¿Por qué Ayuso planta al Consejo de Política Fiscal y Financiera?

La Comunidad de Madrid no acudirá este viernes 4 de septiembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por Hacienda para abordar y votar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere ir más allá de dejar vacía su propia silla: ha pedido a las demás comunidades gobernadas por el PP que tampoco asistan, con la intención expresa de impedir que exista el quórum necesario para celebrar válidamente la reunión.

Ese es el núcleo de la noticia. Ayuso intenta convertir el rechazo político al modelo de financiación en un bloqueo institucional previo a la votación. Sin embargo, el movimiento de Madrid no basta por sí solo para paralizar el Consejo. El reglamento del CPFF exige la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros y varias autonomías del PP han mantenido por el momento su intención de acudir. Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja figuran entre las que no han seguido el plantón madrileño a estas horas.

La cita está convocada para las 10:30 horas del viernes 4 de septiembre en la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid. Sobre la mesa hay bastante más que una fotografía de consejeros entrando y saliendo de un edificio oficial: se discute el reparto de decenas de miles de millones de euros entre las comunidades durante los próximos años y uno de los asuntos territoriales que llevan más tiempo atascados en España.

Ayuso busca dejar al Consejo de Política Fiscal sin quórum

El Gobierno madrileño sostiene que la reforma ha sido diseñada a partir de un acuerdo bilateral con Cataluña y ERC, y considera que las demás comunidades han llegado al debate con las cartas repartidas de antemano. De ahí su decisión: no votar en contra, sino intentar que la votación ni siquiera pueda celebrarse.

Madrid ha trasladado su posición a la dirección nacional del PP y ha animado a los demás gobiernos autonómicos populares a adoptar la misma fórmula. Según el Ejecutivo de Ayuso, una ausencia conjunta de las comunidades gobernadas por el PP podría impedir la constitución válida del Consejo.

La aritmética, sin embargo, se ha puesto atravesada. Varias comunidades populares rechazan frontalmente el diseño de Hacienda y prevén votar contra él, pero eso no significa que quieran abandonar la mesa. Murcia, por ejemplo, ha anunciado su voto contrario mientras mantiene su presencia. Aragón y Comunidad Valenciana también acudirán. La diferencia no es pequeña: una cosa es combatir una propuesta dentro del órgano y otra vaciar el órgano para que no pueda decidir.

Hacienda ha calificado el llamamiento madrileño de irresponsable y recuerda que la reunión de septiembre se celebra precisamente después de haber aplazado la convocatoria prevista para finales de julio a petición de las comunidades gobernadas por el PP, que reclamaban más tiempo para estudiar la documentación.

Qué es el Consejo de Política Fiscal y por qué importa

El nombre tiene ese encanto burocrático capaz de enfriar una habitación en agosto, pero el CPFF es uno de los principales espacios de negociación económica entre el Gobierno central y las autonomías. Allí se discuten financiación, estabilidad presupuestaria y endeudamiento, asuntos que terminan llegando, de una forma bastante concreta, a hospitales, colegios, servicios sociales y presupuestos regionales.

Su reglamento establece que para constituirse válidamente debe asistir al menos la mitad de sus miembros. Ese detalle jurídico es precisamente la rendija que Madrid pretende aprovechar con su propuesta de boicot.

El Consejo, además, no aprueba por sí mismo una nueva ley de financiación autonómica. Sus acuerdos en esta materia funcionan como recomendaciones y forman parte de un proceso político y legislativo más amplio. Aunque Hacienda consiga sacar adelante su propuesta en el CPFF, la reforma tendrá que continuar su recorrido por el Gobierno y, después, afrontar la tramitación parlamentaria en el Congreso.

Es decir, la reunión del viernes importa mucho, pero no es la última pantalla del juego.

Para que la estrategia madrileña consiga su propósito necesita suficientes ausencias. Y ese es precisamente el punto débil del movimiento. Las comunidades del PP mantienen un rechazo bastante amplio al diseño de Hacienda, pero no existe una posición común sobre el boicot. Algunas prefieren acudir y votar en contra.

Canarias, cuyo Gobierno está formado por Coalición Canaria y PP, ha confirmado incluso su respaldo al nuevo sistema, una anomalía política interesante dentro del mapa autonómico conservador. También existen resistencias fuera del PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por socialistas, han expresado objeciones al planteamiento del Ejecutivo central. La reforma ha conseguido algo no demasiado frecuente: repartir incomodidades a ambos lados del tablero.

Qué propone realmente el nuevo modelo de financiación

La propuesta de Hacienda pretende sustituir el sistema regulado desde 2009, cuya revisión quedó pendiente hace más de una década. Pocos asuntos económicos españoles poseen semejante capacidad para sobrevivir a gobiernos, ministros y promesas de reforma. El nuevo diseño pretende actualizar cómo se distribuyen los recursos entre las comunidades.

Según los cálculos presentados por el Gobierno, el nuevo esquema aportaría aproximadamente 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto de lo que recibirían las comunidades si continuara el modelo vigente. El volumen total de recursos homogéneos distribuido por el sistema alcanzaría unos 224.507 millones.

Uno de los cambios pasa por aumentar la participación autonómica en los grandes impuestos estatales. La cesión del IRPF subiría del 50 % al 55 % y la del IVA pasaría del 50 % al 56,5 %. Hacienda plantea también una nueva fórmula de población ajustada, que intenta calcular cuánto cuesta prestar los servicios públicos teniendo en cuenta no solo el número de habitantes, sino factores como edades, dispersión territorial o características demográficas.

