Todos los españoles que aparecen en los archivos de Epstein

Tanda nueva de archivos de Epstein: 15 nombres españoles, agenda, envíos a la Moncloa y FAES, y qué implica aparecer en documentos oficiales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado una nueva remesa de documentos del caso Jeffrey Epstein fechada el 30 de enero de 2026, una descarga masiva presentada como cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act, la ley firmada el 19 de noviembre de 2025 por Donald Trump para abrir al público lo que el Gobierno tenía en sus manos sobre la red criminal del financiero. La cifra impresiona por puro volumen: más de 3 millones de páginas adicionales, junto a 180.000 imágenes y más de 2.000 vídeos, con el número total rozando 3,5 millones de páginas si se suman publicaciones anteriores. La cara visible del anuncio ha sido el fiscal general adjunto Todd Blanche, y el efecto inmediato, aquí y allí, es el mismo de siempre: nombres propios saliendo a la superficie como corchos en un agua revuelta.

En España, el foco se ha concentrado en quince nombres que aparecen citados en la documentación difundida, sobre todo en un libro de contactos atribuido a Epstein y en papeles anexos donde figuran envíos, referencias administrativas y menciones sueltas. En esa lista, tal como ha circulado en las últimas horas, están Alejandro Agag, José Aznar (el hijo del expresidente, identificado como economista y consultor), Jacobo Gordon, Maite Arango, Joaquín Fernández de Córdoba Arión, Fernando Arión, Fernando de Córdova Hohenlohe, Fernando de Soto, Nacho Gaspar, Ludmila García, Juan Herrero, Helen Herrero, además de José María Aznar, Ana Botella y Miguel Ángel Moratinos. El dato que conviene fijar desde el minuto uno, sin dramatismos ni eufemismos, es que aparecer en estos papeles no equivale por sí solo a delito ni a participación en abusos: una agenda puede ser una libreta de teléfonos; un recibo, un rastro logístico; un nombre en un correo, un hilo sin nudo.

Un volcán de papel: qué se ha publicado y de dónde sale

El paquete liberado se vende como “la” gran publicación final o casi final, pero lo que llega en bruto no es una historia cerrada, sino un archivo descomunal con capas y más capas, algunas repetidas, otras recortadas por privilegios legales y otras vetadas por las excepciones previstas en la propia ley. El propio Departamento explica que se ha “sobre-recolectado” material y que lo no publicado entra en cajones muy concretos: duplicados entre investigaciones, documentos protegidos por deliberación interna o relación abogado-cliente, piezas excluidas por categorías del texto legal, y elementos “completamente no relacionados” con los casos de Epstein o Ghislaine Maxwell. Es el tipo de aclaración que suena burocrática, sí, pero marca el terreno: no es una caja abierta del todo, es una caja abierta con guantes.

La procedencia de los documentos también importa, porque no todo tiene el mismo peso ni la misma intención original. La recopilación se atribuye a cinco grandes fuentes: causas en Florida y Nueva York contra Epstein, el caso neoyorquino contra Maxwell, expedientes sobre la investigación de la muerte de Epstein en custodia, una investigación en Florida sobre un antiguo mayordomo y, además, múltiples pesquisas del FBI y el informe del Inspector General sobre cómo se gestionó su estancia en prisión. Ese mosaico mezcla piezas judiciales con material policial y con documentación interna, y ahí aparecen desde cosas relevantes hasta papel de oficina: la diferencia se ve cuando se lee, no cuando se tuitea.

Una cifra del propio comunicado oficial ayuda a entender por qué el material llega como llega: más de 500 abogados y revisores han trabajado en el filtrado. En paralelo, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aplicó un protocolo extra para cumplir con una orden judicial que exigía que no se difundiera información que pudiera identificar a víctimas sin tachar, con la certificación del fiscal Jay Clayton. Y aun así, en Estados Unidos ya han estallado críticas por errores de redacción y por el equilibrio entre transparencia y protección, un choque delicado donde cada fallo tiene consecuencias.

La agenda atribuida a Epstein: contactos, no acusaciones automáticas

El elemento que más titulares fabrica, casi por naturaleza, es el libro de contactos atribuido a Epstein. Tiene algo de fetiche moderno: nombres, teléfonos, direcciones, el perfume social de los círculos de poder. Pero en términos fríos, una agenda es un contenedor: puede incluir a alguien con quien se trabajó, a alguien a quien se quiso impresionar, a alguien a quien se intentó acercar sin conseguirlo, a un intermediario, a un recepcionista de hotel, a un asesor que pasó tarjeta en una cena. En el caso Epstein, el problema es que la agenda se lee con una sola pregunta en la cabeza —quién estaba cerca— y el archivo rara vez contesta con claridad.

