¿Quién es dueño de Linux? La batalla legal llega a su desenlace final

Una de las guerras judiciales más persistentes de la historia del software está a un paso de quedarse sin munición. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ha rechazado el recurso con el que Xinuos pretendía reactivar su reclamación contra IBM por el uso de código relacionado con el antiguo Project Monterey, un proyecto de UNIX nacido a finales de los noventa y enterrado comercialmente hace décadas. La resolución, dictada el 10 de agosto de 2026, mantiene la derrota de Xinuos y considera que la reclamación llegó demasiado tarde.

Traducido al lenguaje de quienes no desayunan expedientes judiciales: la vieja batalla presentada durante años como el pleito sobre “quién es dueño de Linux” está prácticamente agotada. No significa que un tribunal haya entregado la propiedad de Linux a IBM, ni que haya declarado a Xinuos incapaz de poseer cualquier derecho sobre UNIX. Significa algo bastante más concreto y, jurídicamente, menos cinematográfico: esa reclamación vinculada al acuerdo de desarrollo de Monterey no puede resucitarse tantos años después. Todavía existe la posibilidad de pedir una revisión ante el pleno del tribunal de apelación, pero es una puerta muy estrecha.

El matiz importa. Linux no estaba sentado en el banquillo como una empresa o una finca cuya escritura tuviera que adjudicarse a alguien. Lo que se discutía era el origen y los derechos sobre determinado código desarrollado durante una alianza empresarial de otra época, cuando UNIX dominaba buena parte de la informática profesional y Linux todavía parecía, para algunos ejecutivos, aquel extraño juguete de universitarios que quizá se cansarían pronto. No ocurrió exactamente eso.

Una sentencia que deja a Xinuos casi sin recorrido

Xinuos había recurrido una decisión del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York favorable a IBM y Red Hat. La compañía sostenía que IBM había utilizado código de Project Monterey sobre el que únicamente disponía, según su interpretación, de una licencia no exclusiva, y que posteriormente lo había incorporado o aportado a otros productos, incluido Linux.

La decisión del Segundo Circuito contiene aquí un detalle especialmente interesante. El tribunal no abrazó por completo ninguna de las dos etiquetas con las que las partes intentaban empaquetar el conflicto. Xinuos lo presentaba como una cuestión de infracción de copyright; IBM y el tribunal inferior habían tendido a tratarlo como una disputa sobre propiedad. La sala de apelaciones consideró que, en esencia, el problema nacía del antiguo acuerdo de desarrollo conjunto de Project Monterey. Y, cualquiera que fuese el envoltorio, el tiempo para reclamar había pasado.

Es una diferencia menos vistosa que un veredicto proclamando al propietario de Linux, pero mucho más fiel a lo sucedido. La justicia estadounidense no ha firmado una escritura de propiedad de Linux. Ha dicho que este tren jurídico salió de la estación hace demasiado tiempo.

Xinuos ha manifestado su intención de solicitar una revisión en banc, es decir, que el asunto sea reconsiderado por el conjunto de jueces activos del circuito y no solamente por el panel que resolvió la apelación. Este mecanismo se reserva normalmente para cuestiones jurídicas excepcionales o conflictos relevantes dentro de la propia jurisprudencia del tribunal. Las posibilidades son reducidas: la concesión de este tipo de revisiones representa una fracción diminuta de los asuntos planteados ante el Segundo Circuito.

De Project Monterey a una guerra que duró una generación

Para entender cómo un proyecto de 1998 sigue produciendo resoluciones judiciales en 2026 hay que volver a una informática bastante distinta de la actual. IBM, Santa Cruz Operation —la SCO original—, Intel y Sequent participaron en Project Monterey, cuyo propósito era construir una versión de UNIX capaz de funcionar sobre distintas arquitecturas de procesador.

La idea tenía sentido. UNIX estaba fragmentado en distintas variantes y los grandes fabricantes buscaban plataformas capaces de viajar de una máquina a otra sin obligar a rehacer medio sistema. Mientras aquellas compañías negociaban acuerdos, licencias y arquitecturas, Linux crecía mediante otro método: miles de desarrolladores compartiendo código abierto a través de internet. Una vía bastante menos elegante para una sala de juntas y, a la postre, extraordinariamente eficaz.

