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Economía

¿Quién salvó a Correos de la quiebra con 2.500 millones de euros?

Correos acumuló fuertes pérdidas y recurrió a 2.500 millones en créditos entre 2020 y 2025 antes de volver provisionalmente a los beneficios.

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tres buzones de Correos

Por Sergio from Spain - Correspondencia, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.

Resumen

  • Correos contrató 2.500 millones en financiación entre 2020 y 2025
  • La deuda neta bajó a 677 millones al cierre de 2025
  • La empresa volvió a beneficios tras varios años de fuertes pérdidas

Correos atravesó durante los años posteriores a la pandemia una situación financiera mucho más delicada de lo que sugería la imagen cotidiana de sus oficinas abiertas, sus furgonetas amarillas y sus carteros recorriendo media España. Entre 2020 y 2025, la empresa pública consiguió alrededor de 2.500 millones de euros en préstamos y pólizas de crédito con distintas entidades financieras españolas, una financiación que resultó decisiva para mantener liquidez, atender pagos y evitar una eventual suspensión de pagos en los momentos de mayor tensión.

Pero conviene colocar bien las cifras antes de que la palabra quiebra se convierta en un cajón donde quepa cualquier cosa. Esos 2.500 millones no representan la deuda que Correos mantiene actualmente ni fueron una transferencia bancaria gratuita: se trata del volumen acumulado de operaciones financieras contratadas durante varios ejercicios. La fotografía más reciente disponible es bastante distinta. Correos comunicó que terminó 2025 con un beneficio neto provisional de 14,4 millones de euros y una deuda neta de 677 millones, después de reducirla en 174 millones durante el ejercicio. Es decir, la compañía estuvo contra las cuerdas; afirmar que está quebrada en septiembre de 2026 simplifica demasiado una historia bastante más incómoda.

Los 2.500 millones que mantuvieron funcionando Correos

La reconstrucción de las operaciones financieras sitúa entre 2020 y 2025 una treintena de préstamos y líneas de crédito contratados con bancos como Kutxabank, CaixaBank, Ibercaja o Cajamar. El dinero permitió cubrir las necesidades de circulante de una empresa gigantesca, con decenas de miles de trabajadores, miles de instalaciones y una estructura de costes que no desaparece porque los españoles hayan decidido cambiar la carta por WhatsApp.

Ese matiz importa. Una empresa puede disponer de patrimonio, edificios, vehículos y actividad comercial y, sin embargo, encontrarse con un problema inmediato de caja. Las nóminas llegan cada mes. También las facturas de proveedores, el combustible, los alquileres, la tecnología y los vencimientos financieros. Cuando los ingresos generados por el negocio no bastan, la liquidez pasa a ser oxígeno.

En ese periodo, la banca proporcionó buena parte de ese oxígeno. Algunas operaciones se cerraron incluso en condiciones financieras especialmente favorables. No fue, sin embargo, un rescate bancario comparable al de una entidad financiera durante una crisis sistémica: fueron préstamos que Correos debe devolver y por los que soporta costes financieros. La palabra salvavidas describe bien la función; peor funciona si se interpreta como dinero regalado.

La paradoja tiene su punto castizo. El cartero seguía llamando dos veces mientras, detrás del mostrador, una empresa con más de tres siglos de historia necesitaba llamar repetidamente al banco.

De los beneficios de 2019 a cuatro años de fuertes pérdidas

El deterioro no apareció de una tarde para otra. Correos había logrado beneficios en 2019, pero el ejercicio siguiente supuso un golpe brutal. En 2020 perdió unos 264 millones de euros, mientras el desplome del correo tradicional se aceleraba con la pandemia. En aquel momento la compañía señalaba que había gestionado aproximadamente 560 millones de cartas menos que en 2019.

La recuperación tampoco llegó al terminar los confinamientos. Las pérdidas fueron de 105,6 millones en 2021 y de 217,2 millones en 2022. En 2023, las cuentas consolidadas del grupo dejaron un resultado después de impuestos negativo de aproximadamente 120 millones. Solo entre 2020 y 2023 se acumularon así cerca de 707 millones de pérdidas.

