¿Qué revelan los archivos del 11-S sobre el aire tóxico de Nueva York?

Nueva York ha abierto una parte de su archivo más incómodo. El alcalde Zohran Mamdani ha hecho públicas unas 170.000 páginas de documentos municipales relacionados con la calidad del aire, los riesgos para la salud y la respuesta de las autoridades después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre el material aparecen informes que documentan presencia de amianto meses después del derrumbe y registros que alimentan una vieja sospecha: muchos neoyorquinos regresaron a trabajar, estudiar y vivir en el sur de Manhattan cuando el peligro ambiental estaba lejos de haber desaparecido.

El hallazgo más llamativo tiene fecha y distancia. Diez meses después del 11-S todavía se detectaban rastros de amianto a aproximadamente un kilómetro de Ground Zero, según documentos conocidos con esta publicación. No significa que toda esa zona registrara de manera uniforme concentraciones peligrosas —los análisis ofrecen resultados distintos según el lugar y el momento—, pero sí desmonta una imagen demasiado cómoda: la de una contaminación intensa, breve y confinada a los escombros de las Torres Gemelas. El polvo no entendía de perímetros policiales.

170.000 páginas para reconstruir qué sabía Nueva York

La publicación llega apenas unos días antes del 25.º aniversario de los atentados. El Ayuntamiento ha creado su primer portal público dedicado específicamente a los documentos ambientales y sanitarios del 11-S. Esta primera entrega reúne aproximadamente 170.000 páginas, aunque la administración municipal prevé incorporar más material a medida que sea revisado y se eliminen datos personales protegidos.

Parte de ese archivo procede de las famosas “68 cajas” de documentación que no fueron localizadas hasta 2025, pese a años de solicitudes realizadas al amparo de la ley neoyorquina de acceso a la información. Ahí está una de las razones por las que esta historia resulta políticamente incómoda incluso un cuarto de siglo después. Supervivientes, bomberos, policías, trabajadores, vecinos y familiares de enfermos llevan años reclamando conocer con precisión qué información manejaban las autoridades y cuándo la tuvieron sobre la mesa.

La administración de Mamdani ha destinado 34 millones de dólares en el presupuesto fiscal de 2027 a crear y mantener el archivo público. También ha cerrado dos litigios promovidos por 9/11 Health Watch, organización que durante años había reclamado el acceso a esta documentación. La batalla burocrática, dicho de otro modo, ha durado casi tanto como algunos de los efectos médicos que pretendía aclarar.

El amianto siguió apareciendo meses después del atentado

El amianto ocupa buena parte de la atención porque era uno de los contaminantes más temidos entre los materiales pulverizados por el derrumbe. Las nuevas actas e inspecciones incluyen múltiples registros de contaminación en los alrededores del World Trade Center. Algunos resultados quedaron por debajo de los límites utilizados entonces por organismos ambientales y de protección laboral; otros mostraron valores superiores y, en bastantes casos, los datos aparecen sin una interpretación escrita suficientemente clara que permita convertir una cifra aislada en una sentencia sanitaria. Ese matiz importa.

Lo que sí está establecido desde hace años es que la nube creada por el colapso de las torres era una mezcla extraordinariamente compleja. El polvo contenía materiales como cemento, fibras de vidrio, hollín, pinturas, combustibles y metales, junto con amianto, hidrocarburos, PCB y dioxinas. El inventario científico empleado para estudiar las exposiciones del 11-S incluye centenares de agentes potencialmente relacionados con problemas de salud.

Un peligro que no desapareció cuando dejó de verse el humo

La imagen del 11-S está asociada a aquella nube gris que avanzó por las calles como una tormenta seca. Pero la exposición no acabó cuando las cámaras dejaron de mostrarla. Los incendios entre los restos del World Trade Center continuaron de forma intermitente durante más de tres meses, mientras las tareas de rescate, recuperación y limpieza removían continuamente toneladas de escombros y polvo. Parte de ese material entró también en viviendas, oficinas y centros educativos.

Ahí está el punto sanitario que los nuevos documentos vuelven a colocar bajo una luz incómoda. No solo estuvieron expuestos quienes trabajaban sobre la montaña de acero retorcido de Ground Zero. También hubo vecinos, empleados, comerciantes, alumnos y profesores que regresaron al Bajo Manhattan. Las estimaciones sanitarias sitúan en torno a 400.000 personas la población expuesta a contaminantes, riesgos físicos o condiciones extremadamente estresantes relacionadas con los atentados.

La presencia de una sustancia peligrosa y el riesgo concreto para una persona no son exactamente lo mismo. La dosis, la concentración y el tiempo de exposición, además del tamaño de las partículas y el tipo de actividad realizada, cambian mucho la ecuación. Por eso resulta incorrecto convertir cada análisis positivo en prueba automática de una exposición letal.

Pero también sería engañoso hacer el recorrido contrario y reducir el problema a unas pocas muestras excepcionales. El dato de amianto detectado hasta diez meses después y lejos del perímetro inmediato de Ground Zero muestra que la contaminación tuvo una extensión espacial y temporal considerable. Y ese dato cobra otra dimensión cuando se compara con el mensaje tranquilizador difundido en las primeras semanas posteriores al atentado.

