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¿Por qué han ordenado arrestar a Sara Duterte y qué amenaza hizo?

Sara Duterte afronta tres cargos por amenazas graves contra Marcos Jr. y su entorno, mientras crece la batalla política entre ambos clanes filipinos.

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Sara Duterte jurando

Por National Historical Commission of the Philippines - dominio público, vía Wikimedia Commons.

Resumen

  • Un tribunal ordena arrestar a Sara Duterte por tres cargos de amenazas graves
  • La causa nace de amenazas contra Marcos Jr., su esposa y Martin Romualdez
  • El caso agrava la guerra política entre dos dinastías que gobernaron juntas

Un tribunal de Filipinas ha ordenado arrestar a Sara Duterte, vicepresidenta del país e hija del expresidente Rodrigo Duterte, por tres cargos de amenazas graves contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., la primera dama, Liza Araneta-Marcos, y el exjefe de la Cámara de Representantes Martin Romualdez. El origen del caso está en unas declaraciones de noviembre de 2024 en las que Duterte afirmó haber hablado con una persona para que matara a los tres si ella era asesinada.

La orden fue emitida este 4 de septiembre de 2026 por la Sala 98 del Tribunal Regional de Quezon City. La corte considera que existen indicios suficientes —la llamada causa probable dentro del procedimiento filipino— para que la vicepresidenta sea juzgada. Duterte no ha sido condenada y los delitos permiten fianza: 120.000 pesos filipinos por cada cargo, 360.000 pesos en total. Sus abogados han comunicado que tramitarán esa fianza y recurrirán a las vías legales disponibles.

La fotografía política es difícil de hacer más incómoda. La número dos del Gobierno tiene una orden de arresto relacionada con unas supuestas amenazas contra el número uno del Gobierno. Y ambos llegaron al poder juntos, bajo una alianza que hace apenas cuatro años parecía diseñada para dominar la política filipina durante mucho tiempo.

Una orden de arresto por tres cargos de amenazas graves

El tribunal no se limitó a dar curso automático a la acusación. Antes de emitir la orden examinó los argumentos de las partes y rechazó la petición de la defensa para aplazar o dejar sin efecto una eventual orden de arresto. Después concluyó que había base suficiente para llevar a Sara Duterte a juicio por los tres cargos.

La orden fue notificada en la propia Oficina de la Vicepresidenta. Duterte confirmó haber recibido el aviso y señaló que sus abogados, Paul Lawrence Lim y Clifford Chua, se encargarían inmediatamente del asunto. Su defensa ha cuestionado aspectos jurídicos del procedimiento, incluida la jurisdicción, pero sostiene que la dirigente no pretende esconderse ni desatender las decisiones judiciales.

El Departamento de Justicia filipino considera que la decisión permite que el proceso penal avance. La existencia de fianza evita, en principio, que la orden implique necesariamente una estancia prolongada entre rejas. Conviene distinguir ambos conceptos: una orden de arresto no equivale a una condena. El tribunal aprecia indicios suficientes para abrir el proceso, pero la culpabilidad tendrá que decidirse después.

Qué dijo Sara Duterte sobre Marcos Jr. y su familia

Todo se remonta al 23 de noviembre de 2024. En plena ruptura con Ferdinand Marcos Jr., la vicepresidenta participó en una comparecencia por internet en un clima político especialmente áspero. Allí afirmó que había hablado con una persona y le había dado instrucciones para matar a Marcos Jr., a la primera dama y a Martin Romualdez en el supuesto de que ella fuese asesinada.

No fue una frase perdida entre veinte minutos de discurso burocrático. Duterte insistió en que no estaba bromeando y describió la supuesta instrucción de continuar hasta que los tres estuvieran muertos. Aquellas palabras provocaron una investigación y fueron tratadas por las autoridades como un posible problema de seguridad nacional.

Duterte ofreció después otra interpretación. Defendió que sus comentarios habían sido sacados de contexto y que no constituían una amenaza directa contra el presidente, sino una manera de expresar su preocupación por su propia seguridad. Esa es una de las cuestiones centrales que tendrá que resolverse en sede judicial: el significado de las palabras, el contexto en que fueron pronunciadas y si reúnen los elementos necesarios para constituir un delito de amenazas graves.

La acusación fue presentada ante el tribunal de Quezon City el 11 de agosto de 2026, después de las pesquisas realizadas por la Oficina Nacional de Investigación, conocida como NBI. Otro frente relacionado con aquellas declaraciones, una acusación por incitación a la sedición, fue desestimado.

La fianza evita confundir arresto con encarcelamiento

La palabra «arresto» puede sugerir una escena de esposas y calabozo, pero el escenario jurídico es algo menos cinematográfico. Los tres cargos admiten libertad bajo fianza, fijada en 120.000 pesos por cada uno. La defensa de Duterte ha indicado que procederá a depositarla, lo que permitiría afrontar el proceso sin permanecer detenida mientras continúan las actuaciones.

Eso no hace desaparecer el procedimiento. Una vez completados los trámites correspondientes, el expediente penal continúa y la vicepresidenta deberá defenderse ante el tribunal. La corte ya ha apreciado causa probable para someterla a juicio; otra cosa, bastante distinta, será determinar su responsabilidad penal.

