¿Por qué María Consuelo Córdoba quiere la eutanasia tras el ácido?

María Consuelo Córdoba tiene 58 años, nació en Istmina, en el departamento colombiano del Chocó, y lleva más de un cuarto de siglo viviendo con las consecuencias de una agresión que le cambió literalmente el rostro y la vida. En 2000, poco después de llegar a Bogotá, su entonces marido le arrojó ácido, según el relato que ella ha mantenido durante años. Desde aquella noche ha pasado por alrededor de 87 operaciones, largas hospitalizaciones y tratamientos que todavía no han terminado.

Su nombre ha vuelto a ocupar titulares porque ha manifestado que quiere acceder a la eutanasia. No se trata, sin embargo, de una petición recién presentada ni de una autorización que continúe atascada en algún despacho: Capital Salud, la EPS que la atiende, ha confirmado que Córdoba cuenta con autorización para el procedimiento desde hace cuatro años. Utilizarla o no depende de su voluntad libre y autónoma. No se ha hecho pública una fecha para practicarla.

Detrás de esa decisión aparecen el dolor físico, las secuelas permanentes del ataque, nuevas necesidades médicas y una precariedad económica que ella describe sin adornos. Vive de alquiler en Puente Aranda, en Bogotá, y ha contado que necesita pedir dinero en el transporte público y en las calles para mantener sus gastos y acudir a controles. La discusión sobre su caso, por tanto, va bastante más allá de una palabra tan contundente como eutanasia: habla también de qué ocurre con una víctima cuando las cámaras desaparecen y pasan cinco, diez, veinte años.

El ataque con ácido que cambió la vida de María Consuelo

La historia comienza en el año 2000. María Consuelo había llegado a Bogotá desde Istmina junto al hombre que entonces era su esposo. Ella quería quedarse en la capital para trabajar; él pretendía regresar al Chocó. Según el testimonio de Córdoba, aquella decisión provocó el conflicto que terminó desembocando en la agresión.

Una noche el hombre llegó hasta la vivienda. María Consuelo abrió la puerta y él le lanzó un líquido que llevaba dentro de un recipiente de aguardiente. Ella no comprendió inmediatamente que era ácido. Solo después llegó el ardor, brutal, y el intento instintivo de aliviar las quemaduras con agua mientras el agresor escapaba.

Las lesiones afectaron sobre todo al rostro y obligaron a iniciar un recorrido médico interminable. Hospitales, reconstrucciones, nuevas intervenciones, recuperaciones que llevaban a otra operación. Durante estos 26 años, Córdoba calcula que ha sufrido unas 87 intervenciones quirúrgicas y pasó largos periodos ingresada; algunas informaciones sitúan en más de tres años el tiempo acumulado de hospitalización.

Aquello que en una noticia puede resumirse con una cifra —87 cirugías— significa otra cosa visto desde dentro: anestesias, heridas que vuelven a abrirse, consultas, espera, dolor y la expectativa de reconstruir partes del rostro o recuperar funciones básicas. Una operación termina. Luego llega otra.

Qué pasó con el hombre al que acusa del ataque

Este punto exige cierta prudencia porque circulan afirmaciones que no cuentan con respaldo judicial público suficiente. María Consuelo sostiene que su exmarido está libre, que vive en la Costa colombiana y que habría formado otra familia. Esa información procede de su propio testimonio reciente; no consta una verificación independiente que permita reconstruir con precisión su situación actual.

Más importante todavía: tampoco está claro públicamente cómo terminó el procedimiento judicial abierto después de la agresión. No existe información accesible suficiente para afirmar con rigor si hubo una condena, una absolución, un archivo u otra resolución definitiva. Córdoba ha dicho que conoce pocos detalles sobre lo que ocurrió con aquel proceso.

El contraste resulta incómodo. La víctima puede contar casi una a una sus operaciones, pero 26 años después sigue siendo difícil explicar con la misma claridad qué hizo la Justicia con el hombre al que señala como agresor. Ahí queda un agujero documental bastante menos visible que sus cicatrices.

87 cirugías, una máscara y una vida pendiente de tratamientos

Las secuelas no pertenecen únicamente al pasado. María Consuelo utiliza una máscara artesanal para cubrir y proteger el rostro, especialmente frente al sol, y lleva tubos en la zona de la nariz que facilitan su respiración. Continúa necesitando atención especializada y sostiene que todavía quedan intervenciones médicas por realizar.

A esas limitaciones se ha sumado una situación económica precaria. Vive en una habitación alquilada en Puente Aranda y ha explicado que sale a pedir ayuda económica, incluso en TransMilenio y autobuses, para afrontar sus necesidades cotidianas y desplazamientos médicos. No estamos ante el relato de alguien que recibió una reconstrucción completa y después recuperó una vida convencional. Esa es precisamente una de las razones por las que su caso ha vuelto a golpear a la opinión pública colombiana.