IBM terminó apostando con fuerza por Linux y Project Monterey perdió buena parte de su razón comercial. Ahí nació la herida que después se convertiría en litigio: SCO sostuvo que IBM había llevado al ecosistema Linux código o conocimientos vinculados a UNIX sobre los que no tenía libertad suficiente para actuar. IBM rechazó esa interpretación.

SCO convirtió Linux en una amenaza jurídica

En 2003, The SCO Group demandó a IBM y abrió una etapa que durante años produjo titulares inquietantes para empresas y usuarios de software libre. SCO llegó a reclamar miles de millones de dólares y sostuvo que determinadas aportaciones de IBM a Linux vulneraban sus derechos relacionados con UNIX.

El conflicto trascendió pronto a las dos compañías. Si SCO lograba demostrar que partes esenciales del código utilizado por Linux procedían de propiedad intelectual incorporada indebidamente, el problema podía alcanzar a fabricantes, distribuidores, centros de datos y usuarios corporativos. En aquellos años Linux empezaba a convertirse en una pieza central de los servidores de internet. Lo que inicialmente parecía una pelea contractual escondía una caja registradora gigantesca.

Pero los años fueron erosionando las pretensiones de SCO. La compañía entró en bancarrota, sufrió importantes derrotas judiciales y el laberinto de derechos sobre UNIX se volvió todavía más espeso. En uno de los episodios fundamentales de aquella saga, los tribunales determinaron que Novell, y no SCO, conservaba determinados copyrights de UNIX y UnixWare que SCO afirmaba controlar. IBM acabaría alcanzando en 2021 un acuerdo de 14,25 millones de dólares con el administrador del patrimonio de la antigua SCO para resolver las reclamaciones pendientes de aquel litigio histórico.

El pleito terminó, pero apareció Xinuos

Aquí es donde la historia parecía acabada y decidió no acabarse. Xinuos había adquirido en 2011 activos del negocio UNIX de SCO y en 2021 presentó una nueva demanda contra IBM y Red Hat. Recuperó parte del viejo conflicto de Monterey, aunque con una arquitectura jurídica distinta, e incorporó también acusaciones relacionadas con competencia y con la adquisición de Red Hat por IBM.

El procedimiento fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York. La jueza Cathy Seibel concedió a IBM una sentencia sumaria respecto a la reclamación de copyright: concluyó que los derechos de litigación relevantes pertenecían al predecesor de Xinuos y habían quedado liberados mediante el anterior acuerdo con IBM. Las restantes reclamaciones de competencia fueron retiradas en 2025, dejando abierta precisamente la posibilidad de recurrir la parte de propiedad intelectual.

Ese recurso es el que acaba de naufragar ante el Segundo Circuito.

Entonces, ¿quién posee realmente Linux?

Aquí conviene desmontar una confusión alimentada por dos décadas de titulares. Linux no tiene un único propietario de todo su código. Las contribuciones mantienen sus copyrights originales y no se exige a los desarrolladores cederlos a una entidad central. El resultado es un proyecto con miles de titulares de derechos sobre distintas partes del código.

El kernel se distribuye fundamentalmente bajo la GNU General Public License versión 2, la GPLv2. Esa licencia permite utilizar, estudiar, modificar y redistribuir el software bajo determinadas condiciones, incluida la obligación de mantener las libertades correspondientes cuando se distribuyen trabajos derivados sujetos a ella. El modelo es precisamente lo contrario de una caja fuerte perteneciente a una única empresa: es una construcción colectiva cuyos derechos están repartidos entre multitud de colaboradores.

Hay una excepción que suele alimentar todavía más la confusión. La marca registrada “Linux” pertenece a Linus Torvalds y la Linux Foundation administra su programa de sublicencias. Una cosa es la marca comercial y otra, muy diferente, el copyright de los millones de líneas que forman el kernel. Torvalds no posee personalmente cada fragmento de código aportado durante más de tres décadas por desarrolladores y compañías de medio planeta.

Así que hablar del “dueño de Linux” produce una respuesta peculiar: depende de qué se esté llamando Linux. La marca tiene un propietario, el kernel tiene miles de titulares de copyright, el proyecto se desarrolla de forma abierta y el código se distribuye conforme a licencias de software libre.