Hay una explicación estructural que atraviesa todas esas cuentas: el mundo para el que fue construido Correos está desapareciendo muy deprisa. Facturas, extractos bancarios, comunicaciones comerciales y buena parte de los trámites administrativos han migrado a una pantalla. El correo postal tradicional, durante décadas columna vertebral del negocio, pierde volumen año tras año.

El comercio electrónico debía compensar en parte esa sangría. Lo hizo, pero no con la facilidad que podía imaginarse viendo el desfile de furgonetas de reparto por cualquier ciudad española. La paquetería es un mercado ferozmente competitivo, con Amazon, operadores internacionales y especialistas logísticos disputándose cada paquete y cada céntimo de margen. Entregar una carta y entregar unas zapatillas compradas por internet se parecen desde la acera; económicamente son animales bastante distintos.

Una estructura enorme para un negocio que cambió de tamaño

Correos conserva una red territorial difícil de comparar con la de una empresa privada convencional. Oficinas en grandes ciudades, municipios pequeños, zonas rurales y territorios donde mantener un servicio estrictamente comercial quizá no sería rentable. Precisamente ahí aparece su segunda naturaleza: Correos es una empresa, pero también es prestador de un servicio público.

Ese doble papel explica parte del debate. Exigirle únicamente la rentabilidad de una compañía privada mientras se le encomiendan obligaciones territoriales y sociales sería tramposo. Utilizar esas obligaciones como coartada para cualquier pérdida también lo sería. Entre ambos extremos está el problema de verdad: determinar qué parte del coste corresponde al servicio público que el Estado quiere conservar y qué parte procede de ineficiencias empresariales.

La modificación de la Ley Postal y el contrato-programa aprobado en 2026 amplían precisamente esa función. Correos está llamado a prestar servicios administrativos, facilitar determinadas operaciones financieras, contribuir al acceso a efectivo en pequeños municipios y actuar como una suerte de ventanilla pública territorial allí donde el mercado y la Administración convencional llegan con dificultad.

Juan Manuel Serrano y la responsabilidad por las pérdidas

Buena parte de la discusión política se concentra en Juan Manuel Serrano, presidente de Correos desde julio de 2018 hasta diciembre de 2023. Antes de su nombramiento había sido jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y formaba parte del círculo profesional próximo a Pedro Sánchez. En diciembre de 2023 fue sustituido por el economista Pedro Saura.

Durante buena parte de la presidencia de Serrano se produjo la secuencia más dura de números rojos: 264 millones en 2020, 105,6 millones en 2021, 217,2 millones en 2022 y alrededor de 120 millones en 2023. Son datos suficientemente graves por sí solos; no necesitan demasiada pirotecnia verbal.

También ha regresado al debate su remuneración. Según los datos de transparencia recogidos posteriormente en documentación parlamentaria, Serrano percibió 207.077,65 euros brutos en 2023, hasta su salida, además de 25.335,80 euros de indemnización. En 2022 su remuneración había superado ligeramente los 208.000 euros.

De ahí a atribuirle personalmente la quiebra de Correos hay, sin embargo, un salto que pertenece al terreno de la valoración política. No existe una resolución administrativa o judicial que establezca que Serrano sea jurídicamente el culpable de una quiebra de Correos. Su gestión puede examinarse —y con resultados financieros particularmente severos—, pero una empresa de este tamaño no cabe entera en la biografía de su presidente.

La digitalización del correo, la pandemia, los costes laborales, la presión competitiva en paquetería, determinadas decisiones estratégicas y la propia configuración del servicio público forman parte de la ecuación. Eso no borra la responsabilidad de quienes dirigían la compañía; simplemente evita convertir una cuenta de resultados en un eslogan.

El momento más delicado llegó también en 2024

La salida de Serrano tampoco hizo desaparecer automáticamente los problemas. Las cuentas de 2024 muestran hasta qué punto seguía deteriorado el balance. El Grupo Correos registró un resultado neto negativo de 459 millones de euros, afectado de forma extraordinaria por una provisión de 428 millones vinculada al plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Sin ese impacto excepcional, la compañía presentó un resultado ordinario negativo de 94 millones.

