¿Por qué Pedraz rastrea 81 cuentas y seis del PSOE en el caso Leire?

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere reconstruir el recorrido del dinero. Esa es, despojada de ruido político, la cuestión central de la nueva fase del llamado caso Leire Díez: averiguar si fondos procedentes del PSOE terminaron financiando directa o indirectamente actividades de la presunta trama investigada y quién decidió, autorizó o canalizó esos pagos.

La investigación económica alcanza 81 cuentas bancarias, seis de ellas relacionadas con el PSOE, y obliga a doce entidades financieras a aportar movimientos, saldos y otros datos. No significa que esas 81 cuentas sean sospechosas ni que todos sus titulares hayan cometido una irregularidad. Significa algo más concreto: la UCO necesita seguir el dinero para comprobar si determinados pagos aparentemente profesionales escondían otro destino.

Pedraz mantiene el rastreo de las cuentas del PSOE

El movimiento judicial viene de finales de julio, cuando Pedraz abrió una pieza separada económica dentro de la investigación. El magistrado acordó entonces dirigirse a doce bancos para recabar información de las cuentas identificadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El foco sobre el PSOE afecta a seis cuentas y, en términos generales, comprende movimientos realizados desde el 1 de enero de 2024. En otros casos, como algunas cuentas relacionadas con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, la investigación retrocede hasta 2022.

Los requerimientos fueron enviados a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Banca March, Abanca, Unicaja Banco, Arquia Bank, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, CBNK Banco de Colectivos y Deutsche Bank. No es precisamente mirar un extracto y pasar página: se trata de reconstruir un entramado de transferencias entre personas, sociedades y cuentas distintas.

El reparto ayuda a entender la dimensión de la pesquisa. Además de las seis cuentas vinculadas al PSOE, aparecen once relacionadas con Zarrías o con Zaño Sociedad Consultores, 62 vinculadas al abogado Ismael Oliver o a sociedades de su entorno, una del abogado Jacobo Teijelo y otra de Grupo Crónica Libre.

Qué dinero intenta seguir la UCO

La sospecha que sostiene esta línea de investigación es que determinados fondos procedentes del PSOE pudieron utilizarse para remunerar actividades relacionadas con Leire Díez mediante intermediarios y contratos aparentemente ajenos a esas tareas.

Los investigadores han puesto especial atención en 43.225 euros que habría recibido Díez a través de dos vías. Por un lado, cuatro transferencias de 4.000 euros —16.000 en total— efectuadas entre junio y septiembre de 2024 desde Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Gaspar Zarrías. Por otro, un ingreso de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe, sociedad relacionada con Ismael Oliver.

La tesis de la UCO es que esas operaciones podrían haber servido para hacer llegar dinero con origen en el PSOE hasta Díez. Esa hipótesis está siendo investigada y todavía debe probarse judicialmente; una transferencia bancaria demuestra que el dinero se movió, no necesariamente el propósito ilícito que pudiera esconderse detrás.

Los encargos profesionales bajo sospecha

Aquí entra uno de los puntos más delicados del caso. La Guardia Civil considera que se habrían utilizado notas de encargo profesional para justificar pagos a abogados relacionados con la investigación.

Una de ellas afectaría al entorno profesional de Ismael Oliver y otra a Jacobo Teijelo. Según la hipótesis policial asumida como línea de investigación por el instructor, algunos de esos documentos pudieron tener un carácter instrumental: presentar como servicios jurídicos ordinarios unos pagos cuyo destino real habría sido distinto.

Pedraz investiga así si Leire Díez promovió que determinados honorarios se pagaran con fondos del partido y si los abogados sirvieron, en algún momento del circuito, como vehículos para canalizar dinero hacia ella o hacia otras personas relacionadas con la presunta organización.

No es un matiz menor. La diferencia entre pagar legítimamente un servicio profesional y utilizar una contratación como pantalla está precisamente en aquello que el banco no explica por sí solo: qué servicio existió, quién lo encargó, quién comprobó que se prestó y dónde acabó finalmente el dinero.

La gerente del PSOE señala a Santos Cerdán

La investigación recibió esta semana una pieza importante con la declaración de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, citada por Pedraz como investigada. Fuentes descargó sobre el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, la responsabilidad de los encargos y de las decisiones que condujeron a los pagos examinados.

Su versión es que ella se limitaba a autorizar administrativamente los abonos después de que Cerdán validara que los servicios contratados se habían prestado. También negó haber falseado facturas y sostuvo que no mantenía relación con Leire Díez.

La UCO plantea otra lectura. En sus informes atribuye a la gerente una participación en la elaboración de dos notas de encargo que, según los investigadores, habrían permitido justificar formalmente determinadas operaciones. Pedraz llegó a apreciar indicios suficientes para investigarla por su posible intervención y por un eventual delito de falsedad en documento mercantil.

Aquí la causa abandona el terreno cómodo de los titulares y entra en la letra pequeña: quién dio la orden, quién la documentó y qué sabía cada persona cuando puso su firma o autorizó un pago. Cerdán aparece repetidamente como figura central en la hipótesis policial, mientras Fuentes sostiene que las decisiones materiales no dependían de ella.

