¿Por qué aumenta un 6,4 % el déficit público de España hasta junio?

El déficit público español aumentó un 6,4 % durante el primer semestre de 2026 y alcanzó los 33.668 millones de euros. El desequilibrio de las administraciones públicas, sin contar todavía a las entidades locales, equivale al 1,89 % del PIB, prácticamente el mismo nivel relativo que un año antes, cuando representaba el 1,88 %.

La explicación está, sobre todo, en una carrera bastante sencilla de visualizar: el gasto corrió algo más deprisa que los ingresos. Entre enero y junio, el aumento de los desembolsos públicos superó al crecimiento de los recursos en unos 2.000 millones de euros, suficiente para ensanchar el agujero pese al buen comportamiento de la recaudación y de las cotizaciones sociales.

Hay, por tanto, dos fotografías superpuestas. En euros, España registra más déficit que hace un año. En relación con el tamaño de la economía, apenas cambia. No es una contradicción: el PIB también ha crecido. Y ahí está uno de los detalles que evitan convertir un dato fiscal complejo en un titular de brocha gorda.

El déficit aumenta, aunque su peso sobre el PIB apenas cambia

El desfase acumulado por la Administración Central, las comunidades autónomas y los fondos de la Seguridad Social pasó de alrededor de 31.600 millones en el primer semestre de 2025 a 33.668 millones en el mismo periodo de este año.

El aumento absoluto es relevante, pero la proporción sobre el PIB se mueve solo una centésima. Dicho de otra forma: las administraciones gastan más de lo que ingresan y la diferencia ha crecido, aunque la expansión de la economía permite que ese desequilibrio mantenga un peso relativamente estable sobre el PIB.

Conviene recordar otra cosa, menos vistosa pero fundamental. Este 1,89 % no es el déficit definitivo de España en 2026. Es una fotografía de los primeros seis meses y, además, todavía excluye a las corporaciones locales. Los ingresos tributarios y determinados gastos tampoco se reparten de manera uniforme durante el año, de modo que sería incorrecto duplicar simplemente el dato de junio para aventurar cómo terminará diciembre.

La Administración Central concentra buena parte del desfase

La Administración Central acumuló hasta junio un déficit de 22.531 millones de euros, equivalente al 1,27 % del PIB. La cifra supone un incremento del 14,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Detrás aparecen varios factores: mayores consumos intermedios, más gasto por intereses de la deuda y transferencias crecientes hacia otras administraciones. El Estado, por sí solo, registró en junio un saldo negativo de 22.090 millones, mientras que los organismos de la Administración Central añadieron otros 441 millones.

Los intereses merecen atención. Cuando la factura financiera aumenta, una parte mayor del presupuesto acaba dedicada simplemente a pagar el coste de la deuda acumulada. No inaugura hospitales ni construye trenes; tampoco desaparece por mirar hacia otro lado. Es dinero público que sale antes de empezar a discutir muchas otras prioridades.

Por qué el gasto está creciendo más que los ingresos

El problema no es que la recaudación se haya desplomado. De hecho, los ingresos públicos continúan mostrando fortaleza. Lo que sucede es que los gastos aumentan todavía más.

Los datos del Estado disponibles hasta julio ofrecen una pista clara. Sus empleos no financieros alcanzaron 232.498 millones de euros, un 11,5 % más, mientras los recursos no financieros crecieron un 11 %, hasta 187.959 millones.

Una parte importante del incremento responde a las transferencias entre administraciones. En julio coincidieron, además, la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente a 2024 y la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Son movimientos que pueden hinchar temporalmente el déficit del Estado aunque, visto desde el conjunto de las administraciones, parte del dinero simplemente haya cambiado de bolsillo público.

También subieron un 13,9 % los gastos por intereses, un 5 % los consumos intermedios y un 4,4 % la remuneración de asalariados. Las nóminas públicas incorporan, entre otros factores, el incremento salarial aplicado en 2026 y el aumento de las plantillas.

Los impuestos siguen creciendo con fuerza

Por el lado de los ingresos, el Estado recaudó hasta julio 187.959 millones de euros, un 11 % más. La recaudación tributaria avanzó alrededor de un 10 %, pese al efecto de varias medidas fiscales adoptadas para amortiguar la subida de precios.

El IRPF destaca especialmente: sus ingresos crecieron un 20,4 %. El impuesto de sociedades avanzó un 13,8 % y el IVA, un 5,9 %. La economía sigue generando recaudación, pero ese colchón no ha sido suficiente para compensar completamente el aumento del gasto.

Aquí se desmonta una lectura demasiado rápida del déficit. Un saldo negativo mayor no significa necesariamente que el Estado esté recaudando menos. Puede ocurrir —y está ocurriendo— que ingresos y gastos crezcan al mismo tiempo, pero estos últimos lo hagan un poco más deprisa.

Las comunidades autónomas también elevan su déficit

Las comunidades autónomas cerraron junio con un déficit conjunto de 17.287 millones de euros, equivalente al 0,97 % del PIB. Son 1.699 millones más que un año antes, un incremento del 10,9 %.

Sus ingresos no financieros crecieron un 7,8 %, hasta 122.020 millones, mientras los gastos avanzaron un 8,1 %, hasta 139.307 millones. Una diferencia pequeña en porcentajes, sí, pero considerable cuando las cantidades se cuentan por decenas de miles de millones.

