¿Cómo reclutó Rusia a más de 300 peruanos para combatir en Ucrania?

La Fiscalía de Perú investiga el reclutamiento de más de 300 ciudadanos peruanos que habrían viajado a Rusia y terminado vinculados a sus fuerzas militares en la guerra contra Ucrania, en numerosos casos después de recibir supuestas ofertas laborales. El Ministerio Público mantiene abiertos 22 expedientes y examina si detrás de esos viajes hubo captación mediante engaño y delitos de trata de personas.

La dimensión real del fenómeno es todavía mayor. La Cancillería peruana comunicó en agosto que tenía conocimiento oficial de 459 peruanos enlistados, con un balance especialmente grave: 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por las fuerzas ucranianas. Para algunas familias, aquello que empezó como la posibilidad de ganar un buen sueldo lejos de casa terminó convertido en silencio, incertidumbre y, en demasiados casos, guerra.

No todos los casos son idénticos y eso importa. Hay personas que pudieron aceptar conscientemente incorporarse al ejército ruso y otras que, según las denuncias investigadas, viajaron creyendo que trabajarían como vigilantes, conductores o empleados de apoyo. Precisamente ahí está el núcleo de la investigación: determinar quién sabía que iba a combatir, quién pudo ser engañado y quién organizó la captación y el traslado.

Más de 300 peruanos bajo investigación fiscal

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, se reunió el viernes 11 de septiembre con familiares de los afectados para informarles sobre el avance de las diligencias. La Fiscalía trabaja con casos repartidos por Lima, Callao, La Libertad, Huánuco y Cusco, entre otros lugares del país.

La estructura de los procedimientos da una idea de la magnitud. Una sola carpeta fiscal reúne a 202 agraviados y está siendo tramitada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. Otras 21 carpetas permanecen en las fiscalías especializadas en trata de personas. El conjunto supera los 300 afectados, aunque esa cifra no equivale al total de ciudadanos peruanos que han llegado a incorporarse a fuerzas rusas.

Por qué aparecen 300 casos y también 459 peruanos

La diferencia entre ambas cifras no es una contradicción. Los más de 300 corresponden a personas incluidas en expedientes que investiga el Ministerio Público, mientras que los 459 proceden del registro comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre peruanos que se habían enlistado.

Son, en otras palabras, dos fotografías tomadas desde ventanillas distintas del Estado. Una cuenta investigaciones penales abiertas; la otra intenta dimensionar la presencia de ciudadanos del país dentro del engranaje militar ruso. Y el número podría seguir cambiando a medida que aparezcan denuncias, regresen afectados o las familias aporten nueva documentación.

De una oferta de empleo al frente de Ucrania

Las primeras investigaciones fiscales se abrieron después de que familiares denunciaran que algunos peruanos habían sido atraídos con ofertas de trabajo en Rusia, en particular para desempeñar tareas de seguridad u otras ocupaciones supuestamente civiles y bien remuneradas. Una vez allí, según las denuncias recogidas por el Ministerio Público, habrían sido obligados a participar en acciones de combate.

El mecanismo que aparece en diversos testimonios resulta inquietantemente sencillo: una oferta económica difícil de rechazar, facilidades para viajar, papeles que esperan al otro lado del océano y un contrato redactado en ruso. Después cambia el paisaje. Ya no hay un puesto convencional, sino revisiones médicas, instalaciones militares, entrenamiento y la posibilidad de acabar a miles de kilómetros de Perú, muy cerca del frente.

No es un detalle menor la vulnerabilidad económica. Un salario internacional puede parecer extraordinario para alguien con ingresos modestos en Perú. Cuando a esa promesa se añaden vuelos pagados, trámites aparentemente resueltos y un intermediario que ofrece seguridad, la propuesta adquiere aspecto de oportunidad. Ese señuelo laboral es precisamente uno de los elementos que examinan los investigadores.

Un detenido y una promesa de 2.600 dólares al mes

A comienzos de septiembre, la Policía y la Fiscalía detuvieron en Lima a un hombre identificado por sus iniciales, L.V., investigado por el presunto delito de trata de personas agravada. La Justicia autorizó inicialmente su detención durante siete días por un caso relacionado con la captación y traslado de un peruano a Rusia.

De acuerdo con la investigación, entre marzo y abril el sospechoso habría ofrecido a la víctima unos 2.600 dólares mensuales y un traslado gratuito a Rusia. Una vez allí, el peruano habría pasado exámenes médicos para incorporarse al servicio militar y firmado documentación en ruso. También se le habría prometido un bono de unos 26.000 dólares que, según la denuncia, no recibió. Finalmente fue trasladado a una zona vinculada al frente de guerra.

