¿Quién se quedó la VPP de lujo en San Juan y por qué hay lío?

Viviendas de protección pública en Playa de San Juan desatan una polémica política: cargos municipales y familiares entre los adjudicatarios.

La promoción de viviendas de protección pública levantada en Playa de San Juan, uno de los enclaves residenciales más cotizados de Alicante, ha terminado convertida en un caso político, administrativo y social de gran alcance. No se discute solo la legalidad estricta de las adjudicaciones, sino el modelo de acceso, los controles reales y la frontera borrosa entre cumplir la norma y preservar la confianza pública. La controversia estalló cuando se conoció que entre los compradores figuraban cargos públicos, familiares directos de altos funcionarios municipales y profesionales vinculados al propio proceso urbanístico, todos ellos integrados como socios cooperativistas en una promoción ejecutada sobre suelo municipal.

En términos formales, la Generalitat sostiene que los adjudicatarios cumplían los requisitos exigidos para acceder a una vivienda de protección pública: empadronamiento, ausencia de otra vivienda en propiedad, uso como residencia habitual y un nivel de ingresos por debajo del umbral fijado —hasta 6,5 veces el IPREM—. Pero la polémica no se ha detenido ahí. El debate se ha desplazado hacia cómo se configuró el listado de aspirantes, quién lo controló, qué grado de publicidad tuvo y qué responsabilidades políticas se derivan cuando la vivienda protegida aparece en un entorno donde el precio libre supera con holgura los 300.000 euros.

Un suelo municipal en una de las zonas más deseadas

La promoción se ubica en el entorno de Playa de San Juan, una zona asociada al urbanismo de nueva planta, servicios completos, cercanía al mar y una presión inmobiliaria constante. No se trata de un enclave periférico ni de una actuación aislada, sino de un solar municipal de alto valor, cuya subasta y adjudicación se prolongó durante años, entre recursos, anulaciones y reactivaciones administrativas, desde 2018 hasta 2022. El precio final de enajenación del suelo rondó los 6,67 millones de euros, impuestos incluidos, conforme a los módulos establecidos para vivienda protegida.

Sobre ese terreno se levantó el residencial a través de una cooperativa de iniciativa privada, Residencial Les Naus, bajo la figura de vivienda de protección pública (VPP) —una denominación técnica que, en la práctica social, se percibe como VPO—. La promoción se ejecutó a precio de coste, sin margen de beneficio industrial, lo que permitió situar el precio medio de las viviendas en torno a 215.000 euros, incluyendo dos plazas de garaje y trastero. En el mercado libre del mismo entorno, una vivienda equivalente puede acercarse o superar los 350.000 euros.

Esa brecha económica es uno de los ejes silenciosos del conflicto. No hubo ayudas directas ni subvenciones individuales, pero sí una ventaja patrimonial clara derivada del acceso a suelo público y a un régimen de protección que limita el precio final.

Los nombres propios que activaron la alarma

El foco mediático y político se encendió al conocerse que entre los socios cooperativistas adjudicatarios figuraba Rocío Gómez, entonces concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Según la documentación conocida, su inscripción en la cooperativa se produjo en agosto de 2018, varios años antes de asumir responsabilidades de gobierno. Ese dato temporal ha sido utilizado como argumento defensivo, aunque no ha evitado que se plantee una cuestión de fondo: si existió o no conflicto de intereses cuando el proyecto atravesó áreas municipales directamente vinculadas a Urbanismo y Patrimonio.

Junto a ese nombre aparecen los hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, que presentó su renuncia para regresar a su puesto como jefa del área de Contratación. También figura un arquitecto municipal, además de otros perfiles vinculados a la gestión del propio proyecto. El listado incluye, además, dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar, así como el representante de la empresa gestora de la cooperativa, Fraorgi.

A partir de ahí, el retrato se amplía: policías locales, personal sanitario, más funcionarios municipales, personas vinculadas a cargos autonómicos y varios grupos familiares con hermanos y hermanas adjudicatarios dentro de la misma promoción. Todo ello ha alimentado la percepción de un círculo de acceso restringido, aunque desde la cooperativa se insiste en que todos los socios se incorporaron conforme al orden de inscripción y bajo el compromiso de cumplir los requisitos legales.

El tablero político se agita

La reacción institucional fue rápida y múltiple. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció la apertura de un expediente interno para aclarar todo el proceso, con el secretario general municipal como instructor y la recopilación de informes de todas las áreas implicadas. En paralelo, desde distintos grupos políticos se exigieron explicaciones públicas, ceses y responsabilidades, y se registraron iniciativas para trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

La entonces concejala de Urbanismo presentó su dimisión, alegando la necesidad de no interferir en la investigación y de preservar la institución. El gesto tuvo un efecto inmediato en el plano político, aunque no cerró el debate. Al contrario, reforzó la idea de que el problema no se limita a una persona concreta, sino a un sistema de adjudicación que permite situaciones difícilmente defendibles en términos de imagen pública.

Desde la Generalitat, el presidente Juanfran Pérez Llorca intervino para asegurar que se había recabado un informe del servicio territorial de Vivienda en Alicante y que los adjudicatarios cumplían las condiciones normativas. Ese pronunciamiento zanjó, al menos provisionalmente, el plano técnico, pero dejó intacta la discusión política y social.

