¿Por qué Feijóo quiere bajar ahora el sueldo en las bajas laborales?

Alberto Núñez Feijóo ha metido las bajas laborales en el centro de la discusión política con una idea que suena sencilla, pero no lo es: revisar los complementos que permiten a algunos trabajadores cobrar prácticamente lo mismo cuando están de baja que cuando acuden a su puesto. El líder del Partido Popular sostiene que el absentismo laboral se ha convertido en un coste difícil de asumir para empresas y administraciones, y ha llegado a definirlo como un “cáncer” económico. Palabra gruesa. Demasiado gruesa para un asunto donde también hay enfermedades reales, nóminas reales y familias que no viven precisamente sobre colchones de plumas.

La propuesta, en esencia, plantea que los trabajadores de baja médica cobren menos allí donde los convenios completan la prestación hasta acercarla al salario habitual. Feijóo lo presenta como una medida contra los abusos y contra un gasto que considera desbordado. Gobierno y sindicatos lo leen de otra manera: como una ofensiva contra el derecho a enfermar sin sufrir un castigo económico añadido. Y ahí empieza el incendio, porque no se está hablando solo de contabilidad laboral, sino de una pregunta más incómoda: quién paga cuando un trabajador cae enfermo y cuánto dolor económico debe soportar además del físico.

Feijóo convierte el absentismo en una batalla política

El presidente del PP ha situado el aumento de la incapacidad temporal como uno de los grandes problemas del mercado laboral español. Su argumento descansa en una idea reconocible para muchas empresas: cada baja implica reorganizar turnos, cubrir ausencias, asumir costes y, en algunos sectores, trabajar con menos manos de las necesarias. España, dice Feijóo, no puede pagar un volumen tan alto de personas fuera del puesto de trabajo durante tantos días.

El diagnóstico tiene una parte real. Las bajas laborales han crecido en los últimos años y preocupan a patronales, mutuas, Seguridad Social y servicios públicos. No es un fenómeno menor ni una espuma estadística. Hay más gasto, más presión sobre las empresas y más tensión en plantillas que ya funcionan al límite. Pero una cosa es señalar el problema y otra muy distinta es convertir cada baja en una sospecha con bata blanca. El país tiene absentismo fraudulento, sí. También tiene listas de espera, salud mental deteriorada, población activa envejecida, lesiones crónicas, trabajos físicos duros y consultas médicas saturadas. Todo eso cabe en la misma palabra, aunque la palabra no lo explique todo.

Qué significa cobrar menos durante una baja

La legislación ya establece que una baja por enfermedad común no se cobre necesariamente al cien por cien desde el primer día. Sin mejora por convenio, los tres primeros días no se percibe prestación; desde el cuarto hasta el vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora, y desde el día 21, el 75%. Esa es la base. Después llegan los convenios colectivos, que en muchos sectores han pactado complementos salariales para evitar que una enfermedad se traduzca en una caída brusca de ingresos.

Ahí es donde apunta Feijóo. No tanto a la prestación básica, sino a los acuerdos que completan el salario durante la incapacidad temporal. Traducido al lenguaje de casa: un trabajador que enferma podría ver reducida su nómina si se limitan esos complementos. Para el PP, eso ayudaría a frenar abusos y aliviar costes. Para sus críticos, significa tocar una protección construida durante años mediante negociación colectiva. Un terreno sensible, porque los convenios no son regalos caídos del cielo; son pactos laborales, a veces logrados después de conflictos largos y mesas ásperas.

El punto delicado de los convenios colectivos

Los convenios funcionan como una especie de arquitectura invisible del trabajo. Ordenan salarios, horarios, descansos, pluses y también mejoras durante las bajas. Cuando una empresa o un sector pacta completar el salario de un trabajador enfermo, está aceptando que la enfermedad no debe convertirse en una ruina parcial. No por romanticismo. Por equilibrio social, por paz laboral y, muchas veces, por simple sentido común.

Tocar esos complementos de baja equivale a entrar en una habitación llena de cables. Puede hacerse, claro. Pero no basta con decir que hay abuso y bajar el interruptor. Habría que distinguir entre bajas cortas y largas, enfermedad común y accidente laboral, patologías graves y molestias leves, fraude probado y enfermedad acreditada. La política, cuando se pone fina, sirve para eso. Cuando se pone basta, corta por donde más sangra.

Gobierno y sindicatos ven un recorte de derechos

La reacción del Gobierno ha sido frontal. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han reprochado a Feijóo que convierta las bajas laborales en un problema de supuesta picaresca general y han defendido que la enfermedad no puede castigarse con menos salario. Los sindicatos también han cargado contra el PP, con un argumento fácil de entender: si hay fraude, se persigue; si hay bajas médicas legítimas, se protegen. Mezclarlo todo en una misma olla puede dar un titular fuerte, pero no una política justa.

