¿Por qué Canadá responde a Trump con aranceles de hasta el 50% a EEUU?

Canadá ha decidido devolver a Donald Trump el golpe arancelario casi con papel de calco. Desde el 8 de septiembre de 2026, Ottawa impondrá aranceles adicionales del 15%, 25% y 50% a productos procedentes de Estados Unidos por un valor de 27.600 millones de dólares canadienses, unos 20.000 millones de dólares estadounidenses. La respuesta reproduce, dólar por dólar y tipo por tipo, los nuevos gravámenes aplicados por Washington a mercancías canadienses.

Y no habrá únicamente aranceles. El Gobierno canadiense ha presentado un paquete de apoyo de 7.500 millones de dólares canadienses, alrededor de 5.400 millones de dólares estadounidenses, destinado a empresas y trabajadores afectados por el deterioro comercial. Esa conversión explica la cifra de 5.400 millones difundida inicialmente en algunos despachos internacionales: no son 5.400 millones de dólares canadienses, sino el equivalente aproximado en moneda estadounidense.

La decisión abre otro capítulo, bastante menos amable, de una relación económica construida durante décadas sobre la proximidad geográfica, las cadenas de suministro compartidas y un comercio gigantesco. Dos vecinos que fabrican juntos coches, intercambian acero, alimentos, energía, maquinaria y componentes han empezado a colocar peajes en mitad de su propia fábrica. No parece precisamente la receta más sencilla para abaratar nada.

Canadá devuelve el golpe: qué productos pagarán más

La represalia canadiense abarcará más de 700 categorías de productos estadounidenses. Ottawa ha tratado de concentrar las medidas en sectores sensibles para su economía y, al mismo tiempo, reproducir las tasas utilizadas por Washington. No existe, por tanto, un único arancel canadiense contra Estados Unidos: el porcentaje cambia según la mercancía.

En el nivel más elevado, el 50%, aparecen determinados productos de acero y aluminio que ya soportaban un recargo del 25%, además de muebles y prendas de vestir. El escalón del 25% alcanza electrodomésticos, productos lácteos como el queso, pescado, marisco y ciertos derivados del acero y el aluminio. Entre las mercancías sometidas al 15% figuran determinados productos electrónicos y herramientas. También quedan afectados ámbitos como la maquinaria agrícola, la pasta de papel y otros bienes industriales.

Los gravámenes se aplicarán exclusivamente a bienes considerados originarios de Estados Unidos y las mercancías que ya estén en tránsito hacia Canadá cuando las medidas entren en vigor quedarán fuera de la nueva sobretasa. Ottawa mantiene, además, otras contramedidas existentes, entre ellas las relacionadas con los automóviles. No se borra lo anterior para empezar de cero: se añade otra capa.

Una represalia diseñada para copiar el arancel estadounidense

La expresión utilizada por el Gobierno canadiense resulta bastante gráfica: respuesta “dólar por dólar, tasa por tasa”. En términos menos ceremoniosos, Washington coloca un porcentaje y Ottawa busca devolver otro equivalente. La diplomacia comercial, cuando alcanza este punto, empieza a parecerse peligrosamente a una hoja de cálculo.

Los nuevos aranceles canadienses toman como referencia productos alcanzados por las medidas estadounidenses adoptadas al amparo de las secciones 338 y 232 de la legislación comercial de Estados Unidos. La primera procede de la Ley Arancelaria de 1930 y permite al presidente imponer derechos adicionales —hasta el 50%— cuando considera que otro país discrimina al comercio estadounidense. La sección 232, utilizada recurrentemente en acero y aluminio, permite actuar por motivos relacionados con la seguridad nacional.

Ahí está una de las peculiaridades de esta nueva fase. Ya no se discute solo cuánto vende uno al otro, sino qué herramientas legales puede utilizar cada gobierno para proteger sectores considerados estratégicos. La guerra comercial se vuelve más jurídica, pero no por ello menos tangible cuando llega la factura a una empresa.

Por qué Trump elevó la presión sobre Canadá al 50%

La actual escalada comenzó antes de la respuesta anunciada este 25 de agosto. Trump había aprobado en julio aranceles adicionales del 50% sobre determinados productos canadienses, acusando a Canadá de tratar de forma discriminatoria exportaciones estadounidenses, especialmente en ámbitos como los automóviles, los productos lácteos y las bebidas alcohólicas. La Casa Blanca recurrió para ello a la sección 338, una disposición centenaria y poco habitual de la legislación arancelaria estadounidense.

Su entrada en vigor fue aplazada durante tres días mientras Washington y Ottawa seguían negociando, pero finalmente los nuevos gravámenes estadounidenses comenzaron a aplicarse el 22 de agosto. Según el Gobierno canadiense, afectan igualmente a mercancías por valor de 27.600 millones de dólares canadienses. La cifra no es casual: Ottawa ha elegido una represalia económicamente equivalente.

Las conversaciones comerciales acabaron encallando. El Ejecutivo canadiense sostiene que las últimas condiciones planteadas por Estados Unidos exigían demasiado a Canadá a cambio de concesiones insuficientes y que aceptar el acuerdo habría perjudicado a empresas, trabajadores y sectores considerados estratégicos. Por eso suspendió las negociaciones y optó por responder. Washington, naturalmente, presenta la película desde la butaca contraria y acusa a Canadá de mantener barreras discriminatorias contra productos estadounidenses.

No es una riña comercial surgida ayer. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la relación entre ambos países ha atravesado sucesivas rondas de amenazas, aranceles, excepciones y represalias. A ratos parecía negociación; a ratos, una subasta de porcentajes.

