La derecha hunde Finlandia con la receta que PP y Vox quieren en España

Finlandia quería terminar esta legislatura con 100.000 personas más trabajando. Tres años después de la llegada al poder del conservador Petteri Orpo, acompañado por el Partido de los Finlandeses —la formación de derecha radical de la coalición—, el paisaje es bastante menos luminoso. El paro tendencial alcanzó el 10,5% en julio de 2026, frente al 7,2% registrado en julio de 2023, y la tasa de empleo tendencial de las personas de 20 a 64 años ha descendido hasta el 75,4%. La gran promesa laboral, de momento, no aparece por ninguna parte.

Pero conviene enfriar el titular antes de convertirlo en doctrina. Finlandia no se hunde exclusivamente por su Gobierno, como España tampoco crea medio millón de empleos al año por obra y gracia de un ministro. El país nórdico soporta desde hace tiempo un cóctel áspero: construcción deprimida, consumo débil, pérdida del comercio con Rusia, menor empuje de Alemania, tipos de interés que castigaron la vivienda y, últimamente, nuevas tensiones energéticas. La política económica importa. No explica sola el mapa entero.

Dicho eso, la comparación con España tiene sustancia. El Ejecutivo de Orpo ha aplicado varias de las ideas que la derecha económica europea lleva años presentando como palancas para crear empleo: menos protección en determinadas prestaciones, mayor flexibilidad laboral, negociación más descentralizada y alivio fiscal al trabajo y a las empresas. Mientras esas reformas maduran —o no—, España ha superado los 22,7 millones de ocupados, ha bajado su tasa de paro por debajo del 10% y sigue creciendo bastante más deprisa. No demuestra que una receta sea universalmente buena y otra mala. Sí desmonta unas cuantas certezas que parecían escritas en piedra.

Finlandia prometió 100.000 empleos y el paro tomó otro camino

El programa firmado por el Gobierno de Orpo en junio de 2023 era explícito. Las reformas laborales y económicas debían elevar el número de ocupados en al menos 100.000 personas durante la legislatura 2023-2027 y reforzar las cuentas públicas en más de 2.000 millones de euros. A más largo plazo, Helsinki se marcaba una tasa de empleo del 80% para 2031. No era una frase perdida en un mitin: estaba escrita en el programa oficial del Ejecutivo.

La fotografía de agosto de 2026 está lejos de ese escenario. Finlandia contabilizó en julio 2.637.000 ocupados y 289.000 desempleados. El número de trabajadores era prácticamente idéntico al de un año antes, mientras había 20.000 parados más. En la serie que elimina buena parte del ruido estacional, la tasa de desempleo se situaba en el 10,5%. En junio de 2023, cuando Orpo comenzaba su mandato, esa misma tendencia rondaba el 7,1%.

Hay un matiz interesante. Parte del aumento del desempleo procede también de una mayor participación en el mercado laboral: más personas están disponibles para trabajar y, si la demanda de trabajadores no crece al mismo ritmo, estadísticamente aumenta el paro. Es una precisión importante porque ese 10,5% no equivale simplemente a cientos de miles de personas expulsadas de sus empleos. Aun con ese matiz, la demanda laboral sigue siendo débil y el resultado queda muy lejos de la promesa inicial.

Qué cambió con Orpo y el Partido de los Finlandeses

Petteri Orpo gobierna Finlandia desde 2023 mediante una coalición de cuatro partidos: su conservador Partido de Coalición Nacional, el Partido de los Finlandeses, el Partido Popular Sueco y los Demócrata Cristianos. La derecha radical finlandesa no gobierna sola ni controla toda la política económica, aunque ocupa un lugar relevante en el Ejecutivo.

El programa partía de una idea bastante reconocible: trabajar debía resultar económicamente más atractivo que permanecer fuera del mercado laboral y contratar tenía que hacerse más fácil para las empresas. Sobre el papel suena casi incontestable. El debate empieza cuando se mira cómo se construyen esos incentivos.

El Gobierno amplió de seis a 12 meses el periodo de trabajo necesario para acceder a determinadas prestaciones contributivas de desempleo, recuperó un periodo de espera de siete días, eliminó complementos vinculados a hijos y redujo progresivamente algunas prestaciones. También recortó la ayuda general a la vivienda y congeló durante la legislatura la actualización de varias prestaciones sociales. La previsión oficial era que esos cambios empujasen a más personas hacia el empleo.

