¿Por qué Sudáfrica repatria a 86.000 migrantes en plena ola xenófoba?

Sudáfrica ha reconocido que 86.596 ciudadanos extranjeros fueron procesados para su deportación o repatriación entre el 14 de junio y el 20 de agosto de 2026, en plena crisis migratoria y después de meses de protestas, amenazas y ataques contra extranjeros, principalmente procedentes de otros países africanos. El dato oficial es enorme. Pero hay otro bastante mayor: los gobiernos de los países de origen contabilizan, sumados, casi 180.000 retornos desde Sudáfrica durante este año.

Las dos cifras no miden exactamente lo mismo ni abarcan idéntico periodo, y ahí está una parte esencial de la historia. Pretoria contabiliza las personas tramitadas dentro de operaciones coordinadas de inmigración y seguridad durante poco más de dos meses. Los países africanos de origen han ido registrando evacuaciones, repatriaciones y regresos a lo largo de una crisis más extensa, alimentada por la violencia xenófoba, la presión social contra la inmigración irregular y el miedo de miles de trabajadores extranjeros a permanecer en el país.

Sudáfrica eleva a 86.596 su cifra oficial de repatriados

La ministra sudafricana de Justicia y presidenta del Comité Interministerial sobre Migración, Mmamoloko Kubayi, presentó este 8 de septiembre las cifras acumuladas entre mediados de junio y el 20 de agosto. Los malauíes constituyen el grupo más numeroso, seguidos por ciudadanos de Zimbabue y Mozambique, tres países unidos a Sudáfrica por intensos movimientos laborales y familiares.

Según el Gobierno, alrededor del 90% de los extranjeros repatriados había entrado irregularmente en territorio sudafricano. Las autoridades sostienen, por tanto, que las operaciones no constituyen una expulsión indiscriminada de inmigrantes africanos, sino una actuación ligada en gran medida al control de la inmigración irregular.

Pretoria intenta mantener esa separación con cuidado: una cosa es aplicar la legislación migratoria; otra, permitir que grupos de particulares decidan quién puede vivir, trabajar, estudiar o entrar en un hospital. El matiz parece elemental en un Estado de derecho. En las calles, durante algunos momentos de esta crisis, resultó bastante menos evidente.

El Ejecutivo había realizado también más de 350.000 inspecciones en fábricas, supermercados, pequeños comercios y otros centros de trabajo. Entre abril y julio, más de 4.200 extranjeros indocumentados fueron interceptados cuando trataban de entrar en el país fuera de los pasos fronterizos oficiales.

Por qué aparecen casi 180.000 retornos en otros registros

El dato que más llama la atención llega al comparar la estadística sudafricana con las cifras facilitadas por los países receptores. Los retornos comunicados por estos gobiernos rozan conjuntamente los 180.000, más del doble de los 86.596 registrados por Pretoria durante el periodo concreto anunciado este martes.

Zimbabue ha notificado más de 115.000 retornos y Malaui, 56.723. A bastante distancia aparecen Mozambique, con 2.071; Ghana, con 1.964; Nigeria, con 1.490; Uganda, con 1.030; Kenia, con 472; Tanzania, con 173, y la República Democrática del Congo, con 121. Son magnitudes muy distintas, pero dibujan el mismo mapa: la crisis ha desbordado las fronteras sudafricanas.

No significa que Sudáfrica haya ocultado unas 90.000 expulsiones. La comparación exige algo más de cuidado. Pretoria y los países de origen utilizan periodos y categorías diferentes: deportaciones administrativas, repatriaciones asistidas, evacuaciones organizadas y retornos de ciudadanos que prefirieron marcharse ante el deterioro de la situación pueden acabar registrados de manera distinta.

Esa diferencia estadística, lejos de ser una minucia burocrática, muestra hasta qué punto la oleada migratoria se convirtió en un fenómeno regional. No todos los que se marcharon fueron detenidos ni expulsados. Hubo personas que simplemente hicieron una maleta —a veces ni eso— y volvieron a casa después de años viviendo en Sudáfrica.

De las protestas contra la inmigración a los ataques xenófobos

La crisis se agravó durante la primavera austral. En abril y mayo se sucedieron movilizaciones contra los inmigrantes irregulares en ciudades como Johannesburgo, Pretoria y Durban. Organizaciones de derechos humanos documentaron ataques de grupos de vigilantes contra ciudadanos africanos y asiáticos y denunciaron una respuesta insuficiente de las autoridades en algunos episodios.

Una parte de las protestas estuvo impulsada por movimientos que reclamaban una política migratoria mucho más dura. El problema comenzó cuando el control de fronteras dejó paso al señalamiento de personas por su nacionalidad o apariencia. Hubo saqueos, amenazas, agresiones y desplazamientos, y algunos episodios terminaron con muertos. El Gobierno sudafricano llegó a registrar decenas de casos penales relacionados con desórdenes públicos e incitación.

El discurso que acompaña estas movilizaciones resulta conocido: los extranjeros son responsabilizados del desempleo, la delincuencia o la saturación de los servicios públicos. Sudáfrica tiene problemas económicos y sociales muy reales, desde un paro extremadamente elevado hasta enormes desigualdades. Convertir al inmigrante en explicación universal es bastante más sencillo que resolverlos. Y también bastante más antiguo.

