¿Qué cambia en la financiación autonómica tras el acuerdo del CPFF?

El Ministerio de Hacienda ha logrado que su reforma de la financiación autonómica supere el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el CPFF, pero conviene poner el verbo en su sitio: el nuevo sistema todavía no está definitivamente aprobado. El Gobierno ha ganado una votación importante, no la guerra parlamentaria. Cataluña y Canarias respaldaron la propuesta, el resto de comunidades presentes votó en contra y Madrid dejó su silla vacía. El proyecto deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y después por el Congreso.

La reforma plantea 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto a lo que recibirían las autonomías si continuara el modelo vigente. Hacienda quiere sustituir así un sistema aprobado en 2009 y caducado desde 2014, una de esas provisionalidades españolas que alcanzan la adolescencia sin que nadie se atreva demasiado a celebrar el cumpleaños. El dinero no es menor: sostiene buena parte de la sanidad, la educación y los servicios sociales gestionados directamente por las comunidades autónomas.

El resultado del CPFF deja, sin embargo, una fotografía política bastante menos cómoda que la contable. El Gobierno consiguió sacar adelante la propuesta con dos apoyos autonómicos, uno procedente de Cataluña, gobernada por el PSC, y otro de Canarias, donde Coalición Canaria comparte Ejecutivo con el PP. Asturias y Castilla-La Mancha, ambas con gobiernos socialistas, se alinearon con las comunidades populares en el rechazo. Madrid ni siquiera acudió.

Hacienda gana la votación, pero no el consenso territorial

La peculiar aritmética del CPFF explica por qué Hacienda podía ganar con una mayoría territorial tan estrecha. El Gobierno central concentra la mitad del peso de la votación y le bastaba el respaldo de una comunidad para sacar adelante su propuesta. Cataluña aseguraba ese voto y Canarias terminó sumándose. Dicho de otro modo: el resultado es perfectamente válido dentro de las reglas del órgano, aunque políticamente exhiba una fractura territorial evidente.

El ministro de Hacienda defendió tras la reunión que se trata de un sistema común y no de un modelo específico diseñado para Cataluña. El Ejecutivo subraya, además, que hacía muchos años que el CPFF no abordaba una reforma de este calibre y reprocha al Partido Popular que no haya presentado una alternativa completa al esquema vigente. Hacienda sostiene que la propuesta aumenta los recursos, reduce diferencias territoriales y refuerza tanto la autonomía fiscal como los mecanismos de solidaridad.

La oposición autonómica presenta justamente la lectura contraria. Los gobiernos del PP consideran que el modelo nació condicionado por la negociación entre el PSOE y ERC y denuncian que una cuestión que afecta a todas las comunidades de régimen común se diseñó inicialmente desde una negociación bilateral con Cataluña. Castilla-La Mancha comparte buena parte de esa crítica y Asturias también ha rechazado el sistema por considerar que no responde adecuadamente a sus necesidades.

Ahí reside buena parte del conflicto. No se discute únicamente cuántos euros aparecen sobre la mesa —que son bastantes—, sino quién decidió las reglas, qué variables pesan más y hasta qué punto un acuerdo territorial previo condicionó después una negociación que, por definición, debía ser multilateral.

Qué cambia realmente en la financiación de las comunidades

El Gobierno calcula que el nuevo sistema distribuiría en 2027 unos 224.507 millones de euros en recursos homogéneos, 20.975 millones más de lo que correspondería con el esquema vigente. Hacienda asegura además que ninguna comunidad recibirá menos gracias a una garantía de statu quo, una especie de suelo financiero destinado a evitar perdedores nominales durante el cambio de modelo.

El dinero adicional no consiste simplemente en una transferencia extraordinaria del Estado. La reforma modifica también el reparto de los principales impuestos y aumenta la parte de la recaudación que permanece en manos autonómicas. La intención es que las comunidades dispongan de más recursos propios y, al mismo tiempo, de una mayor responsabilidad sobre cómo los administran.

Más IRPF, más IVA y mayor autonomía fiscal

Las comunidades pasarían a recibir el 55% del IRPF, frente al 50% actual, y el 56,5% del IVA, también frente al 50% vigente. La participación en determinados impuestos especiales mantendría su propio esquema de reparto. La reforma amplía además la cesta tributaria autonómica incorporando plenamente figuras con una fuerte vinculación territorial, entre ellas sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, patrimonio y determinados tributos sobre el juego y los residuos.

La consecuencia es importante: parte del salto de financiación no aparecería como una transferencia del Estado con lazo y tarjeta, sino como mayor participación autonómica en los impuestos recaudados. Ese matiz importa porque detrás del debate sobre la financiación siempre está el otro debate, menos vistoso pero decisivo, sobre la corresponsabilidad fiscal. Gastar gusta bastante; vincular el gasto a los ingresos suele generar una conversación algo más silenciosa.

La población ajustada vuelve al centro del reparto

El modelo también modifica la denominada población ajustada, que no cuenta simplemente habitantes como quien cuenta sillas. Intenta estimar cuánto cuesta realmente prestar los servicios públicos teniendo en cuenta factores como la edad de la población, la dispersión territorial, la insularidad y otras circunstancias que encarecen la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Hacienda plantea una estratificación más precisa de esos grupos de población y mantiene mecanismos de nivelación horizontal y vertical. En lenguaje menos ministerial: se intenta que los territorios con menor capacidad recaudatoria dispongan de recursos suficientes para prestar servicios comparables, mientras el Estado añade fondos para reducir las diferencias que el propio sistema tributario no corrige. También se contempla un mecanismo específico para comunidades situadas por debajo de la media de financiación por habitante y un fondo relacionado con los costes derivados del cambio climático.

