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¿Por qué Sumar usa una ley educativa para cambiar la ley de nietos?
Una enmienda de Sumar busca dar rango legal a la presunción de exilio y dejar sin efecto el freno cautelar del Supremo sobre el voto exterior.

Resumen
- Sumar quiere elevar a ley la presunción de exilio entre 1936 y 1955
- La enmienda viaja dentro de un proyecto sobre condiciones educativas
- El Supremo mantiene suspendidos determinados efectos electorales del CERA
Sumar ha registrado en el Congreso una enmienda destinada a convertir en una norma con rango legal una de las interpretaciones más discutidas de la llamada ley de nietos: la presunción de que fueron exiliados los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. El movimiento pretende dar cobertura legislativa al criterio aplicado desde 2022 y tratar de dejar sin efecto las consecuencias electorales de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo.
Hay, sin embargo, un detalle que ha colocado la iniciativa bajo otro foco. La modificación no se ha presentado mediante una nueva proposición dedicada específicamente a nacionalidad o memoria democrática, sino como enmienda a un proyecto de naturaleza educativa, centrado en las ratios de alumnos y la jornada lectiva del profesorado. De ahí nace una segunda controversia: no solo importa qué quiere cambiar Sumar, sino si esa reforma guarda suficiente conexión con la ley utilizada como vehículo parlamentario.
La enmienda que quiere convertir una instrucción en ley
La iniciativa procede de Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición. El diputado y portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago explicó que el objetivo es elevar a rango legal la interpretación que hasta ahora descansaba en una instrucción administrativa y que el Supremo ha situado en el centro del conflicto sobre el censo electoral exterior.
En concreto, la enmienda pretende modificar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática para reconocer como causas del exilio razones políticas, económicas, sociales, ideológicas, de creencia o relacionadas con la orientación e identidad sexual. El texto añade que se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Ahí está el corazón de la reforma. La ley vigente ya permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que sufrieron el exilio, pero la instrucción administrativa de 2022 desarrolló una presunción temporal que facilitó la aplicación de ese requisito. Sumar pretende que esa presunción deje de depender exclusivamente de una instrucción y quede escrita directamente en una ley aprobada por las Cortes.
El objetivo político declarado por Santiago es garantizar el derecho de voto de los nacionalizados afectados por las medidas cautelares y despejar las dudas jurídicas sobre el alcance de aquella instrucción. La intención está clara. Otra cuestión, bastante menos sencilla, es qué recorrido parlamentario y judicial tendrá la fórmula elegida.
Qué decía realmente la llamada ley de nietos
La expresión ley de nietos se ha asentado en el lenguaje político y mediático, pero no existe una ley oficialmente denominada así. La vía de nacionalidad procede de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Uno de sus supuestos permite optar a la nacionalidad a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por determinadas causas. La norma recoge también otros casos, entre ellos los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y determinados hijos mayores de edad de personas que habían recuperado previamente la nacionalidad.
La instrucción de 2022 está en el centro del conflicto
Pocos días después de aprobarse la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó la instrucción de 25 de octubre de 2022 sobre el derecho de opción a la nacionalidad. Ese desarrollo administrativo estableció los criterios prácticos que debían aplicar los registros consulares al tramitar las solicitudes.
Entre esos criterios apareció la presunción de exilio para determinadas personas que abandonaron España durante el periodo comprendido entre 1936 y 1955. Esa interpretación ha terminado convertida, cuatro años después, en uno de los puntos centrales del litigio: los recurrentes cuestionan que una instrucción administrativa pudiera ampliar de ese modo la aplicación de una ley que vinculaba uno de sus supuestos de nacionalidad a la existencia de exilio.
Conviene separar aquí asuntos que en el debate político han acabado mezclados. El Tribunal Supremo no ha anulado de forma general las nacionalidades concedidas mediante esta vía. Sus medidas cautelares se proyectan sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, mientras se resuelve el fondo de los recursos.
Por qué se utiliza precisamente una ley educativa
El proyecto elegido como vehículo legislativo tiene un objeto original muy diferente. La reforma educativa pretende, entre otras medidas, reducir las ratios máximas hasta 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en ESO, además de fijar con carácter general un máximo de 23 horas lectivas semanales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 horas para el resto de enseñanzas.