Por qué este litigio importó mucho más hace 20 años

En 2003 la amenaza de SCO tenía otra temperatura. Linux todavía estaba conquistando el mercado empresarial y Microsoft dominaba ampliamente el escritorio mientras UNIX conservaba enorme peso en sistemas corporativos. Una sentencia que sembrara dudas sobre la legitimidad del código de Linux podía frenar despliegues, provocar reclamaciones de licencias o asustar a compañías que empezaban a confiar infraestructuras críticas al software libre.

Veintitrés años después, la realidad tecnológica es casi la inversa. Linux sostiene buena parte de internet, la nube, los superordenadores, sistemas integrados y centros de datos; Android utiliza el kernel Linux y gigantes tecnológicos que antaño miraban el código abierto con cierta sospecha participan activamente en su desarrollo.

La escala actual convierte las viejas reclamaciones en algo potencialmente enorme sobre el papel, pero también muestra hasta qué punto aquel escenario apocalíptico nunca llegó a materializarse. Linux no quedó jurídicamente paralizado. Continuó creciendo mientras el pleito envejecía entre cambios de empresas, bancarrotas, adquisiciones, recursos y acuerdos.

Hay incluso cierta ironía histórica. Project Monterey pretendía resolver mediante una gran alianza empresarial el problema de crear un UNIX capaz de funcionar sobre múltiples arquitecturas. Linux resolvió buena parte de ese desafío con una comunidad distribuida, un repositorio de código y una licencia abierta. El proyecto comercial murió; el supuesto competidor improvisado terminó en teléfonos, coches, routers, satélites y enormes centros de datos. Luego los abogados siguieron discutiendo durante dos décadas. Cada industria tiene sus tradiciones.

Qué cambia para IBM, Red Hat y el software libre

La resolución supone una victoria importante para IBM, porque dificulta enormemente que Xinuos pueda continuar con esta reclamación concreta. Para Red Hat, propiedad de IBM desde 2019, elimina otra capa de incertidumbre procedente de un litigio que combinó acusaciones de propiedad intelectual con antiguas pretensiones antimonopolio.

Para el ecosistema Linux el efecto práctico inmediato es limitado, precisamente porque el sistema operativo nunca dejó de desarrollarse ni distribuirse mientras los tribunales estudiaban el asunto. No habrá una actualización del kernel para celebrar la sentencia, ni los servidores necesitan reiniciarse. Lo relevante es jurídico: se aleja aún más la posibilidad de que una reclamación heredada de los años noventa consiga cuestionar décadas después determinados derechos sobre código relacionado con Monterey.

Tampoco debe interpretarse el fallo como una inmunidad universal para el código abierto. Todo proyecto de software sigue dependiendo de que quienes aportan código tengan derecho a hacerlo y respeten las licencias correspondientes. Linux posee mecanismos destinados precisamente a documentar el origen de las contribuciones, entre ellos el sistema de sign-off, con el que los desarrolladores certifican que están autorizados a remitir su código. La batalla SCO dejó cicatrices; algunas terminaron convertidas en hábitos de higiene jurídica.

Linux sale del juzgado con una vieja sombra menos

Xinuos todavía conserva una última rendija procesal y puede solicitar que el Segundo Circuito reexamine la decisión. Mientras esa posibilidad exista, sería prematuro escribir que el litigio está formalmente enterrado. Pero el escenario ha cambiado de manera contundente: la apelación principal ha sido rechazada, la reclamación se considera fuera de plazo y el recorrido restante es excepcional.

La famosa guerra por la “propiedad de Linux” termina así de una manera menos espectacular de lo que prometían los titulares de principios de siglo. No aparece un propietario secreto, nadie recibe las llaves del kernel y tampoco hay un tribunal repartiendo royalties por cada servidor del planeta. Queda algo bastante más prosaico: un acuerdo empresarial de 1998, una reclamación demasiado tardía y un ecosistema que siguió creciendo mientras el expediente acumulaba polvo.

Quizá sea el desenlace apropiado. Durante más de veinte años el pleito quiso decidir el pasado de Linux mientras Linux se dedicaba a construir el futuro.