¿Es un robo el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela y quién gana?

Venezuela no ha regalado 65.000 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, pero tampoco ha firmado un contrato comercial corriente. El acuerdo coloca 17 grandes campos petroleros bajo una arquitectura en la que Washington obtiene derechos económicos, capacidad de veto y acceso preferente al crudo durante décadas. A cambio, Caracas aspira a recibir hasta 100.000 millones de dólares en inversiones, elevar la producción y recaudar alrededor de 200.000 millones en impuestos y regalías durante los primeros 25 años. Hay beneficios reales para Venezuela. También concesiones extraordinarias a Estados Unidos.

Así que Diosdado Cabello tiene argumentos cuando sostiene que el acuerdo puede proporcionar capital, producción e ingresos a una industria venezolana exhausta. Lo que su defensa deja prudentemente fuera del encuadre es bastante más incómodo: el Gobierno estadounidense tendrá una participación del 35% en la matriz de NABEP, derecho de veto sobre su consejo, mayoría de ciudadanos estadounidenses en ese órgano, podrá adquirir el 20% de la producción a coste de producción y tendrá preferencia para comprar el 80% restante. No hace falta recurrir a la vieja caricatura de los «yanquis robando el petróleo» para advertir que Washington ha negociado desde una posición de fuerza formidable.

Un acuerdo mucho más complejo que vender petróleo a EEUU

El pacto anunciado por Donald Trump a finales de agosto de 2026 funciona, en realidad, mediante varias capas superpuestas. Por un lado está el entendimiento político entre Washington y las autoridades venezolanas. Por otro, Venezuela concede derechos de explotación sobre 17 campos petroleros a North American Blue Energy Partners, NABEP, una compañía privada controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Finalmente aparece Estados Unidos, que entra en la estructura empresarial de NABEP y obtiene derechos especiales sobre su gestión y sobre el petróleo producido.

Es una distinción importante. Washington insiste en que su contrato directo es con una empresa privada y no con el Gobierno venezolano, aunque son las autoridades de Caracas las que han concedido a esa compañía los derechos petroleros sin los cuales todo el tinglado sería papel mojado. Jurídicamente son piezas distintas; políticamente forman el mismo puzle.

Los campos contienen alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente una quinta parte de las enormes reservas venezolanas. No significa que 65.000 millones de barriles vayan a salir mañana de la tierra, ni siquiera que todos puedan extraerse rentablemente con la tecnología y los precios actuales. El subsuelo aguanta grandes titulares; las bombas, tuberías y mejoradores de crudo suelen ser menos impresionables.

El 35% estadounidense y el petróleo comprado a coste

Aquí está probablemente el punto más favorable para Washington. El Office of Strategic Capital, dependiente del Departamento de Defensa estadounidense, recibirá un 35% del capital de la matriz de NABEP sin un desembolso convencional equivalente al valor potencial de esa participación. La Administración Trump sostiene que la operación no tendrá coste para el contribuyente estadounidense.

Estados Unidos obtiene, además, algo incluso más valioso que una participación accionarial: influencia sobre quién gobierna la empresa. Washington tendrá derecho de veto sobre cualquier miembro de su consejo de administración, la mayoría de los consejeros deberán ser ciudadanos estadounidenses y la relación contractual estará sometida al derecho y a los tribunales de Estados Unidos.

Y luego está el barril. El Departamento de Estado podrá adquirir de forma garantizada el 20% de toda la producción actual y futura de NABEP al coste de producción, no al precio internacional normal de mercado. También dispondrá de un derecho preferente para adquirir el 80% restante. Parte de ese petróleo puede terminar indirectamente vinculada a la reposición de la Reserva Estratégica estadounidense mediante intercambios, porque el crudo venezolano es especialmente pesado y no encaja sin más en todas las instalaciones de almacenamiento y refino de Estados Unidos.

Decir que Estados Unidos «se queda con el 20% de las reservas» sería, por tanto, una simplificación. No adquiere jurídicamente una quinta parte del subsuelo venezolano. Obtiene derechos extraordinarios alrededor de la compañía que explotará esos recursos, junto con acceso privilegiado al petróleo producido. La diferencia jurídica es considerable. La económica, bastante menos tranquilizadora para quien esperaba una relación entre iguales.

