¿Quién es Víctor Soriano, asesor de Eva Ortiz, en el caso Benicalap?

El nombre de Víctor Soriano i Piqueras ha irrumpido en el conflicto por los alojamientos turísticos de Benicalap, en València. El abogado es cofundador del despacho Soriano i Piqueras, que representa a la empresa implicada en uno de los proyectos cuestionados por los vecinos, y desde enero de 2024 ocupa además un puesto como personal eventual del Senado adscrito a la Secretaría Primera, cuya titular es la senadora del PP Eva Ortiz.

El matiz importa. Soriano sostiene que no es propiamente un asesor del Partido Popular, sino personal eventual adscrito a Eva Ortiz. El nombramiento oficial, en efecto, utiliza esa fórmula. La conexión política existe, pero conviene no convertirla por arte de titular en algo distinto: hasta el momento no consta que su posición en la Cámara Alta haya intervenido en la concesión de licencias municipales de València ni existe prueba pública de que haya utilizado ese cargo para favorecer los proyectos de Benicalap.

Lo que sí está confirmado es que su bufete representa a Business Decission and Advice SL, empresa vinculada a Skydive90 SL, en el proyecto de la calle Carlos Cortina. Allí se proyecta un apartahotel de 38 habitaciones dentro de los bajos de un edificio residencial. A pocos metros, en Encarna Albarracín, otro proyecto plantea 22 estancias. Son 60 alojamientos turísticos en dos comunidades que llevan días denunciando obras sobre elementos que consideran comunes y una transformación del barrio que, a su juicio, está avanzando bastante más deprisa que las respuestas administrativas.

El papel de Víctor Soriano en el conflicto de Benicalap

Soriano es abogado especializado, entre otras materias, en derecho administrativo y urbanístico. Su despacho reconoce que Skydive90 es un cliente relevante y lleva la representación jurídica del proyecto de Carlos Cortina. En cambio, no representa a la compañía en el expediente de Encarna Albarracín: el propio letrado ha explicado que había trabajado anteriormente para la cooperativa propietaria de esos bajos y consideró más apropiado apartarse de ese asunto, aunque sostiene que jurídicamente no existía conflicto de intereses.

La representación en Encarna Albarracín corresponde al abogado Jaume Argilés. No es una diferencia menor, porque bajo el mismo conflicto vecinal conviven expedientes, proyectos y situaciones administrativas distintas. Meterlo todo en el mismo saco resulta tentador —la política española ha hecho del saco un género narrativo—, pero ayuda poco a entender qué ocurre.

Soriano defiende que las obras de Carlos Cortina son plenamente legales y cuentan con permisos municipales. Los residentes sostienen otra cosa en un punto muy concreto: aseguran que se han abierto ventanales hacia zonas comunes interiores sin autorización de la comunidad de propietarios y consideran que esa actuación vulnera sus estatutos y la Ley de Propiedad Horizontal.

Ahí está buena parte de la pelea. Una licencia urbanística concedida por un ayuntamiento y los derechos privados de una comunidad de propietarios no son exactamente la misma pantalla. Una obra puede disponer de título administrativo y, al mismo tiempo, generar un litigio civil sobre elementos comunes. Es precisamente esa frontera, bastante menos vistosa que una fachada abierta a martillazos pero jurídicamente decisiva, la que el Ayuntamiento debe aclarar.

Qué ha ocurrido con las licencias de los apartamentos turísticos

El recorrido administrativo del proyecto de Carlos Cortina parece escrito por alguien aficionado a los expedientes con curvas. La empresa solicitó licencia ambiental y de obras el 27 de mayo de 2024, justo un día antes de que el Ayuntamiento de València aprobara la suspensión de nuevas licencias para viviendas y apartamentos turísticos.

La moratoria municipal afectó inicialmente al proyecto y paralizó su tramitación. La empresa acudió a los tribunales mientras, en paralelo, modificaba la propuesta. Posteriormente redujo la superficie afectada para adaptarla al planeamiento y presentó una nueva solicitud. Finalmente obtuvo una licencia de obras el 28 de mayo de 2026.

Pero el asunto no acabó ahí. Una resolución municipal fechada el 14 de julio denegó otro permiso relacionado con Carlos Cortina al considerar que se superaba el límite del 15% de superficie destinada a alojamientos turísticos en bajos por manzana, introducido por las nuevas normas urbanísticas de València. Desde el Ayuntamiento se ha explicado que la promotora presentó distintas solicitudes con proyectos diferentes, de modo que existen varios expedientes y, por tanto, resoluciones que no son necesariamente contradictorias aunque, vistas desde la calle, produzcan una considerable sensación de laberinto.

Un apartahotel de 38 habitaciones bajo viviendas

El proyecto autorizado en Carlos Cortina contempla 38 habitaciones y 93 plazas de alojamiento, distribuidas entre planta baja y altillo. Incluye recepción, desayunador, salón común, aseos públicos, zona de trabajo, consigna, gimnasio, lavandería y aparcamiento para bicicletas.