En esa agenda, dentro del bloque de nombres vinculados a España, aparecen citados Alejandro Agag y José Aznar (identificado como hijo del expresidente), y se recoge que ambos han defendido que la presencia responde a motivos estrictamente profesionales. Junto a ellos figura Jacobo Gordon, empresario condenado por el caso Gürtel; también Maite Arango, consejera de Acciona y vinculada a patronatos culturales; y el aristócrata Joaquín Fernández de Córdoba Arión, duque de Arión. El documento además incluye, como contactos diferenciados, a Fernando Arión y Fernando de Córdova Hohenlohe, y suma a Fernando de Soto, Nacho Gaspar y Ludmila García, con referencias de domicilios ligados a Madrid y Marbella. En versiones del mismo material se han visto también los nombres de Juan Herrero y Helen Herrero, dos empresarios citados como contactos.

Este tipo de repertorio, cuando se mezcla con apellidos conocidos, activa la imaginación colectiva como si fuera un interruptor. Y ahí conviene separar el gesto del hecho: que un nombre esté en un listado atribuido a Epstein es, en primer término, un dato; la pregunta penal es otra, y exige pruebas adicionales que no se derivan automáticamente de esa línea de texto. En un expediente serio, el paso siguiente no es “condenar”, es contextualizar: cuándo se incorporó ese contacto, a través de quién, si hay llamadas, si hay encuentros, si hay pagos, si hay viajes, si hay testigos, si hay registros. Sin eso, la agenda es humo con forma de letra.

Aznar y Botella en los papeles: paquetes, recibos y un nombre repetido

Donde España ha sentido el golpe mediático de verdad es en las menciones documentales vinculadas a José María Aznar y Ana Botella, no tanto por aparecer como contactos directos en la agenda, sino por figurar en materiales que incluyen facturas de envíos y un rastro administrativo con destino a La Moncloa entre 2003 y 2004. Aquí el archivo ya no es “un nombre en un listín”, sino una secuencia con fechas, pesos, recogidas y direcciones. Eso no lo convierte en prueba de relación personal con Epstein, pero sí lo vuelve más concreto y, por tanto, más explosivo.

El primer envío que ha trascendido aparece fechado el 2 de septiembre de 2003: un paquete de unos 220 gramos enviado desde Nueva York por Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, con destino a La Moncloa y con el destinatario rotulado como “presidente y Ana Aznar”. La recogida figura el 4 de septiembre y el servicio de mensajería identificado es FedEx, con un coste que se ha difundido como 32,62 dólares. En la lectura política, ese rótulo funciona como sirena; en la lectura documental, es un dato logístico: quién envía, quién recibe según etiqueta, cuándo sale, cuándo entra.

El segundo envío del que se habla en la documentación tiene fecha 5 de mayo de 2004 y pesa alrededor de 360 gramos. Mantendría el mismo origen y, sin embargo, cambia el destino: la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la calle Juan Bravo de Madrid. La recogida aparece el 10 de mayo, ya con Aznar fuera de la Presidencia del Gobierno tras las elecciones de marzo y el relevo político consumado con José Luis Rodríguez Zapatero. No es un matiz menor: el sello institucional de La Moncloa desaparece y aparece una dirección de fundación, un cambio de escenario que, al menos, marca que el envío no queda circunscrito a un despacho oficial.

A ese rastro se añade otro elemento que ha circulado como parte del lote: un pago de 1.050 dólares a una agencia vinculada a reservas de viaje, Shoppers Travel Inc., con fecha 17 de octubre de 2003, a nombre de “José María Aznar”. El propio detalle abre una ambigüedad incómoda porque en el ecosistema familiar existe también José Aznar (hijo) y, según lo que se ha difundido, resulta imposible determinar solo con ese apunte a cuál de los dos se refiere, si al expresidente o a su hijo. Es uno de esos casos en los que el archivo ofrece una pista sin contexto suficiente: tentador para el titular, insuficiente para el veredicto.

La reacción del entorno del expresidente, según se ha recogido públicamente, ha sido de negación y desconcierto, con fórmulas del tipo “no lo conoce” y “no tiene ni idea” de por qué figura su nombre o por qué se hicieron esos envíos. También se ha señalado algo que, en realidad, es verosímil por pura logística de Estado: a la Presidencia del Gobierno llegan muchísimos paquetes y el hecho de que un envío llegue no prueba que exista una relación personal con el remitente, ni siquiera que el destinatario sea consciente. Con todo, el archivo queda ahí, duro como una piedra: dos recibos, fechas, gramos y direcciones.

Moratinos y el flanco diplomático: menciones fuera de la agenda

En el mismo contexto de publicación se ha mencionado también a Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores entre 2004 y 2010, asociado a referencias de carácter diplomático y a autorizaciones o contactos para encuentros privados con figuras del entorno del poder marroquí, según lo que se ha divulgado alrededor de los documentos. En este punto la precisión es crucial: no se está hablando necesariamente de que Moratinos figure como “contacto” en el libro de direcciones atribuido a Epstein, sino de que su nombre aparece en el marco más amplio de movimientos y relaciones que los papeles intentan reconstruir.