El diseño incluye asimismo un mecanismo de nivelación para reducir diferencias en financiación por habitante, una aportación adicional del Estado, mayor autonomía fiscal, un fondo de 1.000 millones de euros vinculado al cambio climático y una cláusula destinada a garantizar que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el sistema anterior.

Madrid también recibiría más dinero con la reforma

Aquí aparece una de las paradojas más jugosas del enfrentamiento. La Comunidad de Madrid rechaza el nuevo modelo por considerarlo políticamente injusto, pero eso no significa que vaya a perder recursos en términos absolutos. Los cálculos difundidos inicialmente por Hacienda estimaban que Madrid obtendría alrededor de 2.555 millones de euros adicionales en 2027 respecto al sistema vigente.

La disputa, por tanto, no consiste simplemente en saber quién recibe más euros que antes. El problema está en cómo se reparte el dinero, según qué criterios y qué posición relativa ocupa cada territorio después de aplicar los mecanismos de nivelación.

Madrid argumenta que el sistema penaliza su capacidad fiscal y beneficia de manera especial a Cataluña. Ayuso ha utilizado además la financiación autonómica para denunciar lo que considera concesiones del Gobierno a ERC y al independentismo. El Ejecutivo central replica que el modelo aumenta los recursos de todas las comunidades, reduce diferencias por habitante y refuerza la solidaridad territorial.

Las dos afirmaciones pueden convivir en el debate porque hablan de cosas distintas: una, del incremento global de recursos; la otra, del reparto y del origen político del acuerdo.

Cataluña está en el centro del enfrentamiento

La reforma nació políticamente marcada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC. Ese origen explica buena parte de la desconfianza territorial que ha acompañado al proyecto desde enero.

Para el PP y para algunos dirigentes socialistas autonómicos, negociar previamente elementos sustanciales del modelo con ERC supone alterar la lógica multilateral que debería presidir una reforma de este tamaño. Hacienda sostiene, en cambio, que después de presentar su propuesta abrió negociaciones con todas las comunidades y ofreció reuniones bilaterales para introducir cambios.

Cataluña respalda el proyecto. También Canarias ha anunciado su apoyo después de conseguir que determinadas singularidades de su régimen económico y fiscal queden separadas del cálculo ordinario. Buena parte del resto del mapa autonómico continúa mostrando reservas. Y aquí aparece una vieja enfermedad de la financiación territorial española: todos reconocen que el sistema necesita una reforma, pero casi nadie acepta una reforma cuando conoce la cifra concreta que corresponde al vecino.

No es una anomalía nueva. El reparto autonómico mezcla población, envejecimiento, dispersión, capacidad tributaria, costes de prestación de servicios y solidaridad entre territorios. Cada modificación crea ganadores relativos, aunque todos reciban más dinero en términos absolutos. La discusión técnica termina inevitablemente convertida en discusión política.

El Consejo del viernes abre una batalla que seguirá en el Congreso

El movimiento de Ayuso ha elevado la tensión justo antes de una reunión que ya llegaba prácticamente sin consenso. Si otras comunidades populares acabaran sumándose de forma masiva al plante, el primer problema sería determinar si el Consejo reúne suficientes miembros para constituirse. Con varias autonomías del PP anunciando que acudirán, el bloqueo por falta de quórum resulta más difícil de alcanzar.

Si el CPFF se celebra, la atención pasará a la votación y a las posiciones de cada gobierno autonómico. El Ejecutivo central necesita avanzar con una reforma que lleva años pendiente y cuya entrada en vigor pretende para el 1 de enero de 2027. Sus adversarios quieren evitar que esa aprobación sea presentada como un consenso territorial cuando una parte sustancial de las comunidades rechaza el modelo.

Después vendrá el Congreso, probablemente el escenario más complicado. Allí ya no cuentan los consejeros autonómicos sino los diputados, y el Gobierno tendrá que reconstruir una mayoría parlamentaria alrededor de una reforma que toca uno de los nervios más sensibles del Estado autonómico: quién recauda, quién reparte y cuánto dinero acaba en cada territorio.

Una silla vacía que pretende pesar más que un voto

Madrid ha decidido que su rechazo se vea antes incluso de comenzar la reunión. La silla vacía de su consejera será un mensaje político, pero su capacidad para detener el Consejo depende de otras comunidades. Por ahora, ese efecto dominó no se ha producido con la intensidad que necesita Ayuso.

El episodio deja, de todas formas, una imagen bastante reveladora. España lleva más de una década discutiendo cómo reformar un sistema de financiación que casi todos consideran envejecido. Cuando finalmente aparece una propuesta concreta, la pelea ya no consiste únicamente en decidir cuánto recibe cada comunidad. También se discute quién tenía derecho a negociarlo primero, quién sale relativamente beneficiado y hasta si merece la pena sentarse a la mesa.

Mucho dinero, mucha política territorial y una reunión que comienza a las diez y media de la mañana. Para el contribuyente, detrás de toda esa liturgia queda una cuestión bastante menos teatral: cómo se financiarán sanidad, educación y servicios sociales en cada comunidad durante los próximos años. Ese será, cuando desaparezca el ruido del plantón, el asunto que de verdad permanecerá sobre la mesa.