¿Qué incapacidad logra el primer ertzaina trans y cuánto cobrará?

Otavio de Paula, conocido por ser el primer agente trans de la Ertzaintza tras cambiar su sexo registral durante su carrera en el cuerpo, ha obtenido una incapacidad permanente total y deja la Policía autonómica vasca. La resolución supone que no podrá continuar ejerciendo su profesión habitual como ertzaina y le reconoce, según la información conocida, una pensión equivalente aproximadamente al 55% de su base reguladora.

El caso incorpora otra cifra que ha despertado especial atención: una indemnización de alrededor de 76.000 euros, cuyo cobro estaría previsto más adelante. Conviene separar bien las piezas. La incapacidad ya está reconocida por la Seguridad Social; lo que todavía permanece abierto es la pretensión de De Paula de que sus problemas psicológicos sean considerados consecuencia del trabajo y del hostigamiento que asegura haber sufrido dentro de la Ertzaintza.

Una incapacidad permanente total por un trastorno de ansiedad

La resolución médica se apoya en el cuadro psicológico que arrastra el agente después de dos años particularmente conflictivos. Los informes manejados en el expediente describen un trastorno adaptativo con ansiedad y recogen valoraciones realizadas por profesionales de la psicología, la psiquiatría y la medicina forense.

No se trata, jurídicamente, de una incapacidad permanente absoluta. La diferencia importa mucho. La incapacidad permanente total impide desarrollar las tareas fundamentales de la profesión habitual, pero no significa necesariamente que la persona esté imposibilitada para cualquier trabajo.

Ese matiz explica el porcentaje de la prestación. Con carácter general, la incapacidad permanente total da derecho al 55% de la base reguladora. Por eso no es correcto convertir el dato en una cantidad mensual concreta sin conocer esa base: puede saberse el porcentaje, pero no inventarse la nómina. Las calculadoras milagrosas funcionan estupendamente hasta que aparece el expediente real.

Puede trabajar en otra actividad pese a cobrar la pensión

La regulación de la Seguridad Social permite que una persona con incapacidad permanente total pueda ejercer otra actividad profesional siempre que las funciones sean compatibles con las limitaciones que provocaron el reconocimiento de la incapacidad.

En otras palabras, De Paula queda inhabilitado para continuar desempeñando las funciones que dieron lugar a la declaración, pero eso no equivale a una prohibición general de trabajar. Si encontrara un empleo distinto y compatible, podría existir compatibilidad entre ese salario y la pensión, dentro de las condiciones establecidas legalmente.

Es una distinción importante también para entender otra parte de esta historia. Durante el prolongado conflicto laboral, De Paula ha mantenido actividad vinculada a las artes marciales y la formación policial, una faceta pública que ya había generado investigaciones internas relacionadas con el régimen de incompatibilidades de los funcionarios. Una cosa, sin embargo, no demuestra automáticamente la otra: poder entrenar o impartir determinada formación no basta por sí solo para negar una incapacidad referida a las exigencias concretas de una profesión policial.

Los 76.000 euros no son lo mismo que la pensión

Junto a la pensión se ha publicado que el antiguo agente tendrá derecho a percibir aproximadamente 76.000 euros de indemnización, aunque esa cantidad no se abonaría de inmediato y su pago se situaría dentro de unos dos años.

Aquí también merece la pena evitar el batiburrillo. Esa compensación económica y la pensión del 55% son conceptos distintos. Tampoco debe presentarse esa cantidad como una indemnización judicial ya concedida por acoso laboral, porque esa afirmación iría un poco más lejos de lo que permiten los hechos conocidos.

El reconocimiento de la incapacidad se ha producido por la existencia del cuadro médico. Otra cuestión es qué provocó ese trastorno, y ahí continúa el conflicto.

De Paula quiere que su enfermedad sea considerada laboral

El agente sostiene que el deterioro de su salud psicológica no nació de una enfermedad común ajena a su trabajo, sino del trato que recibió durante los últimos años dentro de la Ertzaintza. Ha denunciado reiteradamente maltrato profesional, discriminación y hostigamiento por parte de responsables y mandos tras su cambio registral de sexo.

Su siguiente batalla consiste precisamente en conseguir que ese origen sea reconocido legalmente como contingencia profesional o accidente laboral. Ese paso tiene relevancia económica, pero también jurídica: establecería una relación entre el daño sufrido y las condiciones en las que se desarrolló el conflicto dentro de la Administración vasca.

