¿Por qué dimiten dos cargos de Reform UK en pleno congreso anual?

Reform UK ha abierto una crisis interna en el peor escaparate posible: su congreso anual de Birmingham. James Orr, responsable de Política del partido, y Dan Jukes, uno de los asesores más próximos a Nigel Farage, han dejado sus cargos después de difundirse una investigación encubierta sobre una posible maniobra para canalizar financiación extranjera hacia la formación. El partido niega haber infringido la ley y ha iniciado su propia investigación.

El asunto también ha llegado a la Policía Metropolitana de Londres después de que laboristas y liberal demócratas trasladaran las acusaciones a las autoridades. Hay un matiz importante: la Policía ha confirmado que está evaluando la información recibida, pero eso no equivale a la apertura de una investigación penal formal contra Reform UK.

La tormenta nace de unas grabaciones difundidas por Channel 4 News y obtenidas mediante una operación encubierta de Verbatim Investigations. Los periodistas se presentaron ante dirigentes del partido como un empresario estadounidense dispuesto a aportar dinero y su hijo, residente en Reino Unido. Durante las conversaciones aparece una posible donación de 500.000 libras, además de la financiación de varios sondeos políticos.

No es un detalle menor. La legislación británica restringe las fuentes desde las que los partidos pueden recibir dinero y establece controles destinados a impedir que fondos procedentes del extranjero entren indirectamente en la política nacional. Ahí está el centro del caso, bastante más que en el ruido de un congreso que pretendía hablar de otra cosa.

Dos dimisiones que sacuden el congreso de Reform UK

Orr y Jukes abandonaron sus responsabilidades mientras Reform UK investiga internamente qué ocurrió. Oficialmente, sus salidas se producen mientras se aclaran las acusaciones. La imagen, sin embargo, es difícil de maquillar: dos figuras situadas cerca del núcleo dirigente dejan sus puestos justo cuando el partido quería exhibir organización, disciplina y capacidad de gobierno.

Dentro de la formación han aparecido, además, mensajes diferentes sobre su futuro. Lee Anderson, presidente de Reform UK, ha cerrado la puerta a un eventual regreso, mientras el vicepresidente Richard Tice ha preferido esperar a las conclusiones de la investigación interna. Una diferencia verbal pequeña, sí, pero bastante visible cuando todo ocurre bajo los focos.

James Orr, profesor de filosofía de la religión en la Universidad de Cambridge, se había convertido en una pieza relevante de la elaboración programática de Reform UK. Dan Jukes, por su parte, lleva años vinculado a Farage y forma parte de su entorno político y mediático más próximo. No son dos militantes anónimos perdidos entre las sillas del auditorio.

Qué muestran las grabaciones sobre la financiación

La investigación encubierta sostiene que Jukes llegó a discutir una fórmula para que Reform UK pudiera beneficiarse de dinero procedente de un empresario estadounidense. La cantidad planteada era de 500.000 libras, unos 581.000 euros, y el supuesto donante extranjero habría utilizado como intermediario a su hijo residente en Reino Unido.

El pequeño problema es que aquel hijo era en realidad un reportero encubierto y el empresario estadounidense formaba parte de la operación periodística. La hipotética transferencia, en cualquier caso, no llegó a realizarse. Ese dato resulta esencial cuando se intenta separar lo políticamente comprometedor de lo que eventualmente pueda tener consecuencias jurídicas.

Una cosa es discutir una operación potencialmente incompatible con las normas electorales; otra, que el dinero termine entrando en las cuentas del partido. Las autoridades tendrán que determinar si las conversaciones revelan alguna conducta que merezca una investigación adicional y qué responsabilidad podría corresponder a cada persona implicada.

Nigel Farage ha reconocido que sus colaboradores dijeron cosas que, según su propia valoración, no deberían haberse dicho. Al mismo tiempo, sostiene que Reform UK no recibió dinero ilegal, que ninguna de las propuestas cuestionadas terminó materializándose y que la investigación encubierta fue una operación diseñada para atrapar a dirigentes de su partido.

Los tres sondeos de 32.500 libras, el otro foco del caso

Las 500.000 libras no son el único elemento bajo escrutinio. La investigación señala también la financiación de tres encuestas por un total de 32.500 libras, aproximadamente 37.800 euros, cuyos resultados terminaron apareciendo en medios nacionales británicos.

Según las acusaciones, Orr habría planteado que el supuesto empresario extranjero financiara esos estudios. El debate jurídico consiste en determinar si ese gasto podía considerarse simplemente la financiación privada de unas encuestas públicas o, en cambio, una donación en especie que beneficiaba a Reform UK y debía someterse a las normas de financiación política.

La diferencia parece burocrática, casi polvo de despacho. No lo es. Cuando un tercero paga un servicio que beneficia directamente a un partido, puede entrar en juego un régimen diferente al de una encuesta realizada por iniciativa independiente. Reform UK sostiene precisamente esto último: que los estudios eran públicos, estaban financiados por un tercero y no constituían una aportación al partido.

Los sondeos fueron realizados por JL Partners. Dos de ellos acabaron vinculados a informaciones de The Telegraph y otro apareció en The Times. Tras conocerse el caso, volvió a ponerse el foco sobre quién había encargado realmente esos estudios, quién los había pagado y qué información acompañó a su publicación.