Del subsidio al convenio: una agenda de mayor flexibilidad

La reforma no se limitó a las ayudas. Finlandia restringió la duración de las huelgas políticas, endureció sanciones relacionadas con conflictos laborales y limitó determinadas acciones de solidaridad sindical. Desde enero de 2025 también amplió la posibilidad de negociar condiciones a escala de empresa, incluso en compañías que no pertenecen a una asociación empresarial.

Al mismo tiempo, Orpo ha buscado desplazar parte de la carga tributaria. El IVA general pasó del 24% al 25,5% en septiembre de 2024, mientras el Gobierno ha aprobado rebajas en la fiscalidad del trabajo y prevé reducir el impuesto de sociedades del 20% al 18% en 2027. La imagen, pues, es algo más compleja que el cómodo eslogan de “bajar impuestos”: se rebajan unos y se suben otros, trasladando peso desde las rentas y las empresas hacia el consumo.

Aquí aparece una ironía bastante nórdica. Muchas de esas medidas fueron justificadas con estimaciones que anticipaban decenas de miles de nuevos trabajadores. Algunos análisis consideran razonable pensar que determinadas reformas puedan elevar la oferta laboral a medio plazo, pero sus efectos finales son inciertos y la debilidad del ciclo económico puede impedir que se traduzcan rápidamente en puestos de trabajo. Dicho de una forma menos académica: incentivar a alguien para buscar empleo ayuda poco cuando las empresas no tienen demasiadas ganas de contratar.

Finlandia ya venía herida antes de estas reformas

Sería intelectualmente cómodo colocar el gráfico del paro junto a una fotografía de Orpo y declarar resuelto el misterio. También sería bastante pobre. Finlandia llevaba años acumulando problemas estructurales que ninguna reforma laboral podía borrar de un plumazo.

La invasión rusa de Ucrania cortó antiguas relaciones comerciales con su vecino oriental y el cierre del espacio aéreo ruso dañó determinadas conexiones con Asia. Alemania, destino crucial para maquinaria, metales y productos intermedios finlandeses, creció con enorme debilidad. Y la subida de tipos golpeó especialmente a una economía en la que la vivienda y la construcción ya mostraban señales de exceso. La inversión residencial cayó con fuerza en 2023 y 2024 y siguió deprimida después.

Hay otro problema menos vistoso, pero quizá más importante: la productividad finlandesa lleva años perdiendo vigor, las inversiones han sido débiles y faltan determinadas cualificaciones profesionales. El país que durante décadas parecía una elegante máquina nórdica descubrió que también podía griparse. Educación excelente, instituciones sólidas y Nokia en la memoria no pagan automáticamente las nóminas de 2026.

Por eso los organismos internacionales no pronostican un colapso. Las previsiones apuntan a un crecimiento débil pero positivo en 2026 y una aceleración moderada durante 2027, mientras el paro podría ir descendiendo lentamente cuando se recupere la actividad. El problema político de Orpo es otro: después de vender sus reformas como una vía para disparar el empleo, está entrando en el tramo final de la legislatura con un desempleo superior al que encontró.

España juega otra partida: más empleo y bastante más crecimiento

España ofrece estos meses una fotografía casi invertida. La EPA del segundo trimestre de 2026 registró 22.779.000 ocupados, 486.000 más que tres meses antes y 510.200 más que un año atrás. El número de desempleados bajó hasta 2.495.300 y la tasa de paro se situó en el 9,87%, por debajo del 10% por primera vez en muchos años.

La afiliación dibuja el mismo movimiento. Julio dejó un máximo de 22.508.065 afiliados medios a la Seguridad Social, 642.562 más que doce meses antes. Entre ellos había ya más de 3,5 millones de trabajadores extranjeros, aproximadamente el 15,6% del total. Es imposible explicar el actual mercado laboral español sin esa inmigración laboral: aporta trabajadores, población activa, consumo y cotizaciones en una economía que envejece rápidamente.

La economía también acompaña. El PIB español avanzó un 0,7% entre abril y junio y un 2,7% interanual. Las previsiones para el conjunto de 2026 sitúan el crecimiento español claramente por encima del finlandés, mientras las tasas de paro de ambos países han terminado acercándose hasta terrenos que hace pocos años parecían difíciles de imaginar. Ver a España con menos desempleo que Finlandia habría sonado, no hace tanto, a chiste escrito después de una sobremesa demasiado larga.

Tampoco conviene sacar champán estadístico. España conserva problemas laborales serios. Su paro sigue siendo muy alto respecto a buena parte de las economías desarrolladas, la tasa de empleo continúa por debajo de la de muchos socios europeos y los salarios reales apenas han recuperado terreno. La productividad tampoco invita al entusiasmo. Mucho empleo, sí; prosperidad automática, no.

