¿Por qué Netanyahu quiere quitar ciudadanía a los autores de «NAZA»?

Benjamin Netanyahu ha elevado la ofensiva política contra los directores israelíes de «NAZA», Yuval Abraham y Rachel Szor. El primer ministro anunció el 16 de septiembre que impulsará una ley para poder retirar la ciudadanía israelí a quienes, según su formulación, difamen a soldados del país en el extranjero. También pretende endurecer de manera drástica las indemnizaciones por difamación. Los cineastas aparecen expresamente entre los casos citados por Netanyahu al defender la iniciativa.

Hay, sin embargo, una diferencia esencial entre el anuncio político y la situación jurídica real: Abraham y Szor no han perdido su ciudadanía. Netanyahu ha prometido promover dos proyectos legislativos, pero esas medidas todavía no son ley. La polémica estalló después de que «NAZA», un documental sobre la actuación militar israelí en Gaza, recibiera el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Netanyahu pasa de las críticas a una reforma de la ley

La reacción del Gobierno israelí comenzó antes del anuncio de Netanyahu. El ministro de Cultura, Miki Zohar, acusó a los cineastas de traición contra el Estado y pidió a las autoridades que estudiaran la posibilidad de retirarles la nacionalidad por una supuesta vulneración del deber de lealtad. Zohar solicitó también que se examinara cómo habían obtenido los directores el material utilizado para elaborar la película.

Dos proyectos de ley y «NAZA» como ejemplo

Netanyahu dio después un paso más. En un vídeo difundido públicamente planteó dos modificaciones legales: una permitiría retirar la ciudadanía a quienes difamen a miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel; la otra multiplicaría por veinte las cantidades reclamables en determinadas demandas por difamación. Al justificar los cambios mencionó directamente «NAZA» y a sus directores, junto a otros episodios que considera perjudiciales para la imagen de los militares israelíes.

Su argumento es que presentar a soldados y oficiales israelíes como autores de crímenes de guerra causa un daño intolerable al país y a sus fuerzas armadas. En una intervención anterior había calificado el documental de parte de una campaña de incitación antisemita internacional. El Ejército israelí también ha rechazado las principales acusaciones de la película y cuestiona unas declaraciones sustentadas en fuentes anónimas.

No es un detalle menor: la propuesta de Netanyahu todavía debe transformarse en un texto legislativo concreto, superar su tramitación parlamentaria y, previsiblemente, enfrentarse a un considerable escrutinio judicial. Entre anunciar que alguien debería perder el pasaporte y conseguir que jurídicamente ocurra hay bastante más recorrido que una declaración política.

Qué cuenta «NAZA» para provocar semejante tormenta

«NAZA» dura unos 80 minutos y está dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, dos cineastas israelíes que ya participaron en «No Other Land», ganador del Óscar al mejor documental en 2025 junto con Basel Adra y Hamdan Ballal. El nuevo trabajo se apoya en entrevistas realizadas durante varios años a 24 integrantes o antiguos integrantes de unidades militares y de inteligencia israelíes, todos ellos protegidos mediante el anonimato.

El título procede de un término utilizado para expresar el número estimado de víctimas civiles que podría causar un ataque. La película analiza sistemas de selección de objetivos en Gaza, incluidos procedimientos asistidos por inteligencia artificial, y sostiene que determinadas operaciones militares fueron autorizadas aun con previsiones elevadas de muertes civiles. Los responsables israelíes rechazan esa interpretación.

Ahí está el corazón del choque. Los directores presentan los testimonios como una radiografía del funcionamiento interno del sistema de selección de objetivos militares; las Fuerzas de Defensa de Israel cuestionan tanto algunas conclusiones como la imposibilidad de verificar públicamente la identidad de los entrevistados. Las acusaciones de «NAZA» son, por tanto, alegaciones del documental, no hechos aceptados por todas las partes. Netanyahu y los mandos militares las niegan.

La producción corre a cargo de The Guardian junto al productor James Wilson y cuenta con Jonathan Glazer entre sus productores ejecutivos. El periódico británico ha participado también en investigaciones previas sobre varios de los asuntos que aparecen en pantalla y ha defendido públicamente a los cineastas frente a las acusaciones lanzadas desde sectores del Gobierno israelí.

Venecia convirtió «NAZA» en un asunto político nacional

El documental llegó al 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia con una carga política considerable, pero el premio multiplicó su impacto. El jurado oficial le concedió el Premio Especial del Jurado el 12 de septiembre. En su estreno había recibido una ovación de aproximadamente 25 minutos, una duración excepcional incluso para los generosos rituales de aplausos de los grandes festivales.

