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Economía

¿Por qué Francia congela los salarios públicos y frena las pensiones?

Francia congela la referencia salarial de los funcionarios y limita la subida de ciertas pensiones dentro de un ajuste de 43.000 millones de euros.

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Imagen: Pierre Rudloff / Wikimedia Commons, CC0

Resumen

  • Francia plantea un ajuste de 43.000 millones para contener el déficit
  • Los salarios públicos quedan congelados y varias pensiones subirán menos
  • El plan aún debe superar un Parlamento fragmentado y puede cambiar mucho

Francia ha puesto sobre la mesa un ajuste presupuestario de 43.000 millones de euros que toca directamente a funcionarios, jubilados, sanidad, administraciones locales y determinadas ventajas fiscales. El proyecto de Presupuestos para 2027 congela la referencia utilizada para calcular buena parte de los salarios públicos y limita la revalorización de determinadas pensiones. El propósito es reducir un déficit que continúa muy por encima de los objetivos europeos.

La cifra que explica casi todo es sencilla de leer y bastante menos sencilla de corregir: el Ejecutivo prevé que el déficit público alcance el 5,4% del PIB en 2026 y quiere llevarlo al 5% en 2027. Cuatro décimas parecen poca cosa sobre el papel. En una economía del tamaño de la francesa, significan miles de millones y obligan a combinar contención del gasto, cambios fiscales y recortes de determinadas ventajas.

El Gobierno cifra en 43.000 millones las nuevas medidas previstas para 2027. Si se añaden decisiones tomadas anteriormente que seguirán produciendo efectos durante ese ejercicio, el esfuerzo total asciende a unos 54.000 millones. Esa diferencia importa: no son 54.000 millones de nuevos recortes aprobados de golpe, sino una mezcla de medidas recientes y otras que vienen rodando desde antes.

Francia aprieta el gasto para contener un déficit enquistado

El deterioro de las cuentas públicas francesas hace tiempo que dejó de ser una discusión reservada a los despachos de París. La deuda pública debería situarse alrededor del 119,3% del PIB en 2026, mientras la factura anual de intereses crecería desde 79.200 millones de euros hasta aproximadamente 91.200 millones en 2027. El margen presupuestario se encoge: cuanto más dinero se destina a intereses, menos queda disponible para otras políticas.

Francia deberá emitir, además, alrededor de 340.000 millones de euros en deuda a medio y largo plazo durante 2027. Una parte financiará las necesidades del Estado y otra sustituirá títulos antiguos que llegan a vencimiento. El detalle incómodo está en el precio: renovar deuda emitida durante años de tipos bajos resulta bastante más costoso cuando el mercado exige rentabilidades superiores.

Los bonos franceses han reflejado esa presión. La rentabilidad de la deuda soberana a largo plazo ha alcanzado niveles no vistos desde hace años, una señal de que los inversores piden una remuneración mayor por prestar dinero al Estado. Eso no equivale a una crisis de solvencia inmediata, pero sí convierte el déficit en una factura cada vez más cara.

Los funcionarios vuelven a encontrarse con el salario congelado

Uno de los elementos más visibles del proyecto afecta a la función pública. El Gobierno mantendrá congelado en 2027 el punto de índice de los funcionarios, referencia esencial para calcular las remuneraciones de millones de empleados públicos. También se limitarán de forma considerable las medidas salariales específicas para determinadas categorías.

La congelación no significa que absolutamente ningún funcionario pueda cobrar más. Continúan existiendo progresiones profesionales, complementos y cambios de categoría. Lo que permanece inmóvil es la referencia general sobre la que se construye buena parte del salario. Si los precios aumentan mientras esa base sigue quieta, el poder adquisitivo puede resentirse aunque la nómina nominal no baje.

El presupuesto combina esa contención salarial con movimientos de plantilla diferentes según cada administración. Habrá áreas donde se reduzcan efectivos y otras donde se mantengan contrataciones, especialmente en ámbitos considerados prioritarios. La idea del Ejecutivo es frenar la masa salarial sin aplicar una reducción uniforme en todos los servicios públicos.

Las pensiones no se congelan todas: los 1.260 euros marcan la diferencia

El tratamiento de las pensiones exige una precisión importante. El proyecto francés no congela todas las jubilaciones por igual. Las prestaciones más bajas quedan más protegidas, mientras las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales sufrirán una actualización más limitada que la prevista con carácter general.

El Ejecutivo calcula que esa medida permitiría ahorrar alrededor de 4.100 millones de euros. No se trata de reducir nominalmente la pensión que ya recibe un jubilado, sino de contener su futura revalorización. La diferencia parece semántica hasta que entra la inflación: cobrar la misma cantidad mientras suben alimentos, energía o vivienda equivale a perder capacidad de compra.

También se modifica una ventaja fiscal de los pensionistas. El Gobierno pretende limitar a 3.000 euros la deducción fiscal vinculada al 10% de sus ingresos para determinados contribuyentes, una modificación que aportaría aproximadamente otros 1.400 millones de euros a las arcas públicas.

El diseño pretende concentrar una parte mayor del esfuerzo en quienes perciben prestaciones medias y altas, manteniendo más protegidas las pensiones inferiores. Ese es el planteamiento incluido en el proyecto. Falta lo de siempre en una democracia parlamentaria: que el texto salga del Parlamento con la misma forma con la que entró, algo que en la Francia actual dista de estar garantizado.

