¿Por qué Maica García denunciará al Sabadell después de ser madre?

Maica García, una de las grandes figuras del waterpolo español, ha decidido llevar su salida del CN Sabadell a los tribunales. La campeona olímpica sostiene que el club no podía limitarse a dar por terminado su contrato el pasado 31 de agosto después de su maternidad: asegura que la legislación vigente obligaba a prorrogarlo automáticamente durante otra temporada. El Sabadell, por su parte, ha vinculado su decisión a criterios deportivos y técnicos, no al hecho de que la jugadora haya sido madre.

Ahí está el corazón del conflicto. García comunicó su embarazo en enero de 2025, dio a luz a su hija Olivia en septiembre de ese año y preparaba su regreso a la élite convencida de que continuaría vinculada al Sabadell hasta el 31 de agosto de 2027. Pero el club confeccionó el nuevo proyecto sin contar con ella. Tras comprobar que había sido dada de baja en la Seguridad Social, la waterpolista confirmó que trabaja con su equipo jurídico para acudir a la Justicia.

Qué ha pasado entre Maica García y el CN Sabadell

La historia tiene un ingrediente que hace especialmente áspero el desenlace: Maica García no era una jugadora de paso por Can Llong. Entró en el Club Natació Sabadell con cuatro años, en 1994, y durante más de tres décadas terminó convertida en una de las caras de su extraordinaria generación femenina.

Su currículo explica el tamaño del ruido. García fue campeona del mundo con España en Barcelona 2013, consiguió las platas olímpicas de Londres 2012 y Tokio y coronó su carrera internacional con el oro de París 2024. Acumula diez medallas entre Juegos Olímpicos, Mundiales y grandes competiciones internacionales. Con el Sabadell levantó, entre muchos otros trofeos, siete Champions.

Tras París decidió afrontar algo que durante mucho tiempo parecía casi incompatible con determinadas carreras de élite: ser madre y regresar después a competir. Su compañera Judith Forca siguió un camino parecido. García tuvo un posparto complicado y todavía estaba reconstruyendo físicamente su versión de deportista de alto rendimiento cuando comenzó a saber que el nuevo proyecto del club podía dejarla fuera.

Durante el verano ya aparecieron señales. Mientras el Sabadell incorporaba a jugadoras como Martina Terré, Paula Camus y Nona Pérez, el presidente de la entidad, Claudi Martí, explicó públicamente que la plantilla estaba prácticamente cerrada y que quedaban algunos asuntos por resolver. Uno de ellos era precisamente el futuro de García.

Finalmente no hubo acuerdo. Según la versión de la jugadora, tampoco se trató simplemente de negociar unas nuevas condiciones económicas o deportivas. Para ella, su contrato ya estaba prorrogado por ley.

La norma que puede decidir el caso

Ese matiz cambia bastante la película. El artículo 6 bis del Real Decreto 1006/1985, incorporado mediante la Ley Orgánica 2/2024 y vigente desde el 22 de agosto de 2024, establece que cuando una deportista profesional se queda embarazada durante el último año de contrato tiene derecho a ampliarlo un año mediante una prórroga automática. La deportista puede renunciar a esa renovación; la norma no plantea la continuidad como una simple cortesía del club.

La reforma añadió también derechos específicos de conciliación. El artículo 7 bis pretende facilitar la continuidad de las deportistas durante el embarazo y permitir que entrenamiento, desplazamientos y atención al menor puedan coexistir. Es, en realidad, una corrección bastante reciente a una anomalía antigua del deporte profesional: contratos pensados durante décadas para cuerpos y carreras masculinas, como si el embarazo fuese un accidente administrativo llegado desde otro planeta.

García entiende que su situación encaja precisamente en esa protección. Ella esperaba continuar en el Sabadell y regresar progresivamente a su máximo nivel. El club, según ha relatado, le comunicó que no entraba en el proyecto por decisiones técnicas y deportivas.

Eso no significa que exista ya una resolución que declare ilegal la actuación del Sabadell. No la hay. Será la Justicia, si la demanda se formaliza, la que determine cómo debe aplicarse el artículo 6 bis a la relación concreta entre García y el club, qué efectos produjo la prórroga automática y qué consecuencias corresponderían si se acreditase un incumplimiento.

La diferencia entre no renovar y romper una prórroga automática

Aquí puede estar buena parte de la batalla jurídica. En un contrato deportivo ordinario, que una entidad decida no ofrecer una nueva temporada puede responder simplemente a la planificación de la plantilla. Pero si el vínculo ya se había prorrogado automáticamente por imperativo legal, la discusión deja de ser solo deportiva.

García ha contado que daba por hecho que permanecería vinculada hasta 2027. Llegó a imaginar que el camino hacia los Juegos de Los Ángeles 2028 seguiría pasando por la piscina donde prácticamente había vivido desde niña.

El desenlace emocional fue duro. La jugadora ha hablado de un cuadro fuerte de ansiedad, de incredulidad y de la esperanza de que el club rectificara. Al mismo tiempo ha evitado romper sentimentalmente con la entidad: distingue entre el Sabadell como institución y las personas que actualmente toman sus decisiones.

El precedente más llamativo estaba en el propio Sabadell

Hay una paradoja difícil de ignorar. El mismo equipo había vivido poco antes otra maternidad dentro de su plantilla, la de Judith Forca, también campeona olímpica en París.