Qué comparten —y qué no— Feijóo, Abascal y la receta finlandesa

Aquí la comparación política requiere bisturí, no motosierra. PP y Vox no han presentado una copia del programa de Orpo y España posee instituciones laborales, estructura productiva, demografía y Estado del bienestar diferentes. Afirmar que un futuro Gobierno de Feijóo y Abascal convertiría España en Finlandia sería tan endeble como asegurar que una subida del salario mínimo funciona igual en Helsinki, Cádiz y Múnich.

Sí existen, sin embargo, coincidencias reconocibles. Feijóo ha planteado repetidamente rebajas fiscales, menores cotizaciones en determinados supuestos, incentivos a la contratación, simplificación administrativa y una regulación más favorable a empresas y autónomos. Entre sus propuestas para los trabajadores por cuenta propia figura incluso que un autónomo no pague cotizaciones durante un año por su primer empleado contratado.

Vox va considerablemente más lejos. Su programa económico ha defendido una rebaja del impuesto de sociedades, cambios en las cotizaciones de los autónomos y una intensa agenda de desregulación. En materia laboral también ha planteado reducciones de costes en determinadas contrataciones y mantiene posiciones especialmente críticas con el actual modelo sindical.

Son ingredientes que guardan semejanza con parte del menú finlandés: confiar más en los incentivos empresariales, reducir determinados costes del trabajo, flexibilizar reglas y hacer que las prestaciones generen una presión mayor para aceptar empleo. Pero semejanza no significa identidad. Finlandia conserva un Estado social enorme, una negociación colectiva muy distinta y una presión fiscal que ningún partido relevante de la derecha española propone reproducir en su conjunto. Comparar sirve; hacer fotocopias ideológicas, bastante menos.

El dato incómodo para los dos bloques

La experiencia española tampoco demuestra que Pedro Sánchez haya descubierto una fórmula económica infalible. Buena parte de la creación de empleo procede del crecimiento de la población, de la inmigración, el turismo, los servicios y los fondos europeos, además de un ciclo económico mucho más favorable que el finlandés. España tiene, asimismo, una deuda pública elevada, productividad mediocre y dificultades de vivienda que empiezan a comerse parte de las mejoras salariales.

Pero los datos sí obligan a revisar una profecía repetida durante años: que subir el salario mínimo, reforzar la contratación indefinida o mantener una regulación laboral relativamente protectora destruiría masivamente empleo. Hasta agosto de 2026 ese desastre anunciado no aparece. Hay más trabajadores que nunca y la tasa de temporalidad ha retrocedido respecto a la España anterior a la reforma laboral.

Finlandia ofrece el espejo contrario. Reducir prestaciones, flexibilizar relaciones laborales y aliviar determinados impuestos tampoco hace brotar empleos del suelo como setas después de la lluvia. Puede mejorar incentivos y quizá produzca efectos cuando la economía recupere velocidad. Entretanto, la demanda manda. Y cuando una empresa no vende, una norma laboral más flexible no coloca por arte de magia una silla nueva frente al ordenador.

Finlandia no es una profecía, pero sí una advertencia

La historia interesante no es que la “ultraderecha haya destruido Finlandia”. No lo ha hecho. Tampoco que el modelo español haya vencido definitivamente en una competición imaginaria entre gobiernos europeos. Las economías son criaturas demasiado complejas para caber en un cartel electoral.

Lo verdaderamente relevante es que Finlandia llegó a 2023 prometiendo 100.000 empleos adicionales mediante una combinación de reformas laborales, reducción de algunas prestaciones, mayor flexibilidad y estímulos a empresas y trabajadores. En 2026 tiene una tasa de paro tendencial del 10,5%, bastante más alta que al comenzar la legislatura, y su recuperación sigue siendo débil. España, aplicando durante estos años una combinación muy distinta, ha alcanzado alrededor de 22,8 millones de ocupados y ha logrado colocar su desempleo por debajo del 10%.

Eso no convierte a Helsinki en una bola de cristal para Madrid. Pero deja una cuestión política difícil de esquivar: cuando Feijóo y Abascal defienden menos impuestos, menos costes y más flexibilidad como camino hacia un mercado laboral mejor, ya existe en Europa un Gobierno que apostó con fuerza por varios de esos ingredientes. De momento, el plato no ha salido como decía la carta.

Y esa es probablemente la lección menos ideológica de todas. En economía, prometer que una reforma creará empleo es sencillo. Conseguir que alguien abra una empresa, reciba pedidos, invierta, contrate y mantenga esa nómina cuando llega fin de mes… eso ya es otra historia.