La clave aquí es no hacer trampas con el lenguaje. “Mencionado” no es “implicado”, y “contacto diplomático” no es “vínculo con abusos”. El expediente Epstein, por su propia naturaleza, toca círculos de influencia, viajes, intermediaciones, reuniones, invitaciones, promesas y gestos sociales; en esa sopa, un nombre puede aparecer como parte de un contexto institucional sin que exista ninguna conexión con los delitos por los que Epstein fue investigado y detenido. Aun así, cada mención, cuando el caso es este, cae como plomo: no por lo que demuestra, sino por lo que sugiere si se manipula.

España además tiene una sensibilidad particular con todo lo que roza la relación con Marruecos: cualquier alusión al “entorno del poder marroquí” activa, de inmediato, un radar político y mediático. Pero un radar no es una prueba. El documento, para ser útil, necesita sostener una cadena verificable: quién autorizó qué, en qué fecha, con qué motivo, con qué participantes y qué derivó de aquello. Sin esa cadena, el nombre queda suspendido, como una etiqueta en el aire.

Washington, la pelea por la transparencia y el ruido sobre las víctimas

Mientras aquí se discutían nombres españoles, en Estados Unidos se abría otra batalla: la de si el Gobierno ha cumplido o no con la ley de transparencia tal como se prometió, y si la publicación ha protegido adecuadamente a las víctimas. Legisladores demócratas han criticado que no se habría liberado todo lo exigible, que parte del material llega con redacciones agresivas y que se habría incumplido el calendario, mientras abogados de supervivientes han denunciado un manejo “outrageous”, con fallos que habrían expuesto identidades de víctimas y, al mismo tiempo, habrían dejado fuera nombres de posibles responsables. En medio, el Departamento defiende su revisión, sus filtros y la idea de que no existe una “lista secreta” de clientes que se esté escondiendo.

En esa bronca aparece de nuevo Todd Blanche, no ya como portavoz de cifras, sino como defensor de la publicación ante cámaras y micrófonos, con una línea argumental repetida: se ha liberado una enorme cantidad de material, lo que no sale queda dentro de categorías legales, y si surgen pistas nuevas que permitan imputaciones adicionales, la puerta no está cerrada. Es un equilibrio raro: por un lado, la institución dice “no hay evidencia accionable ahora”; por otro, admite que un archivo así puede generar nuevas líneas si alguien aporta una pieza que encaje.

En el centro del relato sigue estando Ghislaine Maxwell, condenada por su papel en el entramado y sentenciada a 20 años de prisión, un recordatorio de que el caso no es solo “Epstein y su agenda”, sino una estructura con cooperación, captación y abuso. Y sobre todo sigue estando el hecho que lo tiñe todo: Epstein murió en una celda en Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Su muerte cerró una boca, no cerró el caso; por eso, cada publicación nueva se vende como la oportunidad de “saberlo todo”, aunque al final lo que llega sean fragmentos.

El mapa español que dibujan estos papeles

Si se junta todo lo que se ha difundido, el retrato español queda dividido en dos grupos: el de los nombres que aparecen como contactos en la agenda atribuida a Epstein —con perfiles empresariales y aristocráticos como Alejandro Agag, José Aznar, Maite Arango, Joaquín Fernández de Córdoba Arión, Fernando Arión, Fernando de Córdova Hohenlohe, Fernando de Soto, Nacho Gaspar, Ludmila García, Juan Herrero y Helen Herrero, además de Jacobo Gordon— y el de las referencias documentales que han señalado a José María Aznar y Ana Botella por envíos y menciones administrativas entre 2003 y 2004, con la pieza adicional del pago a una agencia de viajes a nombre de “José María Aznar”. A eso se suma el nombre de Miguel Ángel Moratinos, citado en un contexto diplomático que, tal como se ha contado, no se presenta como parte directa de la agenda, sino como un elemento del entorno documental.

Lo verdaderamente comprobable, con lo que no hay que jugar al escondite, es que existen recibos con fechas y direcciones, existen menciones y existe un listado de contactos atribuido a Epstein donde aparecen determinados nombres españoles. Lo que no aparece, al menos en lo divulgado de forma pública en esta tanda, es una pieza que diga: hubo un encuentro con tal fecha, en tal lugar, con tal evidencia, y con relación directa con los delitos. Ese salto, el que convierte una sospecha en un hecho penal, no lo da la imaginación, lo da una investigación con pruebas sólidas.

A partir de ahí, el resto es el terreno donde se cometen los abusos informativos: convertir la presencia en un documento en condena social automática, mezclar homónimos sin cuidado —el “José Aznar” hijo y el “José María Aznar” padre—, o construir un relato cerrado con piezas que son, en realidad, fragmentos. El archivo es grande y frío; España lo está leyendo con el nervio caliente. Y esa es, quizá, la síntesis más honesta de este episodio: hay datos, hay nombres y hay fechas; lo demás, de momento, sigue siendo un espacio donde lo único serio es distinguir con calma entre lo que el papel dice y lo que el papel no dice.