¿Por qué PP y Vox pierden por primera vez en el Parlamento andaluz?

PP y Vox han sufrido su primera derrota parlamentaria de la nueva legislatura andaluza pese a sumar juntos una holgada mayoría absoluta. El tropiezo llegó en la Junta de Portavoces, donde PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía consiguieron impedir que llegara al próximo pleno una proposición no de ley del PP sobre la crisis de Ceuta y bloquearon también cinco de los diez puntos planteados por Vox.

La explicación no está en una rebelión interna ni en una súbita pérdida de diputados. Es bastante más prosaica, aunque políticamente tiene miga: 68 escaños no siempre bastan. Al tratarse de propuestas relacionadas con competencias exclusivas del Estado, entró en juego el artículo 171 del Reglamento del Parlamento andaluz, que exige el respaldo de dos tercios de la Cámara, 73 diputados, o de tres grupos parlamentarios que representen conjuntamente la mayoría.

PP y Vox suman 68 parlamentarios, cinco menos de los necesarios por la primera vía, y solo representan dos grupos. No cayó una ley, tampoco unos presupuestos ni una cuestión de confianza. Fue una derrota procedimental y política, sí, pero sirve para recordar una obviedad que a veces la aritmética parlamentaria disimula: una mayoría absoluta no equivale necesariamente a tener todas las llaves.

La mayoría absoluta de PP y Vox esta vez no era suficiente

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados. Tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026, el PP obtuvo 53 escaños y Vox, 15. Juntos alcanzan 68, suficientes para dominar las votaciones ordinarias. El PSOE-A tiene 28 diputados, Adelante Andalucía ocho y Por Andalucía cinco.

El problema apareció al diseñarse el orden del día del pleno de los días 16 y 17 de septiembre. Entre las iniciativas previstas había dos proposiciones no de ley del PP, una del PSOE-A y otra de Vox. Una de las populares reclamaba la reactivación de la unidad de élite OCON-Sur de la Guardia Civil contra el narcotráfico; la otra se centraba en Ceuta, su seguridad, la soberanía española y la respuesta del Gobierno central.

Las dos iniciativas populares estaban formalmente afectadas por el artículo 171. Sin embargo, la oposición de izquierdas no puso objeciones a que se debatiera la relativa a OCON-Sur. El bloqueo se concentró en la propuesta del PP sobre Ceuta y en los puntos del seis al diez de la iniciativa de Vox.

Ahí aparece el matiz esencial. El Reglamento establece una barrera especial cuando el Parlamento quiere aprobar resoluciones o declaraciones políticas sobre materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local. En esas circunstancias no basta con superar la mayoría absoluta: se necesitan dos tercios de la Cámara o tres grupos que, juntos, representen la mayoría.

PP y Vox se quedaron, literalmente, a cinco votos. Una pequeña distancia sobre el papel; una puerta cerrada cuando entra en funcionamiento una mayoría reforzada.

Qué quería aprobar el PP sobre la crisis de Ceuta

La proposición no de ley del PP estaba centrada en la crisis registrada en Ceuta durante el verano y en la actuación del Ejecutivo central. Los populares pretendían que el Parlamento andaluz expresara una posición política sobre la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de la ciudad autónoma y censurara la respuesta del Gobierno de España.

Entre sus planteamientos figuraba reclamar el cese inmediato de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, al considerar insuficiente y tardía la actuación del Ejecutivo central ante los acontecimientos ocurridos en Ceuta.

El PP defendía que lo sucedido tenía una repercusión directa para Andalucía por su proximidad geográfica, por las consecuencias migratorias y por su dimensión política. Pero el texto entraba precisamente en materias que pertenecen al ámbito estatal, y ahí se encontró con el filtro reglamentario.

La consecuencia fue contundente: la PNL del PP sobre Ceuta quedó fuera del orden del día. Toni Martín, portavoz parlamentario popular, rechazó sustituirla sobre la marcha por otra iniciativa y reprochó a los tres grupos de izquierda que impidieran el debate.

Vox fue más lejos en sus exigencias a Marruecos

La iniciativa de Vox contenía diez puntos y planteaba una respuesta bastante más extensa sobre Marruecos, soberanía nacional y política exterior. Cinco de esos puntos, concretamente del seis al diez, quedaron afectados por el mismo artículo 171 y fueron excluidos. Los cinco restantes sí podían continuar su tramitación.

Entre las propuestas apartadas figuraba instar al Gobierno español a exigir a Marruecos una declaración pública e inequívoca de respeto a la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y otras plazas de soberanía española en el norte de África.

Vox proponía también convocar al embajador de Marruecos en España para trasladarle formalmente una protesta y reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. No era una declaración simbólica menor: se pedían actuaciones diplomáticas concretas al Gobierno de la nación.

Cooperación bilateral, expulsiones y relaciones con Rabat

Otro de los puntos planteaba revisar los instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para condicionar la cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar y diplomática a criterios de reciprocidad y respeto a la soberanía española.

La formación de Manuel Gavira pretendía igualmente reclamar que Marruecos aceptase los retornos, devoluciones y expulsiones de ciudadanos marroquíes acordados administrativa o judicialmente por España. De nuevo, se trataba de decisiones que dependen del Gobierno central y de la política exterior del Estado, justo el terreno protegido por el artículo 171.

