre ante la Cámara de los Comunes. El Gobierno británico introducirá un nuevo régimen de sanciones que impedirá importar mercancías procedentes de asentamientos considerados ilegales y permitirá actuar contra compañías y personas que colaboren en su expansión mediante construcción, infraestructuras, financiación o negocios inmobiliarios.

La legislación necesaria debería estar operativa en un plazo de seis a nueve meses, aunque Londres ha adelantado medidas que pueden aplicarse antes. Entre ellas figuran nuevas sanciones contra colonos extremistas relacionados con actos de violencia y la ampliación del mecanismo británico de derechos humanos para responder con mayor rapidez a la expansión de los asentamientos.

El paquete va algo más lejos. Reino Unido también prevé impedir en su territorio la publicidad y promoción comercial de propiedades situadas en asentamientos ilegales y rechazará nuevas licencias para exportaciones de armas u otros bienes que contribuyan materialmente a mantener la ocupación.

Miliband quiso marcar, casi con rotulador grueso, la frontera política de la decisión: las medidas están dirigidas contra los asentamientos y su expansión, no contra Israel ni contra los israelíes. Londres seguirá comerciando con Israel dentro de las líneas anteriores a 1967 y el propio ministro rechazó expresamente la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones, conocida como BDS.

Doce países, pero las medidas no son exactamente iguales

La iniciativa ha quedado arropada por una declaración suscrita por Reino Unido, Francia, Canadá, España, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia. Los doce gobiernos sostienen que la expansión de los asentamientos y la violencia de sectores extremistas están deteriorando las posibilidades de establecer dos Estados.

Aquí conviene afinar el titular político. No todos los firmantes han aprobado el mismo instrumento jurídico ni aplicarán mañana una prohibición idéntica. Reino Unido, Francia y Canadá han anunciado expresamente medidas nacionales para prohibir la importación de bienes originados en asentamientos ilegales. Los demás países respaldan restricciones nacionales, medidas europeas o estudian nuevas actuaciones conforme a sus procedimientos internos.

España aparece, por tanto, dentro del bloque que reclama una separación económica más clara entre Israel y los territorios ocupados. La declaración también cita actuaciones previas de España, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Bélgica, países que ya han adoptado medidas o trabajan en restricciones comerciales de distinta naturaleza.

Una coalición algo asimétrica, sí. Pero suficientemente amplia para que el asunto deje de parecer una peculiaridad de la política británica.

El proyecto E1 ha acelerado la respuesta internacional

Detrás del nuevo movimiento diplomático aparece una sigla que lleva décadas provocando sobresaltos en las cancillerías: E1. Es una zona de Cisjordania situada al este de Jerusalén donde Israel ha impulsado nuevos planes de construcción. En agosto se publicaron licitaciones para levantar más de 1.200 viviendas, cruzando una vieja línea roja de numerosos gobiernos occidentales.

El problema no está únicamente en el número de casas. E1 ocupa una posición geográfica especialmente delicada. El desarrollo de asentamientos en ese corredor dificultaría la continuidad territorial entre Jerusalén Este y otras partes de Cisjordania, precisamente el territorio sobre el que debería asentarse un eventual Estado palestino.

De ahí que Reino Unido, Francia, Canadá y otros gobiernos interpreten el proyecto como algo más que otra ampliación urbanística. Su argumento es que consolida hechos sobre el terreno difíciles de revertir y hace cada vez menos viable la solución de dos Estados que esos mismos gobiernos llevan décadas defendiendo. Diplomacia clásica: repetir una fórmula durante treinta años funciona regular cuando el mapa cambia mientras se pronuncia.

Miliband ofreció también cifras especialmente duras ante el Parlamento británico. Según los datos expuestos por el ministro, unos 270.000 colonos vivían en los territorios palestinos ocupados cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993; actualmente serían alrededor de 770.000. Londres sostiene asimismo que 65 comunidades palestinas han sido completamente desplazadas desde 2023 y que más de 4.000 palestinos han perdido sus hogares como consecuencia de la violencia de colonos y de actuaciones estatales.

La cuestión legal va mucho más allá de una etiqueta comercial

El Gobierno británico acompañó las sanciones con otro cambio notable: declaró oficialmente que considera ilegal la continuidad de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Hasta ahora Londres condenaba los asentamientos como contrarios al derecho internacional, pero evitaba formular de manera tan explícita esa conclusión sobre la ocupación en su conjunto.

La posición se apoya en el dictamen consultivo emitido en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia. El tribunal concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilícita y sostuvo que los Estados deben distinguir, en sus relaciones económicas, entre Israel y los territorios ocupados desde 1967. También señaló que deben evitar relaciones comerciales o inversiones que contribuyan a mantener esa situación.