Lo que Venezuela gana y por qué Cabello defiende el pacto

El argumento del chavismo no es inventado. Venezuela posee una cantidad gigantesca de petróleo, pero tener petróleo enterrado y disponer de una industria capaz de convertirlo en dinero son cosas distintas. El país produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, muy lejos de los más de tres millones que llegó a extraer décadas atrás. Años de desinversión, corrupción, mala gestión, nacionalizaciones, sanciones y deterioro físico dejaron una infraestructura que en algunos lugares parece más arqueología industrial que potencia energética.

NABEP proyecta movilizar hasta 100.000 millones de dólares para recuperar y desarrollar los campos. Caracas maneja una previsión de alrededor de 209.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante los primeros 25 años, mientras la documentación estadounidense redondea esa expectativa en unos 200.000 millones. Cabello ha defendido las inversiones previstas y la posibilidad de utilizar el pacto para recuperar la producción petrolera venezolana.

Son números enormes, aunque conviene colocarles una etiqueta que suele perderse durante los discursos presidenciales: son proyecciones, no dinero depositado esta mañana en el Banco Central de Venezuela. Para alcanzar esos volúmenes habrá que reparar instalaciones, perforar, instalar equipos, recuperar oleoductos, mejorar redes eléctricas y encontrar compradores y financiación durante muchos años.

El argumento favorable a Caracas tiene otra pata. Nuevas inversiones de compañías extranjeras, la recuperación de infraestructura y una eventual normalización de las relaciones económicas con Estados Unidos pueden devolver tecnología, financiación, seguros y servicios petroleros a una industria que lleva años funcionando por debajo de su capacidad. Para Venezuela, ese acceso puede resultar tan importante como los propios campos incluidos en el pacto.

Diosdado Cabello ha recurrido incluso a Hugo Chávez para justificar el acercamiento. Según su versión, Chávez aspiraba a elevar con fuerza la producción venezolana y consideraba a Estados Unidos un mercado natural para el crudo pesado del país por la capacidad de sus refinerías para procesarlo. La hemeroteca, eso sí, tiene bastante mala leche: meses antes de la caída de Maduro, Cabello había proclamado que ni «media gota» de petróleo debía llegar a Estados Unidos si Washington agredía Venezuela. La geopolítica suele convertir algunas frases solemnes en material de archivo bastante incómodo.

Lo que Venezuela entrega: tiempo, control y soberanía económica

La contrapartida impresiona. Estados Unidos describe concesiones de 100 años sobre los 17 campos, mientras desde Venezuela se han utilizado horizontes de 25 años al explicar las inversiones, las regalías y el marco económico de la operación. No es una diferencia pequeña: entre 25 y 100 años caben cuatro generaciones, varias constituciones y, conociendo la historia venezolana, unas cuantas revoluciones petroleras.

Parte de la aparente contradicción puede explicarse por las distintas capas contractuales. Una cosa es la duración utilizada para proyectar ingresos fiscales y otra, los derechos de explotación a largo plazo concedidos a la operadora. El problema es que los contratos completos y todos sus anexos no han tenido un grado de publicidad proporcional al tamaño del negocio. Ahí nace buena parte de la polémica.

Ese es uno de los puntos más sensibles incluso antes de entrar en ideologías. Un negocio de esta magnitud se ha construido con una transparencia limitada y sin un proceso competitivo convencional para seleccionar al socio principal. La figura de Alejandro Betancourt tampoco pasa inadvertida: su trayectoria empresarial ha sido objeto de escrutinio e investigaciones en distintos países, aunque las autoridades venezolanas han señalado que no mantiene procesos activos en Venezuela.

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó el acuerdo el 1 de septiembre. Eso aporta cobertura política interna, pero no elimina las dudas sobre la longevidad jurídica de un entramado diseñado para sobrevivir a gobiernos estadounidenses y venezolanos que todavía ni han nacido. Cualquier cambio político profundo puede acabar llevando parte de estas cláusulas ante abogados, tribunales y arbitrajes internacionales. Petróleo y pleitos: una pareja con bastante historia.