Cuando se dijo que el aire era seguro para respirar

El 18 de septiembre de 2001, apenas una semana después de los ataques, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, comunicó que sus mediciones indicaban que el aire y el agua eran seguros. Su entonces administradora, Christine Todd Whitman, tranquilizó públicamente a los habitantes de Nueva York sobre la calidad del aire.

Aquella seguridad acabaría siendo severamente cuestionada desde dentro de la propia agencia. En 2003, la Oficina del Inspector General de la EPA concluyó que la institución no disponía de suficientes datos y análisis el 18 de septiembre para realizar una afirmación tan general. Faltaban mediciones adecuadas para diversos contaminantes y existían importantes limitaciones metodológicas. El informe también señaló que algunas comunicaciones públicas eliminaron advertencias y añadieron formulaciones más tranquilizadoras durante el proceso de coordinación gubernamental.

Eso no significa que todos los datos disponibles en 2001 señalaran niveles peligrosos en todos los puntos analizados. La propia EPA encontraba numerosas muestras sin detecciones relevantes o situadas por debajo de determinados umbrales. El problema fue otro: la certeza transmitida al público era mayor que la certeza que permitían los datos. Una diferencia aparentemente pequeña en una rueda de prensa; enorme cuando miles de personas deciden con esa información si volver a casa, abrir una oficina o mandar a sus hijos al colegio.

El memorando que anticipaba posibles demandas

Entre los documentos que forman parte del archivo público aparece también el llamado Harding Memo, redactado pocas semanas después del 11-S y dirigido a Robert Harding, entonces alto cargo de la administración del alcalde Rudy Giuliani. El texto analizaba posibles alternativas legislativas para limitar la responsabilidad legal de la ciudad ante futuras reclamaciones relacionadas con la exposición tóxica y las condiciones de trabajo posteriores a los atentados.

Ese documento resulta especialmente delicado porque demuestra que mientras públicamente circulaban mensajes tranquilizadores, dentro de la administración existía una preocupación por futuras reclamaciones sanitarias. Organizaciones de afectados sostienen que las autoridades llegaron a prever miles de demandas relacionadas con daños provocados por contaminantes.

Conviene no convertir esa constatación en algo que los papeles, por sí solos, no prueban. Que una administración estudie su posible responsabilidad judicial después de una catástrofe no demuestra automáticamente que conociera cada riesgo médico ni que existiera una conspiración coordinada para ocultarlo. Pero la coincidencia temporal entre las previsiones legales, los informes ambientales y las afirmaciones públicas explica la relevancia de estos archivos. El asunto pasa también por qué sabía el gobierno, cuándo lo sabía y cómo lo comunicó.

Cáncer, enfermedades respiratorias y una factura abierta

Las consecuencias sanitarias del 11-S llevan mucho tiempo siendo objeto de seguimiento científico. El World Trade Center Health Program cubre enfermedades respiratorias y digestivas, determinados trastornos musculoesqueléticos y psicológicos y numerosos tipos de cáncer cuando se cumplen los criterios médicos y de exposición establecidos por el programa federal. En 2026 atiende a cerca de 150.000 miembros repartidos por Estados Unidos.

La dimensión económica también muestra hasta qué punto la tragedia continuó después de 2001. El fondo federal de compensación para víctimas había recibido más de 105.000 reclamaciones hasta finales de 2025 y concedido más de 16.800 millones de dólares a más de 71.000 demandantes desde su reapertura en 2011. El número de personas fallecidas por enfermedades relacionadas con el 11-S ha terminado superando ampliamente al de quienes murieron durante los propios ataques.

Por eso los documentos publicados no tienen únicamente valor histórico. La ciudad prevé emplearlos también para ayudar a antiguos residentes, trabajadores y estudiantes a demostrar que estuvieron dentro de la zona de exposición, un requisito que puede resultar determinante para acceder al programa sanitario federal o al fondo de compensación. Papeles aparentemente administrativos —una nómina, un expediente escolar, un registro laboral— pueden convertirse 25 años después en una pieza médica y jurídica decisiva.

Veinticinco años después, el polvo todavía pesa

El 11-S terminó en unas horas como atentado y siguió durante décadas como problema sanitario. Las nuevas 170.000 páginas no reescriben desde cero lo que se sabía sobre el polvo tóxico del World Trade Center; la ciencia lleva años documentando sus efectos. Lo que añaden es detalle sobre la respuesta institucional, sobre las mediciones que circulaban por los despachos y sobre la enorme distancia que puede existir entre una frase tranquilizadora y una realidad ambiental confusa, cambiante y llena de partículas invisibles.

El dato del amianto encontrado meses después y hasta aproximadamente un kilómetro de Ground Zero concentra bien esa contradicción. Nueva York necesitaba volver a ponerse en pie, abrir calles, escuelas, oficinas y comercios. También necesitaba saber dónde terminaba realmente el peligro. En aquella urgencia, según muestran investigaciones posteriores y los documentos que empiezan a salir del archivo municipal, las certezas públicas corrieron más rápido que la evidencia.

Un cuarto de siglo más tarde, ya no queda aquella nube sobre Manhattan. Quedan personas enfermas, expedientes médicos, reclamaciones y documentos que reaparecen después de años en cajas y archivos. Y permanece una cuestión institucional difícil de enterrar bajo el polvo: hasta dónde conocían las autoridades el riesgo y si informaron a los ciudadanos con toda la cautela que exigían los datos.