¿Cuánto poder tienen las mujeres en los países de mayoría musulmana?

Hablar de cuánto poder tienen las mujeres en los países musulmanes arroja una respuesta bastante menos cómoda que cualquier eslogan. La presencia femenina en las cúpulas políticas sigue siendo escasa en buena parte del mundo de mayoría musulmana, aunque las diferencias entre países son enormes: hay parlamentos con una representación femenina cercana al 40% o incluso al 50%, otros que no llegan al 5% y alguno en el que directamente no hay mujeres sentadas en la cámara electiva.

La fotografía de 2026 tampoco permite afirmar seriamente que exista una única relación entre islam y democracia. El islam es una religión seguida por sociedades muy distintas; Turquía no es Arabia Saudí, Indonesia no es Irán y Túnez no es Afganistán. Cambian las constituciones, las leyes electorales, el peso de la religión en el Estado, las tradiciones políticas y, sobre todo, la libertad real con la que los ciudadanos pueden elegir y controlar a sus gobernantes.

Lo que sí puede medirse es quién ocupa el poder. Y ahí aparecen grietas difíciles de ignorar. A escala mundial, las mujeres ocupaban a comienzos de 2026 alrededor del 27,5% de los escaños parlamentarios y el 22,4% de los puestos ministeriales. La desigualdad política, por tanto, ni nació en La Meca ni termina en sus fronteras. Pero numerosos Estados de mayoría musulmana quedan por debajo incluso de esos modestos porcentajes.

De Emiratos al 0% de Omán: un mapa lleno de contrastes

Las cifras parlamentarias más recientes son casi un pequeño tratado de geopolítica. Emiratos Árabes Unidos tiene un 50% de mujeres en su Consejo Nacional Federal. Uzbekistán alcanza el 39,2%. Kirguistán se mueve alrededor de un tercio. Egipto registra un 26,9%, Irak un 25,5%, Marruecos un 24,3%, Indonesia un 22,2% y Pakistán un 21,7%.

Después la pendiente se vuelve bastante más pronunciada. Arabia Saudí y Turquía están en torno al 19,9%; Jordania, en el 19,6%; Túnez, pese a tener una mujer como jefa del Gobierno, presenta un 15,8% de diputadas en su cámara baja; Malasia, un 13,6%.

Más abajo aparecen cifras que cuesta adornar. Argelia tenía en agosto de 2026 aproximadamente un 6,1% de mujeres en la cámara baja; Qatar, otro 6,1%; Irán, apenas el 4,9%; Maldivas, el 3,2%. En la cámara electiva de Omán la cifra registrada seguía siendo cero, igual que en Yemen, aunque el sultán omaní ordenó en junio reservar once nuevos escaños para mujeres, una medida que deberá reflejarse en la composición posterior de la institución.

El abanico es gigantesco. Precisamente por eso hablar de «los países musulmanes» como un bloque uniforme, como si fueran una sola habitación política —misma puerta, mismas cortinas, mismo dueño— sirve poco para entender lo que ocurre dentro.

El 50% de diputadas tampoco significa un 50% de democracia

Aquí llega una paradoja interesante. Contar mujeres no basta.

Emiratos aparece junto a los países con mayor representación parlamentaria femenina del planeta: 20 de los 40 integrantes de su Consejo Nacional Federal son mujeres. Impresionante sobre el papel. Pero solo veinte miembros del Consejo son escogidos mediante el sistema electoral emiratí; los otros veinte son nombrados por los gobernantes de los siete emiratos. La paridad deriva, además, de una decisión institucional que fijó el 50% de representación femenina.

Arabia Saudí ofrece otro ejemplo aún más claro. Treinta mujeres integran su Consejo de la Shura, aproximadamente una quinta parte del órgano. Pero los 150 miembros son nombrados por orden real, y la legislación exige que las mujeres representen al menos el 20%.

Así aparece una distinción esencial: una mujer puede ocupar un escaño sin que ese escaño haya surgido de unas elecciones competitivas. Del mismo modo, un sistema electoral genuinamente plural puede producir un Parlamento con pocas mujeres. La representación femenina es un indicador importante de igualdad; no es por sí sola un certificado de democracia.

En la cima del poder las mujeres siguen siendo una excepción

El techo se ve con mayor claridad cuando dejamos los parlamentos y miramos hacia los palacios presidenciales y las jefaturas de Gobierno. En todo el planeta, solo 28 países estaban encabezados por una mujer como jefa de Estado o de Gobierno al comenzar 2026. Más de un centenar nunca habían tenido una.

