¿Qué revelan los 40 informes desclasificados sobre la crisis de Ceuta?

Los documentos desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta dibujan una historia bastante más incómoda que un simple «nadie lo vio venir». Sí hubo avisos antes del 30 de julio. El CNI detectó convocatorias en redes sociales para entrar por la valla y por mar, informó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil y remitió una nota urgente a los servicios de inteligencia de Marruecos. La Policía Nacional llegó a calificar de «riesgo muy alto» las entradas a nado. Y la Guardia Civil llevaba semanas observando el aumento de la presión y reclamando refuerzos.

Pero hay otra mitad de la fotografía, y resulta esencial: ninguno de los 40 documentos publicados anticipó una entrada irregular de la dimensión que finalmente sufrió Ceuta, estimada entre 70.000 y 80.000 personas durante los días 30 y 31 de julio. Los papeles muestran una amenaza creciente y avisos concretos; no aparece, sin embargo, una previsión que dijera que decenas de miles de personas estaban a punto de cruzar en cuestión de horas. Tampoco prueban que Marruecos organizara deliberadamente la avalancha, aunque varios informes sí describen una inquietante pasividad de las fuerzas marroquíes cuando la situación ya estaba desbordándose.

Qué contienen realmente los 40 documentos de Ceuta

El Gobierno ha hecho públicos informes, alertas y comunicaciones fechados entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Proceden del CNI, la Policía Nacional, diferentes estructuras de la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS. Algunos son análisis de inteligencia; otros, infografías de entradas a nado, volcados estadísticos, comunicaciones internas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

Ahí está uno de los matices que explica parte de la batalla política posterior. No todo documento es técnicamente una «alerta». El conjunto incluye 36 informes o archivos y cuatro comunicaciones de mensajería del CNI. Dependiendo del criterio utilizado para considerar qué constituye un aviso, el número cambia: unos análisis cuentan únicamente las alertas expresamente identificadas como tales; otros incluyen cualquier comunicación oficial que notificara un incremento de la presión, un riesgo o una anomalía.

Por debajo de esa discusión semántica —muy madrileña, por cierto: debatir cómo se llama el humo mientras la cocina arde— existe una secuencia bastante clara. Durante julio aumentaron las entradas, se detectaron cambios en el comportamiento de los migrantes, aparecieron convocatorias en internet y, al acercarse el Día del Trono de Marruecos, varias instituciones españolas elevaron el tono de sus advertencias.

Los avisos comenzaron mucho antes de la avalancha

La documentación de principios de julio contiene estadísticas sobre intentos de entrada por el vallado y personas que trataban de alcanzar Ceuta a nado. Eran datos de situación, no una alarma que anunciara una crisis gigantesca. Pero el escenario iba deteriorándose.

El 10 de julio, el Estado Mayor de Operaciones y Ciberdefensa de la Guardia Civil ya trataba internamente las consecuencias de la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo. El fallo había establecido límites a los rechazos en frontera de personas interceptadas en aguas españolas o que consiguieran acceder al territorio por vía marítima.

La Guardia Civil temía un «efecto llamada» hacia las entradas a nado. Su preocupación era práctica: la vía marítima resulta mucho más difícil de detectar e interceptar con antelación que determinados intentos terrestres. Entre las medidas planteadas aparecían el refuerzo de medios marítimos y subacuáticos, una mayor capacidad tecnológica de vigilancia y cambios normativos.

La evolución posterior parecía alimentar aquella inquietud. Según los datos incorporados a los documentos, tras la sentencia aumentaron con fuerza los accesos irregulares por mar. Uno de los análisis situaba en 1.240 las entradas interceptadas desde la resolución judicial, mientras otros informes constataban un crecimiento semanal de personas que intentaban alcanzar Ceuta a nado.

No era todavía la avalancha del 30 de julio. Era otra cosa: pequeñas luces rojas encendiéndose una detrás de otra.