Sanidad, bajas laborales e ingresos también entran en el ajuste

El ajuste no termina en funcionarios y jubilados. El Ejecutivo busca alrededor de 4.000 millones de ahorro en sanidad mediante distintas medidas, entre ellas cambios en precios de medicamentos y mecanismos destinados a moderar el crecimiento del gasto sanitario.

Las indemnizaciones por baja laboral también aparecen en las cuentas. Las reformas previstas aportarían aproximadamente 1.000 millones de euros de ahorro, mientras otros cambios relacionados con las compensaciones por accidentes laborales añadirían unos 800 millones.

Las administraciones territoriales tendrán igualmente que contener parte de su gasto. Municipios, departamentos y regiones entran en una operación que pretende repartir el esfuerzo entre diferentes niveles del sector público. Para los gobiernos locales, claro, la discusión gira en torno a cuánto margen conservarán para prestar servicios mientras se les exige gastar con mayor moderación.

Pero no todo consiste en gastar menos. El proyecto contiene también nuevos ingresos y reducción de beneficios fiscales. Entre las medidas previstas figura una rebaja de determinadas ventajas en las cotizaciones empresariales, con una recaudación adicional estimada en varios miles de millones de euros.

También aparecen cambios en la tributación de concesiones de autopistas y una ampliación de los gravámenes relacionados con productos de elevado contenido en azúcar. Son cantidades menores dentro del conjunto, aunque completan la fotografía: Francia combina recortes, contención y más recaudación en lugar de apoyarse únicamente en una de esas vías.

El coste de la deuda está cambiando la política económica francesa

El verdadero telón de fondo no es solamente el déficit de un ejercicio presupuestario. Francia arrastra una combinación difícil: deuda elevada, crecimiento débil e intereses al alza. Cuando esos tres elementos coinciden, cada año resulta más complicado reducir el peso del endeudamiento sin tocar gasto o impuestos.

El Gobierno trabaja con una previsión de crecimiento del PIB de alrededor del 0,5% en 2026 y del 1% en 2027. Con una economía que avanza despacio, el denominador tampoco ayuda demasiado. La deuda no necesita dispararse para pesar más; basta con que la actividad económica crezca con menos fuerza de la esperada.

El Ejecutivo mantiene como horizonte devolver el déficit francés hacia el límite europeo del 3% del PIB en los próximos años. El recorrido será difícil porque depende no solo de aprobar las medidas, sino también de que se cumplan las previsiones de crecimiento, inflación, tipos de interés y recaudación.

Ahí está el pequeño monstruo que empieza a crecer dentro del presupuesto: la factura de los intereses. Pasar de unos 79.200 millones en 2026 a más de 91.000 millones en 2027 significa dedicar cerca de 12.000 millones adicionales en apenas un ejercicio simplemente a financiar la deuda acumulada.

El presupuesto todavía puede cambiar mucho en el Parlamento

Ninguna de estas medidas debe interpretarse todavía como una fotografía definitiva de 2027. Se trata de un proyecto presupuestario que necesita atravesar una Asamblea Nacional fragmentada y con importantes diferencias entre los grupos sobre la velocidad del ajuste y el reparto de sus costes.

Los diputados pueden modificar partidas, suavizar algunas medidas, endurecer otras o buscar ingresos alternativos. Las disposiciones sobre pensiones, salarios, sanidad y fiscalidad serán previsiblemente algunos de los puntos más discutidos durante la negociación parlamentaria.

La dificultad es especialmente relevante porque Francia lleva varias legislaturas encadenando mayorías parlamentarias frágiles y duras disputas presupuestarias. Cada presupuesto se convierte así en algo más que un documento económico: es también una prueba de resistencia para el Gobierno que debe conseguir aprobarlo.

Los mercados observan esa batalla porque una cosa depende de la otra. La capacidad política para aprobar medidas que reduzcan el déficit influye en la percepción sobre la sostenibilidad de la deuda francesa. Y cuando los inversores dudan, no envían una carta airada a París. Piden más intereses.

Francia intenta ganar margen antes de que la deuda pese más

El mensaje económico del proyecto resulta bastante claro: Francia necesita contener sus cuentas públicas antes de que el aumento del coste de la deuda reste todavía más margen al Estado. Funcionarios, pensionistas con prestaciones medias y altas, sanidad, administraciones locales, empresas y ventajas fiscales forman parte de ese reparto.

Conviene conservar una última precisión porque cambia la lectura del presupuesto. Los 43.000 millones de euros corresponden a las nuevas medidas de corrección previstas para 2027; los aproximadamente 54.000 millones incluyen también decisiones anteriores cuyos efectos continuarán durante el ejercicio. No es la misma cifra ni cuenta exactamente la misma historia.

Y queda el tramo más delicado. Una cosa es cuadrar las columnas de un presupuesto y otra hacerlo compatible con salarios estancados, jubilaciones que pierden parte de su actualización, servicios públicos presionados y una economía que crece poco. Francia está intentando comprar margen financiero antes de que los intereses se coman una porción mayor del presupuesto. El problema es que ese margen, como casi todo en unas cuentas públicas, alguien termina pagándolo.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.