¿Por qué juzgan a cuatro jóvenes por protestar contra Vox en Alicante?

Cuatro jóvenes serán juzgados en Alicante por unos hechos ocurridos hace cinco años durante una protesta contra un acto celebrado en la Universidad de Alicante con la participación de dirigentes y personas próximas a Vox. El juicio está señalado para el 15 de septiembre de 2026 y las peticiones de pena conocidas llegan hasta los tres años de prisión por acusado.

El matiz es importante. No se sientan en el banquillo simplemente por haberse manifestado contra Vox, sino por las conductas concretas que las acusaciones les atribuyen durante aquella movilización. Los encausados niegan haber cometido los hechos y reclaman su absolución. Esa diferencia, que cabe en una línea pero cambia casi todo, será precisamente una de las cuestiones centrales del proceso.

Cinco años después, la protesta llega a los tribunales

Todo empezó el 28 de mayo de 2021 en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. El Consejo de Estudiantes había organizado una mesa redonda titulada La defensa de la lengua española, una convocatoria que despertó el rechazo de distintos colectivos estudiantiles por su orientación política y por la presencia de Macarena Olona, entonces diputada de Vox en el Congreso.

A las puertas de la facultad se concentró un grupo de jóvenes. Se escucharon consignas contra el fascismo y en defensa del valenciano, mientras varias organizaciones desplegaban pancartas. La convocatoria había generado tensión antes incluso de empezar: aquello no era una tranquila conferencia universitaria sobre filología, precisamente. Lengua, identidad, política y Vox compartían el mismo escenario; una mezcla suficientemente inflamable en 2021 y tampoco demasiado fría cinco años después.

La protesta coincidió con un despliegue policial destinado a separar a los manifestantes de los asistentes al acto. Durante la concentración se escucharon gritos contra la presencia de Vox, mientras la mesa redonda pudo finalmente celebrarse en la universidad.

Qué ocurrió durante el acto en la Universidad de Alicante

La conferencia estaba promovida por el Consejo de Estudiantes y giraba alrededor de la política lingüística y la defensa del castellano. Junto a Olona participaron representantes de asociaciones de familias y el periodista José Javier Esparza ejerció como moderador. El contexto político valenciano hacía el resto: el debate sobre el uso del valenciano en la enseñanza llevaba tiempo convertido en campo de batalla partidista.

Los manifestantes acudieron para mostrar su rechazo. Años después, ese episodio aparentemente cerrado acabaría transformándose en una causa penal contra cuatro personas vinculadas a la protesta.

La denuncia estuvo relacionada con David García, entonces diputado de Vox en Les Corts Valencianes. Las actuaciones terminaron atribuyendo a los investigados hechos que las acusaciones consideran susceptibles de constituir delitos de atentado y amenazas. Los cuatro rechazan esa versión y sostienen que no protagonizaron las conductas que se les imputan.

Y aquí empieza el terreno judicial, bastante menos cómodo para los eslóganes. Una cosa es considerar legítima o ilegítima una protesta; otra, determinar si una persona concreta realizó una conducta prevista como delito y si existen pruebas suficientes para condenarla.

De una concentración estudiantil a una petición de cárcel

El procedimiento ha recorrido un camino largo. La Fiscalía llegó a solicitar un año y nueve meses de prisión y 1.500 euros de multa para cada acusado por los hechos que atribuía a los jóvenes, mientras que la acusación particular ejercida por García reclamaba tres años de cárcel para cada uno.

De ahí sale la cifra que vuelve a colocar el caso en primera línea: hasta tres años por encausado, es decir, una petición conjunta que puede alcanzar los 12 años de prisión. El grupo de apoyo creado alrededor de los procesados sostiene que la causa criminaliza la movilización antifascista; las acusaciones, por el contrario, sitúan el asunto en el terreno de unas presuntas amenazas y un supuesto atentado contra un representante público.

La diferencia entre protestar y cometer un delito

Ese es probablemente el punto que más conviene despejar. En España, manifestarse contra un partido político, criticarlo o recibir a uno de sus representantes con consignas hostiles entra, con los límites establecidos por la ley, dentro del ejercicio de las libertades de expresión y reunión. El proceso no convierte por sí mismo una protesta política en delito.