Algunas organizaciones antiinmigración llegaron incluso a impedir a extranjeros acceder a hospitales, clínicas o centros educativos. El propio Gobierno tuvo que recordar públicamente que bloquear esos servicios, intimidar a ciudadanos extranjeros o ejercer funciones policiales por cuenta propia es ilegal, independientemente de la situación administrativa de la persona afectada.

Una herida que Sudáfrica arrastra desde hace años

La xenofobia no apareció en 2026. Sudáfrica lleva cerca de dos décadas sufriendo estallidos periódicos contra inmigrantes de otros países africanos. Uno de los episodios más graves ocurrió en 2008, cuando murieron más de 60 personas durante una oleada de violencia que golpeó especialmente a comunidades mozambiqueñas, zimbabuenses y de otros países vecinos.

Hubo nuevos brotes después. En 2019 volvió a producirse una grave oleada de ataques y saqueos. La paradoja es amarga: el país cuya lucha contra el apartheid se convirtió en referencia internacional sigue tropezando con episodios en los que la procedencia nacional funciona como una frontera invisible.

No es apartheid, naturalmente, ni conviene convertir cualquier discriminación en una comparación histórica automática. Pero el eco resulta incómodo. La democracia sudafricana nació proclamando que la dignidad no depende del origen; cuando una persona debe demostrar en la puerta de una clínica que pertenece al país adecuado, esa promesa constitucional empieza a sonar bastante más frágil.

Musina y el coste humano de las repatriaciones

La magnitud de las repatriaciones obligó al Gobierno a crear el Centro Temporal de Tramitación de Repatriaciones de Musina, en la provincia de Limpopo, cerca de las fronteras con Zimbabue y Mozambique. Comenzó a operar el 1 de julio para concentrar verificaciones, transporte y asistencia a los extranjeros que abandonaban Sudáfrica.

El recinto tenía capacidad para unas 20.000 personas y durante el momento de mayor presión llegó a tramitar varios miles de retornos. Allí participaron organismos públicos, organizaciones humanitarias y agencias internacionales para atender necesidades sanitarias, documentales y sociales.

La actividad cayó después con rapidez. En agosto el número de repatriaciones gestionadas había descendido hasta apenas 58, según el Ejecutivo, y las operaciones del centro terminaron el 21 de agosto. Para Pretoria, esa caída marca una cierta normalización de la situación. Pero normalizar una frontera resulta más sencillo que reconstruir una tienda quemada o reunir a una familia separada.

Detrás de las estadísticas aparecen personas que llevaban cinco, diez o quince años trabajando en Sudáfrica. Algunos tenían comercios; otros vendían productos en mercados, trabajaban en seguros o enviaban parte de sus salarios a sus familias. Muchos volvieron a Kenia, Nigeria, Malaui, Zimbabue o Mozambique sin empleo y después de abandonar bienes acumulados durante años.

También hubo retornados que perdieron negocios, vehículos o pertenencias durante los disturbios. Y familias partidas: padres que regresaron mientras sus hijos permanecían en Sudáfrica, o menores nacidos allí que llegaron al país de sus progenitores con dificultades documentales para incorporarse al colegio. La repatriación administrativa termina al cruzar una frontera; la vida, por desgracia, no.

Nigeria ha evacuado a alrededor de 1.500 ciudadanos durante este episodio. Entre los kenianos retornados se han creado incluso asociaciones para resolver problemas de documentación, escolarización, reconocimiento profesional o ayuda psicológica. Son las pequeñas facturas que no aparecen en la gran cifra de los 180.000 retornos.

La inmigración irregular y la xenofobia no son lo mismo

Sudáfrica tiene derecho a controlar sus fronteras, verificar permisos de residencia y deportar a quienes se encuentren irregularmente en el país conforme a la ley. El Gobierno insiste precisamente en ese argumento y ha reforzado controles fronterizos, inspecciones laborales y operaciones contra las entradas clandestinas.

A la vez, ha tenido que repetir algo que debería resultar bastante obvio: la condición de inmigrante irregular no convierte a nadie en objetivo legítimo de violencia. La legislación migratoria pertenece al Estado, no a una patrulla improvisada de vecinos. La Constitución sudafricana protege a las personas frente a agresiones, intimidaciones y discriminación incluso cuando su documentación no está en regla.

Ahí está probablemente la parte más delicada de esta crisis. Mezclar la discusión razonable sobre inmigración, empleo o capacidad de los servicios públicos con la idea de que cualquier africano extranjero constituye una amenaza convierte un problema administrativo en otra cosa. El Gobierno puede deportar conforme a la ley; una multitud no puede expulsar a alguien de su barrio porque su acento suene distinto.

Una crisis migratoria que Sudáfrica aún no ha resuelto

Los 86.596 repatriados contabilizados por Pretoria muestran la dimensión de la respuesta oficial. Los casi 180.000 retornos registrados por los países africanos de origen revelan algo más amplio: miles de personas abandonaron Sudáfrica durante una ola de tensión que mezcló inmigración irregular, miedo, operaciones policiales y violencia xenófoba.

La presión ha disminuido y el centro temporal de Musina ya está cerrado. Eso no significa que el problema haya desaparecido. Sudáfrica sigue necesitando controlar una migración regional compleja y, al mismo tiempo, impedir que la frustración económica encuentre siempre el mismo atajo: buscar un extranjero al que culpar.

Porque las fronteras pueden ordenar quién entra y quién sale. No explican por sí solas el paro, la pobreza, la desigualdad ni la delincuencia. Cuando se utilizan para eso, dejan de ser una línea en el mapa y empiezan a convertirse en una excusa.