Cataluña y Canarias apoyan el modelo por motivos distintos

Cataluña es una pieza central porque el origen político de la reforma está ligado al acuerdo entre el PSOE y ERC. Los cálculos presentados para el nuevo modelo sitúan a Cataluña entre las comunidades que más ganarían en términos absolutos, con alrededor de 4.686 millones adicionales. Andalucía estaría incluso por delante, con unos 4.846 millones; la Comunitat Valenciana rondaría los 3.669 millones y Madrid, pese a su oposición frontal, unos 2.555 millones adicionales.

El Govern catalán defiende que el nuevo modelo respeta la ordinalidad, es decir, que una comunidad que ocupa una determinada posición por su capacidad fiscal no caiga muy por debajo después de aplicar los mecanismos de redistribución. Cataluña sostiene que mejoraría notablemente su posición en recursos por población ajustada respecto al funcionamiento del sistema actual.

Canarias llega al sí por otro camino. El Ejecutivo de Fernando Clavijo había colocado como condición esencial que los recursos asociados al Régimen Económico y Fiscal canario, el REF, no se mezclaran con la financiación ordinaria. El Gobierno insular considera que la propuesta reconoce esa separación y sitúa la mejora prevista para las islas en aproximadamente 1.337 millones de euros adicionales.

El detalle político tampoco pasa inadvertido. Coalición Canaria gobierna junto al PP en las islas, mientras el conjunto de los gobiernos autonómicos populares rechazaba el modelo. Canarias ha preferido defender que sus singularidades quedan mejor reconocidas y votar en consecuencia. La disciplina territorial, al parecer, también admite mareas.

Madrid se ausenta y el PP lleva el rechazo a la mesa

La Comunidad de Madrid fue más lejos que el resto de gobiernos populares. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió no acudir al CPFF e invitó a las demás comunidades gobernadas por el PP a hacer lo mismo con la intención de impedir el quórum necesario para celebrar la reunión. Ninguna terminó siguiendo ese camino. Los demás ejecutivos populares acudieron y votaron en contra.

Madrid sostiene que el modelo nació de un pacto bilateral con Cataluña y que rompe la igualdad entre territorios. Hacienda calificó el intento de bloquear la reunión de irresponsable, mientras varias comunidades del PP justificaron su presencia apelando precisamente a la lealtad institucional: acudir, discutir y votar no. Una diferencia de método que dejó a Madrid aislada en la forma, aunque no en el rechazo de fondo.

El dato más incómodo para la oposición es que varias comunidades que combaten políticamente la reforma figuran entre sus principales beneficiarias económicas. Andalucía sería la que recibiría el mayor incremento absoluto y Madrid también ganaría miles de millones. Eso no invalida las objeciones sobre el diseño del modelo —una reforma puede proporcionar más dinero y ser considerada injusta al mismo tiempo—, pero complica la caricatura de que solo Cataluña obtiene ventajas.

Tampoco Andalucía ni Castilla-La Mancha han anunciado que vayan a renunciar a los nuevos recursos si el sistema acaba entrando en vigor. Hacienda ha defendido, además, que la adhesión al nuevo modelo será voluntaria y que una comunidad podría permanecer con el cálculo del sistema anterior, una posibilidad que ya existió en la reforma de 2009.

El Congreso decidirá si la reforma llega a existir de verdad

La votación del CPFF abre la puerta, pero no termina el recorrido. El proyecto deberá pasar por el Consejo de Ministros y posteriormente llegar al Congreso de los Diputados. Allí la geometría cambia por completo: Hacienda deja atrás una mesa en la que el Estado controla la mitad del voto y entra en una Cámara donde cada escaño vuelve a contar uno por uno.

La aprobación parlamentaria no está garantizada. El PP mantiene su oposición, las posiciones de varios socios son complejas y Junts ha mostrado reticencias al esquema nacido de la negociación política en torno al nuevo modelo. La tramitación parlamentaria permitirá introducir cambios. El Gobierno, por tanto, ha superado una pantalla necesaria, pero la decisiva continúa delante.

Lo que ya ha quedado despejado es el tamaño de la reforma. No estamos ante un retoque contable: aumentar la cesión del IRPF y del IVA, introducir casi 21.000 millones adicionales, revisar la población ajustada y modificar los mecanismos de nivelación altera el esqueleto financiero con el que las comunidades pagan hospitales, colegios, dependencia y servicios sociales.

Más dinero sobre la mesa y una mayoría todavía por construir

También queda retratada la paradoja política. El sistema promete más recursos para todas las comunidades y, al mismo tiempo, nace con una oposición territorial amplísima. Hacienda presenta el acuerdo como la oportunidad de sustituir un modelo caducado desde 2014; sus detractores ven un pacto condicionado desde Cataluña. Entre ambas posiciones quedan los números, bastante menos aficionados a las banderas.

El CPFF ha dado su aval, pero la financiación autonómica prevista para 2027 todavía depende del Congreso. Ahí será donde el nuevo modelo deje de ser una propuesta con cifras muy grandes y se convierta, o no, en la norma que reparta buena parte del dinero destinado a los servicios públicos durante los próximos años.