El Ejecutivo de Marcos ha optado por una respuesta institucionalmente fría y ha señalado que respeta la decisión del tribunal. Nada de celebraciones oficiales. Sería poco elegante incluso para los estándares de una guerra política que lleva dos años perdiendo cualquier parecido con aquella alianza electoral que llevó a Marcos y Duterte juntos al poder.

De la alianza Marcos-Duterte a una guerra por el poder

La dimensión del caso se entiende mejor mirando hacia 2022. Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte concurrieron juntos a las elecciones bajo una poderosa alianza que reunió a dos de las grandes familias de la política filipina. El experimento recibió incluso un nombre casi publicitario: UniTeam.

Funcionó en las urnas. Después, bastante menos.

Marcos, hijo del antiguo dictador Ferdinand Marcos, alcanzó la Presidencia, mientras Sara Duterte, hija de Rodrigo Duterte, consiguió la Vicepresidencia. Dos dinastías políticas, un mismo cartel electoral y millones de votos. Sobre el papel parecía una maquinaria formidable.

La convivencia empezó a resquebrajarse y acabó rompiéndose abiertamente en 2024, cuando Duterte dimitió como secretaria de Educación y abandonó el gabinete de Marcos. Desde entonces, antiguos socios se han convertido en adversarios y las disputas políticas han pasado de los discursos ásperos a los tribunales, las investigaciones parlamentarias y el juicio político.

Por debajo hay también diferencias sobre el reparto de poder, las elecciones de 2028 y la orientación internacional del país. Marcos ha reforzado la cooperación defensiva con Estados Unidos en plena tensión con China en el mar de China Meridional. Rodrigo Duterte, durante su Presidencia, había cultivado una relación mucho más próxima con Pekín y Moscú y fue profundamente crítico con Washington.

No explica por sí solo el choque, claro. En Filipinas las lealtades políticas pueden cambiar con una velocidad que haría parecer estable a una puerta giratoria. Pero ese contraste geopolítico ayuda a entender por qué la fractura entre los dos clanes va mucho más allá de una antipatía personal.

El juicio político puede ser todavía más peligroso para Duterte

La causa penal por amenazas no es el único problema de la vicepresidenta. Sara Duterte está sometida al mismo tiempo a un juicio político ante el Senado, convertido para la ocasión en tribunal de impeachment.

Entre las acusaciones figuran precisamente las amenazas contra Marcos, su esposa y Romualdez, junto con presuntas irregularidades financieras, supuesto uso indebido de fondos confidenciales y cuestiones relacionadas con su patrimonio. Duterte rechaza las acusaciones.

Los dos procedimientos son independientes. Una orden de arresto dictada por un tribunal penal no determina el resultado del impeachment y tampoco una eventual decisión del Senado sustituiría al proceso judicial ordinario. Son dos vías diferentes, aunque nazcan parcialmente de los mismos hechos y ambas puedan acabar pesando sobre el futuro político de la dirigente.

La diferencia práctica es enorme. Una condena en el juicio político podría provocar su destitución y dejarla inhabilitada para ocupar cargos públicos. Ese desenlace afectaría directamente al proyecto que sobrevuela toda la crisis: las presidenciales de 2028, una cita para la que Sara Duterte sigue apareciendo como una figura de enorme relevancia dentro del panorama político filipino.

La sombra de Rodrigo Duterte vuelve a aparecer

La batalla se desarrolla, además, mientras Rodrigo Duterte permanece detenido en La Haya por orden de la Corte Penal Internacional. El expresidente filipino afronta acusaciones de crímenes contra la humanidad relacionadas con la sangrienta campaña contra las drogas desarrollada durante su mandato. Duterte ha negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales.

El dato convierte la crisis de Sara Duterte en algo mayor que un tropiezo personal. El apellido que dominó la política filipina durante años afronta presión judicial dentro y fuera del país, mientras los Marcos han recuperado el centro del poder institucional.

Eso tampoco convierte automáticamente al bloque presidencial en vencedor. Los Duterte conservan una importante base electoral, especialmente en el sur de Filipinas, y Sara continúa ocupando la Vicepresidencia mientras los tribunales y el Senado no decidan otra cosa.

Filipinas entra en la batalla decisiva por 2028

La orden de arresto contra Sara Duterte es, de momento, un acto procesal y no una sentencia. Hay tres cargos de amenazas graves, una fianza fijada por el tribunal, una defensa dispuesta a combatir el procedimiento y un proceso penal que deberá determinar si las declaraciones realizadas en 2024 cruzaron la frontera entre la retórica política incendiaria y el delito.

Pero resulta imposible separar completamente los tribunales de la política. La protagonista es la vicepresidenta; los supuestos amenazados son el presidente, su esposa y uno de los dirigentes más poderosos de su clan; paralelamente hay un impeachment en marcha y, al fondo, esperan las elecciones presidenciales de 2028.

La alianza que presentó a Marcos y Duterte como una pareja electoral prácticamente inexpugnable terminó convirtiéndose en una lucha abierta entre las dos dinastías más reconocibles del país. Filipinas ha pasado del UniTeam a una guerra política con fiscales, senadores y jueces por medio. Apenas cuatro años. No parece precisamente una historia de unidad.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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