La remuneración de los empleados públicos autonómicos aumentó un 7,9 %, hasta 57.979 millones. También crecieron los consumos intermedios, los intereses, las subvenciones, la inversión y algunos de los grandes capítulos vinculados a los servicios públicos.

En sanidad, por ejemplo, el gasto en farmacia alcanzó 7.341 millones de euros y los conciertos de asistencia sanitaria aumentaron un 10,6 %, hasta 3.697 millones. Los conciertos educativos crecieron un 8,5 %, hasta 4.753 millones. Son números menos espectaculares que una discusión parlamentaria, aunque bastante más útiles para saber por dónde circula realmente el dinero.

El País Vasco fue la única comunidad que terminó el semestre con superávit, equivalente al 0,01 % de su PIB. Entre los mayores déficits relativos aparecen Canarias, con el 1,93 %; Extremadura, con el 1,79 %, y Baleares, con el 1,78 %.

La Seguridad Social pone el principal contrapeso

Mientras el Estado y las autonomías empeoran sus respectivos saldos, los fondos de la Seguridad Social ofrecen el movimiento contrario. Cerraron junio con un superávit de 6.150 millones de euros, un 66,5 % superior al registrado un año antes y equivalente al 0,35 % del PIB.

Los ingresos no financieros de estos fondos aumentaron un 8,1 %, hasta 146.070 millones, por encima del crecimiento del gasto, que fue del 6,4 %. Las cotizaciones sociales aportaron 112.151 millones, un 7,2 % más.

El buen comportamiento del empleo y de las bases de cotización ayuda a explicar esa evolución. También intervienen las transferencias recibidas del Estado, por lo que conviene evitar la tentación de interpretar el superávit de la Seguridad Social como si fuera una caja completamente aislada del resto del sector público.

El gasto sigue siendo enorme. Las pensiones contributivas y no contributivas alcanzaron 103.481 millones de euros hasta junio, un 6,5 % más, mientras la pensión media se situó en 1.371,35 euros mensuales.

Sin ese superávit, la cifra consolidada del déficit público sería sensiblemente peor. Es, de hecho, el gran contrapeso de las cuentas del primer semestre.

El Estado llega a julio con un déficit de 44.539 millones

Hacienda también ha adelantado un mes más en las cuentas del Estado. Hasta julio, su déficit ascendió a 44.539 millones de euros, equivalente al 2,50 % del PIB y un 13,5 % superior al contabilizado en el mismo periodo de 2025.

Ese salto debe leerse con cuidado porque julio incorpora movimientos voluminosos relacionados con la financiación territorial. La liquidación definitiva del sistema correspondiente a 2024 dejó un saldo conjunto de 14.335 millones a favor de comunidades y entidades locales. A ello se añadió la actualización de las entregas a cuenta de las autonomías de enero a junio, con un impacto de 11.139 millones sobre el saldo del Estado.

El déficit primario —el saldo antes de contabilizar los intereses de la deuda— fue de 21.586 millones, equivalente al 1,21 % del PIB. La distancia respecto al déficit total muestra, de nuevo, cuánto pesan los costes financieros en las cuentas públicas.

España aún tiene margen, pero el objetivo de 2026 se estrecha

La referencia de fondo es dónde terminará el déficit cuando se cierre el ejercicio. El Gobierno trabaja con una previsión de alrededor del 2,1 % del PIB en 2026, después de la reducción conseguida en ejercicios anteriores.

Las previsiones externas son algo menos optimistas. La Comisión Europea calcula un déficit del 2,4 % del PIB para España este año, mientras la AIReF sitúa su estimación en torno al 2,6 %. No hay una alarma fiscal automática en las cifras conocidas hasta junio, pero tampoco demasiado espacio para relajarse.

La diferencia importa porque unas décimas de PIB equivalen a miles de millones de euros. También porque España continúa sometida al marco fiscal europeo, que presta especial atención a la evolución del gasto neto y a la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo.

Al mismo tiempo, la economía española sigue creciendo. Ese avance del PIB permite que el déficit aumente en términos nominales sin deteriorarse prácticamente en términos relativos. Es precisamente lo que ha ocurrido durante el primer semestre: 6,4 % más de déficit en euros, pero solo una centésima más sobre el PIB.

El verdadero examen llegará con las cuentas de diciembre

Los 33.668 millones de euros conocidos hasta junio dibujan unas finanzas públicas que siguen en negativo y cuyo déficit ha aumentado, aunque sin un deterioro equivalente respecto al tamaño de la economía. El gasto crece con fuerza, los intereses pesan más, las autonomías amplían su desequilibrio y la Administración Central concentra buena parte del agujero.

Al otro lado están una recaudación tributaria robusta y una Seguridad Social cuyo superávit se ha disparado. Dos fuerzas que amortiguan el deterioro y explican por qué el 6,4 % de incremento nominal no se traduce en una subida semejante del déficit sobre el PIB.

La cifra, así vista, tiene menos dramatismo que el titular desnudo pero también más sustancia. España sigue gastando más de lo que ingresa, aunque la economía crezca lo bastante como para mantener contenido, de momento, el peso relativo de ese desequilibrio. El dato decisivo llegará al terminar el ejercicio: ahí se verá si 2026 mantiene la reducción fiscal prevista o si esas décimas que parecen pequeñas terminan convirtiéndose en varios miles de millones adicionales de déficit.