¿Menos sanidad y más F1? La prioridad de la mala política española

España ha conseguido algo bastante insólito en 2026: dos grandes premios de Fórmula 1 en un mismo año. Barcelona-Catalunya celebró el suyo en junio y Madrid estrena este fin de semana el Madring, con contrato hasta 2035. Y no termina ahí. Montmeló continuará en 2028, 2030 y 2032. Durante varios años, por tanto, el país tendrá una especie de clásico Madrid-Barcelona disputado a más de 300 kilómetros por hora.

La cuestión incómoda aparece cuando se apagan un momento los motores y se mira la cuenta. No existe una cifra única que pueda presentarse honestamente como lo que pagan los españoles por ambas carreras, porque Madrid y Cataluña emplean estructuras financieras distintas y los importes mezclan derechos, infraestructuras, promoción y actividad ordinaria de los circuitos. Pero los números disponibles permiten comprobar algo menos discutible: alrededor de la F1 se mueven decenas y centenares de millones vinculados de una forma u otra al sector público.

Y ocurre mientras la sanidad española sigue acumulando tensiones laborales. Los sindicatos médicos acordaron iniciar una huelga indefinida el 28 de octubre de 2026 contra la reforma del Estatuto Marco y para reclamar una negociación específica sobre sus condiciones profesionales. La comparación entre coches y batas blancas tiene algo de brocha gorda, sí. Pero también obliga a mirar las prioridades políticas con una luz bastante menos favorecedora.

Madrid: 83,2 millones de entrada y una factura mucho mayor

El Gran Premio de España se disputa en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, alrededor de IFEMA y Valdebebas. La organización espera unas 345.000 asistencias acumuladas durante el fin de semana y presenta la operación como una máquina de turismo, empleo, consumo y proyección internacional. El contrato con la Fórmula 1 se extiende durante diez años, hasta 2035.

La primera cantidad indiscutible está literalmente bajo los neumáticos. IFEMA adjudicó a Acciona y Eiffage la construcción del Madring por 83,2 millones de euros, frente a un presupuesto base de licitación de 111 millones. El contrato incluye el trazado, estructuras temporales, su desmontaje y la reposición de determinados viales después de las distintas ediciones.

Después empieza la contabilidad más polémica. Más Madrid sostiene que el proyecto implica más de 470 millones de euros, al atribuir más de 200 millones a obras y actuaciones vinculadas a la llegada de la F1 y unos 270 millones al coste de la concesión durante diez años. Otros cálculos difundidos estos días elevan la inversión global asociada al evento hasta aproximadamente 481,5 millones.

Conviene colocar una señal de tráfico enorme delante de esa cifra: no son 481,5 millones reconocidos por el Gobierno madrileño como gasto presupuestario directo en Fórmula 1. Es una estimación amplia que incorpora conceptos diferentes y varios años. Presentarla simplemente como una factura de casi 500 millones cargada mañana en la cuenta corriente de los madrileños sería incorrecto. Fingir que todo esto ocurre sin exposición pública alguna tampoco describe bien la realidad.

IFEMA no es una empresa privada cualquiera

Cuando se anunció el Gran Premio, IFEMA defendió que la competición se financiaría con sus propios recursos y sin aportaciones públicas directas destinadas a organizar la carrera. El Ayuntamiento ha mantenido esa tesis: el evento debe sostenerse comercialmente mediante entradas, patrocinios, hospitalidad y explotación del recinto.

Hay un matiz bastante grande. IFEMA Madrid es un consorcio de naturaleza pública participado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid. Tiene patrimonio y cuentas propias; por eso no puede confundirse cada euro suyo con una partida ordinaria del presupuesto sanitario autonómico. Pero tampoco es una promotora privada cuyos accionistas arriesgan exclusivamente su bolsillo.

Ahí aparece el concepto menos vistoso y más importante: el coste de oportunidad. Un euro empleado por una institución pública o participada por administraciones deja de estar disponible para otra inversión, para reservas, amortización o cualquier destino alternativo. No significa que cancelar una curva del Madring abra automáticamente una consulta de pediatría. Significa que también el dinero institucional tiene usos alternativos, aunque la contabilidad consiga que desaparezcan del primer plano.

Barcelona: el dinero público aparece con bastante menos niebla

En Cataluña, seguir el rastro resulta más sencillo. Circuits de Catalunya es una sociedad participada mayoritariamente por la Generalitat. Los compromisos correspondientes al contrato de derechos de Fórmula 1 entre 2022 y 2026 suman aproximadamente 130 millones de dólares, tomando los importes vinculados al periodo contractual.