Del neopreno vendido en redes al «riesgo muy alto»

El 28 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Policía Nacional, señaló un fenómeno curioso y bastante revelador: empezaban a aparecer en redes sociales más ofertas de trajes de neopreno relacionados con los cruces. El documento hablaba de indicios que podían anticipar un cambio de comportamiento y recomendaba seguirlos.

Un día después, el lenguaje dejó de ser tibio. El CENIF calificó como «RIESGO MUY ALTO», escrito así en el documento, la posibilidad de entradas a nado. Contabilizaba 921 cruces de este tipo durante el último mes y cientos de personas rescatadas por las autoridades españolas y marroquíes.

El diagnóstico seguía centrado principalmente en las entradas marítimas. No decía que fueran a cruzar 70.000 personas. Pero tampoco describía precisamente una tarde tranquila de verano.

El 29 de julio: el aviso más comprometedor del CNI

La víspera de la crisis concentra buena parte de la polémica. El 29 de julio a las 13.52 horas, el CNI escribió al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta para advertir de que circulaba en redes sociales un llamamiento para un «asalto por valla y mar» previsto para el día siguiente.

No era una convocatoria perdida en una esquina de internet. Inteligencia indicaba que dos grupos reunían aproximadamente 180.000 seguidores y subrayaba expresamente el alcance de aquella difusión. Los mensajes animaban a intentar entrar aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono, cuando parte de las fuerzas de seguridad marroquíes podían estar ocupadas con los actos oficiales.

Prácticamente a la misma hora, el CNI intentó contactar con la UCE-3 de la Guardia Civil. El mensaje trasladado era igualmente concreto: existía información sobre intentos de entrada a nado y salto de la valla para el día siguiente, alentados desde grupos de Facebook y WhatsApp.

La advertencia tampoco apareció de la nada. Dos días antes, el 27 de julio, ya se había celebrado en Ceuta una reunión urgente por el problema de los nadadores con participación de autoridades locales, Policía Nacional y Guardia Civil. El ambiente venía calentándose.

Quizá el documento políticamente más delicado sea la nota urgente enviada por el CNI a las inteligencias marroquíes DGST y DGED a las 18.26 del 29 de julio.

El servicio español informó a Marruecos de varias convocatorias para entrar en Ceuta por mar y por la valla coincidiendo con la Fiesta del Trono. Adjuntó referencias a grupos de Facebook y WhatsApp, incluido uno denominado «Asalto a la valla de Ceuta», y reprodujo mensajes que presentaban la festividad como una oportunidad para cruzar mientras las autoridades estuvieran ocupadas.

Esto despeja una duda importante: Marruecos había sido informado antes de la avalancha de que existían convocatorias para intentar entradas masivas.

Otra cuestión, bastante distinta, es si Rabat conocía la magnitud que alcanzaría el movimiento o si intervino en su organización. Los documentos publicados no demuestran eso.

Los refuerzos y las dudas sobre la actuación de Marruecos

Los papeles tampoco respaldan la idea de que la presión migratoria apareciera de forma súbita la mañana del 30 de julio. La Guardia Civil había solicitado reforzar el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta unas tres semanas antes de la entrada masiva. También propuso potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera.

Los informes de mediados y finales de julio muestran igualmente un incremento de los intentos interceptados por Marruecos. En una de las semanas analizadas, la Marina Real marroquí había frenado 773 intentos, 146 más que durante la semana anterior.

Otro documento comparaba las cifras posteriores a la sentencia del Supremo con las anteriores. Antes del cambio judicial se contabilizaban alrededor de 36 entradas mensuales de media en determinadas estadísticas; en julio de 2026 la cifra ya superaba el millar. La presión estaba aumentando. Lo extraordinario fue que esa pendiente terminara convirtiéndose, casi de golpe, en una pared.

La desclasificación entra aquí en terreno mucho más delicado. No existe en estos 40 documentos una prueba que permita afirmar que el Gobierno marroquí organizó la entrada masiva. Conviene dejarlo claro porque entre sospechar, inferir y demostrar hay kilómetros de distancia.