Lo que deberá valorar el tribunal es algo mucho más concreto: qué hizo cada uno de los cuatro acusados, qué pruebas existen, cómo fueron identificados y si los hechos que se les atribuyen encajan realmente en los delitos recogidos en los escritos de acusación. La responsabilidad penal es individual. Una manifestación puede estar formada por veinte personas, doscientas o dos mil; eso no permite atribuir automáticamente a cada asistente lo que supuestamente haya hecho otra persona.

La defensa también ha cuestionado el proceso de identificación. Los colectivos que respaldan a los acusados aseguran que no fueron identificados sobre el terreno durante la concentración y ponen en duda la solidez de la posterior atribución de los hechos. La identificación habría sido realizada después por la Brigada Provincial de Información.

Macarena Olona, Vox y una polémica que sobrevivió al acto

El tiempo introduce una ironía difícil de ignorar. Cuando ocurrieron los hechos, Macarena Olona era una de las figuras más reconocibles de Vox y ejercía como diputada en el Congreso. Desde entonces abandonó el partido y su trayectoria política tomó otro rumbo. El procedimiento judicial, sin embargo, ha seguido avanzando con la lentitud característica de algunas causas españolas: los protagonistas cambian de cargo, los partidos atraviesan crisis y cinco años después el expediente todavía respira.

La movilización de Alicante tampoco fue un episodio aislado dentro del clima político de aquellos años. Los actos universitarios protagonizados por Vox y sus dirigentes provocaron protestas en diferentes campus españoles, donde chocaron dos principios que a menudo se invocan simultáneamente pero no siempre conviven con elegancia: la libertad de expresión de quien interviene y la de quienes se organizan para protestar contra su presencia.

En la Universidad de Alicante aquel enfrentamiento político no impidió que el acto se celebrara. Lo que ha quedado abierto desde entonces es otra discusión, ya judicial: si cuatro manifestantes traspasaron la frontera que separa una protesta áspera —incluso desagradable— de una conducta penalmente castigable.

Un juicio con la identificación y las pruebas bajo el foco

La vista prevista en la Audiencia Provincial de Alicante llega el 15 de septiembre, cinco años y casi cuatro meses después de aquella concentración. Organizaciones que respaldan a los procesados han convocado una concentración coincidiendo con el juicio y mantienen una campaña bajo la denominación de “4 de la UA”, con la que reclaman su absolución.

Hasta que exista sentencia, los cuatro acusados conservan plenamente la presunción de inocencia. Las peticiones de prisión no son condenas ni anticipan cuál será la decisión del tribunal. Tampoco basta la versión de los acusados para cerrar el caso: precisamente para confrontar testimonios, documentos, identificaciones y demás pruebas existe el juicio oral.

La distancia temporal tendrá también su peso. Cinco años son mucho tiempo para reconstruir una escena concreta, determinar posiciones, recordar palabras exactas o precisar quién hizo qué en una concentración con tensión política y presencia policial. El tribunal tendrá que separar las afirmaciones generales de los elementos probatorios capaces de sostener una condena individual.

El tribunal deberá separar la consigna del delito

El caso de los cuatro jóvenes de la Universidad de Alicante ha terminado convertido en algo bastante mayor que aquella protesta de mayo de 2021. Para sus grupos de apoyo simboliza una persecución de la militancia antifascista; para la acusación, se trata de depurar responsabilidades por unos hechos que habrían superado los límites legales de una protesta.

Entre ambas versiones estará el tribunal. No tendrá que decidir si Vox gusta más o menos, ni resolver cinco décadas de debate lingüístico valenciano en una mañana. Tendrá que determinar algo bastante más terrenal: qué ocurrió realmente, quién lo hizo y qué puede probarse.

Eso es lo que se juega el 15 de septiembre en Alicante. Cinco años después de los gritos, las pancartas y aquel cordón policial frente a una facultad universitaria, la política deja paso a las pruebas. Y ahí las consignas, de uno y otro lado, pesan bastante menos.