¿Por qué hasta el 80% de estudiantes de EEUU no devuelve su préstamo?

Cientos de centros educativos de Estados Unidos arrastran un problema difícil de disimular detrás de matrículas, diplomas y promesas de empleo: una parte enorme de sus antiguos alumnos no está devolviendo los préstamos federales que pidió para estudiar. En 500 universidades, escuelas profesionales y centros de formación, al menos el 40% de los prestatarios recientes acumula más de 90 días de retraso en sus pagos. En algunos casos extremos, la proporción ronda el 80%.

Los datos proceden del Departamento de Educación de Estados Unidos y abarcan aproximadamente 17 millones de personas que comenzaron a devolver por primera vez sus préstamos entre enero de 2020 y mayo de 2025. El retrato, actualizado con la situación de esos créditos en mayo de 2026, resulta especialmente duro para una parte del sector privado con ánimo de lucro: de los 500 centros que superan el 40% de impago, 424 pertenecen a esa categoría.

La factura tiene más de una cara. El estudiante conserva la deuda y puede sufrir las consecuencias de la morosidad o del impago formal; el Gobierno federal, mientras tanto, soporta el riesgo de haber prestado el dinero. Y la institución educativa, salvo sanción posterior, ya ha cobrado la matrícula. Ahí aparece la paradoja: el alumno se queda con la deuda, el Estado con el riesgo y el centro con los ingresos.

500 centros superan una tasa de impago del 40%

La cifra que más llama la atención es ese medio millar de instituciones donde cuatro de cada 10 prestatarios recientes han dejado de estar al corriente. Pero el problema es bastante más amplio. Federal Student Aid, la agencia que administra las ayudas y préstamos educativos federales, informó en junio de que aproximadamente 2.000 instituciones presentaban tasas de falta de pago iguales o superiores al 25%.

La distribución tampoco es uniforme. De las 500 instituciones situadas por encima del 40%, solo 15 son públicas. La enorme mayoría, 424 centros, son privados con ánimo de lucro, mientras que el resto corresponde fundamentalmente a instituciones privadas sin ánimo de lucro.

Las diferencias medias entre modelos educativos son reveladoras. Los centros con ánimo de lucro registran una tasa de falta de pago cercana al 33%, aproximadamente el doble de la observada en universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, que se mueven alrededor del 15%-16%.

Eso no significa que cualquier universidad privada sea problemática, ni que el tipo de propiedad explique por sí solo cada impago. El alumnado, sus ingresos, las tasas de abandono, la duración de los programas y las posibilidades laborales posteriores importan mucho. Pero cuando una diferencia se repite en centenares de centros deja de parecer una casualidad estadística.

Ese 80% no significa exactamente que la deuda haya desaparecido

Conviene detenerse aquí porque una palabra mal utilizada cambia bastante la historia. La estadística federal analizada no mide únicamente préstamos que hayan entrado formalmente en default, es decir, en situación de impago definitivo según las reglas administrativas estadounidenses. Mide la denominada nonpayment rate, la proporción de prestatarios cuyos créditos federales llevan más de 90 días de retraso.

Un préstamo federal normalmente necesita un periodo de morosidad bastante mayor para considerarse formalmente en default. Por eso decir que el 80% de los alumnos ha dejado definitivamente de pagar simplifica demasiado el dato. Algunos están atrasados; otros ya han entrado en impago. Todos, eso sí, presentan una señal financiera seria.

La distinción importa también para el contribuyente. Una deuda federal impagada no se esfuma con un chasquido ni se convierte inmediatamente en una transferencia equivalente desde el bolsillo del ciudadano. El Gobierno conserva el derecho de cobro, y el sistema estadounidense contempla mecanismos que pueden alcanzar devoluciones fiscales, determinadas prestaciones o salarios cuando una deuda entra formalmente en impago.

El problema para las cuentas públicas es otro: cuando una proporción extraordinariamente alta de prestatarios no devuelve regularmente el dinero, aumenta el coste y el riesgo de una cartera financiada por el Estado. Es decir, el contribuyente respalda un sistema en el que algunas instituciones reciben fondos federales de forma inmediata aunque una parte considerable de sus estudiantes termine sin capacidad —o sin disposición— para mantener los pagos.

Los centros con ánimo de lucro concentran los peores registros

Hay ejemplos difíciles de pasar por alto. Legends Barber College, una pequeña escuela de barbería de Texas, aparece con alrededor de 100 prestatarios recientes y una tasa de falta de pago del 81%. El centro ha asegurado que está revisando los datos y sus mecanismos de ayuda a los antiguos alumnos.

En Tulsa Welding School, que prepara trabajadores para oficios industriales, casi 20.000 antiguos estudiantes aparecen en la muestra federal y más de la mitad no estaba pagando normalmente sus préstamos. Miller-Motte College, con programas profesionales en varios estados, contaba con alrededor de 37.000 prestatarios y una situación parecida: aproximadamente la mitad no mantenía los pagos al corriente.

UEI College ofrece otro ejemplo de mayor tamaño. La cadena, con 22 campus principalmente en California y programas cortos para formar asistentes médicos, auxiliares dentales o técnicos de climatización, aparece con casi 32.000 prestatarios recientes. Su tasa de falta de pago ronda el 55%, lo que significa que más de 17.000 estaban atrasados o habían entrado ya en impago.

Barbería, soldadura y cursos cortos bajo la lupa

La presencia de escuelas de cosmetología, barbería y formación profesional de corta duración no es anecdótica. Muchos de estos programas atraen a personas de ingresos modestos con una oferta sencilla: estudiar durante unos meses, aprender un oficio y acceder rápidamente a un salario mejor.

