¿Por qué Trump recurre al polígrafo con 50 miembros del Pentágono?

El Pentágono ha sometido a alrededor de 50 integrantes del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos a pruebas de polígrafo dentro de una investigación sobre filtraciones de información sensible a la prensa. Los interrogatorios se realizaron en agosto y buscaban, entre otras cosas, averiguar quién pudo revelar datos sobre el desgaste de las reservas estadounidenses de misiles e interceptores durante la guerra con Irán.

La investigación llega después de meses de tensión dentro de la Administración de Donald Trump por las informaciones sobre una posible escasez de municiones estratégicas, una versión que la Casa Blanca y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han rechazado públicamente. El asunto, sin embargo, va bastante más allá de una pelea con periodistas: Washington necesita sostener sus operaciones en Oriente Próximo sin adelgazar hasta niveles peligrosos los arsenales reservados para una eventual crisis con China, Rusia o Corea del Norte.

El episodio vuelve a mostrar hasta qué punto las filtraciones del Pentágono se han convertido en un problema político y militar para Trump. El presidente ha reaccionado con dureza ante revelaciones relacionadas con capacidades defensivas estadounidenses y su Administración intenta determinar quién está facilitando datos internos. Esta vez, la búsqueda ha llegado literalmente a los cables de un polígrafo.

Unos 50 miembros del Estado Mayor pasaron por el polígrafo

La operación ha alcanzado una dimensión poco habitual. Investigadores del Gobierno estadounidense interrogaron mediante polígrafo a aproximadamente 50 militares y empleados civiles vinculados al Joint Staff, el Estado Mayor Conjunto que asesora a la cúpula política y militar de Estados Unidos.

Las preguntas se centraron en la posible entrega a periodistas de información clasificada y, particularmente, en datos relacionados con el nivel de las reservas de armamento. Otras informaciones han situado dentro de las pesquisas a responsables militares relacionados con operaciones de combate y planificación estratégica.

No significa que medio Pentágono haya sido conectado a la llamada máquina de la verdad. El Estado Mayor Conjunto reúne a entre 1.500 y 2.000 oficiales y funcionarios. Aun así, examinar a decenas de personas de ese entorno mediante pruebas de polígrafo resulta llamativo por la sensibilidad de sus puestos y por la amplitud de la investigación.

El Departamento de Defensa ha evitado detallar una investigación interna abierta. Su posición pública, sin embargo, es inequívoca: las filtraciones de datos clasificados de seguridad nacional se consideran un asunto extremadamente grave y pueden desencadenar investigaciones administrativas o penales.

Ahí está el corazón de la historia. No se trata de averiguar quién adelantó un nombramiento o comentó una discusión de despacho. Las informaciones que preocupan a Washington afectan directamente a la capacidad militar estadounidense para mantener operaciones prolongadas.

Las reservas de misiles que preocupan a Washington

Durante meses han circulado informaciones sobre el intenso consumo de armamento estadounidense en el conflicto con Irán. Una parte especialmente delicada afecta a los sistemas defensivos Patriot y THAAD, empleados para interceptar misiles balísticos, junto con determinadas municiones de precisión y armas de largo alcance.

La Administración Trump sostiene que Estados Unidos dispone del armamento necesario. El propio presidente reaccionó con dureza en agosto ante noticias sobre posibles carencias, aseguró que el país mantiene grandes cantidades de municiones y advirtió de consecuencias para quienes revelasen información militar reservada.

Pero tras la respuesta política existe un problema industrial bastante menos espectacular y mucho más difícil de resolver. Un interceptor puede desaparecer del inventario en segundos; producir su sustituto requiere meses, cadenas de suministro especializadas, fábricas, componentes y bastante dinero. La guerra consume rápido. La industria repone despacio.

El Pentágono ha pedido a los fabricantes estadounidenses que aceleren la producción de municiones consideradas críticas. El debate no gira únicamente alrededor de cuánto armamento queda, sino de la velocidad con la que puede fabricarse de nuevo si una campaña militar se prolonga o aparece simultáneamente otro frente.

Patriot y THAAD, las piezas más delicadas

Las cifras exactas de los inventarios militares estadounidenses son clasificadas, de modo que las cantidades difundidas públicamente deben entenderse como estimaciones independientes, no como un inventario oficial abierto al público.

Algunos análisis especializados han situado las existencias estadounidenses de interceptores Patriot por debajo de las mil unidades y las de THAAD en unos pocos centenares. Más importante que la cifra exacta es la tendencia: una campaña de alta intensidad puede consumir una cantidad notable de interceptores antimisiles que posteriormente tardan bastante tiempo en ser reemplazados.

Ese matiz cambia la lectura. Estados Unidos no necesita armamento únicamente para la guerra que está librando; necesita conservar reservas para conflictos que pretende disuadir. Una potencia global no puede vaciar un almacén pensando únicamente en el frente que ocupa los titulares de esa semana.

China aparece inevitablemente en esos cálculos. Una crisis en el Pacífico occidental exigiría grandes cantidades de municiones de precisión y sistemas defensivos. Consumirlos demasiado deprisa en Oriente Próximo puede reducir el margen estadounidense en Asia durante el tiempo necesario para reconstruir los arsenales.

Trump lleva semanas persiguiendo a quienes filtran información

La ofensiva contra las filtraciones no nació con los interrogatorios de agosto. Trump había reaccionado públicamente semanas antes contra informaciones relacionadas con las reservas militares, calificando algunas revelaciones de especialmente graves y dejando claro que su Administración pretendía localizar a los responsables.