Es esa distancia material la que ha disparado la discusión sobre las llamadas enmiendas intrusas: modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria que incorporan cuestiones alejadas del objeto inicial de una ley. El término es gráfico. Una cosa es modificar una habitación mientras se reforma una casa; otra, aprovechar el andamio para levantar una estancia que no figuraba en los planos.
Eso no significa que la enmienda de Sumar pueda calificarse automáticamente como inconstitucional. La cuestión es bastante más precisa. Hay que determinar si existe una conexión material suficiente entre la iniciativa original y el contenido añadido, y esa valoración corresponde en primera instancia a los órganos parlamentarios competentes. Si posteriormente existe una impugnación, la discusión podría llegar al Tribunal Constitucional.
La doctrina constitucional exige una conexión mínima
El Tribunal Constitucional ha reiterado que las enmiendas al articulado deben conservar una conexión mínima de homogeneidad con el proyecto o proposición que pretenden modificar. La razón es sencilla: una enmienda sirve para alterar una iniciativa legislativa existente, no para introducir sin límites una realidad normativa completamente distinta.
La doctrina tampoco exige una identidad absoluta. Los órganos de las Cámaras disponen de un amplio margen de apreciación y el Constitucional ha admitido conexiones relativamente flexibles. Solo cuando la desconexión resulte evidente y manifiesta aparece con toda su fuerza el problema de que el derecho de enmienda se transforme, de hecho, en una nueva iniciativa legislativa.
Ahí se encuentra el flanco jurídico de la operación. El proyecto utilizado regula fundamentalmente condiciones docentes y ratios escolares; la enmienda afecta a la Ley de Memoria Democrática, a la adquisición de la nacionalidad y, por sus consecuencias, al censo electoral exterior. Existe una diferencia material evidente entre ambos asuntos. Decidir si esa diferencia rebasa el límite constitucional exige algo más que un titular.
El voto está suspendido en determinados casos, la nacionalidad no
El Tribunal Supremo acordó cautelarmente dejar en suspenso determinados efectos electorales derivados de las altas en el CERA vinculadas a esta vía de nacionalidad. La excepción afecta a quienes puedan acreditar mediante los registros consulares que descienden de españoles que sufrieron el exilio conforme a los requisitos de la ley, sin apoyarse exclusivamente en la presunción recogida en la instrucción.
Eso permite entender una diferencia decisiva: una persona puede conservar su condición de ciudadano español y encontrarse afectada, al mismo tiempo, por una controversia sobre sus efectos electorales mientras los tribunales resuelven el litigio. El procedimiento abierto no supone una retirada general de nacionalidades, pasaportes o documentos de identidad.
Las interpretaciones políticas, como era previsible, chocan de frente. Sumar y el PSOE han defendido el derecho de sufragio de los nacionalizados afectados y han criticado las medidas cautelares. Vox e Iustitia Europa, promotores de los recursos que dieron lugar a la decisión del Supremo, cuestionan la aplicación de la instrucción y sus consecuencias sobre el censo. El Partido Popular también ha criticado la actuación del Gobierno. Son posiciones políticas distintas; la legalidad de la medida administrativa y el alcance definitivo de las cautelares dependen de las resoluciones judiciales.
Un conflicto que cambia de terreno
La enmienda de Sumar altera el tablero porque intenta desplazar el centro del debate. Hasta ahora, la cuestión principal era si una instrucción administrativa de 2022 podía interpretar con tal amplitud la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Si la presunción de exilio pasa a figurar expresamente en una ley, esa discusión deja de plantearse exactamente en los mismos términos.
Eso no significa que el conflicto desaparezca. Primero queda la controversia sobre la propia tramitación parlamentaria de una reforma de memoria democrática introducida en un proyecto educativo. Después estarán la aprobación definitiva del texto, en su caso, y las posibles impugnaciones. Y, mientras tanto, el Supremo debe resolver el fondo de los procedimientos que originaron las medidas cautelares.
La fotografía del 18 de septiembre de 2026 es, por tanto, más compleja que el ruido político de estos días. Sumar ha registrado una enmienda para dar rango legal a la presunción de exilio entre 1936 y 1955; el Supremo mantiene medidas cautelares relacionadas con determinados efectos electorales en el CERA; la nacionalidad de los afectados no ha sido anulada de forma general y la utilización de una ley educativa abre, a su vez, una discusión sobre los límites constitucionales del derecho de enmienda.












