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Economía

¿Cuánto bonifica Ayuso a los grandes patrimonios de Madrid en 2024?

Las bonificaciones de Patrimonio en Madrid alcanzaron 732,37 millones en 2024, casi un 20% más, y beneficiaron a 24.177 declarantes madrileños.

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Resumen

  • Madrid bonificó 732,37 millones en Patrimonio durante 2024
  • 24.177 declarantes se beneficiaron, con 30.292 euros de ahorro medio
  • La bonificación creció un 19,5% mientras sigue el pulso fiscal con el Estado

La Comunidad de Madrid aplicó en el ejercicio 2024 732,37 millones de euros en bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre el Patrimonio. Fueron 24.177 declarantes los que se acogieron a esa reducción, con un ahorro fiscal medio de 30.292 euros. La cifra supera en casi 120 millones la registrada un año antes y supone un incremento del 19,5% respecto a 2023.

El dato dibuja con bastante nitidez la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso, aunque conviene llamarlo por su nombre exacto. No son 732 millones que la Administración haya cobrado para después devolverlos, sino cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio que dejan de exigirse mediante una bonificación prevista en la legislación madrileña. Una distinción técnica, sí, pero importante: en fiscalidad, un verbo mal colocado puede cambiar bastante la fotografía.

Madrid bonificó 732 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio

Las cifras permiten medir el fenómeno sin necesidad de demasiados adjetivos. En 2024 hubo 25.524 declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid, que consignaron bienes y derechos por un valor conjunto de casi 297.901 millones de euros. El patrimonio medio declarado se situó en 11,67 millones, aunque esa media, como todas las medias cuando entra en escena una gran fortuna, puede engañar bastante: unas pocas cifras enormes levantan el techo de la habitación.

Después de aplicar las reglas sobre límites de cuota, deducciones y demás ajustes, la cuota minorada ascendió a 1.375,4 millones de euros. De ahí se descontaron 732,37 millones mediante la bonificación autonómica madrileña. El resultado final declarado fue de unos 642,77 millones de euros, correspondiente a 11.448 declaraciones con resultado positivo.

El salto frente al ejercicio anterior es apreciable. En 2023 la bonificación había alcanzado 612,62 millones, repartidos entre 23.175 contribuyentes, con una media de 26.434 euros. En un año, por tanto, el beneficio fiscal aumentó unos 119,75 millones y el importe medio descontado creció en torno a 3.860 euros.

Qué significa realmente esa bonificación de 30.292 euros de media

Conviene introducir otra precisión. Los 24.177 beneficiarios de la bonificación no deben confundirse automáticamente con 24.177 personas poseedoras de patrimonios superiores a tres millones de euros. Patrimonio y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas tienen umbrales y mecánicas diferentes.

Con carácter general, el Impuesto sobre el Patrimonio contempla un mínimo exento de 700.000 euros y una exención de hasta 300.000 euros para la vivienda habitual. También existe obligación de presentar la declaración, aun sin cuota a pagar, cuando el valor de los bienes y derechos supera los dos millones de euros.

La cifra de beneficiarios, por tanto, es más amplia que la de contribuyentes efectivamente sometidos al gravamen estatal de las grandes fortunas. Es un detalle menos vistoso que el titular político, pero bastante más útil para entender dónde están los euros.

Por qué Madrid ya no puede bonificar simplemente el 100%

Durante años el esquema madrileño fue mucho más sencillo. Desde 2008, la Comunidad estableció una bonificación general del 100% en la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. En la práctica, un contribuyente podía estar obligado a presentar la declaración por el volumen de sus bienes pero terminar sin pagar cuota autonómica.

Ese modelo chocó con una pieza fiscal creada por el Gobierno central a finales de 2022: el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, diseñado como tributo complementario de Patrimonio y dirigido a patrimonios netos superiores a tres millones de euros. Entre sus propósitos figuraba precisamente limitar los efectos de las bonificaciones autonómicas que reducían o eliminaban Patrimonio.

Madrid recurrió el nuevo impuesto ante el Tribunal Constitucional. No prosperó. El tribunal desestimó el recurso del Gobierno madrileño y consideró constitucional el gravamen estatal; posteriormente también rechazó el promovido por la Asamblea de Madrid.

La respuesta de Ayuso al impuesto de las grandes fortunas

La reacción del Ejecutivo autonómico fue pragmática. Si los grandes patrimonios iban a pagar de todos modos, Madrid prefería que una mayor parte de ese dinero acabara en las arcas autonómicas y no en las estatales.

La Ley madrileña 12/2023 suspendió temporalmente la bonificación general del 100% mientras permanezca vigente el impuesto estatal y la sustituyó por una fórmula variable. Simplificando bastante el galimatías tributario: el contribuyente puede descontarse en Patrimonio la diferencia entre su cuota autonómica y la correspondiente al impuesto estatal sobre grandes fortunas.