Córdoba no habla únicamente del dolor. Habla del cansancio de llevar décadas organizando la existencia alrededor de las secuelas del ataque: proteger el rostro, respirar, acudir al médico, conseguir dinero, esperar otra cirugía. Ha utilizado una expresión especialmente dura para explicar su estado: está “cansada de vivir” en esas condiciones.

Por qué María Consuelo Córdoba quiere acceder a la eutanasia

La petición de eutanasia nace de ese conjunto de circunstancias, no de un único episodio. Córdoba relaciona su decisión con 26 años de secuelas físicas, decenas de operaciones, dificultades respiratorias, tratamientos pendientes, deterioro de su calidad de vida y una situación económica que ha complicado todavía más su recuperación.

La distinción importa porque la eutanasia en Colombia no funciona como una simple petición administrativa ni como una respuesta automática a la pobreza o a una situación personal desesperada. El derecho a morir dignamente mediante este procedimiento está sometido a requisitos médicos y al consentimiento libre e informado del paciente.

La jurisprudencia colombiana dio un paso especialmente relevante en 2021. La Corte Constitucional estableció que el acceso no debía quedar restringido exclusivamente a personas con una enfermedad terminal: también puede comprender casos de intenso sufrimiento físico o psíquico derivado de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, siempre dentro de los requisitos establecidos.

El caso de María Consuelo tiene una particularidad decisiva: según Capital Salud, su solicitud ya fue evaluada y la autorización existe desde hace cuatro años. La controversia actual no consiste, por tanto, en determinar si una EPS acaba de negarle o concederle el procedimiento. Ella puede decidir si hace uso de una autorización que ya posee.

La promesa que hizo al papa Francisco en 2017

Hay otro capítulo singular en esta historia. Durante la visita del papa Francisco a Colombia en 2017, María Consuelo consiguió encontrarse con él y le habló de su situación. Ya entonces contemplaba la posibilidad de recurrir a la eutanasia.

Según ha relatado Córdoba, Francisco le pidió que no lo hiciera y ella se comprometió a desistir. La mujer recuerda que salió de aquel encuentro con la esperanza de que recibiría apoyo para completar las cirugías y mejorar sus condiciones de vida. Durante años mantuvo aquella promesa.

Nueve años después, sostiene que la ayuda que esperaba no llegó en los términos prometidos y que sus problemas médicos y económicos continúan. Ese desencanto explica por qué ha vuelto a plantear públicamente una decisión que había apartado.

No es un detalle menor. Entre 2017 y 2026 transcurrió casi una década más de tratamientos, dificultades y espera. Para quien observa la historia desde fuera son nueve años; para quien vive dentro de ella, el calendario pesa de otra manera.

La eutanasia está autorizada, pero la decisión sigue siendo suya

Capital Salud se pronunció después de que el caso volviera a hacerse viral y aseguró haber contactado directamente con María Consuelo. La EPS precisó que no está pendiente de una nueva autorización y que respetará la decisión que adopte de manera autónoma, además de continuar prestándole la atención médica necesaria.

Que exista una autorización no significa que el procedimiento vaya a ejecutarse automáticamente. La voluntad de la paciente sigue siendo esencial y puede decidir ejercer ese derecho o no hacerlo. Tampoco hay, con la información disponible, una fecha anunciada públicamente para una eutanasia.

Mientras esa decisión permanece abierta, el caso ha provocado una reacción inesperada. El empresario colombiano Arturo Calle conoció su situación y ofreció recursos para ayudarla a disponer de una vivienda. También planteó la posibilidad de proporcionarle apoyo económico mensual ante su precariedad.

La ayuda material no borra 26 años de daño ni permite aventurar qué hará Córdoba respecto a la eutanasia. Sí introduce otra dimensión en una historia que durante mucho tiempo pareció reducirse a hospitales, intervenciones y supervivencia: unas condiciones de vida diferentes podrían cambiar parte de su presente, aunque no puedan deshacer el ataque.

Una vida que no cabe en una autorización médica

La historia de María Consuelo Córdoba es la de una mujer que sobrevivió a un ataque con ácido y después tuvo que aprender a sobrevivir también a sus consecuencias. La primera violencia duró unos instantes. La segunda lleva 26 años.

Tiene 58 años, alrededor de 87 operaciones a sus espaldas, necesita proteger su rostro y continúa dependiendo de cuidados médicos. Asegura que el hombre al que acusa de haberla atacado vive libre y ha rehecho su vida, aunque el desenlace judicial de aquel caso permanece públicamente sin aclarar. Ella, mientras tanto, sigue viviendo alrededor de aquello que ocurrió en una puerta de Bogotá en el año 2000.

Su petición de eutanasia tampoco apareció de repente. La contempló años atrás, la frenó después de su encuentro con Francisco y volvió a plantearla cuando sintió que las condiciones prometidas no habían llegado. La autorización existe, según su EPS; la decisión final, en cambio, no pertenece a una institución, a un empresario, a una Iglesia ni a la opinión pública.

Pertenece a María Consuelo Córdoba.