¿Qué hizo el expresidente de Ecuador para acabar condenado a 9 años?

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz ha sido condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada en el denominado caso Pruebas COVID-19. La misma pena recibió su hijo, Jacobo Bucaram. El tribunal los consideró colaboradores de una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización irregular de pruebas rápidas para detectar el coronavirus y otros insumos médicos durante los meses más duros de la pandemia.

La sentencia, conocida la noche del 9 de septiembre de 2026 en Quito, pone cifra a un proceso que comenzó seis años atrás: unas 21.000 pruebas rápidas, mascarillas, movimientos de mercancía entre distintas provincias y la intervención de particulares y empleados públicos fueron formando un expediente que terminó sentando ante el tribunal al antiguo presidente ecuatoriano. No es, por tanto, una condena por una simple compraventa irregular. Los jueces aceptaron que existió una estructura de delincuencia organizada y atribuyeron a los Bucaram un papel de colaboración dentro de ella.

Por qué ha sido condenado Abdalá Bucaram

La acusación sostuvo que entre marzo y agosto de 2020 funcionó una trama que aprovechó la emergencia sanitaria para obtener beneficios con la comercialización irregular de material médico. Era aquel Ecuador de hospitales desbordados, calles vacías y una Guayaquil golpeada con una crudeza que dio la vuelta al mundo. En ese escenario, hasta una caja de pruebas diagnósticas tenía un valor extraordinario.

El caso se concentró especialmente en la negociación de alrededor de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros productos sanitarios. La Fiscalía reconstruyó operaciones, desplazamientos, comunicaciones y relaciones entre los acusados y presentó durante el juicio más de un centenar de elementos entre documentos, peritajes y testimonios.

El tribunal terminó diferenciando los papeles. Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo fueron declarados responsables en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada. Esa precisión importa: la justicia ecuatoriana no les atribuyó el mismo grado de intervención que al principal responsable directo condenado en la causa.

Junto a los nueve años y cuatro meses de cárcel, padre e hijo deberán afrontar una multa de 20 salarios básicos unificados, equivalente a unos 9.640 dólares conforme a las cantidades fijadas en la resolución.

El papel de Jacobo Bucaram y la venta de las pruebas

Una de las piezas que permitió reconstruir la trama fue la relación entre Jacobo Bucaram y ciudadanos israelíes implicados inicialmente en la investigación. El origen del procedimiento resulta casi novelesco, aunque ocurrió en plena catástrofe sanitaria: dos ciudadanos israelíes fueron detenidos en junio de 2020 durante un control policial en Santa Elena y llevaban consigo una importante cantidad de dinero en efectivo.

Las investigaciones posteriores conectaron aquella detención con la venta de pruebas rápidas y otros insumos. Durante el procedimiento aparecieron testimonios según los cuales parte de la mercancía había sido negociada con Jacobo Bucaram y trasladada desde Quito hasta Guayaquil.

También entraron en escena funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. La investigación sostuvo que recursos y personal vinculados a la AMT habían facilitado movimientos relacionados con la mercancía. Lo que parecía inicialmente una operación comercial turbia fue creciendo hasta convertirse en una causa por delincuencia organizada.

Las otras condenas del caso Pruebas COVID-19

El castigo más elevado recayó sobre Leandro Berrones, antiguo agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El tribunal lo consideró autor directo y le impuso 13 años y cuatro meses de prisión, además de una multa superior a la fijada para los Bucaram.

El ciudadano israelí Sheinman Oren también fue considerado parte de la estructura, pero su situación terminó siendo distinta. La justicia aceptó la cooperación eficaz que prestó durante la investigación y redujo su pena hasta dos años y ocho meses. Su colaboración aportó información utilizada para reconstruir operaciones y responsabilidades dentro del caso.

En las primeras informaciones aparecieron cifras diferentes para su condena porque la pena correspondiente como autor era superior antes de aplicar el beneficio por cooperación. El resultado efectivo anunciado por el tribunal quedó finalmente reducido.

Un proceso iniciado en 2020 y plagado de aplazamientos

La investigación comenzó formalmente en agosto de 2020. Abdalá Bucaram fue entonces procesado junto a varios agentes de tránsito; Jacobo Bucaram se incorporaría posteriormente a la causa después de regresar a Ecuador desde Colombia.