Las declaraciones ofrecen versiones. Los movimientos bancarios, en cambio, dejan fechas, importes, destinatarios y remitentes. Por eso el análisis financiero puede resultar especialmente relevante.

Una secuencia de pagos puede confirmar una explicación, contradecirla o simplemente abrir otra puerta. Que una sociedad reciba dinero y posteriormente transfiera una cantidad a otra persona no prueba por sí mismo un delito, pero permite comprobar si las fechas y cantidades encajan con contratos, facturas, reuniones, comunicaciones y encargos intervenidos durante la investigación.

Esa reconstrucción es la que tiene ahora sobre la mesa la UCO.

Por qué el PSOE pidió limitar el acceso a sus cuentas

El PSOE solicitó a Pedraz mayores cautelas respecto a los datos bancarios y pidió que el acceso a la pieza económica quedara restringido a la Fiscalía, además de reclamar el expurgo de movimientos ajenos a los hechos investigados.

El argumento tiene una lógica evidente desde el punto de vista de la privacidad: las cuentas de una organización política contienen operaciones relacionadas con trabajadores, proveedores y terceras personas sin conexión alguna con una causa penal. Abrir indiscriminadamente ese material convertiría una investigación concreta en una especie de escaparate financiero.

Pedraz no aceptó la petición en los términos planteados porque el PSOE no está personado en la causa, pero sí ha dejado establecido que los datos económicos sensibles recabados por la UCO no deben volcarse íntegramente en las actuaciones de manera que puedan circular sin control.

La información deberá utilizarse para elaborar el informe policial y posteriormente podrán descartarse los documentos que resulten irrelevantes. Es una distinción importante: investigar cuentas no equivale a publicar cuentas, del mismo modo que rastrear movimientos del partido no supone por sí solo atribuir responsabilidad penal al PSOE.

El dinero constituye, además, solo una de las ramas de una investigación bastante más amplia. Pedraz trata de esclarecer la existencia de una presunta organización dedicada a obstaculizar o desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas de su entorno.

En esa causa aparecen, entre otros, Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. La investigación también ha alcanzado a responsables o antiguos responsables de la Guardia Civil por las sospechas sobre posibles presiones relacionadas con actuaciones de la UCO.

El exdirector general del instituto armado Leonardo Marcos declaró el 10 de septiembre ante Pedraz y negó haber presionado a los investigadores para que rebajaran sus pesquisas en asuntos sensibles. Esa vertiente muestra hasta qué punto el sumario mezcla dinero, relaciones políticas, servicios profesionales y presuntas maniobras contra investigadores.

La palabra «cloacas», tan rentable para cualquier batalla política, simplifica demasiado ese mapa. Un tribunal necesita algo bastante menos vistoso y mucho más incómodo: documentos, órdenes, conversaciones y movimientos económicos, además de una conexión acreditada entre unas cosas y otras.

Lo que todavía no demuestra el rastreo bancario

Conviene separar los hechos acreditados de las hipótesis. Está acreditado que Pedraz ha ordenado analizar decenas de cuentas y que existen pagos cuya naturaleza se investiga. Está acreditado también que determinadas personas han declarado como investigadas y que la UCO sostiene una determinada reconstrucción de esos movimientos.

Lo que no puede darse todavía por probado es que el PSOE como organización financiara deliberadamente una estructura ilícita, que todos los pagos examinados fueran fraudulentos o que cada persona implicada conociera el supuesto destino final del dinero.

La instrucción existe precisamente para resolver esas incógnitas. En política, la sospecha tarda segundos en convertirse en sentencia de sobremesa; en un procedimiento penal, afortunadamente, hacen falta pruebas que sostengan cada acusación.

Tampoco debe confundirse el análisis de seis cuentas del PSOE con una imputación automática de la formación como persona jurídica. El objeto inmediato de la pieza económica es seguir determinados flujos financieros y determinar si estuvieron relacionados con los hechos investigados.

El rastro bancario, la prueba que falta por encajar

La fase que dirige Santiago Pedraz coloca el dinero en el centro del caso Leire. Las declaraciones han dibujado responsabilidades cruzadas, con Ana María Fuentes señalando a Santos Cerdán y los investigadores tratando de averiguar hasta dónde llegaba el conocimiento de cada participante. Las cuentas pueden aportar una cronología bastante menos maleable.

La UCO tendrá que cruzar los movimientos procedentes de esas 81 cuentas con contratos, facturas, notas de encargo, sociedades y comunicaciones. Si los flujos económicos coinciden con la tesis policial, la investigación ganará consistencia. Si no cuadran, algunas sospechas tendrán que revisarse.

Por eso Pedraz mantiene abierto el rastreo en los doce bancos. No busca simplemente cuánto dinero salió de Ferraz, sino para qué salió, por orden de quién y dónde terminó. En un sumario con tantos nombres y tantas versiones, ese recorrido puede acabar siendo el elemento más sencillo de seguir y, al mismo tiempo, el más difícil de esquivar.