¿Por qué Interior pide perdón por su lista ideológica de periodistas?

El Ministerio del Interior ha pedido disculpas este martes, 8 de septiembre de 2026, a los periodistas que se hayan sentido «ofendidos» por el contenido de un documento elaborado por su Oficina de Comunicación que incluía fichas, fotografías y valoraciones sobre profesionales de la prensa, entre ellas referencias a su orientación política. El departamento de Fernando Grande-Marlaska sostiene que aquel material tenía únicamente una finalidad interna y consultiva y que nunca se utilizó para censurar, restringir o discriminar a ningún informador.

La aclaración llega después de que trascendiera la existencia del dosier y de que organizaciones profesionales como la FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios reaccionaran con dureza. El problema no es menor: una cosa es que un gabinete de comunicación conozca qué periodistas siguen habitualmente un ministerio —algo tan cotidiano como saber quién llama cada mañana— y otra bastante distinta que un organismo público clasifique políticamente a profesionales concretos. Esa frontera, precisamente, es la que ha encendido la polémica.

Interior pide disculpas por las valoraciones del dosier

El documento fue elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior en febrero de 2024, según la explicación ofrecida por el propio departamento después de hacerse público. Interior insiste en que se trataba de un instrumento de consulta y que no perseguía establecer límites al trabajo de periodistas o medios de comunicación.

Las disculpas, eso sí, están formuladas con ese delicado idioma administrativo que consigue caminar por el alambre sin quitarse la corbata. El ministerio las dirige a los profesionales «que se hayan sentido ofendidos» tanto por el contenido como por algunas de las valoraciones incluidas. Interior recalca, al mismo tiempo, que esas apreciaciones no condicionaron el trato de su Oficina de Comunicación con los periodistas citados y asegura que el departamento atiende las peticiones informativas sin establecer distinciones.

Grande-Marlaska defendió además que el informe no tenía «ninguna finalidad espuria». Durante una comparecencia en Ceuta explicó que se trataba de un documento de trabajo concebido para conocer qué se decía sobre la actuación y la actividad del ministerio. Según las explicaciones ofrecidas desde el Gobierno, el listado tampoco habría circulado entre altos cargos.

Qué contenía la lista de periodistas de Interior

La controversia nace del contenido concreto. El dosier, identificado como «Tertulianos. Radio y Televisión», reunía fichas de profesionales de medios acompañadas de fotografías e indicaciones acerca de su trabajo y sus supuestas posiciones políticas. Entre las expresiones conocidas al difundirse el documento aparecen caracterizaciones como «Apoya al Gobierno», «alineado con posiciones de derechas», «defiende las políticas del PSOE» o «reconocido anti-sanchista».

Es decir, no se limitaba a recoger nombres, medios, cargos o especialidades profesionales, datos que tendría sentido encontrar en la agenda de cualquier departamento de prensa. Incorporaba interpretaciones ideológicas sobre personas identificables. Ahí cambia la naturaleza del asunto.

Entre los profesionales mencionados figura el director de El Confidencial, Nacho Cardero. Sobre él se señalaba que centraba sus artículos en aspectos políticos del Gobierno y la oposición, se le situaba en una tendencia de «centro derecha» y se calificaban sus críticas al Ejecutivo como moderadas. También aparecían directores, columnistas, tertulianos y redactores, además de personas relacionadas con organizaciones profesionales de periodistas.

La explicación oficial no despeja toda la polémica

Interior sostiene que el documento ofrecía una especie de fotografía del panorama mediático y que servía para trabajar con la prensa. La tesis del ministerio es sencilla: conocer quién habla sobre Interior y cuál es su posición pública no significa elaborar una lista destinada a premiar a unos y castigar a otros.

Hasta el momento no se ha aportado públicamente evidencia de que las fichas fueran utilizadas para retirar acreditaciones, negar información, impedir preguntas o aplicar represalias a los periodistas incluidos. Conviene separar ambas cosas. La existencia del documento está reconocida; un eventual uso discriminatorio exigiría pruebas adicionales.