La persecución de filtraciones se ha convertido en una cuestión recurrente dentro del aparato de seguridad estadounidense. Bajo Hegseth ya se habían planteado y utilizado exámenes de polígrafo para investigar revelaciones a los medios, mientras el Departamento de Defensa endurecía el acceso a determinados documentos clasificados.

A comienzos de septiembre, el Pentágono restringió también el acceso a documentación interna relacionada con movimientos de fuerzas, disponibilidad de unidades y armamento. El objetivo es reducir la circulación de información operativa sensible entre personas que no necesitan conocerla directamente para desempeñar sus funciones.

El ambiente interno no parece precisamente distendido: generales encargados de calcular cuánto puede resistir una fuerza militar, responsables civiles que administran arsenales clasificados y una Casa Blanca empeñada en averiguar quién habla con periodistas. Un escenario poco propicio para las confidencias junto a la máquina de café del Pentágono.

El precedente incómodo del propio Pentágono

La cruzada contra las filtraciones arrastra, además, una ironía difícil de ignorar. En 2025 el Departamento de Defensa quedó atrapado en el denominado Signalgate, después de que altos responsables de seguridad nacional compartieran información sensible sobre ataques estadounidenses contra los hutíes de Yemen dentro de un chat de Signal al que había sido añadido accidentalmente un periodista.

Pete Hegseth quedó entonces en el centro de la controversia por el contenido operativo difundido mediante esa aplicación. El episodio alimentó durante meses el debate sobre cómo gestionaba la nueva dirección del Pentágono la información reservada y sobre qué grado de protección merecían determinados datos militares.

Eso no convierte en legítima cualquier filtración posterior ni elimina la obligación de proteger secretos militares. Sí introduce una paradoja política considerable: una Administración cuestionada por sus propios tropiezos en el manejo de información sensible utiliza ahora medidas extraordinarias para descubrir quién proporciona datos al exterior.

La máquina de la verdad no lee realmente la verdad

Hay otra peculiaridad en esta historia. Llamar al polígrafo máquina de la verdad resulta cómodo, incluso cinematográfico, pero científicamente es una simplificación considerable.

El aparato registra cambios fisiológicos como la respiración, la presión arterial, el ritmo cardiaco o la conductividad de la piel mientras una persona responde a determinadas preguntas. Después, esos patrones son interpretados. No existe una luz que se encienda automáticamente cuando alguien miente. Sería útil en bastantes reuniones oficiales, desde luego, pero el polígrafo no funciona así.

Los cambios fisiológicos pueden relacionarse con una mentira, pero también con miedo, ansiedad, estrés, enfado o simplemente con la presión de estar siendo interrogado. Por eso el resultado de un polígrafo no equivale por sí solo a una prueba de culpabilidad.

En operaciones de seguridad y contrainteligencia, sin embargo, su utilidad puede ser distinta. El examen permite orientar interrogatorios, detectar contradicciones, aumentar la presión psicológica o provocar que una persona facilite datos adicionales. Más que un detector infalible, funciona como una herramienta de investigación.

Aplicarlo de forma amplia a integrantes de una estructura militar tan sensible dice, por tanto, bastante más sobre la preocupación del Pentágono ante las filtraciones que sobre la capacidad del aparato para identificar sin margen de error a quien habló.

Más que una caza al topo dentro del Pentágono

Existe una tentación sencilla: reducir toda la historia a Trump enfadado buscando un topo. Es la parte cinematográfica. También la menos importante. El verdadero problema son las reservas militares de Estados Unidos y la velocidad a la que determinadas armas sofisticadas pueden consumirse en una guerra moderna.

El uso intensivo de interceptores y municiones de precisión en Oriente Próximo ha colocado sobre la mesa una dificultad que el Pentágono arrastra desde hace años: algunas armas pueden gastarse muchísimo más rápido de lo que la industria consigue fabricarlas. Los Patriot, THAAD, Tomahawk y otras municiones avanzadas son caras, complejas y lentas de producir.

Los presupuestos pueden crecer de un año para otro; una cadena industrial no se duplica por decreto. Hacen falta nuevas líneas de producción, proveedores, trabajadores especializados y componentes que también tienen sus propios plazos. La diferencia entre el ritmo del campo de batalla y el de una fábrica explica buena parte de la preocupación estratégica de Washington.

Por eso una filtración sobre inventarios puede resultar especialmente sensible. Un adversario puede utilizar esos datos para calcular durante cuánto tiempo podría Estados Unidos sostener determinadas operaciones, qué sistemas escasean o qué teatro de operaciones tendría prioridad si estallaran dos crisis simultáneas.

También existe la otra cara. Las dificultades materiales de una guerra son información de evidente interés público, especialmente cuando condicionan decisiones estratégicas y enormes cantidades de dinero. La frontera entre seguridad nacional, control institucional y derecho a informar vuelve así a pasar por los pasillos del Pentágono, como tantas otras veces en la historia estadounidense.

Por el momento no se ha anunciado públicamente la identificación de una persona responsable de las revelaciones que desencadenaron esta investigación. Tampoco el uso del polígrafo demuestra que todas las estimaciones publicadas sobre las reservas estadounidenses fueran exactas.

Sí deja una imagen bastante nítida: decenas de integrantes del Estado Mayor interrogados, documentos clasificados sometidos a mayores restricciones y una Administración dispuesta a elevar la lucha contra las filtraciones a una cuestión prioritaria. La supuesta máquina de la verdad quizá no revele quién habló, pero sí retrata el nerviosismo existente dentro del Pentágono.