Contratos firmados, pero una cuestión esencial: el consentimiento

La existencia de una firma no resuelve por sí sola el caso. La investigación deberá establecer en qué condiciones fueron suscritos los contratos, qué información recibieron los afectados antes de viajar, si entendían su contenido y si podían realmente negarse una vez en Rusia.

La posición rusa es distinta. La Embajada de Rusia en Lima sostuvo en agosto que los ciudadanos peruanos que firmaron contratos con el Ministerio de Defensa lo hicieron voluntariamente y eran conscientes tanto de las condiciones del servicio como de sus riesgos. Esa versión choca frontalmente con las denuncias de familiares y de algunos retornados que aseguran haber sido captados con promesas laborales engañosas.

11 muertos, 114 desaparecidos y tres prisioneros

Las cifras oficiales conocidas hasta ahora explican por qué el asunto ha dejado de ser una sucesión de denuncias particulares. El 9 de agosto, la Cancillería peruana informó de 459 ciudadanos enlistados, 11 muertos, 114 desaparecidos y tres capturados por el ejército ucraniano. También señaló que había logrado evacuar a 31 compatriotas: 28 regresaron a Perú y tres permanecieron en Europa por decisión propia.

Entre los repatriados figuran peruanos que, según el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, lograron huir de un reclutamiento forzado para participar en la guerra. Es un dato relevante porque procede directamente del Gobierno peruano y no únicamente de abogados o familiares.

La Cancillería había advertido meses antes sobre falsas propuestas de empleo relacionadas con Rusia y había pedido a sus ciudadanos desconfiar de organizaciones que ofrecían trabajos cuyo destino real podía ser el campo de batalla. También trasladó a las autoridades rusas peticiones para conocer la ubicación y el estado de salud de connacionales sobre los que las familias habían perdido contacto.

Para los familiares, el problema práctico es bastante menos diplomático: saber si su hijo, marido, hermano o padre continúa vivo y dónde está. En una guerra marcada por desplazamientos constantes de unidades, muertos sin identificar y comunicaciones interrumpidas, esa respuesta puede tardar semanas o meses. A veces no llega.

Un sistema de captación que desborda las fronteras de Perú

El caso peruano tampoco aparece aislado. Dos días antes de conocerse el nuevo balance de la Fiscalía, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre el reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia y concluyó que determinadas prácticas basadas en engaño, coacción y explotación pueden constituir trata de personas.

El informe no se centra específicamente en los expedientes peruanos. Documenta testimonios de ciudadanos de Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka y Sudáfrica, además de extranjeros que ya residían en Rusia. Pero el patrón descrito resulta familiar: promesas de puestos civiles en seguridad, logística, construcción o transporte; salarios elevados; facilidades migratorias y, después, contratos militares y traslado al frente.

Algunos entrevistados por la organización afirmaron que les retiraron pasaportes o teléfonos y que apenas recibieron preparación militar antes de ser enviados a zonas de combate. Amnistía sostiene que miles de extranjeros procedentes principalmente de países con rentas bajas han sido incorporados a las fuerzas rusas durante la guerra.

Eso no demuestra automáticamente que cada uno de los casos peruanos responda al mismo esquema. Sí dibuja un contexto internacional que la Fiscalía tendrá que tener muy presente: intermediarios locales, anuncios en internet, vulnerabilidad económica y contratos difíciles de comprender, dentro de una maquinaria militar necesitada de efectivos. La combinación es explosiva.

El verdadero frente comenzó antes de llegar a Rusia

La investigación peruana tiene todavía mucho terreno por recorrer. Habrá que reconstruir conversaciones, pagos, anuncios de empleo, itinerarios, contactos con intermediarios y contratos; también separar los casos de reclutamiento voluntario de aquellos en los que pudo existir fraude, coacción o explotación. La responsabilidad penal no se decide con una fotografía del frente, sino siguiendo el camino que llevó a cada persona hasta allí.

Pero hay hechos que ya pesan. Más de 300 afectados figuran en expedientes de la Fiscalía; el Gobierno peruano conoce oficialmente a 459 ciudadanos enlistados; 114 permanecían desaparecidos y 11 habían muerto según el último balance público. Y existen personas repatriadas que sostienen que aquello que les ofrecieron en Perú se parecía muy poco a lo que encontraron en Rusia.

Detrás de las cifras hay algo bastante menos abstracto que la geopolítica: familias esperando una llamada. El viaje podía empezar con un anuncio de trabajo, un salario prometedor y un billete a Moscú. Para algunos terminó entre drones, trincheras y órdenes militares en un idioma que apenas entendían. Eso es precisamente lo que la Justicia peruana intenta esclarecer.