Eso explica que la PNL de Vox no desapareciera completamente. El Parlamento podrá debatir la parte no afectada por el precepto, mientras que los cinco puntos vinculados a esas competencias estatales quedaron fuera.

PSOE, Adelante y Por Andalucía encontraron el límite reglamentario

Los tres grupos de izquierda no derrotaron numéricamente a PP y Vox en una votación convencional. Hicieron algo diferente: utilizaron una norma que elevaba el listón necesario para que determinadas propuestas pudieran entrar en el orden del día.

PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía se pronunciaron contra la inclusión de la PNL del PP sobre Ceuta y contra cinco puntos de la de Vox. Al hacerlo, dejaron a PP y Vox sin la posibilidad alternativa de reunir tres grupos parlamentarios que representasen la mayoría de la Cámara.

La diferencia puede parecer burocrática, una de esas escenas de reglamento grueso, papeles sobre la mesa y café de máquina en un pasillo parlamentario. Políticamente, sin embargo, tiene bastante más sustancia. El episodio demuestra que la mayoría absoluta del Gobierno tiene límites cuando las reglas exigen consensos reforzados.

También dejó una imagen poco habitual en el arranque de la legislatura: PSOE-A, Adelante y Por Andalucía actuando de manera coincidente frente a una iniciativa respaldada políticamente por los dos partidos que sostienen el Ejecutivo autonómico.

Antonio Sanz y Manuel Gavira cargan contra el bloqueo

La reacción desde el Gobierno andaluz fue rápida. Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta y dirigente del PP, acusó a PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía de unir sus votos para impedir el debate sobre Ceuta.

Sanz sostuvo que la ciudad autónoma atravesaba una situación límite y reprochó a los partidos de izquierda que cerraran el paso a una discusión que, a juicio del PP, Andalucía debía poder mantener. En su respuesta ligó directamente la posición de los populares con la defensa de Ceuta y de la soberanía española.

Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, elevó también el tono. Acusó a los grupos de izquierda de impedir un debate sobre la defensa de España y criticó que cinco puntos de la proposición de su partido fueran apartados del pleno.

La coincidencia política resulta significativa. PP y Vox gobiernan juntos, pero habían registrado textos diferentes y mantienen matices propios sobre inmigración, Marruecos y las respuestas que debería adoptar el Estado. Ante la decisión de la Junta de Portavoces, sin embargo, ambos aparecieron en una posición común: consideraron el bloqueo una restricción injustificada del debate.

La izquierda invoca el Reglamento y los derechos humanos

La oposición defendió otra lectura. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García sostuvo que el Parlamento debe poder debatir prácticamente de todo, pero marcó como límite la protección de los derechos humanos y acusó a las iniciativas de PP y Vox de rebasar esa frontera política.

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, la cuestión es distinta: nadie prohibió hablar de Ceuta en Andalucía ni convirtió la materia en un asunto intocable. Lo que se impidió fue introducir determinadas resoluciones sobre competencias estatales sin reunir la mayoría reforzada exigida por el Reglamento.

Las proposiciones no de ley, además, no tienen carácter vinculante. Sirven para fijar posiciones políticas, instar a otras administraciones y obligar a los partidos a pronunciarse en público, pero no modifican por sí mismas una ley ni obligan jurídicamente al Gobierno central a ejecutar lo aprobado.

Una derrota limitada, pero con bastante carga política

Conviene medir bien el alcance del episodio. El Gobierno andaluz no ha perdido una votación legislativa esencial ni ha visto amenazada su estabilidad. PP y Vox conservan 68 de los 109 escaños y, mientras mantengan unidos sus votos, disponen de margen suficiente para sacar adelante la actividad parlamentaria ordinaria.

Pero reducir lo ocurrido a una anécdota de procedimiento también sería quedarse corto. La oposición ha comprobado que existen espacios reglamentarios donde puede condicionar la agenda parlamentaria, incluso ante una coalición con mayoría absoluta.

Para PP y Vox, el episodio significa algo parecido en sentido inverso: trasladar al Parlamento andaluz debates nacionales sobre inmigración, diplomacia, fronteras o relaciones con Marruecos puede requerir apoyos adicionales que sus 68 diputados no garantizan por sí solos.

Es una paradoja bastante parlamentaria. Una mayoría puede gobernar con comodidad y, al mismo tiempo, descubrir que hay puertas para las que no tiene la llave adecuada.

El artículo 171 abre una pequeña grieta en una mayoría sólida

La XIII legislatura apenas ha empezado y sería precipitado interpretar este episodio como una crisis entre PP y Vox o como un vuelco en el equilibrio político andaluz. Nada de eso ha ocurrido. Lo sucedido es, por ahora, una derrota puntual derivada de una regla concreta y de la coordinación de los tres grupos de izquierda.

Pero el precedente queda. PP y Vox han comprobado que su mayoría absoluta no alcanza automáticamente para cualquier votación; PSOE-A, Adelante y Por Andalucía han encontrado un mecanismo con el que pueden frenar determinadas iniciativas cuando entren en competencias reservadas al Estado.

El Parlamento también funciona así. A veces 68 diputados parecen un muro; otras, basta un artículo del Reglamento para descubrir que a ese muro le faltan exactamente cinco ladrillos.