Entre los Estados de población mayoritariamente musulmana las mujeres en la cúspide siguen siendo pocas, aunque la definición geográfica obliga a hilar fino. Túnez está gobernado desde marzo de 2025 por Sarra Zaafrani Zenzri, ingeniera y antigua ministra de Equipamiento, convertida en jefa del Gobierno por el presidente Kaïs Saied. Su Ejecutivo incluye asimismo mujeres en carteras de enorme peso, como Justicia y Finanzas.

El dato, otra vez, necesita contexto. Túnez fue durante años la gran esperanza democrática surgida de la Primavera Árabe, pero desde 2021 Saied ha acumulado amplios poderes mientras partidos opositores, periodistas y organizaciones de derechos humanos denuncian un deterioro de las garantías democráticas. Que una mujer dirija el Gobierno es relevante; no vuelve automáticamente paritario ni democrático todo el sistema político.

Bosnia y Herzegovina introduce todavía otro matiz. El último censo situó a la población musulmana ligeramente por encima del 50%, aunque el país es constitucionalmente multiétnico y multiconfesional. Su Consejo de Ministros continúa presidido en 2026 por Borjana Krišto, una mujer croata y católica. Kosovo, de población abrumadoramente musulmana pero no reconocido como Estado por toda la comunidad internacional ni miembro de Naciones Unidas, tiene desde abril de 2026 a Albulena Haxhiu como presidenta en funciones.

No hay, como se ve, un mapa limpio. Hay fronteras políticas, religiosas e institucionales que se pisan unas a otras.

Afganistán muestra hasta dónde puede llegar la exclusión

Y después está Afganistán.

Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, las mujeres han sido eliminadas de la estructura política de facto. No ocupan puestos dentro de la autoridad talibán y la participación política femenina existente durante la república anterior quedó desmantelada.

Antes de la toma del poder talibán, aproximadamente el 26% de los empleados de la función pública afgana eran mujeres y entre el 9% y el 12% de los principales puestos de liderazgo de distintos sectores estaban ocupados por ellas. Aquello estaba lejos de la igualdad, pero existía. Después, el interruptor cayó.

No se celebran elecciones nacionales y el Parlamento afgano permanece suspendido. Las restricciones han ido mucho más allá de la política: educación secundaria y universitaria, empleo, movilidad y presencia en espacios públicos han sufrido prohibiciones o limitaciones crecientes. Entre todos los países analizados, Afganistán constituye el caso extremo: ya no se discute qué porcentaje del poder corresponde a las mujeres, sino su exclusión institucional del poder formal.

Atribuir todo eso simplemente al islam sería, sin embargo, intelectualmente demasiado cómodo. Millones de musulmanes, juristas, dirigentes, movimientos feministas islámicos y organizaciones civiles cuestionan precisamente esa interpretación religiosa. Los talibanes presentan su sistema como islámico; otros Estados de mayoría musulmana aplican normas radicalmente diferentes. La disputa existe también dentro del propio mundo musulmán.

Bhutto, Hasina o Megawati: las mujeres sí han gobernado

La historia complica todavía más cualquier sentencia fácil sobre una supuesta incompatibilidad entre islam y liderazgo femenino. Pakistán eligió a Benazir Bhutto primera ministra en 1988, convirtiéndola en la primera mujer elegida para dirigir un Gobierno en un Estado contemporáneo de mayoría musulmana.

Bangladesh estuvo durante décadas marcado por dos mujeres extraordinariamente poderosas y ferozmente enfrentadas: Khaleda Zia y Sheikh Hasina. Turquía tuvo como primera ministra a Tansu Çiller en los años noventa. Indonesia, el país con mayor población musulmana del planeta, estuvo presidida por Megawati Sukarnoputri entre 2001 y 2004. Senegal tuvo a Mame Madior Boye y más tarde a Aminata Touré como primeras ministras. Túnez rompió otra barrera en 2021 al nombrar a Najla Bouden primera mujer jefa de Gobierno del mundo árabe y volvió a colocar a otra mujer al frente del Ejecutivo en 2025.

Hay una ironía histórica nada menor: varios países de mayoría musulmana tuvieron una mujer gobernando décadas antes que algunas democracias occidentales consolidadas. Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha elegido a una mujer presidenta.