El galardón trasladó inmediatamente el debate de las salas de cine a la política israelí. Zohar habló de traición; otros responsables políticos cargaron también contra los autores; Netanyahu terminó convirtiendo el caso en argumento para modificar la legislación. Todo ello mientras la película todavía no había tenido una distribución amplia en Israel, por lo que buena parte de la controversia se desarrolló antes de que la mayoría del público israelí pudiera verla.

Los propios Abraham y Szor sostienen que precisamente quieren que el documental pueda verse dentro del país. Abraham defendió en Venecia que la sociedad israelí debía enfrentarse a los testimonios reunidos en la cinta. La discusión, sin embargo, ha dejado de girar únicamente alrededor de lo que aparece en pantalla. Ciudadanía, lealtad al Estado, libertad de expresión y límites de la crítica al Ejército se han mezclado en un solo paquete. Bastante inflamable.

¿Puede Israel retirar ahora la ciudadanía a los directores?

La legislación israelí ya contempla la pérdida de ciudadanía en circunstancias excepcionales, pero el marco vigente es mucho más estrecho que la propuesta anunciada por Netanyahu. En 2022, el Tribunal Supremo israelí avaló la posibilidad de revocarla por actos considerados una grave ruptura de lealtad al Estado, entre ellos atentados terroristas, traición o determinadas conductas especialmente graves contra el propio Estado.

El procedimiento tampoco depende simplemente de que un ministro lo anuncie. Bajo la legislación vigente, el ministro del Interior debe promover la solicitud, se requiere intervención gubernamental y la decisión necesita validación judicial. La retirada de la ciudadanía está, por tanto, sometida a condiciones y controles que van bastante más allá de una decisión inmediata del Ejecutivo.

Por eso el anuncio de Netanyahu es relevante: busca llevar al terreno de la pérdida de nacionalidad conductas vinculadas con la difamación de soldados israelíes en el extranjero, algo distinto de los supuestos extremos que hasta ahora han centrado este tipo de procedimientos. Una reforma semejante podría acabar sometida al examen de los tribunales.

El presidente israelí, Isaac Herzog, expresó públicamente sus dudas sobre la posibilidad de retirar la ciudadanía a los autores de «NAZA», aunque también criticó la película. Es otra muestra de que la reacción institucional no es monolítica.

En otras palabras: existe la amenaza política y existe una propuesta de cambio legal; no existe una decisión firme que haya convertido a Abraham y Szor en personas sin ciudadanía israelí.

De la batalla cultural a las amenazas contra los cineastas

El enfrentamiento ha adquirido mientras tanto una dimensión bastante más incómoda. Decenas de manifestantes se concentraron frente a la casa de los padres de Rachel Szor en Savyon y algunos corearon consignas que pedían castigos extremos para quienes consideraban «traidores». También se difundieron mensajes dirigidos contra los cineastas y sus familias, mientras la polémica se desplazaba cada vez más lejos del contenido estrictamente cinematográfico.

Organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa han denunciado la presión ejercida sobre los autores y han reclamado que las autoridades garanticen su seguridad. Esas organizaciones consideran que los planes legislativos suponen una escalada en la respuesta institucional al documental. Se trata de su valoración, no de una resolución judicial sobre la propuesta.

La reacción tampoco es uniforme dentro de Israel. Cineastas y organizaciones israelíes han respaldado públicamente a Abraham y Szor, mientras dirigentes gubernamentales y responsables militares sostienen que «NAZA» distorsiona la actuación de las fuerzas armadas. Incluso dentro de las instituciones aparecen diferencias sobre cómo responder al documental. La controversia, así, no puede reducirse limpiamente a un enfrentamiento entre Israel y sus críticos extranjeros: buena parte de la pelea está ocurriendo dentro de la propia sociedad israelí.

El debate ya va mucho más allá de «NAZA»

Lo ocurrido después de Venecia ha convertido una película de investigación en un debate sobre los límites del poder del Estado frente a sus propios ciudadanos. Netanyahu quiere que la difamación contra soldados israelíes en el extranjero pueda acarrear consecuencias que alcancen incluso a la nacionalidad, mientras sus detractores advierten de las implicaciones que una medida semejante podría tener para periodistas, artistas y denunciantes.

Lo inequívoco por ahora es el estado de los hechos: «NAZA» ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia; sus testimonios y conclusiones son rechazados por el Gobierno y el Ejército israelí; Miki Zohar pidió estudiar la retirada de ciudadanía de sus autores, y Netanyahu ha anunciado legislación para hacer posible una sanción de ese tipo en determinados casos de difamación contra militares.

La ciudadanía de Yuval Abraham y Rachel Szor sigue intacta. Entre la amenaza política y una retirada efectiva de nacionalidad quedan la redacción de las leyes, la votación parlamentaria y, previsiblemente, el examen de los tribunales. Ese matiz, en mitad del estruendo, es el que separa lo que Netanyahu propone de lo que jurídicamente ha ocurrido.