Farage niega dinero irregular y defiende al partido

Nigel Farage intenta separar dos cuestiones: lo que pudieron decir sus colaboradores durante las conversaciones encubiertas y lo que Reform UK hizo realmente. Su posición es tajante: el partido no ha infringido ninguna ley y no ha aceptado fondos que no pudiera recibir legalmente.

Farage sostiene que los sondeos fueron financiados por un tercero y publicados abiertamente, por lo que no serían una donación encubierta. También reconoce que introducir en el partido dinero cuyo origen último estuviera en Estados Unidos mediante un intermediario británico plantearía un problema evidente bajo la legislación electoral. Su defensa es sencilla: esa operación nunca se produjo.

Richard Tice ha reforzado esa línea y asegura que el partido dispone de asesoramiento jurídico de un King’s Counsel, una de las categorías profesionales de mayor rango en la abogacía británica, según el cual no se vulneraron las reglas aplicables.

La investigación interna tiene así una tarea bastante incómoda: establecer por qué dos personas situadas tan cerca de la dirección discutieron fórmulas que el propio Farage considera improcedentes, incluso aunque ninguna terminara convirtiéndose en una transferencia efectiva de fondos extranjeros.

Qué está evaluando la Policía Metropolitana

Laboristas y liberal demócratas han puesto las grabaciones en conocimiento de las autoridades. Entre las cuestiones señaladas aparece la posibilidad de que se hubiera estudiado una fórmula para ocultar el origen real de una donación mediante un intermediario radicado en Reino Unido.

La Policía Metropolitana ha indicado que evaluará la información disponible. De momento, esa revisión preliminar no debe confundirse con la apertura de diligencias penales contra Farage, Reform UK, Orr o Jukes. La diferencia importa: existen denuncias y material bajo examen, pero no una acusación penal establecida.

La legislación británica obliga a los partidos a comprobar que las donaciones proceden de fuentes permitidas. Cuando aparece la sospecha de que alguien ha intentado sortear deliberadamente esos controles, el problema deja de ser únicamente administrativo y puede adquirir una dimensión penal.

El nuevo episodio tampoco llega a un terreno vacío. Farage afronta otra investigación relacionada con un regalo de cinco millones de libras recibido en 2024 del empresario de criptomonedas Christopher Harborne y cuya declaración inicial ha sido cuestionada.

La Policía investiga también dos aportaciones de 250.000 libras cada una realizadas por Fiona Cottrell, madre de George Cottrell, antiguo colaborador de Farage. Las nuevas grabaciones no prueban por sí mismas una conexión entre esos asuntos, pero políticamente vuelven a colocar el foco sobre los controles internos de Reform UK y sobre la procedencia del dinero que rodea al partido.

Birmingham debía hablar del futuro y termina mirando las cuentas

La polémica estalla durante el congreso anual de Reform UK en Birmingham, concebido para presentar las prioridades de la formación ante una eventual llegada al Gobierno. Farage pretende utilizar el encuentro para desarrollar sus planes sobre inmigración, coste de vida y las primeras decisiones que impulsaría durante sus cien primeros días en el poder.

En el congreso participa también Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional francesa, una presencia que refuerza la dimensión europea del encuentro y los vínculos políticos de Reform UK con otras formaciones de la derecha nacionalista del continente.

Pero la agenda ha quedado parcialmente desplazada por las dimisiones de Orr y Jukes. A la controversia financiera se añade otra disputa después de que periodistas de medios como The Guardian y la BBC denunciaran problemas con sus acreditaciones para cubrir el congreso.

Para un partido que intenta proyectar normalidad institucional, la fotografía resulta bastante menos ordenada de lo previsto: dos responsables de primer nivel fuera de sus cargos, una investigación interna abierta y la Policía examinando denuncias mientras Farage intenta volver a colocar el programa político en el centro del escenario.

La prueba de madurez que Reform UK no quería en Birmingham

Por el momento hay hechos firmes y otros todavía abiertos. Orr y Jukes han dejado sus cargos, Reform UK investiga lo ocurrido, la Policía Metropolitana está valorando las denuncias y no consta una investigación penal formal por estas nuevas acusaciones. Tampoco llegó a realizarse la hipotética donación de 500.000 libras discutida durante las conversaciones encubiertas.

Queda por aclarar algo políticamente más incómodo: hasta qué punto las fórmulas discutidas por personas tan próximas a la dirección eran simples conversaciones provocadas por una operación periodística o reflejaban una manera real de gestionar posibles aportaciones extranjeras.

Farage sostiene que su partido no recibió dinero irregular y que no vulneró la ley. Sus adversarios consideran que las grabaciones justifican un examen más profundo. Entre ambos extremos queda el terreno menos espectacular y más decisivo: documentos, normas electorales, trazabilidad del dinero y responsabilidades concretas.

El problema para Reform UK es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de una transferencia que nunca se produjo. Gira alrededor de confianza, controles internos y financiación política. Justo esas materias grises, poco épicas y llenas de letra pequeña que aparecen cuando un partido deja de vivir únicamente de los mítines y empieza a pedir que se le contemple como un posible Gobierno.