No hablamos, por tanto, de dos o tres apartamentos dispersos detrás de una persiana comercial. Se trata de una actividad hotelera concentrada dentro de los bajos de un inmueble residencial. Esa escala explica buena parte de la resistencia vecinal, especialmente por el posible impacto sobre accesos, zonas comunes, ruidos y convivencia cotidiana.

Los residentes denuncian que durante las obras se han realizado aperturas en fachadas interiores sin permiso de las comunidades. En uno de los edificios también han señalado perforaciones vinculadas a desagües y posibles daños. La empresa y sus representantes jurídicos mantienen, por su parte, que cuentan con los permisos necesarios y que han tratado de negociar con los propietarios.

El Ayuntamiento ha reconocido la existencia de las denuncias y ha recabado criterio jurídico para determinar hasta dónde puede actuar cuando unas obras poseen título administrativo pero la comunidad sostiene que vulneran sus propios estatutos. Traducido del dialecto burocrático: la licencia municipal no resuelve automáticamente todos los derechos de propiedad que existen dentro del edificio.

El vínculo con el Senado que añade dimensión política al caso

Víctor Soriano fue nombrado personal eventual de nivel A del Senado con efectos del 18 de enero de 2024, a propuesta de Eva Ortiz, secretaria primera de la Cámara Alta y senadora del Partido Popular. Su actividad profesional privada ya había provocado polémica anteriormente por su participación como abogado de Manos Limpias en actuaciones judiciales contra el entonces fiscal general del Estado.

El PP defendió entonces que Soriano no era asesor orgánico del partido ni del grupo parlamentario, sino asistente de un miembro de la Mesa del Senado. La distinción administrativa es real. También lo es el hecho de que su nombramiento depende de una senadora popular y de que anteriormente había trabajado como abogado relacionado con el PP valenciano.

Ahora esa doble dimensión, institucional y privada, reaparece en València porque su despacho representa a una empresa inmersa en un conflicto urbanístico bajo un Ayuntamiento gobernado por María José Catalá. La coincidencia merece escrutinio público. Otra cosa es convertirla, sin pruebas, en causalidad.

No hay datos acreditados que permitan afirmar que Soriano haya utilizado su posición en el Senado para influir en el Ayuntamiento, ni que la licencia se concediera por su relación política. Una conexión no equivale a un trato de favor. El estándar democrático razonable exige conocer quién asesora a quién, qué decisiones se adoptaron y mediante qué procedimientos; después vienen las conclusiones, no antes.

Benicalap y una batalla que ya supera dos edificios

El problema, además, empieza a ser mayor que el nombre de un abogado. En la zona nueva de Benicalap varias comunidades se están coordinando frente a la proliferación de bajos transformados en establecimientos turísticos. Otro edificio de la calle Manuel Melià i Fuster mantiene desde hace tiempo su propia disputa por seis alojamientos de este tipo.

En ese caso, la comunidad llegó a aprobar en 2024 una serie de condiciones para tolerar la actividad, relacionadas con horarios de entrada, aislamiento acústico, zonas comunes, seguros, desperfectos y mantenimiento de la estética del inmueble. Los vecinos aseguran que buena parte de esos compromisos no se está respetando.

El escenario ayuda a entender por qué los proyectos de Carlos Cortina y Encarna Albarracín han prendido tan deprisa. Para muchos residentes, el problema ya no consiste únicamente en una ventana, una licencia o un local determinado. Temen que bajos pensados originalmente para comercio y servicios terminen formando pequeñas concentraciones hoteleras incrustadas bajo viviendas familiares.

La Associació Veïnal de Benicalap ha endurecido sus críticas al Ayuntamiento y reclama una respuesta más rápida. Compromís también ha convertido el asunto en frente político contra el gobierno municipal de PP y Vox. El Ejecutivo de Catalá, por su parte, defiende su normativa de control de los alojamientos turísticos y sostiene que debe actuar conforme a los expedientes y a los informes jurídicos, no únicamente a partir de las denuncias de las comunidades.

Cuando una licencia entra en el portal de vecinos

El caso Benicalap concentra, casi en miniatura, uno de los grandes conflictos urbanos de València: hasta dónde puede crecer el alojamiento turístico dentro de edificios residenciales sin alterar la naturaleza del barrio y qué instrumentos tienen los vecinos cuando consideran invadidos sus espacios comunes.

La aparición del despacho de Víctor Soriano añade una capa política que merece transparencia, pero no sustituye al verdadero fondo del asunto. Hay que saber qué autorizó exactamente el Ayuntamiento, qué partes de las obras estaban incluidas en los proyectos aprobados, qué elementos pertenecen a las comunidades y qué capacidad tienen estas para impedir determinadas modificaciones.

Mientras esas cuestiones se resuelven, los martillos ya han hecho su trabajo y los expedientes siguen creciendo sobre las mesas. Es una imagen bastante gráfica de la tensión que atraviesa Benicalap: el turismo avanza por los bajos mientras vecinos, abogados y Ayuntamiento discuten dónde termina una licencia y dónde empieza la puerta de casa.