Los 7.500 millones con los que Ottawa quiere contener el daño

La otra mitad del anuncio canadiense está menos destinada a Washington que a las empresas que tendrán que convivir con la batalla. Ottawa movilizará 7.500 millones de dólares canadienses en medidas nuevas o ampliadas, que se suman a cerca de 25.000 millones de apoyo desplegado desde que comenzaron las anteriores tensiones arancelarias.

Una parte sustancial, 1.500 millones, reforzará la iniciativa regional de respuesta a los aranceles para facilitar financiación y liquidez a pequeñas y medianas empresas. Otros 500 millones irán a una línea específica del Business Development Bank of Canada destinada a compañías que necesiten oxígeno inmediato para su tesorería, con atención particular a industrias como la forestal, el acero y el aluminio. El acceso a varios programas también se ampliará reduciendo hasta un millón de dólares el volumen mínimo de ingresos exigido a las empresas solicitantes.

A eso se añaden 2.000 millones para el Canada Strong Diversification Fund, pensado para inversiones y proyectos de compañías golpeadas por las perturbaciones comerciales, y 3.500 millones en apoyos rápidos para trabajadores y empleadores. Aquí entran medidas de protección de ingresos, formación profesional y programas destinados a conservar puestos de trabajo y facilitar la recolocación de quienes resulten afectados.

El diseño dice bastante sobre lo que Ottawa espera que ocurra. Un arancel puede proteger a un fabricante nacional frente al producto extranjero, sí, pero también puede encarecer componentes, secar pedidos o dejar a una pyme esperando una factura que ya no llega. El Gobierno no estaría preparando miles de millones en liquidez y empleo si considerase esta disputa un mero ejercicio de retórica.

El consumidor canadiense tampoco queda al margen

Los aranceles no funcionan como una multa que Trump deposite personalmente en la caja canadiense. Los paga el importador al introducir el producto afectado en el país y, a partir de ahí, comienza la parte menos elegante del mecanismo: decidir quién absorbe el sobrecoste.

Una empresa puede reducir su margen, presionar al proveedor estadounidense, cambiar de suministrador, sustituir la mercancía por una canadiense o trasladar parte del incremento al precio final. Normalmente aparece una combinación de varias cosas. Por eso Ottawa asegura haber seleccionado los productos buscando reducir el impacto sobre hogares y empresas canadienses, aunque eliminarlo por completo es otra historia.

El efecto tampoco será idéntico en todos los sectores. Un mueble estadounidense puede sustituirse por otro fabricado en Canadá o importado desde un tercer país con relativa facilidad. Cambiar rápidamente un componente industrial homologado, una pieza concreta de maquinaria o el proveedor de una cadena de producción es bastante más complicado. La frontera mide miles de kilómetros; las cadenas de suministro, a veces, son aún más largas.

Una relación comercial enorme convertida en campo de batalla

La magnitud del choque se entiende mejor mirando lo que hay detrás. En 2025, el intercambio estadounidense de bienes y servicios con Canadá alcanzó unos 872.300 millones de dólares estadounidenses. Solo el comercio de mercancías rondó los 715.500 millones. Estados Unidos exportó a Canadá bienes por más de 330.000 millones y recibió importaciones canadienses por alrededor de 382.000 millones.

Canadá no es, por tanto, un socio periférico al que se pueda colocar un arancel y observar el resultado desde lejos. Es uno de los mayores mercados para las empresas estadounidenses y forma parte de un sistema productivo norteamericano profundamente integrado. Una fábrica de Ontario puede depender de una pieza de Michigan y una planta de Michigan, a su vez, de acero canadiense. El producto cruza la frontera; a veces sus componentes lo hacen varias veces antes de llegar al comprador.

El automóvil, el acero y el aluminio siguen en el centro

Precisamente por esa integración, automoción, acero y aluminio continúan siendo algunos de los terrenos más delicados. Canadá ha confirmado que mantiene sus contramedidas anteriores sobre automóviles, mientras que ciertos productos estadounidenses de acero y aluminio que soportaban un recargo del 25% pasarán al 50%.

El objetivo político es claro: hacer que la presión estadounidense tenga un coste al otro lado de la frontera y dar ventaja temporal a productores nacionales. El problema económico también lo es. Las industrias modernas rara vez viven encerradas dentro de un mapa; compran material donde lo necesitan y venden donde encuentran clientes. Un arancel levanta una pared, pero las tuberías industriales siguen atravesándola.

La factura de una guerra comercial entre vecinos

El 8 de septiembre será la fecha que convierta la amenaza canadiense en dinero real cobrado en la frontera. Hasta entonces queda margen para la política, aunque el anuncio de Ottawa refleja que la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos ha entrado en una fase bastante más áspera: los dos gobiernos ya no se limitan a advertir, sino que están aplicando medidas equivalentes sobre decenas de miles de millones en mercancías.

Canadá pretende demostrar que puede responder sin aceptar las condiciones comerciales de Trump y, al mismo tiempo, amortiguar el daño interno mediante ayudas públicas. Trump utiliza los aranceles como instrumento para forzar concesiones y corregir lo que considera un trato comercial injusto. Son dos lógicas políticas perfectamente reconocibles. La economía, menos aficionada a los discursos, acaba haciendo las cuentas.

Y esas cuentas importan porque esta vez el conflicto no enfrenta a economías lejanas que apenas se rozan. Son dos países que llevan décadas vendiéndose cosas, compartiendo fábricas y cruzando la misma frontera con camiones a todas horas. Cuando cada camión empieza a llevar también un impuesto político en la carga, la pelea deja de ser una cuestión abstracta. Termina llegando al empleo, la inversión y el precio de las cosas.