Dicho de otra manera, Madrid dejó de practicar aquel cero fiscal casi absoluto en Patrimonio para las fortunas afectadas por el nuevo tributo estatal, pero conservó una bonificación destinada a evitar que el contribuyente pague más de lo que resultaría del engranaje entre ambos impuestos. Este diseño permite que determinados sujetos sometidos al impuesto de grandes fortunas satisfagan la carga en Patrimonio y reduzcan después a cero o casi cero la correspondiente cuota estatal.

Aquí aparece una curiosa batalla fiscal española: el contribuyente paga, pero Madrid y el Estado discuten —normativa mediante— sobre en qué caja termina el dinero.

Las fortunas declaradas también crecieron durante 2024

El aumento de la bonificación no se explica únicamente por un cambio normativo. También hay más patrimonio declarado y más declarantes.

En 2023, los 24.533 declarantes madrileños sumaban aproximadamente 274.191 millones de euros en patrimonio. Un año después eran 25.524 y declaraban 297.901 millones. Eso supone cerca de un 8,6% más de riqueza patrimonial declarada en apenas doce meses, mientras el número de declaraciones aumentó alrededor del 4%.

Buena parte de esa riqueza no está en mansiones con piscina infinita, pese a la iconografía habitual cuando se habla de millonarios. El grueso aparece en activos financieros. Los declarantes madrileños contabilizaron 247.440 millones en capital mobiliario, frente a 34.817 millones en bienes inmuebles. Acciones, participaciones, fondos, depósitos, deuda y estructuras societarias pesan mucho más que el ladrillo en la estadística de las mayores fortunas.

También constan 509 millones en monedas virtuales, declarados por 493 contribuyentes. Una pequeña esquina del balance, pero bastante representativa de cómo ha cambiado la composición de la riqueza: junto al piso, la finca y las acciones de toda la vida aparecen ahora carteras digitales que caben, al menos metafóricamente, dentro de un teléfono móvil.

¿Es realmente dinero que Madrid deja de recaudar?

En términos presupuestarios, 732 millones representan cuota fiscal bonificada, así que resulta razonable describirlos como ingresos potenciales a los que la Comunidad renuncia bajo su normativa actual. Pero afirmar sin matices que son 732 millones que Madrid habría podido ingresar simplemente suprimiendo la bonificación sería demasiado fácil.

La interacción con el impuesto estatal cambia el cálculo. Si Madrid eliminara completamente determinados beneficios fiscales, crecería la recaudación autonómica de Patrimonio, pero también variaría la cuota que algunos contribuyentes deben satisfacer por el gravamen estatal, porque ambos impuestos están conectados. No son dos cajas perfectamente independientes.

Tampoco es técnicamente exacto hablar de una condonación, como si existiera una deuda tributaria vencida que la Administración decidiera perdonar después. La bonificación forma parte del cálculo legal del impuesto desde el principio. Otra cosa es el debate político sobre si esa ventaja tributaria debe existir, cuánto cuesta y quién se beneficia de ella.

Ese debate tiene dos discursos bastante reconocibles. El Gobierno madrileño sostiene desde hace años que una fiscalidad patrimonial baja ayuda a atraer capital, inversión y contribuyentes de rentas altas. Sus adversarios responden que semejantes rebajas concentran el beneficio en quienes poseen más recursos y reducen ingresos disponibles para financiar servicios públicos. Entre ambos argumentos queda la vieja discusión española sobre competencia fiscal autonómica, solidaridad y hasta dónde debe llegar la capacidad de una comunidad para fijar sus propios impuestos.

Una política fiscal que sigue marcando frontera

Los datos de 2024 dejan menos espacio para el ruido que para una evidencia: Madrid mantiene una política especialmente favorable a la bonificación del patrimonio, aunque el impuesto estatal sobre las grandes fortunas haya obligado a modificar su arquitectura.

La bonificación autonómica alcanzó 732,37 millones, casi un 20% más que un año antes; 24.177 declarantes se beneficiaron de ella y, al mismo tiempo, la Comunidad recaudó 642,77 millones en el resultado de las declaraciones de Patrimonio. La paradoja es sólo aparente. Madrid ya no puede aplicar a todos el viejo esquema del 100% mientras siga vigente el gravamen estatal, pero tampoco ha abandonado su filosofía fiscal.

Ayuso ha cambiado la herramienta, no la dirección. El pulso con Hacienda continúa librándose en leyes, bonificaciones y casillas de una declaración tributaria; menos épico que una batalla parlamentaria, desde luego, aunque con 732 millones de euros sobre la mesa el papel acaba pesando bastante.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.