Tampoco conviene caer en la trampa contraria. Haber tenido una primera ministra no demuestra que las mujeres dispongan de las mismas oportunidades políticas que los hombres.

En el sur de Asia, además, varios grandes liderazgos femeninos nacieron dentro de dinastías políticas. Bhutto era hija de Zulfikar Ali Bhutto; Sheikh Hasina, hija de Sheikh Mujibur Rahman; Khaleda Zia, viuda del presidente Ziaur Rahman; Megawati, hija de Sukarno. Eran dirigentes con poder real, sí, pero sus trayectorias también muestran que la puerta que una mujer excepcional consigue atravesar puede continuar casi cerrada para millones de mujeres sin apellido político.

Bangladesh ofrece una demostración reciente bastante cruda. Después de décadas asociadas a dos líderes femeninas, las elecciones de febrero de 2026 devolvieron el Gobierno a un hombre, Tarique Rahman. Inicialmente solo siete mujeres fueron elegidas directamente entre los 300 escaños sometidos a votación; con los escaños reservados posteriormente cubiertos, la representación femenina total ascendió al 16,4%. Haber tenido durante muchos años una mujer como primera ministra no produjo por arte de magia la paridad parlamentaria.

Religión, autoritarismo y patriarcado: la mezcla que importa

Entonces, ¿qué dicen realmente estos números? Que resulta pobre medir la relación entre el islam y las mujeres con una escala que vaya de «tolerante» a «intolerante». El islam no gobierna de una sola manera, porque tampoco existe un único modelo político musulmán.

Arabia Saudí es una monarquía absoluta; Emiratos, una federación de monarquías hereditarias; Irán, una república islámica en la que instituciones electivas conviven con órganos religiosos no elegidos; Turquía e Indonesia celebran elecciones multipartidistas; Pakistán combina una historia electoral turbulenta con largos periodos de tutela militar; Túnez ha pasado de ser la excepción democrática árabe a atravesar una fuerte concentración presidencial del poder. La misma etiqueta religiosa cubre sistemas muy distintos que políticamente se parecen entre sí bastante menos de lo que aparentan.

También cuentan las leyes electorales. Las cuotas de género pueden disparar el número de diputadas; las listas cerradas pueden facilitar la paridad si los partidos la imponen; sistemas mayoritarios sin cuotas pueden dejar a muchas mujeres fuera. Pesan igualmente la educación, el acceso al dinero, la seguridad, las redes familiares, la libertad de prensa y asociación, las normas sociales y el margen de actuación que tengan los partidos.

La religión entra en esa ecuación cuando las autoridades traducen determinadas interpretaciones religiosas en leyes sobre familia, vestimenta, movilidad, educación, empleo o acceso a cargos. Ahí sí hay consecuencias políticas medibles. Pero reducir Indonesia, Albania, Arabia Saudí, Irán y Afganistán a una misma explicación religiosa sería como explicar toda la política europea únicamente mediante el cristianismo. Cómodo. Y bastante inútil.

El poder real cuenta más que los símbolos

Los datos de 2026 dejan una imagen difícil de maquillar: las mujeres continúan infrarrepresentadas en buena parte del mundo de mayoría musulmana, especialmente en algunas estructuras ejecutivas y en varios parlamentos de Oriente Próximo y Asia. Irán no llega al 5% de diputadas; Qatar ronda el 6%; Argelia ha caído a poco más del 6%; Afganistán ha eliminado la participación femenina de sus instituciones de facto. Son cifras que hablan solas.

Pero también hablan Uzbekistán con casi un 40%, Emiratos con un 50%, las mujeres que gobiernan Túnez o Bosnia y la larga sucesión histórica que va de Benazir Bhutto a Sheikh Hasina y Megawati. La realidad se resiste al titular fácil.

La cuestión verdaderamente democrática no es si una sociedad permite que aparezca una mujer excepcional junto a los hombres que mandan, sino si cualquier mujer puede estudiar, presentarse a unas elecciones, fundar un partido, criticar al Gobierno, votar libremente, llegar a ministra, perder unas elecciones y volver a intentarlo sin necesitar permiso masculino, apellido dinástico ni decreto real.

Ahí está la medida. No en el velo, ni en la fotografía oficial, ni siquiera en el porcentaje aislado de diputadas. La democracia empieza cuando el poder puede disputarse en igualdad y termina cuando una mitad de la población encuentra la puerta cerrada.