¿Quién intenta frenar la demolición del Algarrobico en Carboneras?

El hotel de El Algarrobico, una mole varada desde hace dos décadas junto al Mediterráneo, vuelve a entrar en terreno de recursos y tribunales. Tres exalcaldes de Carboneras y la promotora Azata del Sol han impugnado el acuerdo municipal que el pasado 7 de julio declaró nula la licencia de obras concedida en 2003. Su objetivo es cuestionar aquella decisión y retrotraer el procedimiento, principalmente porque consideran que se adoptó sin determinados informes técnicos, jurídicos y económicos.

Eso no significa, sin embargo, que la licencia haya vuelto a la vida. La presentación de los recursos no recupera por sí sola el permiso ni suspende automáticamente el acuerdo municipal. Y mientras esa batalla administrativa se libra en Carboneras, la Junta de Andalucía ha movido ficha en dirección contraria: el 8 de septiembre abrió formalmente el procedimiento para restablecer la legalidad territorial y pretende exigir a Azata que redacte un proyecto de demolición y ejecute el derribo. El Algarrobico tiene, otra vez, dos relojes corriendo a la vez.

Cuatro recursos contra la anulación de la licencia

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Carboneras ha recibido cuatro recursos administrativos. Uno procede directamente de Azata del Sol, la empresa promotora a la que el Consistorio concedió el 13 de enero de 2003 la autorización para construir el establecimiento hotelero.

Los otros frentes llevan nombres muy conocidos en la política municipal. Están implicados los exalcaldes Felipe Cayuela, José Luis Amérigo y Cristóbal Fernández. Este último presidía precisamente el Ayuntamiento cuando se concedió la licencia original del hotel, hace más de 23 años. Fernández recurre a través de una entidad que preside; Amérigo presentó su impugnación junto con otros dos ediles y Cayuela también ha acudido contra el acuerdo municipal.

Tres exalcaldes separados por la política, unidos por el recurso

La fotografía política resulta peculiar. Cristóbal Fernández gobernó Carboneras durante varias legislaturas bajo las siglas socialistas y estaba en la Alcaldía en 2003, cuando se autorizó el complejo. José Luis Amérigo, sobrino de Fernández, fue alcalde entre 2019 y 2023 por el PSOE. Felipe Cayuela también pasó por la Alcaldía, primero durante el mandato 2015-2019 y de nuevo tras las municipales de 2023, esta vez encabezando al PP.

No comparten precisamente una misma biografía política. En El Algarrobico, sin embargo, sus recursos terminan confluyendo sobre un punto: la forma en la que se produjo la anulación de la licencia. Una de esas raras ocasiones en las que el urbanismo consigue lo que cuesta ver en cualquier pleno español: juntar sensibilidades bastante alejadas.

Los informes que reclaman los recurrentes

Los recurrentes sostienen que antes de dejar sin efecto definitivamente el permiso deberían haberse incorporado más documentos al expediente. Reclaman, entre otros, un informe económico-financiero, otro jurídico acerca de las posibles responsabilidades de las administraciones y un análisis técnico sobre las consecuencias urbanísticas y medioambientales de la decisión.

Cristóbal Fernández ha ido incluso más allá. La asociación que preside ha planteado la posibilidad de actuar por la vía penal contra el actual alcalde, Salvador Hernández, si no se revoca el acuerdo y se retrotrae el procedimiento para incorporar esos informes. Por ahora se trata de una iniciativa anunciada por esa parte, no de una resolución judicial que haya determinado irregularidad alguna en la actuación del alcalde.

La discusión tampoco nace de la nada. El 17 de junio, cuando el pleno debía abordar la nulidad, siete concejales votaron por aplazar la decisión para recabar más documentación. El movimiento acabó provocando un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para culminar el procedimiento en un plazo máximo de 20 días hábiles. La Fiscalía de Medio Ambiente abrió posteriormente diligencias para estudiar lo ocurrido en aquel pleno y determinar si podía existir alguna responsabilidad penal. No hay condena ni pronunciamiento de culpabilidad: hay una investigación.

Recurrir no significa que la licencia vuelva a estar vigente

Aquí está el punto que puede perderse entre expedientes, recursos y declaraciones políticas. El acuerdo del 7 de julio sigue siendo el punto de partida administrativo mientras no sea suspendido o anulado por la autoridad competente.

La normativa administrativa establece como regla general que interponer un recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto recurrido. La suspensión puede solicitarse y concederse en determinados supuestos, y posteriormente también pueden pedirse medidas cautelares ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero presentar el recurso, por sí mismo, no coloca mágicamente el calendario en enero de 2003.

La suspensión cautelar sería el movimiento decisivo

Otra cosa sería que alguno de los recurrentes obtuviera una suspensión administrativa o judicial con efectos sobre el acuerdo municipal. Ahí sí podría alterarse el ritmo del procedimiento mientras se resuelve el fondo del litigio.