Pero esa ausencia de una represalia demostrada tampoco resuelve la cuestión de fondo. Un ministerio no es una empresa que analiza clientes ni un partido político que estudia tertulianos antes de mandar a su portavoz a un plató. Interior forma parte de la Administración del Estado y tiene bajo su ámbito competencias especialmente sensibles, incluidas la Policía Nacional y la Guardia Civil. Que desde su estructura se atribuyan etiquetas ideológicas a periodistas provoca, como mínimo, una pregunta incómoda sobre para qué necesita la Administración semejante clasificación.

FAPE y APM consideran grave el perfilado ideológico

La reacción de las organizaciones periodísticas ha sido mucho más contundente que la explicación ministerial. La FAPE sostiene que ningún organismo estatal está legitimado para «fichar, catalogar o perfilar ideológicamente» a quienes ejercen el periodismo y considera que una práctica semejante puede introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional. La Asociación de la Prensa de Madrid se ha sumado a esa posición.

La preocupación resulta especialmente evidente cuando quien confecciona la clasificación es una institución capaz de condicionar en la práctica el acceso cotidiano a fuentes, convocatorias, respuestas oficiales o acreditaciones. La FAPE ha reclamado garantías de que ningún profesional haya sufrido un trato distinto por aparecer en el documento y ha pedido también que se depuren responsabilidades dentro de la Oficina de Comunicación.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios también se ha adherido a la condena. Otras organizaciones relacionadas con la comunicación institucional y las relaciones públicas se han sumado al rechazo del perfilado ideológico de periodistas, defendiendo que el acceso a las fuentes públicas debe mantenerse en condiciones transparentes y equitativas.

La polémica también incomoda a la izquierda

La controversia no ha quedado limitada a la oposición política o a las asociaciones profesionales. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, aseguró que no le gusta que se clasifique a personas por su pensamiento o ideología y reclamó explicaciones al ministerio. Desde Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez anunció que preguntaría a Marlaska en la sesión de control y calificó el asunto como un ataque a la libertad de expresión.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió entretanto que el Ejecutivo respeta profundamente la libertad de prensa y remitió a las explicaciones proporcionadas por Interior. La posición oficial intenta así mantener dos afirmaciones simultáneas: el documento existió y contenía valoraciones políticas, pero su finalidad no era señalar, censurar ni limitar a los profesionales incluidos.

No es una contradicción inevitable, pero sí una explicación que obliga a mirar el contexto. Los gabinetes institucionales elaboran documentación interna, preparan comparecencias y conocen a quienes cubren cada área. Lo normal. Lo delicado empieza cuando el análisis deja de referirse al trabajo profesional y entra en casillas ideológicas que un organismo público realmente no necesita para contestar una llamada o enviar una nota de prensa.

Una disculpa que no borra la cuestión de fondo

Interior ha hecho algo importante al reconocer la existencia del documento, explicar cuándo se elaboró y pedir disculpas por determinadas valoraciones. También ha negado que esas etiquetas sirvieran para discriminar a periodistas o medios. Son hechos relevantes y deben formar parte de cualquier lectura seria del episodio.

Pero las disculpas no convierten automáticamente el dosier en una anécdota burocrática. En democracia hay cosas que resultan incómodas precisamente porque deben resultar incómodas. Que un periodista critique al Gobierno, lo apoye, escriba desde posiciones conservadoras, progresistas o imposibles de encerrar en una pegatina forma parte del paisaje normal de una sociedad abierta. Que una oficina ministerial considere necesario anotarlo junto a su fotografía ya pertenece a un terreno bastante más resbaladizo.

Y quizá ese sea el verdadero tamaño de esta historia. No hay constancia pública, por ahora, de una lista negra utilizada para censurar a informadores; sí existe un documento oficial que los clasificaba políticamente, reconocido por el propio Ministerio del Interior y censurado por las principales asociaciones profesionales. Entre una cosa y otra hay una distancia considerable. Pero tampoco un océano.

Cuando una etiqueta deja de ser un simple apunte interno

La libertad de prensa rara vez desaparece de golpe, con una puerta cerrada y un funcionario anunciando solemnemente que queda suspendida. Suele ponerse a prueba en detalles bastante menos cinematográficos: quién recibe una respuesta, quién accede a una fuente, quién es considerado incómodo y, también, qué información decide guardar una institución pública sobre quienes están allí precisamente para vigilarla. Por eso este dosier importa más que sus folios.