Forca dio a luz mediante cesárea y regresó a competir con el Sabadell en noviembre de 2025, unos 15 meses después de su último partido. Su reincorporación fue presentada por el propio entorno del club como un acontecimiento importante. Durante el embarazo mantuvo trabajo físico adaptado y, una vez recuperada, volvió al agua. García estaba precisamente junto a ella cuando llegó aquel regreso.

Es un precedente cercano, aunque no un caso jurídico equivalente. Forca pudo continuar en el equipo después de ser madre; García sostiene que a ella se le ha impedido hacer lo mismo. La comparación, inevitable, no decide nada ante un juez, pero retrata muy bien hasta qué punto la maternidad ha dejado de ser un asunto privado para convertirse también en una cuestión laboral dentro del deporte profesional.

Y García no se retira. El CN Sant Andreu la ha fichado hasta 2028, justamente el año de los Juegos de Los Ángeles. La boya quiere recuperar su mejor nivel, volver a las convocatorias de España y disputar unos quintos Juegos Olímpicos con su hija en la grada.

Otros casos de maternidad que terminaron de formas muy distintas

España ya había conocido situaciones que mostraban las dos caras del problema. María Alharilla, capitana del Levante, se quedó embarazada cuando el convenio del fútbol femenino ya protegía expresamente la maternidad. Conservó su salario, contó con el respaldo del club y su contrato se extendió. Después regresó a competir, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos españoles de continuidad deportiva tras una maternidad gestante.

Muy diferente fue la experiencia de Marta Corredera en el Real Madrid. Su contrato también se prolongó, pero la futbolista sufrió un embarazo complicado y secuelas tras una cesárea. Posteriormente explicó que se había sentido abandonada en la gestión de su maternidad y de su recuperación física. No consiguió regresar a los terrenos de juego y terminó retirándose en 2023. No fue, por tanto, un pleito equivalente al de García, pero sí otro aviso de que conservar formalmente un contrato no resuelve por sí solo la reincorporación.

Fuera de España sí existen precedentes jurídicos muy claros. La islandesa Sara Björk Gunnarsdóttir reclamó contra el Olympique de Lyon después de que el club dejara de abonarle íntegramente su salario durante el embarazo. En 2022 se convirtió en la primera futbolista que ganó una reclamación basada en las normas de maternidad de la FIFA: el Lyon tuvo que pagar las cantidades pendientes.

Más recientemente, en junio de 2026, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio la razón a la sueca Maja Göthberg en su conflicto con la Lazio. El tribunal consideró que el club había retirado su oferta contractual por razón del embarazo y ordenó indemnizarla con 64.000 euros en salario, además de otra cantidad por vulneración de la confidencialidad de sus datos médicos. Ese caso resulta especialmente relevante porque muestra que las protecciones por maternidad pueden producir consecuencias económicas concretas cuando el conflicto acaba ante un tribunal.

También está Allyson Felix. La velocista estadounidense denunció públicamente en 2019 que Nike pretendía reducir drásticamente sus condiciones económicas después de que fuese madre. La controversia acabó empujando a la compañía a reforzar sus garantías de maternidad para las atletas patrocinadas. No fue un conflicto idéntico —se trataba de patrocinio, no de la plantilla de un club—, pero se convirtió en uno de los episodios que cambiaron la conversación internacional sobre embarazo y deporte de élite.

Una protección que llegó después de años de cláusulas antiembarazo

Que España disponga ahora de una norma tan explícita no es casualidad. Durante años, antiguas jugadoras de baloncesto, balonmano y otros deportes denunciaron la existencia de las llamadas cláusulas antiembarazo, disposiciones contractuales que podían penalizar o extinguir la relación con una deportista si se quedaba embarazada.

Investigaciones posteriores recogieron testimonios de deportistas que reconocían haber firmado ese tipo de documentos y haber visto cómo el embarazo podía afectar también a becas y patrocinios. La práctica era jurídicamente muy difícil de sostener, pero la precariedad del deporte femenino hacía el resto: impugnar al club del que dependía tu carrera no era precisamente la manera más cómoda de conservarla.

La legislación española ha ido cerrando ese agujero. El fútbol profesional femenino dispone asimismo de un convenio colectivo que permite a una jugadora embarazada durante su última temporada elegir entre renovar una campaña en las mismas condiciones o no hacerlo, y obliga a los clubes a adoptar medidas específicas de conciliación.

El caso García aparece, por eso, en un momento peculiar. Las garantías ya no están únicamente en declaraciones institucionales sobre igualdad o conciliación; algunas están escritas negro sobre blanco. Falta ver qué ocurre cuando una deportista exige que esas palabras tengan efectos concretos.

De Can Llong a los tribunales, pero no fuera de la piscina

Maica García tiene casi 36 años, acaba de atravesar una maternidad y lleva un largo periodo sin competir al máximo nivel. Todo eso puede formar parte de una valoración deportiva. Lo que plantea su caso es otra cosa: hasta dónde puede llegar esa valoración cuando existe una protección contractual específica ligada al embarazo.

El Sabadell sostiene que su planificación responde a razones deportivas. García considera que tenía garantizada legalmente otra temporada. Entre ambos argumentos aparece ahora un artículo relativamente nuevo que todavía tiene poca historia judicial detrás.

Mientras esa disputa toma el camino de los tribunales, la carrera deportiva seguirá unos kilómetros más al sur, en Sant Andreu. García vuelve al agua con contrato hasta 2028 y con Los Ángeles en el horizonte. Paradójicamente, el posible gran precedente español sobre maternidad y deporte profesional puede nacer así: no de una atleta que quería dejarlo para ser madre, sino de una campeona que fue madre precisamente porque pensaba seguir jugando.