Hay otro detalle especialmente delicado. Estados Unidos ha dejado claro que ejercerá una supervisión estricta de los flujos financieros vinculados al acuerdo. Para Washington se trata de garantizar auditorías, evitar corrupción y controlar el destino de los ingresos. Para un país que lleva más de un siglo discutiendo sobre soberanía petrolera, que una potencia extranjera tenga semejante capacidad de vigilancia sobre el dinero de su recurso estratégico provoca, como mínimo, una digestión política complicada.

Ni expolio gratuito ni negocio entre iguales

Llamarlo simplemente «robo» sirve para una pancarta, pero explica mal el mecanismo. Venezuela conserva formalmente la soberanía sobre sus hidrocarburos y cobrará impuestos, regalías y otros ingresos. También puede recibir inversiones que necesita desesperadamente para volver a producir petróleo a gran escala. Un campo que guarda miles de millones de barriles pero carece de capital, electricidad y equipos genera exactamente cero dólares. En eso Cabello tiene razón.

Pero presentar el pacto como una victoria comercial venezolana exige mirar hacia otro lado durante bastante rato. Estados Unidos obtiene petróleo a coste de producción, derechos preferentes sobre el resto de la producción de NABEP, participación accionarial, veto societario y supervisión financiera. No son las condiciones habituales de una simple petrolera extranjera que llega, invierte, extrae y paga impuestos.

La propia Administración Trump tampoco disimula demasiado el objetivo. Ha presentado el acuerdo como una herramienta para reforzar el dominio energético estadounidense, asegurar suministros, recuperar reservas estratégicas y reducir la presencia de competidores como China y Rusia. Washington no ha negociado por filantropía tropical. Busca petróleo barato, seguridad energética, negocios y poder geopolítico. Caracas, entretanto, necesita capital y una salida a la larga decadencia de PDVSA. Ambos tienen intereses. Uno llega a la mesa con bastantes más cartas.

El contexto político hace todavía más difícil separar economía y poder. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, Delcy Rodríguez quedó al frente del Gobierno interino y Washington pasó a desempeñar un papel decisivo en el nuevo equilibrio venezolano. La oposición ha cuestionado la transparencia de los acuerdos y reclama garantías institucionales, seguridad jurídica y una transición democrática que no convierta la estabilización petrolera en sustituto permanente de las elecciones.

Ahí aparece una de las contradicciones más llamativas del nuevo escenario. Durante años, buena parte del discurso estadounidense sobre Venezuela giró alrededor de la democracia, las sanciones y la legitimidad del poder. Con Maduro fuera del Palacio de Miraflores, el petróleo ha saltado al centro de la mesa con una velocidad difícil de ignorar. En política exterior los principios existen; también existen las refinerías.

El verdadero precio se conocerá cuando empiecen a salir barriles

El acuerdo puede convertirse en un buen negocio económico para Venezuela y, simultáneamente, en un negocio todavía mejor para Estados Unidos. No hay contradicción. Si llegan decenas de miles de millones de inversión, aumenta la producción, regresan empleos petroleros, mejoran los ingresos fiscales y se normaliza el acceso venezolano a los mercados internacionales, Caracas habrá obtenido beneficios que necesita con urgencia.

Pero esos beneficios se han comprado otorgando a Washington una capacidad excepcional de influencia sobre una parte estratégica del petróleo venezolano. Ahí está el precio. No en una supuesta transferencia instantánea de 65.000 millones de barriles, que no existe, sino en quién explotará los campos, quién controlará la empresa, quién podrá comprar primero el crudo, a qué precio y durante cuánto tiempo.

Diosdado Cabello puede decir que Venezuela gana inversión y regalías, y las cifras anunciadas respaldan esa parte de su defensa. Quien afirme que Estados Unidos se marcha con las manos vacías necesitará, en cambio, bastante imaginación. Washington celebra el pacto como una victoria energética estadounidense y Caracas lo presenta como el renacimiento petrolero venezolano. Curiosamente, ambos relatos pueden ser ciertos.

La medida real del negocio llegará mucho después de las fotografías y los discursos: cuántos de esos 100.000 millones prometidos aterrizan de verdad, cuánto petróleo adicional sale del Orinoco y Maracaibo, cuánto dinero termina en las cuentas públicas venezolanas y cuánto valor captura Estados Unidos gracias a sus condiciones privilegiadas. El subsuelo venezolano lleva un siglo fabricando grandes promesas. Esta vez también. Solo que la letra pequeña pesa casi tanto como el petróleo.