El problema surge cuando el precio de esa formación corre mucho más deprisa que los ingresos posteriores. Un certificado que cuesta decenas de miles de dólares puede convertirse en una losa si el trabajo obtenido después paga poco, si el alumno abandona antes de graduarse o si el título no proporciona la mejora profesional esperada.

Ese es el terreno donde deuda y expectativas chocan. No hace falta que un curso sea inútil para que la ecuación falle: basta con que el coste sea demasiado alto respecto al salario que permite conseguir. El diploma puede estar perfectamente enmarcado; el recibo del préstamo, menos decorativo, sigue llegando.

Cuando la ayuda federal sostiene buena parte del negocio

El asunto se vuelve especialmente delicado al observar de dónde procede el dinero con el que funcionan algunos de estos centros. Entre las 424 instituciones privadas con ánimo de lucro que aparecen en el grupo con más impagos, una gran mayoría obtiene más de la mitad de sus ingresos de fondos federales vinculados a estudiantes.

En UEI College, por ejemplo, las ayudas federales representan aproximadamente entre el 79% y el 85% de los ingresos, según los datos analizados. En Miller-Motte College se acercan al 86%. El sistema American InterContinental University ha llegado al 89%, rozando el límite regulatorio que restringe una dependencia excesiva de fondos federales.

El mecanismo es sencillo. El estudiante solicita una beca o un préstamo respaldado por el Gobierno, el dinero sirve para pagar al centro y la institución recibe esos ingresos. Si años después el prestatario deja de pagar, el centro no devuelve automáticamente la matrícula. El problema financiero queda entre el antiguo alumno y el Gobierno.

Florida Career College mostró hasta qué punto algunos modelos dependen de esa corriente de dinero. El Departamento de Educación le retiró en 2023 el acceso a ayudas federales tras detectar infracciones relacionadas con la admisión de estudiantes que no tenían título de secundaria. El centro terminó cerrando. Entre sus aproximadamente 28.000 prestatarios recientes, cerca de dos tercios aparecen ahora sin devolver regularmente sus préstamos.

Los centros apuntan también a la pandemia y al caos de los pagos

Las instituciones afectadas ofrecen otra explicación, y tiene fundamento parcial. Durante la pandemia, Estados Unidos suspendió durante años la obligación de pagar muchos préstamos estudiantiles federales. A ello se sumaron cambios administrativos, litigios sobre planes de devolución y debates públicos sobre posibles condonaciones.

Representantes de varios centros sostienen que algunos antiguos estudiantes perdieron el contacto con sus préstamos, dejaron de recibir o atender comunicaciones y llegaron a pensar que sus obligaciones habían desaparecido. UEI, por ejemplo, reconoce que su tasa es mayor de lo previsto y ha contratado empresas externas para intentar localizar y orientar a prestatarios atrasados.

También existe una diferencia social importante. Muchos centros profesionales con ánimo de lucro atienden a estudiantes con ingresos bajos, empleos inestables, problemas de transporte o responsabilidades familiares. Son alumnos con mayor riesgo de abandonar y, posteriormente, de tener dificultades para devolver una deuda.

Pero la pandemia no explica todo. Las tasas elevadas en este sector existían antes de la suspensión extraordinaria de pagos y continúan muy por encima de las registradas en universidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. La calidad del programa, su precio y el salario posterior vuelven así al centro del debate.

La factura cambia de bolsillo, pero la deuda continúa

Las actuales tasas de falta de pago no provocan automáticamente la expulsión de un centro del sistema federal de ayudas. Para las sanciones tradicionales importa la denominada cohort default rate, que mide específicamente los préstamos que llegan al estado formal de impago.

Las reglas federales establecen consecuencias relevantes. Una tasa oficial de default superior al 40% durante un año puede hacer que una institución pierda el acceso al programa federal de préstamos directos. Si alcanza al menos el 30% durante tres años consecutivos, puede perder también el acceso a otras ayudas, incluidas las becas Pell. Durante la pandemia, sin embargo, la suspensión extraordinaria de pagos distorsionó este indicador y redujo durante años su utilidad como termómetro.

Estados Unidos ha añadido además otro mecanismo de control que mira los ingresos obtenidos por los graduados. La idea es comprobar si determinados programas educativos dejan a quienes los completan económicamente mejor que trabajadores comparables que no cursaron estudios universitarios. Las primeras mediciones de ingresos están previstas a partir de 2027 y algunos programas podrían afrontar consecuencias sobre las ayudas federales desde el curso 2028-2029.

Ese nuevo filtro tampoco resuelve por sí solo el problema. Un curso puede superar un umbral mínimo de ingresos y, al mismo tiempo, dejar al estudiante cargado con una deuda difícil de asumir. Salario y deuda cuentan historias relacionadas, pero no idénticas.

Los últimos datos federales dejan, al menos, una imagen bastante nítida: en centenares de centros estadounidenses el dinero público entra con mucha más facilidad de la que vuelve. No todos los retrasos terminarán convertidos en impagos definitivos y tampoco todos pueden atribuirse a una mala formación. Pero cuando cuatro, cinco o incluso ocho de cada 10 prestatarios de una institución dejan de pagar con normalidad, ya no estamos ante un puñado de alumnos despistados.

Estamos ante una cuestión bastante más incómoda sobre el modelo: cuánto debe costar una formación, qué rendimiento laboral razonable debería proporcionar y por qué el Estado continúa financiando programas cuando sus propios datos muestran que una parte extraordinariamente alta de quienes los cursaron no consigue mantener al día la deuda que necesitó para pagarlos. El campus cobra primero. El riesgo llega después.