Requisitos cumplidos, controles discutidos

El acceso a una VPP exige una serie de condiciones objetivas: empadronamiento en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad, destinar la vivienda a residencia habitual y no superar el límite de ingresos establecido. Esos requisitos fueron verificados por el servicio territorial de Vivienda, que además visó los contratos de adjudicación como paso previo a su elevación a escritura pública. También se realizaron inspecciones para comprobar que las viviendas se ajustaban al proyecto aprobado en cuanto a superficie, distribución y servicios, culminando la calificación definitiva en julio de 2025.

Ese calendario es relevante. Durante años se desarrolló el proceso de subasta, constitución de la cooperativa, selección de socios y ejecución de la obra, mientras la calificación final llegó cuando la promoción estaba prácticamente cerrada. Desde un punto de vista formal, el procedimiento se ajusta a la normativa vigente. Desde un punto de vista político, la secuencia temporal refuerza la sensación de opacidad.

La clave no está tanto en si se cumplieron los requisitos, sino en quién controló el acceso previo. En las promociones de VPP de iniciativa privada, el listado de aspirantes depende de la propia cooperativa, sin un sistema público de baremación ni un orden de prelación supervisado por la Administración. No existe un sorteo público ni una lista oficial gestionada por el Ayuntamiento o la Generalitat para este tipo de promociones.

La lista invisible

Durante años, uno de los pocos requisitos externos fue la inscripción en el registro autonómico de demandantes de vivienda, gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Sin embargo, ese registro no establecía turnos ni reservas, ni garantizaba el acceso a promociones concretas. Era una condición formal, pero no operativa. Precisamente por esa falta de eficacia, ese requisito se eliminó en 2024 para las VPP privadas, manteniéndose únicamente en el caso de la vivienda social promovida directamente por la Administración y en determinados proyectos del Plan Vive.

En el caso de Playa de San Juan, la cooperativa elaboró su propio listado desde 2018, inicialmente con personas que habían quedado fuera de otra promoción privada anterior en el PAU 5. Tras la reactivación del proceso de subasta en 2022 —por orden judicial—, el listado se renovó parcialmente, incorporando nuevos socios conforme al orden cronológico de inscripción. Cerca de la mitad de los miembros se incorporaron en esa fase, siempre bajo la declaración de cumplir los requisitos de acceso.

Ese funcionamiento, plenamente legal, es el que ahora se cuestiona. No por una infracción concreta, sino por la ausencia de mecanismos de transparencia y control público en un proceso que afecta a suelo municipal y a viviendas con precio limitado.

Precio protegido, ventaja real

Uno de los argumentos recurrentes en la defensa del proceso es que no existieron ayudas públicas directas. Ningún adjudicatario recibió subvenciones individuales ni aportaciones económicas para la construcción. Pero la ventaja económica es indiscutible: acceder a una vivienda en Playa de San Juan por unos 215.000 euros, con garajes y trastero, supone un ahorro muy significativo respecto al mercado libre.

Ese diferencial no es un detalle menor. Es el núcleo de la percepción de agravio en una ciudad con tensión creciente en el acceso a la vivienda, donde miles de personas quedan fuera del mercado y donde la vivienda protegida se percibe como una oportunidad escasa y valiosa. Cuando esa oportunidad parece concentrarse en perfiles con vínculos institucionales, la discusión trasciende la legalidad y se instala en el terreno de la legitimidad.

Un debate que va más allá del caso concreto

El asunto de la VPP de Playa de San Juan ha abierto un debate más amplio sobre cómo se gestionan las promociones de vivienda protegida de iniciativa privada sobre suelo público. La normativa actual permite que el control del acceso recaiga en cooperativas y promotores, con la Administración actuando como verificadora final de requisitos, pero no como gestora del proceso de selección.

Esa arquitectura normativa, válida desde el punto de vista legal, muestra ahora sus límites políticos. La propia sugerencia de modificar la normativa para reforzar la transparencia apunta en esa dirección. No se trata solo de depurar responsabilidades en un expediente concreto, sino de replantear un modelo que genera desconfianza incluso cuando se ajusta a la ley.

Una promoción que marca un antes y un después

El caso sigue abierto en el plano administrativo y político. El expediente municipal deberá determinar si existieron incompatibilidades, irregularidades o actuaciones impropias por parte de cargos públicos o personal municipal. La Fiscalía valorará si hay indicios penales. Pero, al margen de esos desenlaces, la promoción de Playa de San Juan ya ha dejado una huella clara: ha puesto bajo el foco la gestión de la vivienda protegida en zonas de alto valor, la opacidad de los listados privados y la necesidad de reforzar los controles cuando hay suelo público de por medio.

La vivienda de protección pública nació para equilibrar el acceso en un mercado desigual. Cuando ese objetivo se diluye entre trámites correctos y resultados socialmente incómodos, el problema ya no es solo jurídico. Es político. Y, sobre todo, es estructural.

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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Alicante Plaza, Cadena SER, Cadena SER, El País.