Solo para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, los avales autorizados alcanzaban respectivamente 25 millones, 25,5 millones, 26,5 millones y 28 millones de dólares. El canon, en definitiva, no es una cantidad simbólica escondida entre las gradas. Es una de las grandes partidas necesarias para conservar la prueba.

A ello no se pueden sumar alegremente todas las subvenciones del circuito, porque aparecería el temido doble conteo. Pero sirven para comprender el tamaño del apoyo institucional. Para 2026 estaban previstas aportaciones de la Generalitat a Circuits de Catalunya de 21,68 millones de euros en transferencias corrientes y otros 3 millones para inversiones de mantenimiento. Unos 24,68 millones en total.

Ese dinero, importante precisión, sostiene el Circuit de Barcelona-Catalunya en conjunto. Allí se disputa MotoGP, además de otras pruebas y actividades. Decir que esos 24,68 millones se entregan exclusivamente para que corran los Fórmula 1 sería falsear el presupuesto. La dotación global de Circuits de Catalunya en 2026 ronda los 43,2 millones y atiende al funcionamiento e inversiones de toda la instalación.

Barcelona tampoco desaparecerá ahora que Madrid tiene su circuito reluciente. El nuevo acuerdo garantiza carreras en 2028, 2030 y 2032, además de la celebrada en 2026. España tendrá así dos grandes premios en esos años. Madrid y Barcelona, otra vez frente a frente. Como si el calendario necesitara su propio clásico.

Cuántos médicos caben dentro de un circuito de Fórmula 1

Llegamos al cálculo que convierte millones abstractos en algo reconocible. El sueldo de un médico público cambia bastante según comunidad autónoma, especialidad, antigüedad, guardias, carrera profesional y complementos. Y contratarlo cuesta más que su sueldo bruto: existen cotizaciones y otros costes laborales.

Para comparar órdenes de magnitud puede utilizarse una hipótesis deliberadamente prudente de 80.000 euros anuales por plaza médica, entendida como coste total aproximado para la Administración. No es una tarifa nacional oficial y no pretende serlo. Es un patrón redondo para comprobar qué significan 20, 80 o 400 millones cuando abandonan la cómoda abstracción presupuestaria.

Con esa referencia, los 83,2 millones del contrato de construcción del Madring equivalen aproximadamente al coste de 1.040 médicos durante un año. Si se utiliza la estimación global de 481,5 millones para el proyecto madrileño a lo largo de una década, aparecen algo más de 6.000 años de empleo médico: unos 600 profesionales durante diez años.

La comparación catalana también tiene cuerpo. Los 24,68 millones previstos para Circuits de Catalunya en 2026 equivaldrían, con el mismo supuesto, al coste aproximado de 308 médicos durante un año. No significa que retirar el dinero al circuito permita contratar exactamente a esos profesionales. Las competencias, capítulos presupuestarios y necesidades de contratación no funcionan como vasos comunicantes perfectos. Pero la escala está ahí. Y pesa.

La huelga médica convierte la comparación en algo más que retórica

Todos los sindicatos médicos acordaron el 11 de septiembre iniciar una huelga indefinida estatal el 28 de octubre. El conflicto gira alrededor de la reforma del Estatuto Marco y de la exigencia de una negociación específica para médicos y facultativos.

Las reivindicaciones acumuladas durante estos meses afectan a la jornada laboral, las guardias, los descansos, la clasificación profesional, la jubilación y el reconocimiento de una formación y responsabilidad que los sindicatos consideran insuficientemente reflejadas en la regulación. Reducir el conflicto a una simple petición de aumento salarial tampoco haría justicia a lo que está ocurriendo.

El contraste visual, sin embargo, casi se escribe solo. Madrid exhibe monoplazas, hospitalidad de miles de euros, patrocinadores, invitados VIP y una curva bautizada como La Monumental; pocas semanas después, España afrontará un paro médico indefinido salvo servicios mínimos. Panem et circenses sería una caricatura fácil, quizá demasiado. Pero cuesta no escuchar el eco.

La Fórmula 1 sí genera dinero, aunque no todo sea beneficio

Para que la crítica sea seria hay que incomodarla también con los datos que juegan a favor del Gran Premio. La Fórmula 1 genera actividad económica real. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio, construcción, servicios profesionales y ocio reciben gasto que no existiría en el mismo volumen sin el evento.

El estudio elaborado por PwC para Madring calcula para la edición madrileña un impacto económico de 467 millones de euros, unos 8.850 empleos y cerca de 83 millones en impuestos y cotizaciones sociales. Más de 80.000 asistentes procederían de fuera de la Comunidad de Madrid y alrededor de 45.000 llegarían desde el extranjero. Ese último grupo importa especialmente: es dinero que entra desde fuera en lugar de limitarse a cambiar de bolsillo dentro de la misma ciudad.