Sí aparecen, en cambio, valoraciones muy severas sobre el comportamiento de sus fuerzas de seguridad. Un análisis militar elaborado ya el 30 de julio consideró muy probable una actuación negligente o pasiva de las autoridades marroquíes, aunque sin concluir que estuvieran favoreciendo activamente la oleada. También contempló la posibilidad de que Rabat tratara de aprovechar posteriormente la crisis en beneficio de sus intereses.

La Guardia Civil examinó varias hipótesis. La que consideró más probable fue el desbordamiento y la sorpresa operativa de las fuerzas marroquíes. La connivencia deliberada aparecía bastante más abajo, como una posibilidad vinculada, entre otros factores, a tensiones políticas recientes entre España, Marruecos y Argelia.

Hay otro dato llamativo. España esperaba el despliegue de aproximadamente un millar de gendarmes y militares marroquíes, pero los agentes españoles detectaron pasividad al otro lado de la frontera mientras numerosas personas avanzaban hacia Ceuta. Un informe reconocía que se desconocía si aquella falta de reacción era coyuntural o respondía a instrucciones concretas.

Ahí termina, por ahora, lo demostrable. La documentación permite hablar de pasividad, insuficiencia operativa y dudas sobre la conducta marroquí. Dar el salto desde ahí hasta una operación organizada directamente por Rabat exige pruebas que estos documentos no aportan.

El verdadero choque: hubo avisos, pero nadie calculó la escala

Gobierno y oposición están leyendo los mismos papeles como quien mira una fotografía y discute si está medio iluminada o medio oscura.

La posición de Pedro Sánchez es que ningún informe anticipó la escala, la naturaleza ni la probabilidad de una entrada de semejante magnitud. El CNI, después de la publicación de la documentación, también ha señalado que no previó el tamaño ni las características del fenómeno ocurrido el día 30.

Moncloa insiste asimismo en una diferencia institucional importante: el CNI trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, pero no elevó una alerta formal a su propia cadena de mando ni a los responsables políticos superiores. Para el Ejecutivo, eso demostraría que ni siquiera Inteligencia consideró inminente una crisis de las dimensiones finalmente registradas.

El PP interpreta justo lo contrario. Sostiene que la existencia de mensajes sobre entradas por mar y valla, los grupos con 180.000 seguidores, el «riesgo muy alto» señalado por la Policía y las advertencias previas prueban que el Ejecutivo dispuso de señales suficientes para reaccionar con mayor intensidad.

Las dos afirmaciones pueden convivir hasta cierto punto. Es cierto que hubo advertencias concretas. También lo es que ninguna de las publicadas pronosticó el movimiento de decenas de miles de personas que terminaría produciéndose.

La discusión seria, entonces, ya no consiste en determinar si existió algún aviso. Existió. La cuestión es otra: si las señales disponibles justificaban un refuerzo extraordinario de la frontera antes del día 30 y por qué el sistema de inteligencia y seguridad español no convirtió aquella acumulación de indicios en una valoración más grave.

Lo que los documentos dejan claro sobre Ceuta

Los 40 documentos desclasificados eliminan algunas zonas de niebla. Antes de la crisis había presión migratoria creciente, peticiones de refuerzos, advertencias sobre las entradas a nado, convocatorias multitudinarias detectadas en redes y comunicaciones del CNI tanto a autoridades españolas como a los servicios secretos marroquíes. El 29 de julio, apenas unas horas antes de la avalancha, esas señales ya eran especialmente explícitas.

No aparece, por el contrario, un documento que anticipase que entre 70.000 y 80.000 personas acabarían entrando irregularmente en Ceuta. Tampoco una prueba concluyente de que Marruecos hubiese planificado la operación. Los informes sí dejan constancia de una respuesta marroquí anormalmente débil durante las horas decisivas y de las dudas que aquella conducta provocó dentro de las instituciones españolas.

La desclasificación, por tanto, no entrega una frase mágica que absuelva a unos y condene a otros. Entrega algo quizá más incómodo: una cadena de señales cada vez más intensas, pero cuya dimensión final nadie supo calcular a tiempo. Y en materia de seguridad nacional esa diferencia —entre recibir información y comprender lo que significa— puede acabar siendo enorme.