El expediente tuvo de todo. Hubo sobreseimientos posteriormente recurridos, una declaración de nulidad que terminó revocada, cambios procesales y una larga sucesión de aplazamientos. El juicio propiamente dicho no consiguió instalarse hasta abril de 2025, después de varios intentos frustrados.

Y tampoco fue sencillo llegar a escuchar la sentencia. La audiencia destinada a comunicar la resolución se aplazó repetidamente durante el verano de 2026. Las últimas ausencias de Bucaram estuvieron relacionadas, según su defensa, con sus problemas de salud y sucesivos ingresos hospitalarios.

El tribunal llegó a ordenar su detención para asegurar su comparecencia una vez recibiera el alta médica. Finalmente, el 9 de septiembre, Bucaram participó por vía telemática mientras continuaba bajo tratamiento por problemas cardíacos. Hasta la lectura de la sentencia tuvo su pequeña dosis de caos: dificultades con la conexión de la intérprete del procesado israelí obligaron a interrumpir varias veces la audiencia.

Qué ocurre ahora con la sentencia contra Bucaram

La condena conocida este septiembre no pone fin automáticamente al recorrido judicial. La resolución puede ser recurrida por las defensas, de modo que todavía existen vías procesales para intentar modificar o revocar el fallo.

También deberá concretarse el régimen en el que Bucaram cumple las medidas que correspondan mientras avance el procedimiento. El expresidente tiene 74 años y sus condiciones personales y médicas han estado presentes durante las últimas semanas del juicio.

Antes incluso de escuchar la resolución, Bucaram había adelantado públicamente que esperaba una condena y había rechazado las acusaciones. Su defensa mantiene su oposición al proceso y el antiguo mandatario ha insistido en su inocencia.

La condena tampoco convierte automáticamente en hechos probados todas las afirmaciones aparecidas alrededor del caso desde 2020. Jurídicamente importa aquello que el tribunal ha considerado acreditado y la responsabilidad concreta asignada a cada acusado. El ruido político, abundante como suele ocurrir alrededor del apellido Bucaram, va por otro carril.

De presidente de Ecuador a condenado por delincuencia organizada

Abdalá Bucaram es una de las figuras más peculiares y controvertidas de la política ecuatoriana reciente. Gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, apenas seis meses, hasta que el Congreso lo apartó del poder en medio de una grave crisis institucional.

Desde entonces protagonizó décadas de vida política, procesos judiciales, exilio y regresos al país. Su figura nunca abandonó del todo el escenario público ecuatoriano, unas veces desde la primera línea y otras desde ese territorio borroso donde se mezclan familia, política y poder.

El caso Pruebas COVID-19 añade ahora un capítulo muy diferente. No se trata de una polémica parlamentaria ni de una de aquellas extravagancias que hicieron célebre al antiguo presidente. Hay una sentencia penal de nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada, aunque todavía susceptible de recurso.

Una pandemia que sigue llegando a los tribunales

Seis años después de las escenas más oscuras de la pandemia, sus consecuencias judiciales continúan apareciendo. La emergencia creó una demanda desesperada de mascarillas, pruebas, medicamentos y material hospitalario; alrededor de aquella necesidad floreció también un mercado donde los controles administrativos no siempre avanzaban a la misma velocidad que el dinero.

El caso de Bucaram nace precisamente de esa zona. Veintiún mil pruebas rápidas, operaciones cuestionadas, dinero en efectivo y una red que conectó a empresarios, extranjeros, funcionarios públicos y una de las familias políticas más conocidas de Ecuador.

La justicia ecuatoriana ha trazado una línea clara sobre aquellos hechos: Bucaram y su hijo fueron considerados colaboradores, Berrones recibió la pena más elevada como autor directo y la cooperación de Oren rebajó sustancialmente su condena. Falta el recorrido de los recursos. Pero la sentencia del 9 de septiembre de 2026 cambia el paisaje: aquel expediente abierto entre mascarillas y pruebas rápidas ha acabado, seis años después, con un expresidente condenado a más de nueve años de prisión.