Si esos 83 millones de recaudación fiscal se materializan y pueden sostenerse en ediciones futuras, el argumento económico del Madring gana mucho peso. No sería razonable ocultarlo solo porque estropea una crítica fácil. La pregunta es qué parte de esas previsiones sobrevivirá una vez desmontadas las gradas y sumadas todas las cuentas.

El propio estudio define sus resultados como una estimación que deberá contrastarse tras la celebración del evento. Y hay una diferencia elemental entre impacto económico y beneficio neto. Un madrileño que gasta cien euros en un restaurante durante la F1 quizá habría gastado una parte de ese dinero en otra actividad de Madrid. Computarlo todo como nueva riqueza puede inflar la fotografía.

El primer fin de semana de carrera ha dejado, además, un dato menos espectacular que las previsiones: la ocupación hotelera ronda el 70%, lejos del 95% que había llegado a esperarse, después de que se liberaran miles de habitaciones previamente bloqueadas para el evento. No demuestra que el Gran Premio sea un fracaso económico. Sí recuerda que una estimación de impacto no es un billete de 467 millones esperando en la caja registradora.

Barcelona también tiene argumentos a favor. El circuito ha acreditado durante años una enorme capacidad de convocatoria y su explotación está intentando reducir la dependencia pública mediante más ingresos propios, actividad durante todo el calendario y una gestión comercial más intensa. No estamos hablando de un autódromo vacío levantado en medio de ninguna parte. Existe afición, turismo y negocio. Eso también forma parte de la cuenta.

Dos grandes premios no equivalen a dos hospitales

La discusión se estropea cuando se reduce a una falsa elección: Fórmula 1 o médicos. Los presupuestos no funcionan así. Madrid, Cataluña y el Estado manejan competencias diferentes; IFEMA posee financiación propia; un circuito exige inversiones plurianuales y contratar médicos depende también de encontrar profesionales disponibles, organizar plazas y asegurar financiación estable.

Pero de ahí a concluir que no existe ninguna relación política media un trecho considerable. La verdadera discusión está en qué riesgos acepta el sector público, qué rentabilidad exige y cuánto está dispuesto a invertir en grandes eventos cuando otros servicios públicos exhiben carencias que afectan directamente a la vida cotidiana.

Tampoco sabemos que España quiera dos grandes premios. No existe una encuesta nacional representativa capaz de demostrarlo. Existe, eso sí, una demanda comercial evidente: entradas vendidas, audiencias televisivas, patrocinadores y una afición española que lleva décadas siguiendo la competición. Eso prueba que muchísima gente quiere Fórmula 1. No prueba que una mayoría prefiera dos carreras con participación o exposición institucional antes que otras prioridades.

En Valdebebas, donde el circuito toca de lleno la vida cotidiana, asociaciones vecinales han denunciado durante meses ruido, tráfico, obras y molestias. Tampoco sus sondeos pueden extrapolarse al conjunto de Madrid ni de España. El país no está dividido pulcramente entre aficionados felices y ciudadanos indignados. Hay bastante de ambas cosas mezclado en la misma acera.

El ruido del motor no tapa la cuenta

Roma tenía su panem et circenses. España en 2026 dispone de una versión mucho más sofisticada: marca ciudad, estudios de impacto, hospitalidad, patrocinadores, turismo premium y curvas peraltadas. El vocabulario cambia. La intuición política resulta bastante reconocible: un gran espectáculo se fotografía mejor que una plantilla hospitalaria suficientemente dimensionada.

Quizá dos grandes premios terminen siendo un magnífico negocio. Madrid promete 467 millones de impacto y 83 millones de recaudación fiscal; Barcelona conserva una carrera capaz de atraer grandes audiencias y trata de mejorar la rentabilidad de su circuito. Son argumentos económicos serios, no simples eslóganes.

Precisamente por eso debe exigirse la otra mitad de la cuenta: cuánto dinero público directo e indirecto termina comprometido, quién absorbe las pérdidas si las previsiones no se cumplen y qué obtiene finalmente la sociedad. Porque llamar inversión a todo lo que rodea un gran evento es tan tramposo como llamar despilfarro a cada euro gastado en él.

España puede permitirse Fórmula 1 y también necesita médicos. El problema empieza cuando la política encuentra con extraordinaria facilidad dinero, estructuras y voluntad para el espectáculo, mientras servicios esenciales llevan años discutiendo plantillas, jornadas y condiciones laborales. Los monoplazas pasan en segundos. Las prioridades, por desgracia, dejan una huella bastante más larga.