Y litigio puede haber. Mucho. Los recursos administrativos son todavía una estación dentro de un recorrido que podría desembocar nuevamente ante los tribunales. El Algarrobico acumula más de dos décadas de batalla jurídica y tiene experiencia sobrada en convertir cada trámite en una pequeña novela de expedientes, recursos y sentencias.

Pero hay una diferencia importante respecto de otros momentos de su historia: mientras se impugna la desaparición de la licencia, la Administración andaluza ya ha iniciado el expediente destinado materialmente a eliminar el edificio.

La Junta pone en marcha el procedimiento para demolerlo

La Junta de Andalucía abrió el 8 de septiembre el procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, amparándose en las competencias autonómicas previstas en la legislación urbanística andaluza. El expediente parte precisamente de la nulidad de la licencia acordada por Carboneras dos meses antes.

El informe de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo contempla una restitución amplia: no consiste únicamente en tirar paredes. Incluye el desmantelamiento de servicios e infraestructuras, la demolición del hotel y la posterior recuperación de unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La siguiente escena también está dibujada. La Junta pretende requerir a Azata del Sol para que presente el proyecto técnico y ejecute la demolición. Si la empresa no cumple, la Administración autonómica contempla multas coercitivas reiteradas. Si tampoco así se derriba la construcción, entraría en juego la ejecución subsidiaria y el protocolo acordado entre el Estado y Andalucía en 2011.

Ese acuerdo atribuía al Estado la ejecución material de la demolición y a la Junta la gestión de los residuos y otras tareas vinculadas a la recuperación ambiental. El Gobierno llegó a estimar en 2025 que solo el derribo podía alcanzar unos siete millones de euros. Una factura considerable, aunque bastante menor que la factura política, judicial y paisajística acumulada durante dos décadas.

De una licencia de 2003 a una ruina frente al Mediterráneo

El Algarrobico nació como un proyecto turístico de grandes dimensiones: una veintena de plantas y 411 habitaciones, levantadas muy cerca de la costa en Carboneras. La licencia municipal llegó en enero de 2003. Las obras avanzaron hasta que quedaron paralizadas cautelarmente en 2006, cuando el edificio estaba prácticamente terminado. Nunca llegó a recibir huéspedes. Desde entonces contempla el mar como una carcasa de hormigón de proporciones difíciles de ignorar.

La maraña judicial posterior ha sido extraordinaria incluso para los estándares del urbanismo español. En 2021, el TSJA dictó una sentencia relacionada con la obligación de revisar de oficio la licencia. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2022 el pronunciamiento del tribunal andaluz al desestimar el recurso que había presentado Greenpeace. El conflicto pasó así de la construcción del hotel a la validez misma de su autorización.

El procedimiento administrativo siguió arrastrándose hasta 2026. En mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió por unanimidad un dictamen favorable a la nulidad del permiso. Consideró procedente revisar de oficio una licencia vinculada a terrenos protegidos y afectada por vulneraciones de la normativa ambiental y de costas. Era un paso preceptivo y vinculante para que Carboneras completara la revisión.

El 17 de junio llegó el aplazamiento municipal. Después, el ultimátum del TSJA. Finalmente, el 7 de julio, los ocho concejales presentes en el momento de la votación aprobaron la nulidad: el alcalde Salvador Hernández, cuatro representantes del PP y tres ediles socialistas. Cuatro miembros de la corporación abandonaron la sesión antes de que se votara.

Dos meses más tarde aparecen los recursos. Y casi simultáneamente, la Junta pone en marcha el expediente de demolición. El viejo hotel, que durante años pareció atrapado en una especie de limbo administrativo, vuelve así a situarse en el centro de dos movimientos contrapuestos.

La batalla ya está en el derribo

Los recursos de Azata y los tres exalcaldes pueden abrir nuevos episodios administrativos y judiciales, e incluso retrasar actuaciones si prosperan peticiones de suspensión o medidas cautelares. Lo que no hacen automáticamente es restaurar el escenario anterior al 7 de julio. La licencia está anulada y para devolverle eficacia sería necesario conseguir que esa decisión fuese suspendida o finalmente dejada sin efecto.

Mientras tanto, la maquinaria administrativa ha avanzado un casillero más. La Junta no espera a que se desvanezca toda posibilidad de litigio para empezar a tramitar la restitución de la legalidad: pretende dirigir contra Azata un procedimiento que puede terminar con una orden de demolición y, ante un eventual incumplimiento, con multas y ejecución subsidiaria.

Ese es el nuevo equilibrio de fuerzas en septiembre de 2026. Por un lado, antiguos responsables municipales y la promotora intentan desmontar jurídicamente la anulación. Por otro, las administraciones empiezan a discutir no tanto si aquel hotel puede funcionar —esa posibilidad queda cada vez más lejos— como quién lo derriba, mediante qué procedimiento y quién termina pagando cada parte de la operación.

Después de más de veinte años, El Algarrobico continúa en pie. Pero el expediente ya no gira alrededor de cómo terminar un hotel. Gira, por fin, alrededor de cómo hacerlo desaparecer.