La crítica sindical insiste en que las ausencias injustificadas ya pueden sancionarse y que las bajas médicas están sujetas a control. No las firma el trabajador en una servilleta. Las prescribe un médico. Intervienen servicios públicos, mutuas en determinados supuestos y mecanismos de revisión. ¿El sistema tiene agujeros? Claro. ¿Se puede mejorar? También. Pero rebajar la protección general porque existe fraude sería como bajar todas las persianas de una calle porque alguien robó en una tienda.

La palabra “cáncer” y el ruido que deja

El término elegido por Feijóo ha pesado casi tanto como su propuesta. Llamar “cáncer” al absentismo laboral busca impacto, pero arrastra una torpeza evidente cuando se habla de bajas médicas. En esas estadísticas hay personas con cáncer de verdad, trabajadores en quimioterapia, pacientes operados, gente con dolor, ansiedad o enfermedades que no se ven en la cara ni en una foto de campaña.

La política española abusa de las metáforas clínicas. Todo es cáncer, gangrena, virus, vacuna, cirugía. Suena contundente, sí, pero a veces deshumaniza. Y este debate necesita justo lo contrario: separar el abuso de la enfermedad, el coste de la protección, la estadística del cuerpo. Porque detrás de cada parte de baja hay una historia distinta. Algunas serán fraudulentas. Muchas no.

El problema real: más bajas, más coste y un sistema lento

España tiene un problema con el aumento de la incapacidad temporal. Sería cómodo negarlo, pero sería falso. Las empresas sufren las ausencias prolongadas, los equipos se cargan de trabajo, la Seguridad Social asume un gasto elevado y el sistema sanitario no siempre ayuda a resolver rápido lo que debería resolverse rápido. Una baja que podría durar dos semanas se convierte en dos meses si la prueba médica llega tarde. Una rehabilitación aplazada alarga una lesión. Una consulta de salud mental que no llega convierte el malestar en agujero.

El debate serio debería mirar también ahí. No solo al trabajador que falta, sino al sistema sanitario que tarda, al médico de atención primaria que atiende con agenda imposible, a la mutua que presiona, a la empresa que no adapta puestos, al jefe que mira mal una baja y al empleado que sabe que su nómina puede caer en cuanto el cuerpo diga basta. La productividad no se arregla únicamente recortando prestaciones. A veces se arregla curando antes, gestionando mejor y dejando de tratar la enfermedad como una sospecha administrativa.

Fraude, picaresca y castigo colectivo

El fraude en las bajas existe y debe combatirse. Sin ingenuidad. Hay abusos, bajas utilizadas como comodín, simulaciones y comportamientos que dañan al conjunto del sistema. Quien defrauda perjudica al empresario, a la Seguridad Social y también al trabajador que sí está enfermo, porque alimenta la sospecha sobre todos. Esa parte del discurso de Feijóo conecta con una preocupación real y no conviene despacharla con superioridad moral.

Pero combatir el fraude no exige castigar al conjunto. Ahí está la frontera. Se pueden reforzar controles, mejorar coordinación entre servicios médicos, acelerar diagnósticos, revisar bajas injustificadas y actuar contra la picaresca sin convertir la baja por enfermedad en una pérdida salarial automática. Una democracia laboral madura no debería elegir entre barra libre y tijera. Hay más instrumentos que el hachazo.

El fondo del debate: cuánto vale enfermar en España

La discusión abierta por Feijóo no va solo de absentismo. Va de salario, salud, productividad, convenios, poder empresarial y protección social. Va de si el trabajador enfermo debe cargar con una parte mayor del coste para desincentivar abusos. Va de si las empresas pueden sostener ausencias crecientes sin que se resienta su actividad. Va, sobre todo, de una idea muy española y muy contemporánea: trabajar hasta que el cuerpo aguante, y cuando no aguante, discutir si el problema es el cuerpo o la factura.

El PP ha encontrado un asunto con fuerza política porque el aumento de las bajas laborales preocupa de verdad. El Gobierno y los sindicatos han encontrado una respuesta con fuerza social porque tocar el sueldo durante una enfermedad también preocupa de verdad. Entre ambos discursos queda el ciudadano de siempre, mirando la nómina, el convenio, el médico de cabecera y esa fragilidad que casi nunca entra en los grandes debates: nadie sabe qué vale una baja hasta que la necesita. Entonces el debate deja de ser abstracto. Se vuelve doméstico, frío, con olor a farmacia y a fin de mes.