A finales de aquel año se produjo otro movimiento revelador. Correos redujo su capital social en aproximadamente 211,5 millones de euros, desde 611,5 hasta 400 millones, para compensar pérdidas acumuladas y sanear su patrimonio neto. La operación buscaba impedir que el deterioro patrimonial situara a la sociedad en causa legal de disolución.

Aquí aparece otra confusión frecuente. Estar cerca de una causa societaria de disolución, tener problemas de liquidez, acumular pérdidas y entrar formalmente en concurso de acreedores no son exactamente lo mismo. Correos llegó a una posición financieramente muy frágil, hasta el punto de necesitar financiación bancaria recurrente y medidas de saneamiento patrimonial, pero no fue declarada en quiebra ni entró en concurso.

La distinción parece de abogado con café frío, pero cambia bastante la noticia.

Correos volvió a beneficios en 2025

La ruptura llegó en 2025. Según las cuentas provisionales comunicadas en marzo de 2026, Correos obtuvo 14,4 millones de euros de beneficio neto y un EBITDA de 76 millones, frente al EBITDA negativo de 106 millones registrado el año anterior. La empresa aseguró que volvía así a beneficios antes de lo previsto en su Plan Estratégico 2024-2028.

También mejoró la parte financiera. La deuda neta cayó un 20%, desde unos 851 millones hasta 677 millones de euros al terminar 2025. Este dato es especialmente útil para interpretar esos famosos 2.500 millones: Correos contrató a lo largo de seis años financiación acumulada por esa magnitud, pero buena parte fue venciendo, refinanciándose o amortizándose. No hay 2.500 millones esperando actualmente en una montaña de pagarés junto a un saco de cartas certificadas.

La mejoría tampoco convierte el problema histórico en una anécdota. Un beneficio de 14,4 millones es pequeño para una empresa que factura más de 2.000 millones y que viene de absorber pérdidas extraordinariamente elevadas. Es una señal de estabilización, no una cura milagrosa.

El nuevo modelo intenta apoyarse más en paquetería, servicios públicos, trámites administrativos y servicios financieros básicos. En otras palabras, Correos trata de dejar de depender de un producto —la carta— cuyo declive tecnológico parece irreversible. El reto tiene algo de reconversión industrial silenciosa: conservar una red creada para transportar sobres y utilizarla para mover paquetes, dinero, documentos y servicios públicos.

Una empresa pública que estuvo al borde, pero no está quebrada

La historia de los 2.500 millones revela una crisis real, no imaginaria. Durante los años de mayores pérdidas, los créditos de la banca española fueron esenciales para sostener la liquidez de Correos y evitar que la falta de caja terminara paralizando pagos a trabajadores y proveedores. Al mismo tiempo, la SEPI, como accionista público, tuvo que abordar posteriormente una profunda reorganización financiera y estratégica.

También deja una factura política. Las pérdidas registradas durante la etapa de Juan Manuel Serrano fueron enormes y su elevada remuneración resulta inevitablemente polémica cuando se coloca junto a ellas. Pero responsabilizar a una sola persona de todo el deterioro confunde gestión, política y economía estructural en un mismo paquete. Y Correos, precisamente, debería saber que antes de entregar un paquete conviene mirar bien qué lleva dentro.

La fotografía disponible en septiembre de 2026 es, por tanto, menos espectacular que la palabra quiebra pero bastante más precisa: Correos estuvo en una situación financiera crítica, necesitó miles de millones en financiación bancaria acumulada para atravesarla y llegó a sanear su capital tras años de pérdidas. Después, en 2025, regresó provisionalmente a beneficios y redujo su deuda.

No es la historia de una empresa pública quebrada que sigue funcionando como si nada. Es quizá más reveladora: la de una institución gigantesca que vio desaparecer buena parte del negocio para el que había sido diseñada, quemó cientos de millones mientras intentaba adaptarse y necesitó crédito, respaldo público y una transformación profunda para evitar que el amarillo de sus furgonetas acabara siendo el color de una señal de peligro permanente.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.