Israel rechaza esa interpretación. Sus sucesivos gobiernos han defendido argumentos históricos, religiosos y de seguridad sobre Cisjordania —a la que gran parte de la derecha israelí denomina Judea y Samaria— y cuestionan que la situación pueda reducirse a la lectura jurídica sostenida por Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional.

Ese desacuerdo, viejo y profundo, explica por qué una caja de dátiles, unas botellas de vino o determinados productos agrícolas pueden terminar convertidos en piezas de diplomacia internacional. El origen geográfico del producto es aquí el verdadero asunto político.

Ben Gvir exige cerrar el consulado británico en Jerusalén Este

La reacción desde el Gobierno israelí fue inmediata y áspera. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió expulsar al embajador británico en Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamó al primer ministro Benjamin Netanyahu el cierre del consulado británico en Jerusalén Este como respuesta a lo que calificó de audacia británica.

El consulado no es un edificio diplomático cualquiera dentro de esta disputa. Representa al Gobierno británico ante los palestinos en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, y Londres considera Jerusalén Este territorio ocupado. Cerrarlo tendría, por ello, una carga simbólica mucho mayor que una simple reorganización consular.

El presidente israelí, Isaac Herzog, acusó además a Reino Unido de interferir en la política interna israelí antes de las elecciones previstas para finales de octubre. La tensión llega en un momento especialmente sensible, con la cuestión de los asentamientos instalada también en la batalla electoral israelí.

Washington se sumó a las críticas. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó las medidas británicas de discriminatorias y recordó que diferentes estados de EE.UU. tienen leyes destinadas a penalizar o excluir de contratos públicos a empresas que participan en determinadas campañas de boicot contra Israel. Londres, precisamente para evitar esa equivalencia, insiste en que no está boicoteando Israel, sino restringiendo relaciones económicas con asentamientos situados fuera de sus fronteras reconocidas.

Un castigo económico pequeño y una señal política enorme

El volumen comercial ayuda a poner la medida en perspectiva. Reino Unido e Israel mantienen intercambios anuales por alrededor de 6.000 millones de libras, mientras los productos originados específicamente en asentamientos representan solo una porción diminuta. Entre las mercancías afectadas predominan productos agrícolas, alimentos frescos y vino.

Por eso el impacto no se medirá principalmente en contenedores retenidos en los puertos británicos. La consecuencia más relevante es otra: un grupo creciente de países occidentales empieza a convertir la llamada diferenciación entre Israel y los territorios ocupados en medidas económicas concretas.

Durante años esa distinción vivió sobre todo en documentos diplomáticos, normas de etiquetado y preferencias arancelarias. El producto podía entrar, aunque con una etiqueta distinta o sin ciertas ventajas comerciales. El nuevo enfoque intenta avanzar un casillero: si el asentamiento es considerado ilegal y su crecimiento perjudica la creación de un Estado palestino, comerciar con él deja de tratarse como una operación económica políticamente neutra.

La presión todavía está lejos de constituir un aislamiento económico de Israel. Ni Reino Unido ni Francia ni Canadá plantean algo semejante. Pero introduce una frontera que puede resultar incómoda para empresas, bancos, constructoras y operadores inmobiliarios: hacer negocios en Israel y hacer negocios con los asentamientos ya no tiene necesariamente las mismas consecuencias.

Cisjordania se convierte en el nuevo frente diplomático

La guerra de Gaza ha dominado durante años la relación entre Israel y buena parte de sus aliados occidentales, pero Cisjordania está recuperando rápidamente el centro del conflicto diplomático. La expansión de los asentamientos, el proyecto E1 y el aumento de la violencia ejercida por colonos contra comunidades palestinas han elevado el coste político de mantener únicamente condenas verbales.

La paradoja es bastante visible. Los doce países que respaldan la declaración aseguran reconocer las necesidades legítimas de seguridad de Israel, condenan expresamente los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y reiteran su compromiso contra el antisemitismo. Al mismo tiempo sostienen que la seguridad israelí no legitima la anexión de territorio ni la expansión de asentamientos.

Ahí está el verdadero cambio de temperatura. Reino Unido no rompe con Israel, Francia tampoco y España sigue defendiendo una solución negociada de dos Estados. Pero varios gobiernos occidentales parecen haber llegado a la conclusión de que repetir que los asentamientos son ilegales mientras sus productos continúan entrando en el mercado como si nada ocurriera resulta una contradicción cada vez más difícil de explicar.

Cuando la diplomacia empieza a tocar la caja registradora

El comercio afectado es pequeño; el precedente, no tanto. Cisjordania acaba de pasar de los comunicados de preocupación a las normas que pueden tocar mercancías, inversiones y dinero. Y cuando la diplomacia llega a la caja registradora, incluso una sanción modesta empieza a pesar de otra manera.