Por ahora, esa causalidad no debe darse por sentada. La Seguridad Social ha reconocido la incapacidad permanente total sobre la base del estado de salud acreditado, pero la controversia sobre quién o qué provocó ese estado sigue su propio recorrido. Parece una sutileza burocrática; no lo es. Entre tener una enfermedad mientras se trabaja y tener una enfermedad causada por el trabajo puede abrirse un abismo de consecuencias legales.

Un conflicto que comenzó tras el cambio registral de sexo

De Paula cambió su sexo en el Registro Civil en abril de 2023, poco después de la entrada en vigor de la denominada ley trans. La decisión adquirió una dimensión pública por tratarse del primer caso conocido dentro de la Ertzaintza y por las dificultades surgidas posteriormente en su destino de Irún.

La gestión de los vestuarios, las relaciones con algunos compañeros y las decisiones adoptadas por los responsables policiales fueron convirtiendo una situación inicialmente administrativa en un conflicto cada vez más áspero. De Paula llegó a relatar que durante meses tuvo dificultades para disponer de un espacio adecuado para cambiarse antes del servicio y sostuvo que el Departamento de Seguridad no gestionó correctamente su situación.

El asunto terminó desbordando los muros de la comisaría. Hubo declaraciones públicas, reproches internos y una creciente exposición mediática. El agente afirmaba sentirse discriminado; desde otros sectores se cuestionaron algunas de sus actuaciones y el uso que hacía de determinados derechos. Una mezcla explosiva: identidad de género, disciplina policial, burocracia y cámaras alrededor. Difícil encontrar un cóctel con menos posibilidades de pasar inadvertido.

Las artes marciales añadieron otro frente

Al mismo tiempo, De Paula continuó relacionado con el mundo de la lucha y la formación en técnicas de reducción policial. Había practicado durante años disciplinas como jiu-jitsu brasileño y grappling, además de otras artes marciales, y había impartido cursos dirigidos a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Esa actividad llevó a Asuntos Internos de la Ertzaintza a investigar si existía alguna incompatibilidad con su condición de funcionario. De Paula defendió que desarrollaba parte de esas actividades de manera voluntaria y negó haber incumplido la normativa.

La cuestión reaparece porque resulta tentador convertir unas imágenes entrenando en una especie de peritaje médico popular. No funciona así. La incapacidad permanente total se refiere a las capacidades exigidas por la profesión habitual y se determina mediante valoración médica y administrativa; después podrán discutirse incompatibilidades, revisiones o nuevos trabajos, pero cada asunto tiene su expediente.

Qué supone su salida de la Ertzaintza

La consecuencia inmediata de la resolución es el fin de la carrera profesional de De Paula como agente en activo. La incapacidad permanente total le reconoce una prestación vinculada a su imposibilidad para continuar realizando las funciones fundamentales de esa profesión, con el porcentaje general del 55% aplicado a su base reguladora.

La cantidad exacta que recibirá cada mes no puede fijarse únicamente con los datos publicados. Sí puede afirmarse que la pensión nace de la incapacidad reconocida y que, según las informaciones conocidas, se añade una compensación cercana a 76.000 euros cuya percepción se produciría posteriormente.

Queda, entretanto, la parte menos visible detrás de las cifras. De Paula ha asegurado haber perdido una profesión que consideraba vocacional y sostiene que su estado psicológico es el resultado de lo vivido dentro de la organización. La Administración y, en su caso, los tribunales tendrán que delimitar hasta dónde llega esa responsabilidad.

El caso desemboca así en dos planos que conviene no confundir. Uno está bastante definido: existe una incapacidad permanente total reconocida, con una pensión situada en el 55% de la base reguladora y la salida de De Paula de la Ertzaintza.

El otro sigue abierto. Falta determinar si el trastorno psicológico que ha provocado esa incapacidad debe considerarse una consecuencia profesional del conflicto vivido en la comisaría y, por tanto, si existe una responsabilidad laboral más amplia detrás de la enfermedad.

La diferencia cabe en pocas palabras, aunque jurídicamente pesa toneladas: la incapacidad está reconocida; su origen laboral todavía se discute. Esa es, más allá del ruido que ha acompañado durante años al caso, la fotografía precisa en este momento.